Corpus
Modo: Corpus Pro

FALTAS DE ASISTENCIA POR ENFERMEDAD. SU JUSTIFICACIÓN TRATÁNDOSE DE SERVIDORES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO DEL ESTADO DE MÉXICO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2002).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 141/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19854
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, , Pág. 595.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 141/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales, los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por el licenciado Francisco A. Olascoaga Valdés, en su carácter de presidente de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, cuyo órgano jurisdiccional tiene el carácter de autoridad responsable en el amparo directo 91/2000, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien dictó resolución el veintiséis de octubre de dos mil.

Resolución la anterior, de la que deriva uno de los criterios de la posible contradicción y, por ende, por ser el denunciante parte de esos asuntos jurídicos, que debe estimarse que proviene de parte legítima la denuncia en cuestión.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo número 91/2000, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Son antecedentes del asunto, los siguientes: 1o. Mediante escrito presentado el primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve, ante la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, Eleazar Joel Alonso Hernández, por su propio derecho, demandó la nulidad de la resolución dictada por el director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, de fecha trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve, por medio de la cual determinó su baja en el servicio público que desempeñaba en la citada dirección general, al igual que el oficio número 202/DRH/9120/99, de fecha trece de agosto del año en curso, con el que se le notificó el acuerdo o resolución referida. 2o. Por auto del primero de octubre de mil novecientos noventa y nueve, la Primera Sala Regional del conocimiento admitió la demanda a trámite con el número 1091/999, y seguidos los trámites legales en fecha veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y nueve, dicha Sala pronunció sentencia en el asunto, mediante la cual declaró la validez de la resolución y oficio impugnados, ambos del trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Inconforme con dicha sentencia, el actor interpuso recurso de revisión del cual le correspondió conocer a la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el expediente 855/1999, el cual en fecha seis de enero del año dos mil, pronunció sentencia, mediante la cual confirmó en sus términos la sentencia recurrida. En contra de esta sentencia fue promovido el presente juicio de garantías. SÉPTIMO. Los conceptos de violación que expuso el quejoso son, por una parte infundados y, por la otra, inoperantes, atentas las siguientes consideraciones jurídicas. En resumen el quejoso hace valer los siguientes conceptos de violación: a) Que la responsable no valoró las pruebas que aportó al sumario de origen, en especial, el certificado médico expedido por el director general de los Servicios Médicos del Departamento del Distrito Federal. b) Que el procedimiento que motivó su baja es oscuro, irracional y contrario a derecho, ya que no se le otorgó la garantía de audiencia, aunado a que no valoró la prueba que ofreció con la cual demostraba la razón de su inasistencia a sus labores como policía ‘C’ los días veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por lo que la sentencia que ahora reclama carece de la debida fundamentación y motivación. c) Que no se le administró justicia conforme lo dispone el artículo 17 constitucional. Por cuestión de método, este órgano colegiado procederá al estudio de los aspectos relativos a la presunta falta de valoración de pruebas, la carencia de motivación y fundamentación y la omisión de la administración de justicia a favor del ahora impetrante; puesto que dada su naturaleza jurídica debe ser su estudio preferente, ya que de ser fundados tales aspectos formales motivarían la concesión del amparo. Respecto al argumento de que no fueron valoradas las pruebas que aportó al sumario, este Tribunal Colegiado considera que no le asiste la razón al impetrante, puesto que del análisis de los autos se advierte que el ad quem, además de que señaló que la a quo había realizado una valoración correcta de las pruebas, señaló que, en efecto, a la constancia médica aportada por el ahora impetrante no se concedía valor probatorio, puesto que no fue expedida por el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado y Municipios, que es la institución de asistencia médica encargada de ello, a la que se encuentra inscrito el ahora quejoso desde el primero de mayo de mil novecientos noventa y siete, aunado a que el artículo 9o. del Reglamento de Servicios Médicos del citado instituto, determina que para la expedición de incapacidades médicas el interesado debió haber acudido dentro de las veinticuatro horas de iniciado el padecimiento. Consecuentemente, este órgano colegiado aprecia que la sección de la Sala Superior responsable sí realizó la valoración de la única documentación aportada por el impetrante de garantías al juicio de nulidad de origen que se refiere a la justificación de la inasistencia a sus labores como policía ‘C’, los citados días veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Por tanto, la ad quem no omitió valorar la única prueba que aportó el quejoso al sumario de origen, mediante la cual pretendió justificar sus inasistencias a su trabajo como policía ‘C’. No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, que el impetrante en su escrito de demanda de garantías señala que supuestamente la responsable omitió la valoración de las pruebas que aportó anexas a su escrito de demanda de nulidad desde la fecha de inicio del juicio administrativo de origen, es decir, se refiere en forma plural a pruebas, que según se observa de dicho escrito de demanda de nulidad, demostraban la justificación de su inasistencia a sus labores en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México. Sin embargo, este Tribunal Colegiado observa que de las cuatro documentales que aportó el ahora quejoso, que obran a fojas doce a diecisiete del sumario, uno corresponde al original de un documento con la leyenda ‘receta media individual’, de fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y nueve, por medio de la cual se hace constar el padecimiento de Alonso Hernández Eleazar Joel, recomienda reposo absoluto; y las restantes son: a) Oficio 202/DRH/9120/99, del trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual se le comunica la remoción del cargo de policía ‘C’; b) Resolución del trece de agosto del mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual se determina la remoción del ahora quejoso; c) Escrito suscrito por el impetrante de fecha dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve, dirigido al director de administración de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, mediante el cual solicita se le conceda la garantía de audiencia; d) Oficio 202/DRH/06884/99, mediante el cual se le emplaza al quejoso para el desahogo de la llamada garantía de audiencia para el quince de junio de mil novecientos noventa y nueve, a las once horas, relacionada con el acta administrativa del veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y nueve; así como, e) Copia fotostática de su credencial como policía ‘C’. De donde se advierte que la única documental que se refiere a la causa y justificación de tal inasistencia a sus labores, lo es la citada constancia médica, que es precisamente a la documental que valoró en sus respectivas instancias la ad quem y la a quo. Por otra parte, respecto de la falta de fundamentación y motivación aludida, también deviene infundada, dado que este Tribunal Colegiado observa que la sentencia que se reclama se encuentra suficientemente fundada y motivada, habida cuenta que, la sección de la Sala Superior ad quem en dicha resolución invocó diversas disposiciones legales que consideró aplicable en la especie, como sustento de sus consideraciones jurídicas; así como en ellas se expresaron las causas y motivos inmediatos y particulares por razón de los cuales arribó a la convicción de que lo procedente era confirmar la sentencia recurrida. Ahora bien, por cuanto hace a que no se le administró justicia al quejoso en términos del artículo 17 constitucional, este órgano de control constitucional advierte que tampoco le asiste la razón al impetrante, puesto que del análisis de los autos se observa que desde que el ahora quejoso ocurrió ante la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, y hasta la fecha en que se pronunció la sentencia reclamada, se arriba a la convicción de que de ninguna manera se contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución General de la República, puesto que no se aprecia que se le haya restringido el derecho de acudir ante los tribunales como lo es, en la especie, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, ni que éste, actuando en la Primera Sala Regional o en la Primera Sección de la Sala Superior no hayan estado expeditos para impartirle justicia, aunado a que éstos actuaron de acuerdo a los plazos y términos previstos por las leyes aplicables al caso, como lo son, la propia Constitución Federal, como el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, además de que se pronunciaron las sentencias de primera y segunda instancia administrativa con la oportunidad necesaria. Ahora bien, por cuanto hace a los aspectos que expresa el impetrante y que tienden a combatir el fondo del asunto, este Tribunal Colegiado considera que devienen inoperantes, puesto que de ninguna manera combate las consideraciones jurídicas que expuso la ad quem en la sentencia que se reclama, las cuales le sirvieron de base para resolver el asunto planteado a su potestad en la forma como lo hizo. Sirve de apoyo a este razonamiento, la jurisprudencia pronunciada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 173, página 116, que a la letra dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.’ (se transcribe). En efecto, la sección de la Sala Superior ad quem, fundó en lo medular su resolución confirmatoria de la del inferior en dos aspectos primordiales: a) Que la resolución combatida era válida por haber sido motivada ante la inasistencia a sus labores del ahora quejoso en los días veinte, veintiuno, veintidós y veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y nueve, sin causa justificada; y, b) Que la receta médica que aportó el impetrante para justificar su inasistencia a su trabajo, no merecía valor probatorio, ya que no fue expedida por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, que es la institución de seguridad social encargada de su atención médica, al cual se encuentra inscrito el quejoso desde el primero de mayo de mil novecientos noventa y siete, y que es precisamente al cual debió haber acudido para que se le expidiera a su favor el certificado de incapacidad correspondiente. Señalando además que el artículo 90 del Reglamento de Servicios Médicos del citado instituto dispone, que las unidades médicas sólo expedirán incapacidades médicas en padecimientos comunes a los trabajadores que den el aviso respectivo, dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que queden incapacitados, o bien, dentro de las cuarenta y ocho horas en los lugares en donde no existan servicios establecidos, con base en la valoración y dictamen del personal médico del instituto; y, c) Que se le otorgó la garantía de audiencia para ocurrir al procedimiento administrativo instaurado con motivo de tales inasistencias, como se constató con el oficio 202/DRH/0688/99, del tres de junio de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual se le citó para desahogar dicha garantía; habiéndosele notificado personalmente, y no obstante ello, no compareció a dicha audiencia. Como puede observarse el ahora quejoso de ninguna manera controvierte tales consideraciones, ni siquiera refiere si por la urgencia del padecimiento se vio en la necesidad de acudir ante los servicios médicos del Departamento del Distrito Federal, así como, en su caso, que acudió a alguna Unidad Médica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y le fue negada la atención médica. Por consecuencia, lo argumentado por el impetrante deviene inoperante, puesto que no basta con señalar que el ad quem no realizó la valoración de las pruebas aportadas por las partes, como tampoco que se ha infringido lo dispuesto por el artículo 17 constitucional que no se le hubiere concedido la garantía de audiencia, puesto que tal y como ha quedado precisado en párrafos precedentes, tales aspectos son infundados. No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que la receta médica individual aparentemente fue expedida por un servidor público del Distrito Federal, como lo es, el doctor Carlos Salvador Iturriaga Palau, en fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y nueve, en la Unidad Médica Arenal, con clave VC-1, que obra a foja 12 del sumario de origen, y que dicha documental, en su caso, podría en efecto, justificar la inasistencia a sus labores en las fechas indicadas, como lo aduce el quejoso, y que podría tener apoyo en los artículos 40 y 41 de la Ley de Seguridad Social para los servidores públicos del Estado y Municipios, que a la letra dicen: ‘Artículo 40’ (se transcribe). ‘Artículo 41’ (se transcribe). Sin embargo, en la especie no se advierte que por urgencia del padecimiento o la negativa de una Unidad Médica del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el impetrante se hubiera visto en la necesidad de acudir ante una institución médica diversa. Sirve de apoyo a este razonamiento, por identidad de razón, jurisprudencia pronunciada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Parte SCJN, tesis 201, página 132, que a la letra dice: ‘FALTAS DE ASISTENCIA POR ENFERMEDAD. JUSTIFICACIÓN. TRABAJADORES INSCRITOS EN EL IMSS.’ (se transcribe). En tales condiciones, este Tribunal Colegiado considera que lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal impetrada, en contra de la sentencia pronunciada por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, el seis de enero del año dos mil, en el recurso de revisión 855/999, mediante el cual confirmó la sentencia pronunciada por la Primera Sala Regional del propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en el juicio administrativo 1091/999."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito al resolver el amparo directo número 457/2003, consideró, en lo conducente, lo siguiente:

"SEXTO. Los conceptos de violación resultan sustancialmente fundados, ello de conformidad con los siguientes razonamientos. Aduce el impetrante de amparo, que no se analizaron las pruebas documentales, como son, las recetas médicas por enfermedad expedidas a su favor por el ISEM, cuando el artículo 32 del citado Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, determina que serán admisibles toda clase de pruebas, sin que en el presente caso desde el procedimiento administrativo (DGSPT/PR/492/2001), proceso administrativo (66/2003) y recurso de revisión (753/2003), se hubiesen analizado las pruebas que en garantía de audiencia ofreció, se admitieron y se desahogaron, minimizando el derecho que le corresponde, y por ende, incumpliendo las formalidades del procedimiento. Que la responsable realizó una errónea y equívoca apreciación en valoración de pruebas, en términos de los artículos 32, 38, fracción II, 57, 95, 100 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al dar mayor valor y credibilidad a un Reglamento Interno para la Expedición de Certificados de Incapacidad, omitiendo, subsanando o dejando de aplicar lo que claramente determina el artículo 32 del señalado Código de Procedimientos Administrativos, vigente en la entidad, con relación a lo que disponen los artículos 3o. fracción I, 22 y 273, fracciones II, III y IV, del mismo ordenamiento legal; sin embargo, la responsable llega a subsanar errores de fondo, forma o procedimiento de la propia autoridad demandada ante la Sala a quo, sobre todo en la valoración de pruebas y en lo que se refiere a la supuesta no acreditación de las faltas con los medios de prueba que estuvieron a su favor desde el desahogo de la garantía de audiencia que le fuera otorgada en el procedimiento, supliendo las deficiencias de la autoridad administrativa y contraviniendo con indebida aplicación de lo que dispone el artículo 273, fracción VI, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que únicamente le faculta a suplir deficiencias en tratándose de quejas de particulares. Que la sentencia reclamada no satisface el principio de legalidad, al no ajustarse estrictamente a las disposiciones del propio código procesal de la materia con relación a la existencia de pruebas públicas expedidas a su favor por el ISEM y que justifican las faltas en el servicio, mismas que de ninguna manera contraponen los artículos 32, 38, fracción II y 57, 59, 95 y 105 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en coordinación con los artículos 77, 78, fracción II y 80, fracción IV, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, al no haber abordado con plenitud y legalidad a estos artículos si acaso existía razón o justificación de aplicar la remoción en su empleo, cargo o comisión dentro de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México. Que lo resuelto por la responsable, hace suponer que la disposición reglamentaria contenida en el capítulo cuarto que comprende las pruebas en el Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, es inferior al artículo 2o., fracción VII, del Reglamento para la Expedición de Certificados de Incapacidad del ISSEMYM, lo que evidentemente va en contra de sus intereses personales sobre derechos legítimos de su empleo, cargo o comisión que guardó en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México. Que resulta ilegal la determinación de validación y confirmación a que llega la responsable en el sentido de que la remoción decretada por la autoridad administrativa que actúa como tercero perjudicado ante este medio de defensa, haya decretado la remoción de su empleo, cargo o comisión por falta de pruebas para justificar inasistencias en el servicio mismo, cuando para su justificación fueron exhibidas, aceptadas y desahogadas pruebas públicas expedidas a su favor por el ISEM, como institución pública del mismo gobierno de la entidad y que los artículos 32, 38, fracción II, 57 y 59 del Código de Procedimientos Administrativos de la entidad, en relación con el artículo 80, fracción IV, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, no desconoce ni prohíbe en forma alguna. Le asiste la razón jurídica a la parte quejosa, y para demostrarlo resulta acertado señalar los siguientes antecedentes: El ocho de octubre de dos mil dos, el director general de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, resolvió el procedimiento administrativo número DGSPT/PR/492/2001, instaurado en contra del policía ‘C’ Juan Manuel Meléndez Sánchez, adscrito al segundo agrupamiento de la XXII región, dependiente de la Subdirección Operativa Regional Oriente y de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, determinando que había quedado plenamente acreditada la conducta que se le atribuía, consistente en haber faltado al desempeño de sus servicios los días veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintisiete y veintinueve de junio del año dos mil uno, conducta que constituye la causal de remoción establecida en el artículo 78, fracción II, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, y la cual no había quedado desvirtuada con la documental que exhibió al desahogar la garantía de audiencia. Juan Manuel Meléndez Sánchez, mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil tres, en la Oficialía de Partes de la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, formuló demanda administrativa en contra de la resolución de ocho de octubre de dos mil dos, emitida por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México; de dicha demanda administrativa, tocó conocer a la Quinta Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, quien la admitió a trámite en proveído de veintinueve de enero del dos mil tres, el cual se radicó con el número 66/2003, ordenó correr traslado a la demandada, admitió las pruebas ofrecidas por la parte actora, requirió a la autoridad demandada para que contestara la demanda formulada en su contra y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de juicio; en doce de marzo de dos mil tres, se celebró la audiencia de juicio y posteriormente en diecinueve de marzo de dos mil tres, la Sala aludida, dictó la sentencia correspondiente, en la que declaró la validez del acto impugnado. Inconforme con dicha sentencia, Juan Manuel Meléndez Sánchez, por su propio derecho, interpuso recurso de revisión, mismo que por auto de veinticuatro de abril de dos mil tres, la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, admitió a trámite, registrándolo con el número 753/2003; posteriormente, en diez de julio de dos mil tres, la segunda sección de referencia resolvió en el sentido de confirmar la sentencia recurrida. Ahora bien, cabe señalar que desde el desahogo de la garantía de audiencia la parte ahora quejosa ofertó la prueba documental consistente en la constancia médica con número de folio 743907, expedida por el Instituto de Salud del Estado de México, con sede en Tlalmanalco, de fecha veintiuno de junio del dos mil uno, misma que obra a foja 33 del juicio administrativo. Dicha probanza fue desestimada en esa instancia, al señalar que carece de eficacia probatoria para justificar sus inasistencias de los días veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintisiete y veintinueve de junio del año dos mil uno, por no ser la prueba idónea para hacerlo, porque al ser miembro del cuerpo preventivo de seguridad pública estatal, goza del beneficio de la seguridad social que le otorga el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y que por lo tanto, al padecer una enfermedad que le impidió presentarse al desempeño de sus labores, debió acudir a la unidad médica de su adscripción, para que previa valoración médica, se le expidiera el correspondiente certificado de incapacidad. En el juicio administrativo que promovió, fue declarada la validez de la resolución impugnada. Luego, en el recurso de revisión que interpuso en contra de la resolución emitida en el juicio administrativo, se confirmó la resolución de primer grado, expresando en esencia los siguientes argumentos: ‘... no aportó prueba fehaciente para acreditar que faltó a su servicio por padecer enfermedad que haya sido de urgencia los días veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintisiete y veintinueve de junio del dos mil uno, toda vez que al exhibir constancia médica, con número de folio 743907, de fecha veintiuno de junio del citado año, expedida a favor del actor por la doctora Isabel Ponce C., del Instituto de Salud del Estado de México, con residencia en Tlalmanalco, México, la cual recomendó reposo absoluto por una semana, debe tomarse en cuenta que el demandante goza de los beneficios que le otorga el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, sin embargo, el gobernado omitió acudir a la clínica de su adscripción del citado instituto, para el efecto de dar aviso respectivo dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que quedó incapacitado, o bien, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si se encontraba en un lugar donde no existen los servicios que otorga dicha institución, para que la unidad médica del ISSEMYM, le extendiera al recurrente el correspondiente certificado de incapacidad que determinara su imposibilidad física para poder presentarse a laborar en su servicio por causas de enfermedad, por lo que es evidente que la constancia médica exhibida por Juan Manuel Meléndez Sánchez, carece de eficacia jurídica para demostrar la justificación de sus inasistencias, dado que al contar con el servicio que otorga el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, debió acudir a la unidad médica de su adscripción a obtener el certificado de incapacidad que emite dicha institución, el cual es el documento idóneo que justifica las faltas al trabajo de los servidores públicos que laboran para el gobierno de esta entidad federativa, según lo establece el artículo 2o., fracción VII, del Reglamento para la Expedición de Certificados de Incapacidad del mencionado instituto y al no haberlo hecho de esa manera, el demandante no pudo demostrar que se encontraba incapacitado para trabajar los días veintiuno, veintitrés, veinticinco y veintisiete de junio del dos mil uno, al no exhibir documento expedido por la institución competente para ello; aunado a lo anterior, resulta erróneo que la resolución atacada en el juicio principal no se encuentre debidamente fundada ni motivada, lo anterior tomando en cuenta que contrario al dicho del recurrente, este cuerpo colegiado considera que dicha determinación sí cuenta con tales características, puesto que en la misma se señalan con toda precisión los artículos 55, fracción XIV y 78, fracción II, de la Ley de Seguridad Pública Preventiva de esta entidad federativa, así como el numeral 22 del Reglamento para la Expedición de Certificados de Incapacidad del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, señalando además como motivos que no le daba valor probatorio alguno a la receta médica exhibida por el gobernado, por no ser el documento idóneo para justificar sus inasistencias al trabajo, dado que al contar con el servicio médico del citado instituto, debió acudir al mismo para que éste le extendiera el certificado de incapacidad correspondiente, indicando además que se removía al elemento policial por haber faltado a sus labores los días veintiuno, veintitrés, veinticinco y veintisiete de junio del dos mil uno, sin que haya presentado el documento idóneo para justificar sus inasistencias ...’. Debemos precisar que la parte quejosa, aduce en esencia que existió una incorrecta valoración de la constancia médica con número de folio 743907, expedida por el Instituto de Salud del Estado de México, con sede en Tlalmanalco, de fecha veintiuno de junio del dos mil uno, pues la Sala responsable señaló que no tenía eficacia probatoria, soslayando lo establecido en los artículos 32 y 95 del Código de Procedimientos Administrativos, pues en ellos no se prohíbe la exhibición de dicha prueba. La conducta que se le imputó al ahora quejoso, es la que se encuentra contenida en la fracción II del artículo 78 de la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, precepto que a la letra dice: ‘Artículo 78.’ (se transcribe). Ahora bien, la Sala responsable determinó que la prueba de mérito, no era la idónea para justificar la inasistencia en que había incurrido el ahora quejoso, pues sostiene que al gozar del beneficio de estar afiliado al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, debió de haber acudido a dicha institución para que le expidieran el certificado de incapacidad. Al respecto, este órgano colegiado, estima que existe una incorrecta valoración de dicha probanza, pues si bien la desestimó la Sala responsable, al señalar que resultaba ineficaz para acreditar el extremo pretendido, como era la inasistencia a su trabajo, dicha valoración implica inobservancia de lo establecido en el artículo 95 del Código de Procedimientos Administr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19854-79a52d0e/faltas-de-asistencia-por-enfermedad-su-justificacion-tratandose · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.