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Modo: Corpus Pro

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19347
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, , Pág. 986.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 37/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. En el caso, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que la motivaron y que a continuación se precisan.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en el juicio de amparo en revisión 867/2004, con fecha nueve de diciembre de dos mil cuatro, resolvió, en lo conducente, lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios que se hacen valer son ineficaces. En efecto, como se vio, el Juez de Distrito, para desechar la demanda de amparo, transcribió los artículos 1o. y 2o. de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, y 20 y 21 de la citada casa de estudios y, posteriormente, determinó que el acto reclamado no derivaba del actuar de alguna autoridad, ya que, surgía entre la Universidad de Guadalajara y el quejoso, lo que ponía de manifiesto que sólo existía una relación de coordinación, o sea, entre particulares y, no de supra a subordinación, que es la que se entabla entre gobernantes y gobernados; lo que en el caso no sucedía, ya que la no admisión del quejoso para ingresar a estudiar la carrera de licenciatura en cultura física y del deporte, por haber obtenido un promedio menor al requerido, al practicar el examen de aptitud, no podía catalogarse como una relación de autoridad-gobernado, para que la inadmisión se traduzca en un acto de autoridad. Asimismo, consideró que a la citada universidad no le devenía el carácter de autoridad para efectos del juicio de garantías, en virtud de que el quejoso se dolía en su carácter de ‘aspirante de alumno’, el cual no se encuentra catalogado dentro de los supuestos que contempla el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, lo que revelaba que se estaba ante una relación de coordinación regulada por el derecho privado, o sea, una relación entre particulares, debido al origen de la aspiración que detentaba el quejoso para ingresar a estudiar en tal universidad. Igualmente, estimó que el hecho de que el quejoso se ubicara dentro del supuesto de ‘aspirante’, para ingresar a la casa de estudios antes citada, sólo constituía una expectativa de derecho, es decir, se convertía en una esperanza o pretensión de un derecho, cuya realización depende de una situación jurídica concreta que se materialice en su favor; y que al no concretizarse, la no admisión derivaba únicamente de una relación de coordinación, pero no de ‘supra subordinación.’. El a quo precisó que al no darse la relación de acto de autoridad existente entre un gobernado y autoridades, era claro que no se estaba ante una relación de supra subordinación y, por ende, ante la existencia de una transgresión a garantías individuales. El mismo juzgador precisó que el acto de autoridad requiere indefectiblemente que surja dentro de una relación jurídica de supra a subordinación, como sería el caso hipotético de que el ahora quejoso hubiera aprobado el examen de admisión, y como consecuencia, se catalogara como alumno en alguna de las clasificaciones, y que, no obstante lo anterior, se realizaran actos que le impidieran continuar con sus estudios ‘para que así de esta forma la autoridad esté obligada a cumplir con los derechos y obligaciones que la propia ley orgánica le establecen’, lo que dijo, no ocurría. En otro aspecto, señaló que si bien era cierto que el artículo 3o. constitucional garantiza a todo individuo el derecho a recibir educación, era innegable que este derecho versa sobre la impartición de educación preescolar, primaria y secundaria, pero que no tenía sus alcances a la educación media superior, y de ahí que no se podía estimar una violación directa a la Constitución en contra del quejoso, en relación con dicho imperativo por parte de la Universidad de Guadalajara. En apoyo a su determinación, invocó las tesis de rubros: ‘AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.’ y ‘CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. SE DISTINGUEN POR SU FINALIDAD DE ORDEN PÚBLICO Y POR EL RÉGIMEN EXORBITANTE DEL DERECHO CIVIL A QUE ESTÁN SUJETOS.’. Ante tales consideraciones, el recurrente expuso, en síntesis, las manifestaciones siguientes: Que la causal de improcedencia no se actualiza, toda vez que la Universidad de Guadalajara sí tiene el carácter de autoridad responsable, ya que para determinar si una autoridad actúa o no como tal, deberá analizarse cada caso en concreto, pues será la naturaleza jurídica de cada acto la que determinará si se está en presencia o no de un acto de autoridad, pero que cuando una autoridad designada como responsable es un organismo público descentralizado, y el acto reclamado consiste en la violación a los artículos 1o., 3o. y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, traduciéndose esto en coartar el derecho a recibir educación, tal situación se traduce en una afectación a la esfera jurídica del gobernado; que la autoridad para los efectos del amparo involucra forzosamente a un órgano del Estado, y la autonomía de que goza la Universidad de Guadalajara significa que queda en libertad de nombrar a sus autoridades, elaborar sus planes y programas, dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación, así como administrar su patrimonio sin la injerencia del Estado, pero que tal albedrío no puede extenderse al grado de suponer que la institución no está sujeta al régimen jurídico del país, es decir, que pueda conducirse con absoluta independencia, ya que ello podría provocar anarquía y arbitrariedad; por lo que si entre la diversidad de actos emitidos por los funcionarios universitarios se encuentran aquellos que reúnen los atributos esenciales del proceder autoritario, como la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, que se traducen en la posibilidad de actuar sin el consenso de los particulares, y aun en contra de su voluntad imponer sus determinaciones, dichos actos son susceptibles de ser analizados a través del juicio de amparo, y que la sentencia que se pronuncie, cualquiera que sea su sentido, dejará intocada la autonomía de la universidad, ya que obviamente podrá continuar ejerciendo la libertad de autodirigirse, con la única salvedad de que como ente integrante de nuestra sociedad deberá respetar los derechos constitucionales que rigen en nuestro país y, por lo tanto, los actos de tal universidad ostentan cualidades para considerarlos como actos de autoridad para efectos del amparo, y pueden ser examinados a través de éste. Asimismo, argumenta que, como concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, debe entenderse también el que las autoridades ejerzan actos públicos, y que la universidad tiene la representación del poder público dentro de su jurisdicción educativa y escolar, en virtud de la cual obra dictando, según su propio criterio y bajo su responsabilidad, determinaciones de cumplimiento obligatorio, por lo que tiene el carácter de autoridad. Los agravios en los que se aduce que si entre la diversidad de actos emitidos por los funcionarios universitarios se encuentran aquellos que reúnen los atributos esenciales del proceder autoritario, como la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, que se traducen en la posibilidad de actuar sin el consenso de los particulares, y aun en contra de su voluntad imponer sus determinaciones, entonces dichos actos son susceptibles de ser analizados a través del juicio de amparo, y que los actos de tal universidad ostentan cualidades para considerarlos como actos de autoridad para efectos del amparo y pueden ser examinados a través de éste, son ineficaces. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 12/2002, publicada en la página 320 del Tomo XV, marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y contenido son del tenor siguiente: ‘UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). En ese orden de ideas, debe concluirse que los actos mediante los cuales las universidades públicas expulsan a sus alumnos o desincorporan de la esfera jurídica de éstos los derechos que les corresponden, constituyen actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en tanto que son emitidos por un órgano del Estado, con base en una atribución legal que coloca a dichas instituciones, respecto de sus alumnos, en una relación de supra a subordinación, en tanto que les permite unilateralmente extinguir la situación jurídica derivada del carácter de alumno universitario, sin necesidad de acudir a un tribunal para que surtan efectos las consecuencias jurídicas de tal determinación; esto es, cuando el gobernado ha cumplido con los requisitos que le permiten adquirir la categoría de alumno previstas en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora a su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones, por tanto, cualquier determinación que la universidad tome tendente a impedirle, de manera definitiva o temporal, seguir estudiando en esa institución, sí constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, mas no así cuando el gobernado no ha adquirido la calidad de alumno, como en el caso, toda vez que, como acertadamente lo consideró el juzgador, el quejoso sólo tiene una expectativa de derecho, al ser aspirante a la categoría de alumno, en donde no existe la relación de supra a subordinación, pues el aspirante no ha incorporado a su esfera jurídica derechos y obligaciones con relación a la Universidad de Guadalajara, precisamente al no cumplir con los requisitos correspondientes que le permitan adquirir esa calidad de alumno. En otro aspecto, en cuanto a los motivos de inconformidad en los que se aduce que cuando una autoridad designada como responsable es un organismo público descentralizado, y el acto reclamado consiste en la violación a los artículos 1o., 3o. y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, traduciéndose esto en coartar el derecho a recibir educación, tal situación se traduce en una afectación a la esfera jurídica del gobernado, resultan inoperantes, toda vez que el a quo, en el auto impugnado, estableció que si bien era cierto que el artículo 3o. constitucional garantiza a todo individuo el derecho a recibir educación, también era innegable que ese derecho, versaba sobre la impartición de educación preescolar, primaria y secundaria, mas no tiene alcances a la educación media superior, que por tanto no se puede estimar una violación directa a la Constitución en su contra, en relación con dicho imperativo por parte de la Universidad de Guadalajara; sin embargo, el inconforme no controvierte de manera alguna tal consideración del Juez. Finalmente, los restantes agravios, resultan inoperantes pues, de la simple lectura de los mismos, se advierte que no se combaten en manera alguna las consideraciones del Juez de Distrito para desechar la demanda de garantías, consideraciones que consisten en que a la Universidad de Guadalajara no le deviene el carácter de autoridad para efectos del juicio de garantías, toda vez que el quejoso se duele en su carácter de ‘aspirante de alumno’, el cual no se encuentra catalogado dentro de los supuestos que contempla el artículo 20 de la ley orgánica en mención; lo que revelaba que se está ante una relación de coordinación regulada por el derecho privado, o sea, una relación entre particulares, debido al origen de la aspiración que detenta para ingresar a estudiar en tal universidad; que el hecho de que el quejoso se ubique dentro del supuesto de ‘aspirante’ para ingresar a la casa de estudios antes citada, sólo constituye una expectativa de derecho, es decir, sólo se convierte en una esperanza o pretensión de un derecho, cuya realización depende de una situación jurídica concreta, que se materialice en su favor; misma que al no concretizarse ‘la no admisión’, derivaba únicamente de una relación de coordinación, pero no de supra a subordinación, y que al no darse la relación de acto de autoridad existente entre un gobernado y autoridades, no se está ante una relación de supra a subordinación y, por ende, la existencia de una transgresión a las garantías individuales, ya que el acto de autoridad requiere indefectiblemente que surja dentro de una relación jurídica de supra a subordinación, como sería el caso de que el quejoso hubiera aprobado el examen de admisión, y como consecuencia se catalogara como alumno en alguna de las clasificaciones y que, no obstante lo anterior, se realicen actos que impidan continuar con sus estudios, para que así de esta forma la autoridad esté obligada a cumplir con los derechos y obligaciones que la propia ley orgánica le establece. En las relatadas condiciones, al resultar ineficaces los agravios analizados, se impone confirmar el auto recurrido."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1016/2004, el treinta y uno de enero de dos mil cinco, resolvió, en lo conducente, lo siguiente:

"CUARTO. Por razón de método, se analizan en primer orden los agravios que en su recurso de revisión adhesiva expresan el rector general de la Universidad de Guadalajara (por sí y en representación de dicha universidad y como presidente del Consejo General de la misma) y el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la propia universidad, ya que en ellos se alega que se actualizan, en la especie, causales de improcedencia diversas a las examinadas por el Juez de Distrito. Así es, dichas responsables aducen, en esencia, que respecto de los reclamados artículos 6o., fracciones I, VI y XVI, 31, fracciones I y XVIII, 35, fracciones I, II y XIV, y 54, fracciones III y VI, todos de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se actualiza la causal prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, porque el quejoso no expresó conceptos de violación en contra de dichos preceptos. Que asimismo opera esa causal de improcedencia, respecto al acto de aplicación consistente en la restricción del derecho a recibir educación en virtud de que el quejoso no fue admitido a la carrera de médico cirujano y partero, así como respecto del dictamen de admisión en sí mismo, toda vez que tampoco se formularon conceptos de violación tendentes a combatir por vicios propios dichos actos, sino que su ilegalidad se hace depender de la inconstitucionalidad que se atribuye a las disposiciones precisadas anteriormente. Tales alegatos son infundados, ya que los mencionados artículos de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, expresamente los impugnó el agraviado en forma vinculada con los diversos artículos 15 bis y 16 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, porque estos últimos (que son los concretamente combatidos de inconstitucionales), se emitieron con base en los primeros y, por tanto, sólo en esa medida, le resultó necesario señalarlos también como actos reclamados; en cuyas condiciones, si fueron impugnados únicamente en forma adminiculada, no era necesario que se expresaran conceptos de violación en su contra, precisamente porque no se combatieron por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo derivar de la de otros preceptos, y se reclamaron con único fin de que fuera procedente el amparo promovido en el caso. Por ende, si también fue vinculada la impugnación que se hizo respecto de los mencionados actos de aplicación, no existe razón para sobreseer en el juicio por lo que ve a dichos actos, puesto que de cualquier forma se encuentran combatidos. Luego, es claro que no se actualiza la causal de improcedencia invocada en los agravios en estudio. De igual forma, se alega que es improcedente el amparo, respecto de los actos consistentes en la no admisión o inscripción a la carrera de médico cirujano y partero, y en el dictamen de admisión en sí, toda vez que se actualiza en la especie la causal prevista por la fracción IX del artículo 73 de la ley de la materia, en tanto que no sería posible restituir al quejoso en el goce de sus garantías violadas, ya que dichos actos son el resultado del proceso de selección contemplado en el Reglamento General de Ingreso de Alumnos de la Universidad de Guadalajara, y el dictamen de admisión respectivo a la fecha ha surtido todos sus efectos y ha sido ejecutado de manera definitiva. Que además, si se ordenara la revocación de ese dictamen, se estarían al mismo tiempo afectando los derechos públicos de todas aquellas personas que fueron admitidas y por tanto el cumplimiento de la ejecutoria resultaría violatorio de garantías. Lo anterior resulta infundado, pues en la especie sí podrían concretarse los efectos del fallo que conceda la protección federal. Ciertamente, si se llega a estimar que el promovente de amparo demuestra la inconstitucionalidad de las normas que reclama, el efecto del amparo incluso pudiera constituirse en la forma que pretende dicha parte (para que sea inscrito en la carrera a que aspira), dado que el artículo 80 de la ley de la materia establece de manera enfática que la sentencia que otorgue la protección de la Justicia Federal, tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y asimismo obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate cumpliendo con lo que la misma garantía exija. Por ello, los efectos de una sentencia que se dicte en un amparo contra leyes, de ser procedente el juicio y estimar fundados los conceptos de violación, son los de proteger al quejoso contra la aplicación presente y futura de la ley que se estime inconstitucional, declarándola insubsistente en relación con el quejoso y, por tanto, si en el caso es declarada inconstitucional la ley que se reclama, respecto del quejoso la Universidad de Guadalajara no deberá reservarse para sus trabajadores, hijos o cónyuges de éstos, el porcentaje de cupo como lo hace en el artículo 15 bis del reclamado Reglamento General de Ingreso de Alumnos, por no poder aplicarse en su perjuicio ese precepto. Además, atentos al principio de relatividad de las sentencias de amparo, que rige en el juicio de garantías (conforme al cual, las sentencias de amparo sólo deben limitarse a proteger al quejoso en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que se hubiere reclamado), los alcances de la sentencia que se dicte, no conducirían a revocar en su totalidad el dictamen impugnado, para dejar fuera a las personas que fueron admitidas en el mismo, pues los efectos, repítase, sólo pueden ser en relación al caso del quejoso, y ello se puede lograr, si al promovente de amparo se le toma en cuenta su puntuación obtenida, comparada con el de la totalidad de los aspirantes en el procedimiento en que participó, sin distinción alguna (para que el cien por ciento del cupo, se otorgue a las mayores puntuaciones globales y si dentro de ellas se encuentra la del quejoso, inscribirlo en el ciclo escolar que al cumplimiento de la sentencia esté por iniciar, para así restituirlo en el pleno goce de sus garantías). También se alega que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la ejecución del artículo 15 bis del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, porque ese precepto está referido a la facultad de la universidad para admitir en sus escuelas hasta el diez por ciento del cupo de primer ingreso por programa académico, a los trabajadores universitarios, sean académicos, administrativos, de confianza o directivos, a la cónyuge e hijos de éstos, y en el caso, dicen los inconformes, el quejoso no demostró que sea uno de esos trabajadores o cónyuge o hijo, y que por tanto, como el precepto no le es aplicable, se surte la causal invocada. Estos argumentos son infundados, pues el quejoso combate ese precepto, precisamente porque no se encuentra en sus supuestos, y considera que es inequitativo, ya que, dice, otorga mayores posibilidades de ingreso a los trabajadores al servicio de la universidad, sus cónyuges e hijos, en perjuicio de los demás ciudadanos que no se encuentran en esa situación, como lo es, el propio promovente de garantías. Por ello, basta que haya participado en un procedimiento donde se haya aplicado esa norma, para que tenga interés jurídico en reclamarla. Asimismo, alegan los inconformes, que en cuanto a los artículos 6o., fracciones I, VI y XVI, 31 fracciones I y XVIII, 35, fracciones I, II y XIV, y 54, fracciones III y IV, todos de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se actualiza la causal prevista por la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque la atribución de definir los criterios y procedimientos para la admisión de los estudiantes a esa institución educativa, y la facultad que permitió la modificación de los artículos 15 bis y 16 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos, así como la atribución de ejecutar los acuerdos del Consejo General Universitario y los acuerdos del consejo de centro, son disposiciones normativas que se encuentran inmersas en el contenido de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, desde el año de mil novecientos noventa y cuatro, fecha en la que se aprobó el dictamen 15,319 emitido por el Congreso del Estado de Jalisco, y posterior a esa fecha, en el año dos mil uno, el hoy quejoso solicitó su ingreso para cursar los estudios de bachillerato, por lo que después de haber cumplido satisfactoriamente con los trámites establecidos en la normatividad universitaria, el promovente de garantías fue admitido en la Preparatoria Regional de Colotlán, Jalisco, por lo que es claro que desde el momento en que solicitó su ingreso al Sistema de Educación Media Superior, fue sujeto de la aplicación de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, así como de los diversos ordenamientos universitarios, durante todo el tiempo que cursó este nivel de estudios, de manera que consintió tácitamente las facultades en comento, al no haber acudido a solicitar el amparo en contra de esas disposiciones que ya se le habían aplicado. Dichos argumentos carecen de sustento, pues los gobernados sólo están en aptitud legal de acudir al amparo, cuando se apliquen en su perjuicio los preceptos que estime inconstitucionales. Por tanto, si fue hasta el dictamen de admisión que reclama, cuando resiente la violación de garantías que ahora alega, con motivo de ese dictamen, estuvo en aptitud legal de promover su instancia constitucional. Ahora bien, como los diversos motivos de improcedencia que se alegan en el recurso de revisión adhesiva, son los mismos en que se basó el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio, debe estarse a lo que se resuelva en esta ejecutoria, con relación a los agravios expresados por el quejoso, que combaten ese sobreseimiento. Finalmente, el rector general de la Universidad de Guadalajara y el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la propia universidad, alegaron que los agravios expresados por el quejoso, son insuficientes para variar el sentido de la sentencia impugnada, ya que, dicen, el considerando segundo de la misma precisa las normas tildadas de inconstitucionales sobre las cuales se plantea el amparo, así como los actos que se reclaman de las autoridades responsables, y textualmente establece: ‘... discusión, aprobación, promulgación, refrendo y publicación de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, específicamente los artículos 6o., fracciones I, V, XVI, 31, fracciones I, VXIII (sic), 35 fracciones I, II, XIV y 54, fracciones III y VI; preceptos de los cuales derivan las atribuciones a las autoridades universitarias para la modificación de los artículos 15 bis y 16 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara.’; sin embargo, siguen diciendo los inconformes, los preceptos mencionados establecen criterios normativos distintos a la facultad normativa establecida para definir los criterios, requisitos y procedimientos para la admisión de los alumnos a la Universidad de Guadalajara, atribución que se encuentra perfectamente definida en la diversa fracción VI del artículo 6o. citado, misma que no se menciona en ninguna parte de la sentencia impugnada ‘... de manera que la precitada atribución relativa a la admisión de alumnos, no obstante haber sido materia de la demanda de garantías, no fue contemplada al momento de fallar en definitiva el presente sumario. Esta situación pasó inadvertida para la recurrente quien no formuló agravio alguno que tuviera por objeto modificar la resolución combatida respecto a esta cuestión, que desde luego constituye un argumento sustancial del fallo combatido ...’ y que por ello, si el quejoso no atacó este defecto, dicho considerando fue consentido, haciendo como consecuencia insuficientes los agravios esgrimidos ‘... toda vez que la atribución de mérito es la que motiva la interposición del amparo del que deriva el presente recurso.’. Dichos agravios también carecen de sustento, pues para la eficacia del recurso promovido por el quejoso, basta que sean fundados sus argumentos en que combate las consideraciones que llevaron al Juez a decretar el sobreseimiento del juicio que nos ocupa, ya que, si conforme a los mismos se desestima la causal invocada por el a quo, este colegiado, conforme a lo que dispone el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, debe revocar la recurrida y dictar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo. QUINTO. Los agravios que expresó el quejoso son fundados. En efecto, como sustancialmente lo alega el quejoso, no cualquier acto de aplicación de la ley puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de ‘instancia de parte agraviada’, contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente de amparo. Pues bien, ciertamente no se ve qué derecho legítimamente tutelado del quejoso, le haya sido vulnerado con la sola promesa que hizo de cumplir con la ley y reglamentos universitarios al someterse a los procesos de evaluación para ingresar a la carrera que pretende (en ningún momento el a quo señaló alguno, ni tampoco las responsables), por el contrario, con ese acto el hoy agraviado simplemente pretendía concursar para ocupar un lugar en las aulas de la universidad, por lo que, efectivamente, cuando no fue admitido en el dictamen que reclama, puede afirmarse que se vio afectado en su esfera jurídica, y hasta entonces, legalmente, pudo promover al respecto la instancia constitucional. Luego, si en su demanda manifiesta que tuvo conocimiento del dictamen impugnado, el veintitrés de agosto de dos mil cuatro (lo que no refutan las demás partes en el juicio), y la demanda la presentó el diez de septiembre de ese año (foja 12 vuelta del expediente de amparo), es claro que no fue extemporánea la promoción del amparo a ese respecto. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia número 67/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cuatro del Tomo X, julio de 1999, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con la clave P. XCVII/95, en la página noventa y dos del Tomo II, noviembre de 1995, época y Semanario aludido, que respectivamente, dicen: ‘AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO.’ (se transcribe). ‘LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO.’ (se transcribe). Así las cosas, lo que procede, en términos del artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, es revocar el sobreseimiento decretado, y examinar los conceptos de violación expresados al respecto, al no advertirse la existencia de diversas causales de improcedencia. SEXTO. Los conceptos de violación que en lo conducente expresó el quejoso, dicen: (se transcriben). SÉPTIMO. Los anteriores conceptos de violación, son fundados. Así es, los reclamados artículos 6o., fracciones I, VI y XVI, 31, fracciones I y XVIII, 35, fracciones I, II y XIV, y 54, fracciones III y VI, todos de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, así como el 15 bis y 16 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a la Universidad de Guadalajara, en lo conducente, dicen: (se transcriben). Pues bien, como lo alega el quejoso, debe decirse que en diversas jurisprudencias emitidas por el más Alto Tribunal del país se ha establecido que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentran en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19347-1bb34dcf/universidad-de-guadalajara-la-resolucion-de-no-admitir · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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