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VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS. EL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE PREVÉ LA BASE DEL IMPUESTO SOBRE LA TRANSMISIÓN DE SU PROPIEDAD, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20094
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Abril de 2007, , Pág. 846.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales, los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por Jesús R. Sandoval Pinzón, Juan Bonilla Pizano y Jorge Meza Pérez, en su carácter de Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien resolvió el amparo en revisión 485/2006, por mayoría de votos, con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil seis.

De ahí que si la denuncia fue realizada por los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que resolvió un asunto materia de la posible contradicción, es evidente que la misma proviene de parte legítima.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 485/2006, por mayoría de votos, el veinticuatro de noviembre de dos mil seis, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Los motivos de disentimiento que hace valer el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León son fundados y aptos para revocar la sentencia objeto de disenso. En ellos, expone en forma esencial, que el Juez de Distrito no se ajustó al principio de congruencia, ya que al abordar el estudio del concepto de violación primero propuesto por el quejoso, añadió oficiosamente aspectos de inconstitucionalidad que no se postularon por éste y sin que se diera alguno de los supuestos previstos en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo. En concreto, señala que lo alegado por el amparista fue que la ley reclamada es inconstitucional bajo dos supuestos: uno, porque permite que una autoridad administrativa determine un elemento esencial del tributo, como lo es, la base gravable; y dos, porque no precisa quién debe expedir o publicar las guías o publicaciones de precios de automóviles usados de las que se obtiene el valor comercial, lo cual a su decir genera incertidumbre en el contribuyente. No obstante, dice, en el fallo controvertido se declaró la inconstitucionalidad del artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en ponderación de argumentos no conformadores de la litis de primer grado. Como se anticipó, el concepto de agravio de previo extracto es fundado. Lo anterior es así, en función de que tal como se discute por la autoridad revisionista, el decretamiento de inconstitucionalidad del precepto 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León se soportó en ponderación de vicios que nunca fueron planteados por el quejoso en la construcción de su demanda de amparo. Cierto, basta imponerse del contenido del primer segmento del concepto de violación designado como único, para caer en cuenta que en él se predicó la inconstitucionalidad del dispositivo en cita, en orden a la violación del principio de legalidad tributaria, bajo los argumentos concretos sucesivos: 1. Prevé que sea la autoridad hacendaria quien determine a su arbitrio los lineamientos y condiciones que conforman uno de los elementos esenciales del tributo: la base. 2. No existe ninguna disposición legal que prevea qué autoridad, institución, colegio de valuadores o universidad debe realizar los estudios de valores comerciales de los vehículos usados para determinar el monto del tributo, sino que se refiere en forma vaga a guías y publicaciones, sin al menos establecer su nombre o denominación, lo cual deja en indefensión al contribuyente, porque no tiene la opción de conocer qué valor será el que determinará la autoridad como base para el pago del impuesto, lo que lo convierte en imprevisible. Luego, del análisis a la sentencia materia de discusión, se obtiene que el resolutor de primer grado calificó fundado el concepto de violación de trato, al tenor de las consideraciones sustanciales siguientes: Que el dispositivo impugnado ciertamente infringe el principio de legalidad tributaria, porque no estipula qué directrices debe seguir la autoridad administrativa para aplicar las guías y publicaciones; no establece los elementos a tomar en cuenta en la determinación de los valores en ellas previstos, ni tampoco los pasos a seguir en los casos en que proceda una valuación del vehículo particular. Que la obligación de publicar por lo menos una vez al año la tabla de valores comerciales que la autoridad determine, no se encuentra restringida a que se realice con anterioridad al inicio del ejercicio fiscal, lo que implica la posibilidad de una aplicación retroactiva del acuerdo respectivo. Que el legislador al establecer que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado ‘podrá’ utilizar como referencia para la determinación del valor comercial, el establecido en las guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados, constituyó una facultad discrecional, sin que se prevea la obligación de la autoridad de motivar, en su caso, el porqué se aparta del valor asentado en dichas guías y publicaciones. Que ante la omisa regulación del legislador estadual para establecer los criterios que permitieran a la autoridad exactora determinar la base del impuesto en concordancia con el principio de reserva de ley relativo reconocido en el orden jurídico mexicano, se actualiza la inconstitucionalidad del artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León. Así, basta efectuar una confronta entre el concepto de violación esgrimido por el quejoso y los razonamientos dados por el Juez de Distrito para advertir que no existe justa correspondencia entre los mismos, lo cual patentiza el alegado quebranto al principio de congruencia que debe existir en cualquier resolución de naturaleza jurisdiccional. En esa virtud, al no existir la figura del reenvío, corresponde a este Tribunal Colegiado de Circuito hacer el pronunciamiento en torno a la auténtica causa de pedir postulada por el quejoso para obtener la declaración de inconstitucionalidad del gravamen impugnado, inmersa en las sinopsis ‘1’ y ‘2’ antecesoras. Sobre el particular, es conveniente apuntar las notas distintivas que caracterizan al principio de legalidad tributaria inmerso en la fracción IV del artículo 31 de la Carta Magna, acorde con la cual corre a cargo de los mexicanos la obligación de contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En concordia con dicha exigencia constitucional, el establecimiento de los impuestos sólo puede tener lugar, válidamente, a través de la expedición de una ley formal que dé a conocer a los destinatarios de los mismos, con suficiente precisión y certitud, el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que las autoridades hacendarias no puedan desplegar en su contra actos arbitrarios o caprichosos que, como fin último, persigan una recaudación de ingresos en favor del erario público. En sentido opuesto, de no salvaguardarse la condición señalizada, se estará en presencia de un gravamen que, sin género de duda, debe reputarse como contraventor del comentado principio de legalidad tributaria, mismo que, precisa decir, se inspira en la protección de la seguridad jurídica de los contribuyentes en general, a efecto de que puedan saber de antemano en qué consisten sus cargas fiscales, brindándoles plena certeza sobre el particular. Para robustecer las reflexiones antecedentes, cabe traer a colación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número doscientos cincuenta y dos, es visible en la página doscientos noventa y siete, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, como sigue: ‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Con idéntico propósito, se cita la diversa jurisprudencia de la propia superioridad en mención, que bajo el número doscientos cuarenta y tres es consultable en la página doscientos ochenta y nueve, Tomo I, de rubro y texto: ‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.’ (se transcribe). Una vez expresados los rasgos que caracterizan al principio tributario que se asegura conculca el artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, es oportuno insertar el texto de dicha disposición legal donde, como adelante se verá, se establece la base del referido impuesto local sobre transmisión de propiedad de vehículos automotores usados: ‘Es base de este impuesto, el valor mayor entre el de operación y el valor comercial. La autoridad recaudadora podrá utilizar como referencia para determinar el valor comercial, el valor que se establezca en las diversas guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados, que existen en el mercado y tratándose de vehículos no comprendidos en dichos documentos, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado practicará un avalúo para determinar el valor que sirva de base para el pago del impuesto. El valor comercial determinado conforme a lo anterior, será publicado en el Periódico Oficial del Estado por lo menos una vez cada año. Los particulares que realicen las operaciones a que se refiere este capítulo, podrán inconformarse con el valor determinado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día en que surta efectos la notificación del valor o al en que se tenga conocimiento del mismo. Para este efecto, los particulares presentarán escrito ante la propia secretaría, por el cual manifiesten los motivos de su inconformidad, acompañando los elementos de prueba que estimen necesarios. La secretaría emitirá su resolución en un plazo no mayor de veinte días, misma que podrá ser impugnada en los términos previstos por la Ley de Justicia Administrativa del Estado. En el caso de adquisición de vehículos modelo del año de aplicación de la ley, se tendrá como valor base de este impuesto el 90% del valor de factura original expedido por el distribuidor, sin incluir el impuesto al valor agregado.’. Analizado que es tal disposición legislativa, este Tribunal Colegiado de Circuito juzga infructuosa la calificativa de inconstitucionalidad que el quejoso le atribuye, porque basta leerla con detenimiento para caer en cuenta que, contrario a su criterio, en ella sí se contempla la base del impuesto reclamado, entendiéndose por ésta la cifra neta que sirve para aplicar las tasas en el cálculo de un tributo, según el ‘Diccionario para Juristas’, de Juan Palomar de Miguel. En efecto, el órgano legislativo creador de la norma en comento, dispuso con suma claridad que la base del impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos automotores usados, se constituiría por el coeficiente mayor que se obtenga de entre las siguientes dos opciones: 1) El valor de la operación; o bien, 2) El valor comercial de la unidad motriz de que se trate. De igual forma, el examinado precepto es categórico al prever la posibilidad de tomar como referencia para la determinación del valor comercial del vehículo, las guías y publicaciones de precios sobre automóviles usados que "existen en el mercado", publicadas mínimo una vez al año en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, aconteciendo que, para el evento de que alguno en concreto no se contemple en las mismas, entonces, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General procederá a practicar un avalúo individual, a fin de lograr ese objetivo. La naturaleza de la operación por realizar, es reveladora de que el valor comercial del vehículo atiende a factores de mercado, por lo que la publicación de las guías que consignen los precios de los automóviles usados, es en función de una base gravable acorde a la realidad material y económica que impere en el momento actual de que se trate; sin embargo, ello no denota una decisión arbitraria de las autoridades recaudadoras. En efecto, si se parte de la idea de que, previa realización de la hipótesis normativa, el sujeto pasivo de la obligación fiscal está en posibilidades de conocer el valor comercial del vehículo cuya propiedad será transmitida, lo cual, coetáneamente, impide a la autoridad la determinación voluntariosa de la base gravable del impuesto en tratamiento, -al preverse en la ley la forma en cómo la misma se establecerá-, inconcuso resulta que el citado artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, se ajusta al principio de legalidad tributaria consagrado en el precepto 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si la ley únicamente dispone que ese valor o precio debe tomarse en cuenta para efectos tributarios, sin precisar el mecanismo que seguirá para conocerlo, ello no implica dejar al arbitrio de la autoridad el monto correspondiente, pues al señalar que debe considerarse el valor que las fuerzas del mercado fijan en un momento específico a un determinado bien o a un indicador económico, la actividad de la autoridad administrativa se limita a levantar de la realidad económica ese valor, lo que implica simplemente acudir a lo que en un momento dado revela el mercado, por lo que en tal hipótesis no queda al arbitrio de órganos ajenos al Poder Legislativo la determinación de los elementos que trascienden al monto de las cargas tributarias de los gobernados, pues será la realidad económica que se ordena valorar y no la voluntad de las autoridades administrativas la que determine la afectación patrimonial que una contribución o una obligación tributaria accesoria representa para los gobernados. En este tenor, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 111/2000, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia de la República, cita en la página trescientos noventa y dos, Tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que estatuye: ‘LEGALIDAD TRIBUTARIA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL CÁLCULO DE ALGÚN ELEMENTO DE LAS CONTRIBUCIONES CORRESPONDA REALIZARLO A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO CONLLEVA, NECESARIAMENTE, UNA TRANSGRESIÓN A ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). También, es oportuno invocar la tesis aislada 2a. CLXX/2002, del órgano superior en cita, consultable en la página doscientos ochenta y uno, del Tomo XVI, diciembre de 2002, de la época y compendio antes referidos, que indica: ‘LEGALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE CUANDO EL LEGISLADOR FACULTA A UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA PARA ESTABLECER EL VALOR DE UN FACTOR QUE INCIDE EN EL MONTO DE LA BASE GRAVABLE O EN LA CUANTÍA DE UNA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ACCESORIA.’ (se transcribe). En abono a los raciocinios jurídicos predecesores, se destaca que pese a que la norma controvertida autoriza que la determinación del valor comercial de un automóvil usado se efectúe con mira en factores reales (tasados en guías y publicaciones en la materia), para a partir de ello establecer la base del tributo correlativo, tal proceder no contraviene la garantía de legalidad tributaria, pues de no ser así se estaría frente a una base gravable fija alejada de los agentes económicos que inciden en el mercado provocando su inestabilidad, al grado de, simultáneamente, desconocerse la auténtica capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación fiscal, la cual y desde luego, sí tiene que ser sopesada. En relación con el tema, ha de puntualizarse también que el dispositivo legal en cuestión no es inconstitucional al no establecer quién expedirá las guías y publicaciones que podrán servir como referencia para determinar el valor comercial de los automóviles, dado que, precisamente, la norma establece que serán aquellas que existan en el mercado, es decir, el propio dispositivo acota que serán aquellos indicadores reconocidos y generalmente aceptados en ese ámbito mercantil, lo cual, no contraviene la garantía de legalidad tributaria, pues hay que tomar en cuenta que sería prácticamente imposible que en la ley se establezcan con precisión todas las hipótesis para determinar el valor comercial de los vehículos, de ahí que sea permisible instaurar parámetros generalizados a efecto de que a través de presunciones legales se determine el valor de trato, máxime que éstas no son inalterables, en tanto pueden ser objeto de reconsideración y, por ende, de modificación, a través del mecanismo de defensa que estatuye el propio artículo analizado. Ha de ponderarse también, que las guías y publicaciones a que hace referencia la propia norma, tal como lo es, entre otras, la llamada guía ‘EBC’ o más comunmente llamado ‘libro azul’, cuya publicación data desde hace cuarenta años por aproximación, es ampliamente reconocida en el mercado, y sirve como guía oficial de información a comerciantes en automóviles y camiones y aseguradoras de la República Mexicana, pues es de publicación mensual y tiene como objeto precisamente proporcionar un indicador en el ámbito automotriz con datos obtenidos en investigación directa en el país. Así, es claro que en el dispositivo impugnado sí se estipulan los lineamientos que la autoridad administrativa debe seguir para establecer el valor comercial de los vehículos usados, de modo que el contribuyente conoce en todo momento y previamente la forma en que va a tributar, lo cual, sin duda, descarta la imprevisibilidad alegada en la demanda de garantías. Además, no puede dejar de sopesarse que, aun cuando los elementos informativos u orientadores que contengan las guías o publicaciones utilizadas por la autoridad para la determinación del valor comercial, pudieran merecer en su conformación cualquier tipo de objeción, lo cierto es que el propio legislador, consciente de tal situación, previó que el particular que no esté de acuerdo con la cuantificación relativa, puede, en todos los casos, inconformarse mediante el mecanismo de defensa previsto expresamente para ello, lo cual, revela aún más, que la utilización de aquellos indicadores no constituyen una imposición arbitraria, sino más bien, una necesidad legislativa para arribar a una referencia más real y aproximada del valor de los vehículos usados cuya transacción sea objeto del impuesto debatido. Es conveniente destacar que, con relación al tópico en cuestión, idéntico criterio se sostuvo por este tribunal al resolver los diversos juicios de amparo en revisión números 223/2003-II y 448/2003, así como el amparo directo 83/2004. En ese contexto, debe desestimarse el concepto de violación que sobre el particular se hace valer."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió el amparo en revisión 394/2003, por unanimidad de votos, el dos de abril de dos mil cuatro, en el cual determinó una vez que levantó el sobreseimiento decretado respecto de los artículos 106 y 108 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, en lo que interesa, sostuvo lo siguiente:

"NOVENO. Respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 108 de la Ley de Hacienda del Estado, la quejosa esencialmente alega lo siguiente: Menciona que de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, debe respetarse el principio de legalidad tributaria y que, por ende, el legislador debe definir en forma clara y precisa los elementos esenciales de las contribuciones como son sujeto, objeto, base, procedimiento para su cálculo y época de pago, y no quedar ésta al arbitrio o discreción de la autoridad administrativa. Alega que los artículos controvertidos violan el principio de legalidad tributaria, porque de conformidad con el artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado, la base del impuesto es el valor mayor entre el de operación y el valor comercial, último valor éste que aduce será determinado por la autoridad recaudadora, que podrá utilizar como referencia el valor establecido en guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados o, en su defecto, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado practicará un avalúo para tales efectos. La quejosa señala que se transgrede la Constitución, porque el concepto valor comercial, utilizado como base del impuesto, queda al completo arbitrio de la autoridad recaudadora, ya que en la ley no se define el concepto valor comercial, ni en la Ley de Hacienda del Estado, ni en diverso precepto legal, se establecen los lineamientos generales, el procedimiento, las limitantes, los criterios, ni las bases que debe seguir la autoridad recaudadora para determinarlo, no obstante que se trata del elemento esencial para cuantificar el monto de la contribución a pagar. Dice que no se prevé qué autoridad administrativa tendrá competencia para determinar el valor comercial, porque sólo hace referencia a la autoridad recaudadora y alega que específicamente, en relación a los vehículos que no aparezcan en las guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados, a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, dependencia a la cual manifiesta, los preceptos reclamados no le otorgan la facultad de determinar el valor comercial si el vehículo aparece en dichas guías y publicaciones. Así, refiere que no existe precepto legal que defina la forma de determinar la base impositiva a lo cual se aplicará la tasa del 1.8% prevista en el artículo 108. La quejosa expresa que la circunstancia de que no sea el propio legislador quien establezca el procedimiento o la base para determinar un elemento esencial para calcular el monto del gravamen impugnado, señala que conduce a dejar a la libre voluntad de autoridades administrativas la oportunidad de fijarla con base en criterios no considerados por el legislador. Por último alega que la instancia de inconformidad prevista por el artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado, no subsana la violación al principio de legalidad tributaria, porque aun cuando el particular pueda inconformarse contra el valor del vehículo, esto no cambia la circunstancia de que la autoridad administrativa fija el valor, y que además la inconformidad sólo procede en los casos de que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, es quien emite el valor del vehículo, y que no es procedente si la autoridad recaudadora es diversa a dicha secretaría y tesorería. Ahora bien, precisados tales argumentos, debe atenderse que el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, prevé lo siguiente: ‘Artículo 31.’ (se transcribe). El principio de legalidad tributaria implica la exigencia de que ningún órgano del Estado pueda realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por una disposición legal. Conforme al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal los elementos esenciales del impuesto (sujeto, objeto, base, tasa y época de pago), así como la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria deben estar consignados expresamente en la ley, de manera que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo conozca la forma cierta y precisa de contribuir al gasto público, de ahí que la Constitución Federal reserve a la ley la creación de las contribuciones. Tiene aplicación, en la especie, la tesis de jurisprudencia ciento sesenta y ocho del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento sesenta y nueve, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Tomo I, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, que dice: ‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). La Suprema Corte de Justicia ha establecido que en materia tributaria la reserva de la ley es relativa, toda vez que, por una parte, dicha materia no debe regularse en su totalidad por una ley formal, sino que es suficiente con un acto normativo primario que contenga las reglas esenciales y defina los límites para las normas secundarias siempre y cuando establezcan una regulación subordinada y dependiente de la ley; que además constituyan un complemento de la regulación legal, indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria. Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis aislada P. CXLVIII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página setenta y ocho, Tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; que dice: ‘LEGALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY.’ (se transcribe). Precisados tales aspectos, corresponde atender el contenido de los artículos 106 y 108 de la Ley de Hacienda del Estado, inmersos en el capítulo tercero, de tal legislación, que atiende al impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos automotrices (sic) usados. ‘Artículo 106.’ (se transcribe). ‘Artículo 108.’ (se transcribe). De la transcripción anterior refleja que en tales ordinales se indica la forma para obtener la base del impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos automotores usados, en la siguiente forma: La base del impuesto se obtendrá: a) Del valor mayor entre. b) El valor de operación y c) El valor comercial. La autoridad recaudadora podrá utilizar como referencia para determinar el valor comercial: El valor que se establezca en las diversas guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados, que existen en el mercado. Tratándose de vehículos no comprendidos en dichos documentos, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado practicará un avalúo para determinar el valor que sirva de base para el pago del impuesto. Dice que el valor comercial determinado conforme a lo anterior, será publicado en el Periódico Oficial del Estado por lo menos una vez cada año. Tal ordinal también prevé que los particulares que realicen las operaciones a que se refiere este capítulo, podrán inconformarse con el valor determinado por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día en que surta efectos la notificación del valor o al en que tenga conocimiento del mismo. Para este efecto, los particulares presentarán escrito ante la propia secretaría, por el cual manifiesten los motivos de su inconformidad, acompañando los elementos de prueba que estimen necesarios. La secretaría emitirá su resolución en un plazo no mayor de veinte días, misma que podrá ser impugnada en los términos previstos por la Ley de Justicia Administrativa del Estado. Por último determina que, en el caso de adquisición de vehículos modelo del año de aplicación de la ley se tendrá como valor base de este impuesto, el 90% del valor de la factura original expedida por el distribuidor, sin incluir el impuesto al valor agregado. El artículo 106 de la Ley de Hacienda del Estado, señala que la base del impuesto se obtendrá, de entre el valor mayor, del valor de operación y el valor comercial, refiere que la ‘autoridad recaudadora’, podrá utilizar como referencia para obtener el valor comercial, el valor que se establezca en las diversas guías y publicaciones sobre precios de automóviles usados, que existen en el mercado, y que en caso de no aparecer el vehículo en dichos documentos la ‘Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado’, practicará un avalúo para determinar el valor que sirva de base para el pago del impuesto. Así, indica que el valor comercial determinado conforme a lo anterior, será publicado en el Periódico Oficial del Estado por lo menos una vez al año. En atención a lo expuesto, corresponde atender que la fijación del valor comercial será realizada por la ‘autoridad recaudadora’ según el propio ordinal lo indica, de ahí que sea indispensable advertir a quién se refiere la legislación local como la autoridad recaudadora. El artículo 9o. de la Ley de Hacienda del Estado prevé: ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). De tal numeral se infiere que debe atenderse el contenido del artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Estado, que dice: ‘Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León, para el año 2002. Artículo Primero.’ (se transcribe). Una interpretación sistemática de tales ordinales, lleva a advertir que la recaudación de los impuestos es competencia de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado; empero, en el mismo ordinal se indica que podrá ser auxiliada por otras dependencias oficiales o por

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20094-7c68a54c/vehiculos-automotores-usados-el-articulo-106-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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