DIRECCIÓN DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO EN SU CARÁCTER DE PARTE DEMANDADA EN UN JUICIO SEGUIDO ANTE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD, EN EL QUE SE RECLAMA LA NEGATIVA DE AQUÉLLA DE OTORGAR UNA PENSIÓN JUBILATORIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 94/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa la denuncia relativa corresponde a la materia administrativa, propia de la competencia de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por ********** en su carácter de recurrente en el recurso de queja 2/2008 y de tercera perjudicada en la improcedencia 122/2008, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
De ahí que, si la denuncia fue hecha por una de las partes en los amparos génesis de los recursos de mérito, resulte evidente que ésta proviene de parte legítima, en términos del artículo 5o. y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. En relación con la materia de esta contradicción de tesis, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de queja 2/2008 y de improcedencia 122/2008, en sesiones de trece de febrero y veintitrés de abril de dos mil ocho, respectivamente, sostuvo en la parte conducente lo siguiente:
Recurso de queja 2/2008.
"QUINTO. Los agravios son fundados. Sostiene la recurrente, en síntesis, que es ilegal el auto que admitió la demanda de garantías, porque la quejosa Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, es autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo que se tramita bajo el número 173/06, ante la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, de manera que está imposibilitada legalmente para promover el amparo en contra de la resolución interlocutoria dictada el treinta y uno de octubre de dos mil siete, por el Pleno del referido tribunal, por la que se resolvió dos recursos de reclamación interpuestos por la parte actora (aquí recurrente); que la propia quejosa, en la demanda de garantías precisa que la promueve en su calidad de parte demandada en el juicio contencioso administrativo de origen, de manera que resultaba notoriamente improcedente, en razón de que los juicios de garantías son exclusivos de los gobernados en contra de actos de autoridades, calidad de la que no puede despojarse la quejosa y promover amparo como si fuera un particular; que el acto impugnado en el juicio de nulidad (acuerdo por el que se negó el otorgamiento de pensión por jubilación y vitalicia por años de servicio) fue emitido por la referida quejosa actuando con imperio, unilateralidad y coercibilidad, características propias de los actos administrativos de autoridad como lo es en el caso la quejosa por tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, cuya facultad para determinar esa negativa está prevista por el artículo 81 de la Ley de Pensiones, de manera que al ser autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, como tal, no puede promoverse amparo. Los sintetizados agravios son fundados, pues como lo sostiene la recurrente, la demanda de amparo interpuesta por la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, es notoriamente improcedente y, por tanto, procede desecharla de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, con relación al 9o. de la Ley de Amparo. En la demanda de garantías, los promoventes consejeros del Consejo Directivo de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco precisaron ‘comparecemos a nombre y por cuenta de dicho Consejo Directivo, autoridad demandada, al que como órgano colegiado representamos ... por violación a las garantías individuales consagradas en el artículo 16 de la Carta Magna’, y reclamaron la resolución del treinta y uno de octubre de dos mil siete, dictada por el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco al resolver los recursos de reclamación acumulados, en el expediente Pleno 539/2007; acto por el cual, el referido Pleno del Tribunal de lo Administrativo, modifica el auto de admisión de la demanda en el juicio contencioso administrativo para el efecto de reconocer a la actora ********** el carácter con que comparece (‘por su propio derecho y como cónyuge supérstite, derechohabiente, beneficiaria y apoderada general especial y albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de **********), y como actos impugnados la resolución administrativa emitida en sesión de veintisiete de julio de dos mil seis, por la que se negó la solicitud de jubilación y pensión vitalicia por años de servicio, y como consecuencia de la nulidad de la misma, el pago retroactivo de cada una de las pensiones mensuales y demás prestaciones reclamadas en la demanda. En el caso, se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, con relación al 9o. de la Ley de Amparo, pues la demanda de garantías la interpone la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, en su carácter de autoridad demandada en el juicio de nulidad 173/06, seguido ante la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado, sin que en el caso se esté en el supuesto del citado artículo 9o. de la Ley de Amparo. Los preceptos legales citados, disponen: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). ‘Artículo 9o.’ (se transcribe). En el caso de las constancias del juicio de amparo, remitidas en copia certificada con el informe sobre la queja, se advierte que, la parte actora en el juicio contencioso administrativo, aquí tercera perjudicada **********, demandó ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado, la nulidad de la resolución administrativa emitida en sesión de veintisiete de julio de dos mil seis, por la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, por la que se negó la solicitud de jubilación y pensión vitalicia por años de servicios, asimismo, como consecuencia de la declaratoria de nulidad exigió el pago retroactivo de cada una de las pensiones mensuales y demás prestaciones pecuniarias derivadas de dicha negativa. En la resolución que se reclama en el juicio de amparo, el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado, en el expediente Pleno 539/2007, formado con motivo de los recursos de reclamación interpuestos por la parte actora, uno de ellos en contra del auto de admisión de la demanda en el juicio de nulidad, modificó el referido auto de admisión para el efecto de reconocer a la actora ********** el carácter con que comparece (‘por su propio derecho y como cónyuge supérstite, derechohabiente, beneficiaria y apoderada general especial y albacea provisional de la sucesión intestamentaria a bienes de **********’), y como actos impugnados la resolución administrativa emitida en sesión de veintisiete de julio de dos mil seis, (por la que se negó la solicitud de jubilación y pensión vitalicia por años de servicio), y como consecuencia, el pago retroactivo de cada una de las pensiones mensuales y demás prestaciones reclamadas en la demanda. De lo anterior deriva la improcedencia del juicio de amparo, por lo siguiente: El juicio de garantías tiene por objeto dirimir cualquier controversia que se suscite por leyes o actos del orden público que violen garantías constitucionales, y éstas, como derechos subjetivos públicos, sólo se otorgan a las personas físicas o morales y no a las entidades públicas cuando actúan en carácter de autoridad. La anterior regla admite como excepción el supuesto contenido en el transcrito artículo 9o. de la Ley de Amparo, que faculta a las personas morales oficiales a ocurrir en demanda de amparo, pero sólo en los casos en que se afecten sus intereses patrimoniales, esto es, la procedencia del amparo en este supuesto, está condicionada a que la afectación que resiente el organismo oficial comprenda, única y exclusivamente, los intereses patrimoniales del Estado o Municipio, lo que se actualiza únicamente cuando actúa como persona de derecho privado, excluyéndose el acceso al juicio constitucional cuando el ente gubernamental, pretende, a través de éste, defender actos que emitió en su carácter de persona moral en derecho público, en razón de que en ese supuesto actuó como autoridad, dado que su actuar se produjo de manera unilateral e imperativa. Luego, resulta jurídicamente inaceptable que las oficinas públicas o dependencias del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, invoquen violación de garantías constitucionales cuando los actos que se defienden derivan de su actuar como autoridad, lo que conduce a estimar que, en el caso, de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, carece de legitimación para impugnar a través del juicio de amparo la resolución emitida por el Pleno del Tribunal de lo Administrativo, por la que se modificó el auto de admisión de la demanda en el juicio contencioso administrativo, a efecto de que se reconociera la personalidad ostentada por la parte actora en la demanda de nulidad y como actos impugnados los que precisó en la referida demanda, dado que en dicho juicio contencioso administrativo tiene la calidad de autoridad demandada, además de que se le reclaman actos que emitió en su calidad de autoridad, con imperio y unilateralidad, como es la negativa a otorgar una pensión, con sustento en la aplicación de la Ley de Pensiones del Estado; por ello, no sería posible conceder a ese organismo público descentralizado la protección de la Justicia Federal por los actos del mismo Estado, ya que el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, que fue señalado como responsable, actúa como órgano también del Estado y, por consiguiente, no puede llegarse al extremo de establecerse en el juicio de garantías, una contienda entre los mismos sujetos de poder, lo cual va en contra de la naturaleza de este medio de control constitucional, pues, como se dijo, la quejosa ocurre como persona moral oficial de derecho público, y no como persona de derecho privado, circunstancia ésta por la que opera la causal de improcedencia analizada. Es aplicable al respecto, el criterio que se comparte, del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, sustentado en la jurisprudencia publicada en la página 1013, Tomo XV, abril de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: ‘AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEMANDADAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’ (se transcribe). En lo conducente y por las razones que las informan, se estima también aplicables las jurisprudencias por contradicción de tesis 45/2003 y 203/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas respectivamente en las páginas 254 y 210, Tomo XVII, junio de 2003 y XXVI, octubre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, en ese orden, son: ‘PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.’ (se transcribe). ‘AMPARO DIRECTO. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO LAS PERSONAS MORALES OFICIALES DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR ACTOS RELACIONADOS CON EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES A SUS SERVIDORES PÚBLICOS.’ (se transcribe). En consecuencia, al resultar fundados los agravios y operar la citada causal de improcedencia, lo conducente es revocar el auto impugnado y desechar la demanda de garantías interpuesta por la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo."
Recurso de improcedencia 122/2008.
"CUARTO. Es innecesario examinar las consideraciones que sustenta el acuerdo recurrido, así como los agravios expresados en su contra, los que se transcriben sólo para efectos informativos, en razón de que, como enseguida se verá, la revisión interpuesta es improcedente. En efecto este Tribunal Colegiado en sesión de trece de febrero del dos mil ocho, dictó sentencia en la cual resolvió, en lo conducente: ‘... En consecuencia, al resultar fundados los agravios y operar la citada causal de improcedencia, lo conducente es revocar el auto impugnado y desechar la demanda de garantías interpuesta por la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Es fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido de siete de diciembre de dos mil siete, pronunciado por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en los autos del juicio de amparo indirecto 1578/2007, promovido por la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, y se desecha la demanda de garantías.’. Como puede observarse, este Tribunal Colegiado determinó, a partir del recurso de queja interpuesto por la tercera perjudicada, desechar la demanda de garantías promovida por la ahora inconforme, por tanto, es inconcuso que si el Juez de Distrito del conocimiento, una vez que recibió la ejecutoria en cuestión, emite un proveído en que reitera la decisión tomada por este órgano colegiado y ordena archivar el asunto correspondiente, tal determinación no puede ser cuestionada por la promovente, pues constituye cosa juzgada. Al respecto, este tribunal comparte el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en la tesis publicada en la página 782, Tomo VII, marzo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que informa. ‘DEMANDA DE GARANTÍAS. SU DESECHAMIENTO EN ACATAMIENTO A UNA RESOLUCIÓN DE QUEJA NO ADMITE RECURSO ALGUNO POR CONSTITUIR COSA JUZGADA.’ (se transcribe)."
CUARTO. Por otra parte, las consideraciones que en relación con la materia de esta resolución fueron sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el amparo directo 32/2007, en sesión de nueve de mayo de dos mil siete, son del tenor siguiente:
Amparo directo 32/2007.
"SEXTO. La quejosa Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, sí tiene legitimación para promover el presente juicio de amparo en atención a las siguientes consideraciones. Del expediente del juicio natural se advierte lo siguiente: 1. Mediante oficio número 414/05, de veintinueve de junio de dos mil cinco, el director de Prestaciones, de la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, comunicó a **********, lo siguiente: ‘Según su requerimiento recibido a través del Tribunal de lo Administrativo del Estado, solicitando se justifique la negativa del trámite de pensión en consideración al haber reunido sólo 25 años y 5 meses de cotización, puedo referirle a usted que el artículo 2o. de la Ley de Pensiones del Estado señala que: «La misma tiene por objeto regular el otorgamiento de las prestaciones y servicios a sus afiliados, con las modalidades y condiciones que en dicho cuerpo legal se señalan». Es el caso que el artículo 39 nos dice: «Tienen derecho a la jubilación, los trabajadores con 30 años o más de servicios, cualquiera que sea su edad, siempre que hubieren contribuido al fondo de pensiones por lo menos durante 20 años.». A su vez el artículo tercero transitorio establece que: «Para los efectos de esta ley, se computará como tiempo de servicio, el desempeñado antes del 1o. de enero de 1954, si el afiliado hubiese contribuido al fondo de pensiones, por lo menos, durante 20 años.» En consecuencia, no es posible acceder a la petición por jubilación, puesto que no se han reunido los 30 años de cotización y de servicios, por lo que es de suponer que la diferencia entre los años de servicios y de cotización no fueron cotizados por encontrarse bajo un régimen conforme al cual está señalado en el artículo 4o. de la Ley de Pensiones del Estado o en su defecto existió una omisión por parte suya y de la dependencia en la que laboraba, lo cual provoca la negativa mencionada, ya que de otra manera debió, entonces existir el deber jurídico de contribuir al régimen obligatorio tratándose de una obligación mediante la cual se cotiza para alcanzar una pensión, pues de modo contrario nos encontraríamos ante la inequidad legal, situación mediante la cual habrá el servidor público diligente en el pago de sus cuotas subsidiarias respecto a aquel que ilegalmente omitió el pago de las mismas’ (folio 13 del juicio natural). 2. En desacuerdo con lo anterior, **********, demandó a la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, por las siguientes prestaciones. ‘A) El otorgamiento a mi favor del beneficio de la jubilación por haber cumplido el día 12 de agosto del año 2004, treinta años de servicio en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, mejor conocido como DIF Jalisco, y por haber cotizado al 30 de junio del año 2005, veinticinco años y cinco meses de aportaciones al fondo de pensiones del organismo demandado, lo anterior se reclama con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco que expresamente dispone: «Tienen derecho a la jubilación, los trabajadores con 30 años o más de servicios, cualquiera que sea su edad, siempre que hubieren contribuido al fondo de pensiones por lo menos durante 20 años.». En tal virtud, reuno, inclusive con un exceso de cinco años de aportaciones, los requisitos necesarios para el otorgamiento de la jubilación aquí reclamada. B) Como consecuencia de lo anterior demando el pago vitalicio de mi pensión en la cantidad mensual de $4,432.00 pesos, que es el promedio mensual de mi salario en el último año de servicios, el cual deberá incrementarse en la misma proporción y simultáneamente, a los aumentos de sueldo nominales que se otorguen al puesto de promotor social que a su vez es el último que desempeñé para el DIF Jalisco, lo anterior se reclama con fundamento en lo dispuesto por los artículos 25, 29, 31, 40 y demás relativos y aplicables de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco. C) El pago retroactivo de mis pensiones jubilatorias en los términos señalados en el inciso B) que antecede, generadas a partir del día 12 de agosto del año 2004, por haber cumplido en dicha fecha treinta años de servicios en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, mejor conocido como DIF Jalisco, y por haber cotizado al 30 de junio del año 2005, veinticinco años y cinco meses de aportaciones al fondo de pensiones del organismo demandado, lo que también se reclama con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco. D) Por el pago de la gratificación anual vitalicia establecida en el artículo 37 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco y equivalente a un mes de pensión’ (folios 1 y 2 del expediente de nulidad). 3. La Primera Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, a la que tocó conocer del asunto, dictó sentencia definitiva (sic) la que resolvió que la parte actora acreditó los elementos de su acción ejercitada, mientras que la demandada no justificó sus defensas y excepciones, por lo que declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emita otra en la que declare procedente la pensión jubilatoria solicitada para todos los efectos legales conducentes. 4. Inconforme con el fallo descrito en el inciso que antecede, por escrito de veintisiete de enero de dos mil seis, la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco interpuso el recurso de apelación (folios 76 a 84 id). 5. Finalmente, el veintiuno de junio de dos mil seis, el Pleno del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, dictó sentencia en la que resolvió declarar infundado el recurso de apelación y confirmar la sentencia recurrida. Ahora bien, a efecto de dilucidar cuándo la autoridad demandada en el juicio ordinario puede promover juicio de amparo, conviene tener presente lo resuelto en la ejecutoria dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2003-SS, consultable en la página 254, del Tomo XVII, junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que en su parte conducente dice: ‘... Los razonamientos sustentados en dicho fallo y en la jurisprudencia establecida al efecto, permiten establecer los siguientes principios en relación con el tema que se estudia: 1) La autoridad demandada en el juicio ordinario no puede promover juicio de amparo porque no lo hace en defensa de sus intereses patrimoniales, única hipótesis en que ello es posible, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley de Amparo. 2) Si en dichas controversias la actuación de la autoridad es como tal, entonces no tiene legitimación para promover juicio de amparo, pues el hecho de que acuda al juicio ordinario no le da legitimación para promover amparo, al no concretarse la hipótesis del artículo 9o. de la Ley de Amparo, ya que el objeto del procedimiento constitucional es resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen garantías individuales establecidas para proteger los derechos de las personas físicas o morales, las que no pueden hacerse extensivas a las personas de derecho público, máxime cuando no opera la excepción a esta regla, esto es, la defensa de los derechos patrimoniales, ya que no actúa como persona moral de derecho privado, sino como ente público. 3) De acuerdo con los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien el acto o la ley que se reclama le ocasione un agravio personal y directo, pues es lo que le otorga legitimación para promover la instancia constitucional; sin embargo, la circunstancia de haber actuado como parte demandada en el juicio ordinario no le da la legitimación necesaria, por carecer de interés suficiente para acudir al juicio de amparo directo, porque no lo hace defendiendo derechos patrimoniales. Como se ve, tratándose de personas morales oficiales que fueron parte demandada en un juicio ordinario, la única posibilidad de que puedan promover juicio de amparo directo es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales, habida cuenta que lo que les otorga legitimación en el procedimiento constitucional es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen. Es decir, la circunstancia de haber actuado en el procedimiento respectivo como autoridad demandada no les da la legitimación necesaria para acudir a la vía de amparo directo, pues lo único que les otorga interés suficiente para ello es que defiendan sus derechos patrimoniales, ya que en este supuesto no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado. Lo anterior se explica en virtud de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger a los individuos contra la acción del Estado que sea lesiva de las garantías individuales, creó el juicio de amparo. Luego, siendo en esencia las garantías individuales restricciones al poder público, que salvaguardan derechos fundamentales del individuo, queda al margen de toda discusión que el Estado no goza de garantías individuales y, por lo mismo, que no puede promover juicio de garantías. A esta regla general se le opone la excepción marcada por el artículo 9o. de la Ley de Amparo, que dispone: «Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los funcionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecte los intereses patrimoniales de aquéllas. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a las partes.». El porqué de esta excepción radica en que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter: como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades de que se haya investido como poder público; en la segunda situación, obra en las mismas condiciones que los particulares, esto es, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Esta equiparación en el obrar, indujo al legislador a dotar al Estado y a sus personas morales oficiales de los mismos derechos tutelares que al individuo, cuando aquél obra como persona moral de derecho privado, derechos tutelares entre los que principalmente se encuentran las garantías individual
s que están protegidas por el juicio constitucional. Luego, se sigue de lo anterior que la excepción que previene el artículo 9o. de la Ley de Amparo, se refiere exclusivamente a la hipótesis de cuando las autoridades no actúan como tales, es decir, cuando defienden intereses patrimoniales. En otras palabras, cuando las autoridades acuden al juicio de amparo a defender esta clase de intereses, lo hacen en calidad de particulares, pero no como personas morales oficiales ...’. Como se ve de la parte conducente de la ejecutoria transcrita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, de la interpretación del artículo 9o. de la Ley de Amparo, se advierte que, tratándose de personas morales oficiales que fueron demandadas en un juicio ordinario, la única posibilidad de que puedan promover juicio de amparo directo es cuando lo hagan en defensa de sus intereses patrimoniales, es decir, cuando actúen como personas morales de derecho privado, habida cuenta que lo que les otorga legitimación en el procedimiento constitucional es el perjuicio que les ocasione el acto o la ley que reclamen. Es decir, que la circunstancia de haber actuado en el procedimiento respectivo como demandada no les da legitimación necesaria para acudir a la vía de amparo directo, empero, como caso excepcional, lo único que les otorga interés suficiente para ello es que defiendan sus derechos patrimoniales, ya que en este supuesto actúan como personas morales de derecho privado. En la especie, según se advierte de los antecedentes relatados en líneas precedentes, el acto impugnado en el juicio natural fue emitido por la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante el cual resolvió negar la jubilación solicitada por ********** esto es, la citada Dirección de Pensiones no actuó de oficio, sino en contestación a una solicitud de jubilación. Tal actuación de la Dirección de Pensiones no puede estimarse que fue emitida en su carácter de ente dotado de poder público, pues el acto no fue emitido de oficio, sino en respuesta a una petición de la trabajadora, es decir, que la negativa es producida por gestión hecha por la propia trabajadora en cuanto estima le corresponde un derecho y no se le otorga. En efecto, el hecho de que el actuar de la Dirección de Pensiones no haya sido de oficio, sino en respuesta a una solicitud de la trabajadora, significa que tal actuación no fue emitida por la dirección como ente dotado de poder público, ya que no la puede obligar mediante dicho poder público, a acatarla, ya que solamente se trata de una negativa a otorgar la jubilación, donde la relación entre la trabajadora y la dirección es con motivo de una relación laboral con diversa institución; o sea, la empleada hace valer sus derechos que nacen de una relación de trabajo y los exige ante la dirección quejosa, de tal forma que si ésta se los niega, no puede catalogarse el acto relativo como de autoridad, sino que en todo caso, asemeja a la dirección a una persona moral de derecho privado en defensa de sus derechos patrimoniales. Ciertamente, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 55/99, consultable en la página 476 del Tomo XI, marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, determinó que para que el acto administrativo tenga la calificativa de acto de autoridad debe reunir tres características a saber; unilateral, imperativo y coercitivo (sic). Lo anterior se desprende de la parte conducente de la ejecutoria, cuya transcripción al efecto se realiza: ‘... Para que el acto administrativo tenga la calidad de acto de autoridad debe reunir tres características, a saber: 1. Unilateral. 2. Imperativo. 3. Coercitivo. El acto autoritario es unilateral, porque para su existencia y eficacia no requiere del concurso o colaboración del particular frente al
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21135-4863ccc1/direccion-de-pensiones-del-estado-de-jalisco-carece · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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