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PREDIAL. LAS LEYES DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2004 A 2007, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 119/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21711
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, PRIMERO Y TERCERO, TODOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agosto de 2009, , Pág. 595.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 119/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, PRIMERO Y TERCERO, TODOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa la denuncia relativa corresponde a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios de amparo en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, cuyo órgano jurisdiccional resolvió el amparo en revisión 84/2008.

De ahí que si la denuncia fue hecha por el Magistrado presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que resolvió uno de los asuntos materia de la posible contradicción de tesis, resulta evidente que ésta proviene de parte legítima.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito resolvió el amparo en revisión **********, el veintitrés de junio de dos mil ocho, en el cual consideró, en la parte conducente, que:

"SEXTO. ... En cuanto al principio de equidad, cuyos alcances fueron establecidos anteriormente, es importante señalar, además, que cuando una ley establece un trato privilegiado a un sector que se encuentra en un determinado supuesto de causación, el legislador debe expresar las razones particulares y objetivas por las cuales estimó necesaria esa distinción, ya sea en la exposición de motivos, en su proceso legislativo o, incluso, en el informe justificado que se presente en el juicio en que se cuestionan las disposiciones que prevén ese trato especial; pero también cabe la posibilidad de que la razón que justifique el trato privilegiado se advierta por el órgano jurisdiccional del contenido de los propios preceptos legales, cuando de ellos derive con claridad esa justificación o ésta resulte evidente. Esto es así, ya que, en todo caso, el legislador no puede establecer caprichosa o arbitrariamente excepciones en la ley, sino que ellas deben apoyarse en razones legítimas y objetivas, a fin de no violentar la garantía de equidad tributaria. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 34/2006, que resulta aplicable, en lo conducente, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 420, que establece lo siguiente: ‘VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o. A, FRACCIÓN I, INCISO B), NUMERAL 1, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE UN TRATAMIENTO DIFERENCIADO AL GRAVAR CON LA TASA DEL 0% LA ENAJENACIÓN DE ALIMENTOS EN ESTADO SÓLIDO O SEMISÓLIDO Y CON LA DEL 10% O 15% A LOS ALIMENTOS EN ESTADO LÍQUIDO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1996).’ (se transcribe). En similares términos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 1a./J. 46/2005, que se publicó en el Tomo XXI, mayo de 2005, página 157, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ‘FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES.’ (se transcribe). Pues bien, los agravios en los que la recurrente expone que el Juez de Distrito realizó un indebido estudio de los conceptos de violación que planteó, para demostrar la trasgresión al artículo 31, fracción IV constitucional, que prevé, entre otras, la garantía de equidad tributaria, son infundados, pues por las consideraciones que enseguida se exponen debe coincidirse con el resolutor en el sentido del fallo. En efecto, opuestamente a lo sostenido por la inconforme, correctamente el Juez de Distrito concluyó que los dispositivos 13, 15 y 16, primer párrafo, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Hermosillo, para el ejercicio fiscal dos mil siete, no son violatorios del artículo constitucional referido. Es así, pues del contenido de los numerales transcritos se obtiene que dichos dispositivos legales no prevén la aplicación de tasas o tarifas mayores, relacionadas con el impuesto predial, como aduce la impetrante, para aquellas personas que no tienen construcciones en sus predios, en relación con los que sí las tienen. Por el contrario, de la simple lectura del artículo 13 referido, se acota con facilidad que la tasa general aplicable del impuesto predial para todos los causantes será del once al millar sobre la misma base para todos, que es el valor catastral de los inmuebles, lo que significa que, todas aquellas personas que sean propietarias o poseedoras de un bien inmueble, construido o no, en principio, están obligadas al pago del impuesto predial conforme a dicha tasa general del once al millar sobre el valor catastral de sus predios, sin ninguna distinción, razón por la cual, los dispositivos mencionados no establecen un tratamiento diferenciado entre los causantes con predios construidos y los de predios no construidos, no obstante ser causantes de un mismo hecho generador del tributo. En otras palabras, el dispositivo 13 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo, Sonora, de la mencionada vigencia, es preciso al señalar que a todas aquellas personas que se encuentren obligadas al pago del impuesto predial, por incurrir en el hecho generador del tributo, se les aplicará, en todos los casos, sobre el valor catastral del inmueble cuya propiedad o posesión ostenten, la tasa general del once al millar, lo que de ninguna forma genera inequidad en torno a la aplicación de dicha tasa impositiva; por lo que atendiendo a los elementos esenciales de la contribución, especialmente, la tasa y la base, no existe violación al principio de equidad tributaria. Ahora bien, el hecho de que en el numeral 16, primer párrafo, combatido, que remite al 15, también impugnado, se adviertan diversas reducciones sobre el impuesto predial ya determinado, a los contribuyentes cuyos predios se dediquen permanentemente a actividades económicas y de servicios, acorde a los fines parafiscales establecidos en la propia disposición y en la exposición de motivos de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, vigente para el ejercicio fiscal dos mil siete, cabe destacar que, dichas reducciones no forman parte del cálculo de la base gravable del impuesto predial, sino que se aplican a los contribuyentes en forma de estímulo fiscal, una vez determinado el impuesto predial correspondiente. Por ello, a fin de establecer si el trato distinto otorgado a los sujetos a quienes se encuentra dirigido el estímulo fiscal referido, se apoya o no en razones objetivas que justifiquen el trato desigual frente a la generalidad de los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial, se acude al texto mismo de la norma y al proceso legislativo, con el propósito de analizar las razones que de ellos se desprendan, para sostener el beneficio en estudio. En estas condiciones, resulta conveniente transcribir de nueva cuenta el artículo 16, primer párrafo, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil siete. ‘Artículo 16.’ (se transcribe). Como se aprecia, el propio precepto legal antes invocado, establece las razones o motivos por los cuales se establece una reducción en el impuesto predial, equivalente a las establecidas para la vivienda (desde 88.5509% hasta 79.7472%), a quienes sean propietarios o poseedores de predios de terrenos con construcción -cuando esta última tenga un valor catastral de cuando menos el diez por ciento del valor del terreno- pero con la condición adicional de que se ocupen en forma permanente para la realización de actividades económicas o de servicios, pues al efecto se señala que ello obedece al cumplimiento del deber de promover y alentar el crecimiento y desarrollo de las actividades productivas y la generación de empleos que tiene a su cargo el Municipio. La anterior justificación también fue plasmada en la iniciativa presentada ante el Congreso Local por parte del Ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, pues al efecto, se precisó: (se transcribe). En el dictamen de las Comisiones de Presupuestos Municipales de la Legislatura del Estado, primero en función de todas las propuestas e iniciativas de Leyes de Ingresos, se destacó lo siguiente: (se transcribe). Adicionalmente, por su singularidad, en el aludido dictamen se hizo referencia destacada al esquema propuesto por el Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, y se puntualizó lo siguiente: (se transcribe). De esta manera, resulta claro que el estímulo fiscal previsto en el primer párrafo del artículo 16 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, que establece un trato privilegiado a los propietarios o poseedores de terrenos con construcción -cuando esta última tenga un valor catastral de cuando menos el diez por ciento del valor del terreno- que además se ocupen en forma permanente para la realización de actividades económicas o de servicios, fue justificado por el legislador, tanto en la iniciativa de ley correspondiente, como en el texto mismo del referido numeral, al precisar las razones por las cuales estimó necesaria esa distinción, que consistieron en el cumplimiento del deber que tiene el Ayuntamiento de impulsar el bienestar y la seguridad de los habitantes del Municipio, mediante la realización de acciones que promuevan el mejoramiento económico y social de la población, así como el promover y alentar el crecimiento y desarrollo de las actividades productivas y la generación de empleos. Conforme a lo expuesto, conviene acotar que contrariamente a lo expuesto por la impetrante, la razón que justifica el trato diferenciado entre los sujetos del impuesto, no deriva sólo del hecho de que los predios se encuentren sin construcción o construidos, sino del binomio indisoluble que resulta de la existencia de construcciones en el predio y su destino permanente a actividades económicas o de servicios; pues, se precisa, quienes tienen una construcción que no se dedique en forma continua a dichas actividades, no goza de dicho beneficio. Ahora bien, los motivos o metas justificantes del estímulo, a juicio de este órgano colegiado, son objetivos, razonables y perfectamente admisibles, atendiendo, en principio, a las disposiciones de la Constitución Local, en el título tercero, intitulado: ‘Soberanía del Estado y Forma de Gobierno’, capítulo III, denominado: ‘Economía pública y planeación del desarrollo’, en los artículos 25 A a 25 D, cuyo contenido es el siguiente: ‘Capítulo III. Economía Pública y Planeación del Desarrollo’. ‘Artículo 25 A.’ (se transcribe). ‘Artículo 25 B.’ (se transcribe). ‘Artículo 25 C.’ (se transcribe). ‘Artículo 25 D.’ (se transcribe). De las disposiciones transcritas se advierte que la planeación económica estatal deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de las responsabilidades del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, sobre el desarrollo integral de la entidad, de acuerdo a los principios, fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Local. Pues bien, de la interpretación sistemática de los artículos 3o., 25 y 26 de la Constitución Federal, se tiene que la intención del Estado -en sus tres niveles de Gobierno: Federal, Estatal y Municipal- es el que se promueva el desarrollo social y se impulse el crecimiento económico, dando incluso una dimensión sustantiva al concepto de democracia, acorde a estos fines. Los referidos numerales, en lo conducente, establecen lo siguiente: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 25.’ (se transcribe). ‘Artículo 26. A.’ (se transcribe). En efecto, la Constituci

n Federal y en concordancia con ella, la Estatal, busca que tanto la empresa privada como la pública, sean apoyadas bajo criterios de equidad social y productividad, sujetándose a lo que dicte el interés general. En estos términos, es claro que se le atribuye un valor agregado a la contribución de los particulares en la economía, por lo cual se deberán adoptar medidas para impulsarlo. Asimismo, se observa que la Ley Fundamental otorga una importancia destacada a la consecución de un orden en el que el ingreso y la riqueza se distribuyan de una manera más justa, para lo cual participarán con responsabilidad social los sectores público, social y privado. En efecto, de ella se desprende que el sistema tributario tiene como objetivo el recaudar los ingresos que el Estado requiere para satisfacer las necesidades básicas de la comunidad, haciéndolo de manera que el mismo resulte justo, equitativo y proporcional, con el propósito de procurar el crecimiento económico y la más justa distribución del ingreso y la riqueza, para el desarrollo óptimo de los derechos tutelados por la Carta Magna. En este contexto, es claro que el otorgamiento de estímulos fiscales se enmarca en un entorno que debe ser valorado en su justa dimensión, pues no se trata de simples intenciones de una administración específica y que se estimen atractivos desde un punto de vista financiero, ni de concesiones graciosas derivadas de un fin caritativo, sino que se trata de una medida que se otorga con el exclusivo propósito de materializar el estado de cosas que nuestro orden constitucional estima imperioso, a fin de permitir un auténtico disfrute de los principios que consagra. Atendiendo a lo señalado, debe decirse que el estímulo fiscal previsto en el primer párrafo del artículo 16 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, es objetivo, ya que el impulso de la productividad, economía y empleo, principalmente de quienes dediquen sus predios a actividades económicas o de servicios, son fines deseables en un Estado constitucional y democrático de derecho. De lo expuesto, se concluye que la finalidad perseguida por el estímulo fiscal de referencia sí es objetiva y además válida desde un punto de vista constitucional. De igual manera, la medida establecida por el primer párrafo del artículo 16 de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, resulta razonable, pues es acorde con su finalidad de cumplir con el deber que tiene el Ayuntamiento de impulsar el bienestar y la seguridad de los habitantes del Municipio, mediante la realización de acciones que promuevan el mejoramiento económico y social de la población, así como el promover y alentar el crecimiento y desarrollo de las actividades productivas y la generación de empleos. Lo anterior se considera así, pues el estímulo otorgado es una medida adecuada y racional para alcanzar la meta deseada, toda vez que por su conducto se deja al gobernado beneficiado con una mayor cantidad de recursos líquidos disponibles, la cual bien puede ser utilizada para fines de reinversión en las actividades de que se trata, para la creación de nuevas fuentes de empleo, o para implementar procesos de mayor eficiencia que favorezcan los niveles productivos. El costo de oportunidad en que incurre el fisco municipal es evidente, ya que deja de percibir recursos al renunciar al cobro del tributo, a través del estímulo fiscal. Sin embargo, gracias a ello, se busca que estos recursos sean inyectados nuevamente a la economía, sea directamente en las actividades económicas o de servicios, o bien, por vía indirecta, en otros factores productivos. En consecuencia, se concluye que la referida medida es acorde con sus finalidades, pues bien puede enfocarse a la generación de una mayor inversión y producción, favoreciendo el crecimiento en la creación de empleos y, en general, impulsando el desarrollo de las actividades económicas o de servicios. En estas condiciones, no se viola el principio de equidad, si dentro de la obligación constitucional que corresponde al Estado, se reitera, en sus tres niveles de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, de dirigir la economía mediante los mecanismos que la misma Constitución le otorga, establece un tratamiento especial destinado a quienes dediquen sus predios con construcción a actividades económicas y de servicios, como acontece en el presente caso. Por otra parte, tampoco asiste razón a la inconforme cuando expone que el Juez de Distrito realizó un indebido estudio de los conceptos de violación que planteó, para demostrar la trasgresión al artículo 31, fracción IV, constitucional, en relación con la garantía de proporcionalidad tributaria, pues por las consideraciones que enseguida se exponen, también debe coincidirse con el resolutor en el sentido del fallo. Al respecto de esta garantía constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como también se expresó con antelación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada. A juicio de este órgano colegiado, el beneficio fiscal cuestionado, cumple con el principio de proporcionalidad pues, en principio, cabe precisar, que si como sostuvo la impetrante en sus conceptos de violación (foja 12 del juicio de amparo), la capacidad que se debe tomar en cuenta para efectos de la determinación del impuesto predial, es el valor intrínseco de los inmuebles objeto del gravamen, y conforme al artículo 55 de la Ley de Hacienda Municipal, la base del impuesto, tratándose de predios urbanos y rurales, es el valor catastral determinado según los estudios de valor practicados por el Ayuntamiento y consignados en los planos y tablas de valores unitarios de suelo y construcción que apruebe anualmente el Congreso del Estado; entonces cabe concluir que sí se atiende a la capacidad contributiva del obligado, pues si un predio se encuentra construido tendrá mayor valor catastral y, por ello, pagará más tributo, y si no cuenta con edificaciones, tendrá menor valor catastral, y por ello, el gravamen también será menor, de modo que existe una proporcionalidad progresiva que respeta la Constitución Federal, pues paga más quien al ser propietario o poseedor de un bien inmueble edificado tiene mayor valor catastral, que el que siendo sujeto del impuesto, tiene un predio no edificado de menor valor catastral, por lo que paga menos impuesto. Ahora, atendiendo a que con motivo del beneficio fiscal analizado, existe una reducción en el pago del impuesto predial, a quienes se ubiquen en la hipótesis legal establecida en el precepto cuestionado, hecho que impacta el pago efectivo con que se debe cubrir el impuesto, debe apreciarse que en la especie se reclama el otorgamiento de un estímulo que sólo disminuye el impuesto causado, con lo cual se pone de manifiesto que no afecta los elementos esenciales de la contribución, pues no importa la alteración de la base ni la modificación de la tasa, que a pesar del estímulo se mantienen incólumes. Asimismo, debe considerarse que la disminución en los ingresos tributarios provocada por el estímulo se da frente a la contribución causada en términos legales, y no como una medida de modificación tendente a ajustar el gravamen a la capacidad contributiva de los causantes, con el propósito de legitimar constitucionalmente la imposición -como acontece en los casos de las deducciones o en las reducciones de las tasas (caso de la jurisprudencia 2a./J. 109/2007, a la que nos referiremos más adelante) cuando se otorgan para ajustar la deuda tributaria a la potencialidad del contribuyente para concurrir al levantamiento de los gastos públicos-. En tal virtud, propugnar en vía de amparo por la alteración del grupo de contribuyentes originalmente propuesto por el legislador como beneficiarios del estímulo, sería tanto como pretender que este tribunal decidiera sobre la disposición del gasto y sobre el universo de causantes que requerirían de un impulso, por vía de un estímulo como el analizado, en relación con las finalidades de los ingresos del Estado, extrafiscales por definición, lo que resulta jurídicamente insostenible. En consecuencia, a juicio de este órgano jurisdiccional, el criterio utilizado por el legislador local para distinguir entre los causantes que pueden ser beneficiarios del estímulo y aquéllos que no pueden gozar de él, resulta objetivo y razonable, no sólo por las razones que lo sustentan -según se desprenden del texto del precepto y de las intenciones del autor de la norma, analizadas con antelación-, sino porque su alteración o el solo reproche sobre la estimación del límite respectivo, escapa a las atribuciones que a este tribunal competen en el orden constitucional, en materias como la económica. En relación con lo anterior, debe reiterarse que el análisis del criterio utilizado por el legislador se efectúa bajo un parámetro débil, al tratarse de la regulación de la actividad económica -rubro éste en el que la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, en sus tres niveles-, siendo legítimas las clasificaciones que, buscando la consecución de una finalidad permitida por la Constitución, sean adecuadas para tal fin. Lo anterior, en razón de que, en el presente caso, se otorga a los poderes públicos una amplia discrecionalidad de regulación, lo cual tiene como consecuencia que el control judicial no sea riguroso, precisamente para que este Tribunal Colegiado, perteneciente al Poder Judicial Federal, no anule la referida libertad y no interfiera en las competencias propias de otros poderes, en el caso, en los niveles Estatal y Municipal. A mayor abundamiento, se precisa que, si bien, quienes tienen un predio sin construcción, tienen menor capacidad contributiva que quienes lo tienen edificado (pues el valor catastral, en condiciones iguales, de superficie, ubicación, etcétera, debe ser mayor atendiendo a las construcciones), estos últimos sujetos del tributo no pagan menos atendiendo exclusivamente a esta razón, como lo sostiene la inconforme, sino también al destino permanente que se le da a los mismos predios y construcciones, precisamente, por los fines extrafiscales que se pretenden conseguir con el establecimiento del beneficio económico, particular, en función del evidente beneficio colectivo que como contrapartida se percibe (y que es lo que a final de cuentas se pretende estimular o incentivar). Conforme a lo expuesto, no existe vulneración al principio de proporcionalidad tributaria ... Ahora bien, el criterio que sí constituye jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialmente el intitulado: ‘PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.’, no es aplicable, pues interpreta una legislación diversa a la impugnada en el presente juicio, con contenido también sustancialmente desigual, pues mientras en los artículos estudiados en la jurisprudencia se hace referencia a dos tasas diversas para los contribuyentes, atendiendo a si los predios tienen o no construcciones, en la aplicada en el acto reclamado, para todos los contribuyentes se prevé la misma tasa y, además, de la propia redacción de los preceptos aquí tildados de inconstitucionales, se advierten, los fines extrafiscales pretendidos por el legislador, y que también se expresaron en la exposición de motivos de la normatividad; lo que no acontece en el caso de las disposiciones analizadas en la jurisprudencia señalada, pues sólo señalan cuál será la tasa aplicable a los contribuyentes atendiendo a la existencia o no de construcciones en los predios, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que no existía una base objetiva y razonable para que los titulares de predios sin construcción pagaran el impuesto conforme a una tasa mayor; lo que se insiste, no ocurre en el caso sometido a consideración de este Tribunal Colegiado, porque tanto en la norma impugnada como en el proceso legislativo que le dio origen, se establecieron las razones que justifican el trato diferenciado ... SÉPTIMO. En otro aspecto, es fundado el motivo de inconformidad en el que la quejosa, aquí recurrente, expone que el Juez de Distrito indebidamente consideró que no expuso conceptos de violación para poner de manifiesto la trasgresión por los artículos reclamados, a los numerales 13 y 115, fracción IV, inciso a) y segundo párrafo, constitucionales ... . Siendo fundado el agravio y al no existir reenvío, en términos del numeral 91, fracción I, de la Ley de Amparo, procede analizar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador, cuya transcripción es innecesaria de nueva cuenta, al contenerse en los agravios. Es inexacto que el artículo 16, primer párrafo, en relación con el 15, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Municipio de Hermosillo, para el ejercicio fiscal dos mil siete, se encuentren inmersos en una ley privativa, pues por éstas se entiende las que se refieren a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos, y que después de aplicarse al caso previsto y determinado pierden su vigencia; lo que no acontece en la especie, pues las mismas no se dirigen a la quejosa por su nombre, es decir, no están destinadas a ********** y se aplican a la generalidad de sujetos que se encuentren en los supuestos normativos previstos, es decir, a los propietarios de predios urbanos y sus construcciones, y su vigencia no se pierde por la aplicación a la inconforme de las mismas, sino que puede seguirse aplicando a quienes realicen el hecho imponible del tributo. Incluso, debe aplicarse a quienes teniendo un predio construido, no se encuentren en la hipótesis que prevé el beneficio fiscal reclamado. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el informe de 1969, página 58, Séptima Época, que señala: ‘LEYES PRIVATIVAS, CONCEPTO CONSTITUCIONAL DE.’ (se transcribe). Por otro lado, es inoperante el argumento expuesto por la recurrente, en el que trata de evidenciar que el estímulo fiscal previsto en el artículo 16, primer párrafo, de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, Sonora, para el ejercicio fiscal de dos mil siete, contraviene el numeral 115, fracción IV, inciso a) y segundo párrafo, de la Constitución Federal, al establecerse una exención sobre una fuente primaria de ingresos propia e intocable del Municipio, y porque además, a las Legislaturas Locales se les prohíbe establecer exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna, respecto de las contribuciones previstas a favor de los Municipios. El precepto dispone: ‘Art. 115.’ (se transcribe). En efecto, la quejosa carece de interés jurídico para alegar la transgresión a la citada disposición constitucional, en virtud de que dicho aspecto, en todo caso, podría perjudicar al propio Municipio afectado con la exención o forma liberatoria de pago del impuesto que le corresponde conforme a su libre administración. La anterior conclusión, se apoya en lo establecido en las jurisprudencias P./J. 115/2006 y P./J. 1/2005, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas, respectivamente, en la página 1130, del Tomo XXIV, octubre de 2006 y en la página 6, del Tomo XXI, enero de 2005, ambos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dicen: ‘HACIENDA MUNICIPAL. LA VIOLACIÓN A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SÓLO PODRÁ IMPUGNARSE POR EL MUNICIPIO AFECTADO Y NO POR LOS PARTICULARES, TODA VEZ QUE NO INCIDE EN LA FORMACIÓN DE LA VOLUNTAD PARLAMENTARIA.’ (se transcribe). ‘PREDIAL MUNICIPAL. REFORMAS AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, Y ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO CORRESPONDIENTE. LAS FACUL

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21711-ae0c5df8/predial-las-leyes-de-ingresos-y-presupuesto-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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