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Modo: Corpus Pro

PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LAS LEYES DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 2005 Y 2006, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20269
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 806.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 89/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa la denuncia relativa corresponde a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De ahí que, si la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por la Ministra presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Beatriz Luna Ramos; es evidente, que la misma proviene de parte legítima.

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, resolvió el amparo en revisión 433/2005, promovido por Fátima Franco Sadala y otros, el veintinueve de septiembre de dos mil cinco, en el cual consideró, en la parte conducente, que:

"OCTAVO. En otro aspecto del estudio, debe precisarse que del análisis integral del séptimo considerando de la sentencia que se revisa, aparece que el Juez Federal a quo, concedió la protección constitucional solicitada por los quejosos Frida Altamirano Franco e Inmobiliaria Hotelera del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del artículo 8o., fracción I, inciso a), de la Ley número 418 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, únicamente respecto de los predios sub-urbanos baldíos identificados con las cuentas catastrales números 0600010210000, 0410020240001 y 0410020270000. Lo anterior, derivado del hecho de que la señalada disposición transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, previstos o establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, en la medida que constriñe a los causantes del impuesto predial propietarios de predios urbanos y sub-urbanos baldíos, a pagar una tasa del veinte por ciento del millar anual sobre el valor catastral determinado, mientras que a los propietarios de predios urbanos y sub-urbanos edificados únicamente les obliga cubrir por ese tributo un tasa del doce por ciento del millar anual sobre el valor catastral determinado, colocando a los primeros en un plano de desigualdad frente a los segundos; argumentos que sustentó en las tesis de los rubros: ‘PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO CUANDO SE TRATE DE INMUEBLES SIN CONSTRUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’ y ‘PREDIAL. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, VIGENTE EN 1997, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO, CUANDO SE TRATE DE PREDIOS URBANOS CON O SIN CONSTRUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’. Asimismo, se advierte que el Juez Federal a quo hizo extensiva la protección constitucional impetrada, respecto al cobro de los impuestos adicionales reglamentados en los artículos 16 y 18 de la propia legislación reclamada, pues adujo que su aplicación se halla estrechamente vinculada al precepto legal cuya inconstitucionalidad fue declarado, en tanto que los tributos complementarios o adicionales deben calcularse sobre la misma base del impuesto principal; y que, por ende, el amparo concedido debía trascender al cobro de éstos, dado que para su cálculo se señala el quince por ciento de lo que se pague en el principal; lo anterior, apoyado en la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR LOS TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL.’; igualmente, hizo extensiva la protección constitucional respecto de los actos de aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, dado que no se reclamaron por vicios propios, sino en función de la pretendida constitucionalidad. El Juez Federal a quo, también consideró innecesario abordar el análisis del segundo concepto de violación, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 8o., fracción I, inciso a), de la Ley 418 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, por la circunstancia de que no define con precisión qué ha de entenderse por ‘baldío’; pues sostuvo que dada la declaratoria de inconstitucionalidad del referido precepto legal, a nada práctico conduciría su estudio. Finalmente, aparece que el a quo abordó el análisis de las copias simples de los estados de cuenta, relativos a diversas cuentas catastrales, expedidos por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, de la Secretaría de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, que adjuntaron los quejosos a su escrito de demanda, así como la prueba de inspección ocular que el actuario de la adscripción desahogó el veinticinco de febrero de dos mil cinco, medios de prueba a los que otorgó eficacia demostrativa plena, en términos de lo previsto en los artículos 197, 217 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; a virtud de lo cual concluyó conceder la protección constitucional impetrada, respecto del numeral, fracción y apartado, declarado inconstitucional, única y exclusivamente, a Frida Altamirano Franco e Inmobiliaria Hotelera del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable, propietarios de los inmuebles con números de cuenta catastrales 0060010210000, 0410020240001 y 041002027000; y asimismo, negar dicha protección constitucional, a las diversas quejosas Fátima Franco Sadala, Frida y Salma Altamirano Franco, Andrea Pineda Luna y Shunashi Jazmín Altamirano Pineda, propietarios (sic) respectivamente, de los inmuebles con número de cuentas catastrales 006001014000, 006001023000, 014005106000, 0070070120000, 009049013000, 015007015000, 023063003000 y 05043035000, porque no acreditaron encontrarse dentro del supuesto de la norma impugnada; es decir, que sean propietarios de predios urbanos u sub-urbanos baldíos. Por su parte, el recurrente sostiene, en otro aspecto de su único motivo de disentimiento, que no fue correcto el proceder del Juez Federal a quo, por las siguientes consideraciones legales: a) Porque contrario a lo determinado por el a quo, no resultaba innecesario (sic) abordar el análisis del segundo concepto de violación, puesto que en ellos no se refería en su totalidad a la cuestión que motivó la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 8o., fracción I, inciso a), de la Ley número 418 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, en tanto que en el antepenúltimo y penúltimo de los párrafos que lo constituyen, combatió la constitucionalidad, por vicios propios, de los diversos numerales 16 y 18 de la propia disposición especial, de manera que, en este particular aspecto, la sentencia recurrida transgrede lo previsto en la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo; y, b) porque la circunstancia de las quejosas Frida Altamirano Franco, respecto de sus restantes inmuebles, Fátima Franco Sadala, Salma Altamirano Franco, Andrea Pineda Luna y Shunashi Altamirano Pineda, no acreditaran encontrarse en el supuesto del numeral declarado inconstitucional; esto es, que sean propietarias de predios urbanos o sub-urbanos baldíos, en modo alguno determina que deba negárseles la protección constitucional impetrada, puesto que la pretendida inconstitucionalidad declarada respecto del artículo 8o., fracción I, inciso a), implica necesariamente la inconstitucionalidad de todas aquellas disposiciones legales que se ven afectadas directamente en su sentido, alcance o aplicación por modificarse sustancialmente las hipótesis que se prevén con tal declaratoria, por lo que debió declararse la inconstitucionalidad del artículo 8o., en su integridad, así como la de los diversos numerales 16 y 18 de la misma codificación, por establecer impuestos derivados o accesorios de aquél. El planteamiento resumido en el precisado inciso a), es infundado, porque aun cuando es verdad que la parte quejosa expuso en la parte que precisa del segundo concepto de violación, argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 16 y 18 de la Ley 418 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, de cualquier forma no es necesario su análisis, porque como con acierto lo fue determinado por el Juez Federal de origen, tales dispositivos regulan impuestos accesorios directa o estrechamente vinculados con el impuesto primario previsto en el numeral, fracción y párrafo, que fue declarado inconstitucional; de manera que, como respecto de aquéllos ya se hizo extensiva la protección constitucional, ningún beneficio irrogaría a la parte quejosa que también se declarara la inconstitucionalidad de los referidos preceptos, por los motivos que apunta el inconforme en la parte del concepto de violación que aduce no fue analizado por el a quo; porque de cualquier forma, en caso de que resultaran fundados, ello traería como consecuencia su declaratoria de inconstitucionalidad, ya conseguida por diversos motivos; razón por la cual, no es verdad que por tal circunstancia la sentencia recurrida transgreda lo previsto en la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo. Finalmente, en lo que atañe al argumento resumido en el diverso inciso b), debe precisarse que es esencialmente fundado y suficiente para modificar la sentencia que se revisa. En efecto, como ya se hizo patente en el cuerpo de la presente ejecutoria, los (sic) promoventes del amparo, Frida Altamirano Franco, Fátima Franco Sadala, Salma Altamirano Franco, Andrea Pineda Luna y Shunashi Altamirano Pineda, demandaron la inconstitucionalidad de la Ley número 418 de Ingresos para el Municipio de Acapulco, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, específicamente, en lo que se refiere a los artículos 8o., 16 y 18, que prevén lo relativo al impuesto predial. En el capítulo de hechos de su correspondiente demanda, por su orden, establecieron que eran propietarios, entre otros, de los predios identificados bajo las cuentas catastrales números 006001014000, 006001023000, 014005106000, 007007012000, 009049013000, 015007015000, 023063003000 y 05043035000, todas ellas referentes a predios urbanos edificados, según lo acreditaron tanto con las copias simples de los estados de cuenta catastrales expedidos a su nombre por la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, de la Secretaría de Administración y Fianzas, del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, así como con la inspección ocular desahogada el veinticinco de febrero de dos mil cinco por el actuario del juzgado de origen, medios de prueba a los que acertadamente el Juez Federal a quo les otorgó pleno valor probatorio, en términos de lo previsto por los artículos 197, 217 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo ordenado por su artículo 2o. Ahora bien, como ya se hizo notar en párrafos precedentes, los quejosos demandaron la inconstitucionalidad de los referidos preceptos legales por transgresión a las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias, previstas en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República, específicamente, porque el artículo 8o., fracción I, inciso a), otorga un trato desigual a los causantes del impuesto predial propietarios de predios urbanos y sub-urbanos baldíos, a quienes les obliga a cubrir una tasa del veinte al millar sobre el valor catastral, colocándolos en un plano de desigualdad frente a aquéllos causantes del impuesto predial propietarios de predios urbanos y sub-urbanos edificados, a que se refiere el inciso c) de la fracción y numeral en comento, a quienes se establece una tasa del doce por ciento del millar sobre el valor catastral, sin que para esa distinción exista una razón de desigualdad jurídica, que autorizara al legislador local a establecer tasas diferenciadas. También ya se hizo patente en párrafos precedentes, que acertadamente el Juez Federal a quo consideró que tal planteamiento es fundado, porque tales disposiciones transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, previstos o establecidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, en la medida que castiga a los causantes del impuesto predial propietarios de predios urbanos y sub-urbanos baldíos, a pagar una tasa del veinte por ciento del millar anual sobre el valor catastral determinado, mientras que a los propietarios de predios urbanos y sub-urbanos edificados únicamente les obliga cubrir por ese tributo una tasa del doce por ciento del millar anual sobre el valor catastral determinado, colocando a los primeros en un plano de desigualdad frente a los segundos. Argumentos los anteriores que, incluso, sustentó en las tesis de los rubros: ‘PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO CUANDO SE TRATE DE INMUEBLES SIN CONSTRUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’ y ‘PREDIAL. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, VIGENTE EN 1997, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO, CUANDO SE TRATE DE PREDIOS URBANOS CON O SIN CONSTRUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.’. En ese tenor, no fue correcta la decisión del Juez Federal a quo, de negar la protección constitucional impetrada por los quejosos de que se trata, respecto de los predios identificados con las cuentas catastrales antes indicadas, por la circunstancia de que no demostraron ubicarse dentro del supuesto previsto por el artículo 8o., fracción I, inciso a); es decir, que sean propietarios de predios urbanos baldíos, en tanto que si bien es verdad dicha circunstancia, no debe soslayarse que sí justificaron ser propietarios de predios urbanos edificados; es decir, de aquéllos obligados a liquidar el impuesto a la tasa del doce al millar sobre el valor catastral, razón por la que se declaró la inconstitucionalidad del diverso inciso a) de la fracción I del artículo 8o. de la Ley 418 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, en tanto que la tasa de pago es inferior a la determinada en este último numeral para los predios urbanos o sub-urbanos baldíos. Por tanto, como en efecto lo arguye el recurrente, no debió negárseles la protección constitucional impetrada, sino concedérseles, porque la razón que motivó la inconstitucionalidad de la norma impugnada, aunque les favorezca a los quejosos, por establecer una tasa de pago inferior, de cualquier forma implica que el inciso c) de la fracción I del artículo 8o. de la Ley número 418 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, resulte inconstitucional, porque la afectación a la esfera jurídica del quejoso surge al considerar que, estando obligado a contribuir a los gastos públicos sólo en presencia de leyes que respeten, entre otros, el principio de equidad tributaria, en la especie, a través de la emisión del acto reclamado se le obliga a pagar un tributo fundado en una legislación que no respeta dicha garantía individual. Luego, cualquier cantidad que se le cobre, por mínima que fuera, sigue lesionando su esfera de derechos, en la medida que, se insiste, al no cumplir la legislación que combate con el principio constitucional en mención, la erogación que se le obliga a hacer, resulta arbitraria e injustificada y, por lo mismo, contraria a un derecho fundamental; lo anterior, aun cuando el trato inequitativo que la norma produce redunde en un beneficio económico para los impetrantes, porque les obligue a pagar a razón de una tarifa menor que la que se aplica a los demás causantes. En las relatadas condiciones, lo que procede en la especie es modificar la sentencia recurrida y conceder a los quejosos (sic) Fátima Franco Sadala, Frida y Salma Altamirano Franco, Inmobiliaria Hotelera del Pacífico, Sociedad Anónima de Capital Variable y Shunashi Jazmín Altamirano Pineda, la protección constitucional impetrada, respecto del artículo 8o. de la Ley de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, que fue declarado inconstitucional, para el efecto de desincorporarlo de su esfera jurídica y no se les aplique durante su vigencia; esto es, que las autoridades competentes no exijan el cobro del impuesto predial que prevé dicho numeral. En cuanto a los efectos del fallo, conviene citar la tesis de jurisprudencia número 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Materia Constitucional, Novena Época del siguiente rubro y texto: ‘AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.’ (se transcribe). En la inteligencia de que, como ya se hizo notar en párrafos precedentes, dicha protección constitucional debe hacerse extensiva al cobro de los impuestos adicionales reglamentados en los diversos artículos 16 y 18 de la propia legislación, que también fueron reclamados, porque su aplicación se halla estrechamente vinculada al precepto legal cuya inconstitucionalidad fue declarada, en tanto que los tributos complementarios o adicionales previstos en ellos deben calcularse sobre la misma base del impuesto principal, relativo al predial. Resulta pertinente citar al respecto, por contener el principio jurídico apuntado, la tesis de jurisprudencia número 75/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, Materia Administrativa, Novena Época, del siguiente rubro y texto: ‘SENTENCIA DE AMPARO. SE INCURRE EN DEFECTUOSO CUMPLIMIENTO SI HABIÉNDOSE OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE PRECEPTOS RELATIVOS A UN IMPUESTO, LA AUTORIDAD SE LIMITA A DEVOLVER LO PAGADO POR ÉSTE Y NO LO CUBIERTO POR TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS A LOS QUE NO SE REFIRIÓ LA SENTENCIA, PERO QUE DEBÍAN CALCULARSE EN UN PORCENTAJE ADICIONAL A AQUÉL.’ (se transcribe). La protección constitucional también deberá hacerse extensiva respecto de los actos de aplicación de la disposición legal declarada inconstitucional, dado que no se reclamaron por vicios propios, sino en función de la pretendida constitucionalidad. Lo anterior encuentra plena correspondencia en la tesis de jurisprudencia número 315/1989, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de anterior integración, visible en la página 228, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, enero a junio de 1989, Octava Época, del siguiente rubro y texto: ‘LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.’ (se transcribe)."

La anterior ejecutoria motivó la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXII, noviembre de 2005

"Tesis: XXI.1o.P.A.43 A

"Página: 913

"PREDIAL. EL ARTÍCULO 8o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y C), DE LA LEY NÚMERO 418 DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2005, QUE REGULA LA FORMA DE CALCULAR DICHO IMPUESTO CUANDO SE TRATE DE PREDIOS URBANOS Y SUBURBANOS BALDÍOS Y EDIFICADOS, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El artículo 8o., fracción I, incisos a) y c), de la citada ley, viola el aludido principio a que se refiere el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la cuota que obliga a pagar a los propietarios de predios urbanos y suburbanos baldíos a razón de veinte al millar sobre el valor catastral de los bienes, coloca a dichos contribuyentes en un plano de desigualdad frente a los propietarios de predios edificados, quienes están obligados a pagar una tasa menor, de doce al millar sobre el valor catastral del inmueble, dado que dichos sujetos del impuesto, propietarios de predios baldíos o construidos, forman parte de una misma categoría de contribuyentes y, por tanto, deben encontrarse en igual situación frente a la ley. Así se considera, porque si el hecho imponible consistente en tener la propiedad de un predio con o sin construcciones adheridas a él, es el mismo, no existe justificación para que el contribuyente propietario de uno sin construcciones pague una cuota mayor de la que le correspondería cubrir si estuviera construido, habida cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia publicada con el número 255, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, página 302, bajo el rubro: ‘IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS.’, estableció que el principio de equidad tributaria radica, esencialmente, en la igualdad ante la misma ley de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, lo que significa que los contribuyentes de un determinado impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma que lo crea y regula."

CUARTO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, resolvió los amparos en revisión 236/2006, 275/2006 y 305/2006, resultando únicamente necesario transcribir las consideraciones torales del primero de ellos, por coincidir, en esencia, con las de los otros asuntos.

"SEXTO. ... Hechas las anteriores precisiones, debe señalarse que, contrario a lo sostenido por la recurrente, y como bien se consideró en la sentencia sujeta a revisión, la fracción I, incisos a) y c) del artículo 8o., de la Ley número 21 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil seis, al establecer que el impuesto predial se causará y pagará, tratándose de predios urbanos y sub-urbanos baldíos, aplicando el 20 al millar anual sobre el valor catastral determinado, y tratándose de predios urbanos y sub-urbanos edificados, aplicando el 12 al millar anual sobre el valor catastral determinado; no transgrede las garantías de proporcionalidad y de equidad tributarias a que se refiere el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así es, el artículo 8o., fracción I, incisos a) y c), de la Ley número 21 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil seis, cuya inconstitucionalidad se reclama en el juicio de amparo que se revisa, es del texto siguiente: ‘Artículo. 8o.’ (se transcribe). Del precepto transcrito, se obtiene que el impuesto predial se calculará aplicando la tasa del 20 o 12 al millar anual, considerando las siguientes hipótesis de causación: 1o. En predios urbanos y sub-urbanos baldíos, aplicando el 20 al millar anual sobre el valor catastral determinado. 2o. En predios urbanos y sub-urbanos edificados, aplicando el 12 al millar anual sobre el valor catastral determinado. En el primero de estos dos supuestos, esto es, tratándose de predios que hayan sido valuados en los términos de la Ley de Catastro y de las tablas de valores unitarios de terreno y construcción vigentes, urbanos y sub-urbanos edificados (inciso c), el impuesto se calculará aplicando la tasa de 12 al millar anual sobre el valor catastral determinado, por lo que los contribuyentes se ubican en una hipótesis de causación distinta en relación con los propietarios o poseedores de predios que, aunque también valuados en los términos de la Ley de Catastro y de las tablas de valores unitarios de terreno y construcción vigentes y catalogados, como son, urbanos y sub-urbanos, sus predios están baldíos (inciso a), en donde el impuesto se calculará aplicando la tasa de 20 al millar anual sobre el valor catastral determinado. Lo anterior se considera adecuado, porque además de las consideraciones expuestas en la sentencia sujeta a revisión, en el sentido de que con el hecho de que el legislador estableció que en los predios urbanos y sub-urbanos ‘baldíos’, el impuesto se calculará considerando el veinte al millar anual sobre el valor catastral determinado, mientras que el impuesto por el predio de la quejosa se calculó considerando el doce al millar anual sobre el valor catastral determinado, lejos de resentir alguna afectación en su esfera jurídica con motivo de la emisión de la norma tributaria, la impetrante en realidad se encuentra en una situación de privilegio respecto de los demás contribuyentes que se ubican en el supuesto del inciso a), de la fracción I, del artículo impugnado; en ambos supuestos normativos (incisos a) y c) del artículo 8o. controvertido) los contribuyentes no se encuentran dentro de una misma categoría de causantes, como lo pretende la recurrente, porque si bien es cierto, que en ambos casos se trata de propietarios o poseedores de predios urbanos y sub-urbanos, lo cierto es que, se ubican en una diversa hipótesis de causación del tributo, pues en ambos, el impuesto se causará atendiendo al hecho de que los predios se encuentren edificados o baldíos, según corresponda. Así las cosas, al establecerse que el impuesto predial se causará considerando el veinte por ciento del valor catastral determinado, cuando se trate de predios urbanos y sub-urbanos baldíos, y únicamente el doce por ciento del valor catastral determinado, tratándose de predios urbanos y sub-urbanos edificados; en la norma controvertida, acertadamente se atiende al estado en que se encuentra el inmueble objeto del gravamen (edificado o baldío) y su ubicación (urbano o sub-urbano) y, por tanto, de ningún modo implica la desproporción e inequidad alegada por la recurrente, porque como ya se vio con antelación, el impuesto de que se trata, constituye un tributo que ‘recae sobre la propiedad y posesión de los bienes inmuebles’, es decir, de un gravamen real, porque grava valores económicos que tienen su origen en la relación jurídica que se establece entre una persona (poseedor o propietario) y una cosa o un bien inmueble (el suelo y las construcciones adheridas a él), y que se causa atendiendo a las características de los predios, tales como el estado en que se encuentran (rústicos, baldíos, en construcción o edificados), su ubicación (urbanos, sub-urbanos, ejidales o comunales) y el destino o uso que se le dé (turístico, comercial o casa habitación). En esas condiciones, el monto del impuesto predial que se causará, al guardar correspondencia con el valor del predio, hace que los contribuyentes estén obligados a pagar una suma que se encuentra en proporción directa con la riqueza que los hace aptos para contribuir al gasto público, esto es, con el valor real del predio, porque el cálculo del impuesto conforme a esa distinción, hace que los propietarios de predios urbanos y sub-urbanos tributen según el estado en que éstos se encuentren, es decir, edificados o baldíos; con lo que se atiende a su auténtica capacidad contributiva, la cual dado el carácter de gravamen real del impuesto en cuestión y que recae sobre la propiedad o posesión de bienes inmuebles, como ya se ha precisado, debe efectuarse con base en los valores económicos que grava el tributo, esto es, atendiendo a las características de los predios (estado en que se encuentran, ubicación y uso o destino). Del mismo modo, el artículo 8o., fracción I, incisos a) y c), de la Ley número 21 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, vigente en el ejercicio fiscal de dos mil seis, al establecer que los predios que hayan sido valuados en los términos de la Ley de Catastro y de las tablas de valores unitarios de terreno y construcción vigentes, urbanos y sub-urbanos que estén edificados (inciso c), el impuesto se calculará aplicando la tasa de doce al millar anual sobre el valor catastral determinado, mientras que los propietarios o poseedores de esos mismos predios (valuados en los términos de la Ley de Catastro y de las tablas de valores unitarios de terreno y construcción vigentes, y catalogados como urbanos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20269-b75bd977/predial-el-articulo-8o-fraccion-i-incisos-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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