PRESCRIPCIÓN DE LA FACULTAD PARA IMPONER SANCIONES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL PLAZO PARA QUE OPERE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE ÉSTA HUBIERE CESADO, SI FUESE DE CARÁCTER CONTINUO (LEGISLACIONES FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y DE GUERRERO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 382/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO, PRIMERO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO Y TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia administrativa cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, atendiendo a lo resuelto por dicho órgano jurisdiccional en el amparo directo **********.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción denunciada, se efectúan las transcripciones siguientes:
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo **********, por unanimidad de votos, en sesión celebrada el diez de septiembre de dos mil nueve, resolvió, en la parte que interesa, lo siguiente:
"SEXTO. ... Ahora bien, en principio, cabe establecer que es infundado el argumento de inconformidad que se plantea en el primer concepto de violación, en el sentido de que es incorrecto lo sustentado por la Sala Superior responsable, respecto a que los plazos que prevé el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, para que opere la prescripción de las facultades del superior jerárquico y de la contraloría para imponer a los servidores públicos las sanciones que esa ley prevé, por haber incurrido en alguna responsabilidad de carácter administrativo, deberán contarse a partir de que la autoridad respectiva tiene conocimiento de la falta administrativa cometida por el funcionario público a quien se pretende sancionar. Para comprender lo anterior, resulta pertinente destacar que el referido artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, es del tenor literal siguiente: ‘Artículo 75. Las facultades del superior jerárquico y de la contraloría para imponer las sanciones que esta ley prevé se sujetará a lo siguiente: I. Prescribirán en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo general regional vigente, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado si fue de carácter continuo, y II. En los demás casos prescribirán en un año.’. Como se ve, el precepto legal reproducido, en la parte que aquí interesa para resolver el presente tema puesto a discusión por la parte quejosa, señala dos reglas, autónomas entre sí, conforme a las cuales deberá iniciar el cómputo del plazo de prescripción, a saber: 1) A partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad; y 2) A partir del momento en que hubiese cesado la conducta que hizo incurrir al servidor público en una causa de responsabilidad, si fue de carácter continuo. Ello se desprende del texto de la parte conducente de la fracción II del artículo en comento, que dice: ‘... El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado si fue de carácter continuo,’. Acotado lo anterior, cabe establecer que, el referido artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, regula, a saber, dos contenidos, el plazo de prescripción de la facultad sancionadora y el inicio del cómputo de dicho plazo. En ese sentido, por principio de cuentas, cabe advertir que el legislador expidió la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, con la intención de evitar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que cometan actos ilícitos en detrimento de la función pública y de la sociedad. Para lograr este importante cometido, el legislador otorgó a las autoridades administrativas facultad para sancionar a aquellos servidores públicos que hubieran incurrido en actividades ilícitas, las cuales describió el propio legislador. En esta noción legislativa, el tiempo guarda una posición especial, toda vez que el legislador la estableció en la ley para que la autoridad administrativa pudiera cumplir, en una primera pero trascendental etapa, con su función de evitar y sancionar conductas ilícitas de los servidores públicos. Así, las autoridades sancionadoras cuentan con un plazo de tres meses o un año, según se esté en el supuesto de la primera o segunda fracción del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, a partir de que se comete la conducta ilícita, o bien, cuando ésta haya cesado, en caso de que sea de carácter continuo, para iniciar el procedimiento administrativo, con la intención de sancionar al servidor público involucrado. Si en dicho lapso la autoridad no ejerce su facultad sancionadora, se considerará que dicha facultad ha prescrito, por lo que la institución jurídica de la prescripción debe entenderse como la extinción, en virtud del paso del tiempo, de la facultad que tiene la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizaron conductas ilícitas. En este sentido, es dable considerar que si bien existe un interés de la sociedad por evitar y, en su caso, sancionar las actividades ilícitas de individuos que tienen un compromiso distinto al resto de las personas en tanto que son servidores públicos, también lo es que, no es aceptable que las autoridades sancionadoras puedan ejercer sus atribuciones en cualquier tiempo, ya que ello dejaría en un estado de incertidumbre jurídica al gobernado contrario a su dignidad y honradez, pues se mantiene latente una sospecha de responsabilidad por supuestos actos realizados en el desempeño de su trabajo. La duda respecto de la función desempeñada por un servidor público no debe quedar permanentemente abierta por el bien de la sociedad y del individuo mismo. Por tal motivo, el legislador previó la posibilidad de que las facultades de las autoridades administrativas prescribieran. De esta manera, si en un lapso determinado, en términos previstos en las dos fracciones del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la autoridad no ejerce su facultad sancionadora, el derecho a ejercerla se perderá y hasta entonces el servidor público tendrá certeza de que su actuar no puede acarrearle ninguna sanción administrativa. Asimismo, resulta pertinente señalar que, tal como lo destaca la parte quejosa, las normas que regulan la institución jurídica de la prescripción, por ser de orden público, son de aplicación estricta y, por ende, no admiten una interpretación extensiva; así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se advierte del texto de la ejecutoria de veinte de mayo de dos mil cinco, emitida por la Segunda Sala de ese Máximo Tribunal del país, a través de la cual resolvió la contradicción de tesis ********** entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto, todos del Décimo Sexto Circuito, de donde surgió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2005, publicada en la página 183 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, Novena Época, Materia Administrativa, de rubro: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE SUS FALTAS ADMINISTRATIVAS NO ES SUSCEPTIBLE DE INTERRUPCIÓN.’. De lo anterior se sigue que, en sentido estricto, acorde con lo que establece el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, en la parte última de su fracción II, como bien lo apunta la parte quejosa, el plazo de prescripción se cuenta a partir del día siguiente a aquél en que se hubiese incurrido en la responsabilidad, o bien, a partir del momento en que hubiesen cesado los efectos de la conducta considerada como continua. Lo anterior da pauta a determinar que resulta equivocado el criterio utilizado por la Sala Superior responsable, al analizar la alegación hecha por la parte recurrente en el recurso de revisión que resolvía, en el sentido de que a su favor operó la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad que conoció y resolvió del procedimiento administrativo de responsabilidades en su desempeño de servidor público, mismo que estriba en sustentar que el plazo de prescripción comienza a computarse a partir de que la autoridad tiene conocimiento de la falta administrativa. Ello es así, porque, como se dijo, las normas que regulan la institución jurídica de la prescripción, por ser de orden público, son de aplicación estricta y, por ende, no admiten una interpretación extensiva; de tal modo que, si el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, se limita a precisar que el plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo; entonces, resulta irrelevante, para computar el plazo respectivo, la fecha en que las autoridades hayan tenido conocimiento de la conducta infractora del servidor público a quien se pretende sancionar, pues el precepto legal en comento no prevé ese supuesto, debiendo entenderse que, de haber querido el legislador que el cómputo para sancionar las conductas de los servidores públicos comenzara, en todos los casos, a partir de que las autoridades competentes tuvieran conocimiento de la conducta infractora del servidor público, así, expresamente, lo habría establecido en la norma legal antes citada, cosa que no ocurrió. Orienta el criterio, la tesis aislada VI.3o.A.79 A, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1284, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, Materia Administrativa, que este resolutor comparte, la cual establece: ‘SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME AL ORDENAMIENTO ESPECIAL QUE LOS RIGE, EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA SANCIONARLOS ADMINISTRATIVAMENTE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE AQUÉL EN QUE LA CONDUCTA SE HAYA GENERADO O DEL MOMENTO EN QUE ÉSTA CESÓ, SI ES CONTINUA, Y NO DEL QUE LAS AUTORIDADES TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MISMA.’ (se transcribe). En el entendido de que este órgano de control constitucional, no pasa inadvertido que la autoridad responsable, apoyó su criterio de que el plazo de prescripción se debe contar a partir de que la autoridad tiene conocimiento de la falta administrativa, citando la tesis aislada XX.1o.50 A, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 1588, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, enero de 2004, Novena Época, Materia Administrativa, del tenor literal siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA IMPONER SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. SÓLO SE INTERRUMPE CON LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA HECHA AL AFECTADO.’ (se transcribe). Tesis aislada que interpreta el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, cuyo contenido, en cuanto a la regulación de cuándo comienza a computarse el plazo de la prescripción, es idéntico al que prevé el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero; sin embargo, este órgano de control constitucional no comparte el criterio jurídico contenido en la misma, en la medida en que, cuando en ella se establece que: ‘De la norma transcrita se advierte que el ejercicio de las facultades del superior jerárquico y de la contraloría general del Estado, para imponer sanciones en el procedimiento administrativo inicia a partir de que la autoridad tiene conocimiento de las irregularidades administrativas en que incurrió el servidor público o a partir del momento en que éstas hubiesen cesado, si fueren de carácter continuo, ... .’, va más allá de lo que establece el precepto legal que interpreta, cuyo contenido, como ya se dijo, es idéntico al artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, pues, acorde con lo expresado por este órgano jurisdiccional en líneas precedentes, tales preceptos no prevén ese supuesto y, tomando en cuenta que las normas que regulan la institución jurídica de la prescripción, por ser de orden público, son de aplicación estricta y, por ende, no admiten una interpretación extensiva, entonces, el plazo de la prescripción no puede iniciar su cómputo a partir de que las autoridades competentes tengan conocimiento de la conducta infractora del servidor público a quien se pretende sancionar, ya que ello no lo disponen de manera expresa las disposiciones jurídicas en comento, siendo que, si el legislador hubiera querido que el cómputo para sancionar las conductas de los servidores públicos comenzara, en todos los casos, a partir de que las autoridades competentes, tuvieran conocimiento de la conducta infractora del servidor público, así, expresamente, lo habría establecido en la norma legal antes citada, cosa que no ocurrió; por esa razón, se repite, no se comparte el criterio jurídico contenido en la tesis aislada que la autoridad responsable invocó en la sentencia reclamada, para establecer, según su apreciación de lo preceptuado, a partir de qué momento se inicia el cómputo del plazo de la prescripción. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, en su oportunidad realícese la denuncia de contradicción de tesis ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva la misma, la que se suscita entre la tesis aislada VI.3o.A.79 A, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1284, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, Materia Administrativa, de rubro: ‘SERVIDORES PÚBLICOS. CONFORME AL ORDENAMIENTO ESPECIAL QUE LOS RIGE, EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA SANCIONARLOS ADMINISTRATIVAMENTE INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE AQUÉL EN QUE LA CONDUCTA SE HAYA GENERADO O DEL MOMENTO EN QUE ÉSTA CESÓ, SI ES CONTINUA, Y NO DEL QUE LAS AUTORIDADES TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MISMA.’ en que este órgano de control constitucional se sustenta para resolver el presente asunto en cuanto al tema relativo a dirimir a partir de cuándo inicia el cómputo de la prescripción de las facultades del superior jerárquico y de la contraloría del Estado de Guerrero, para imponer las sanciones que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, tomando en cuenta que el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, prevé idéntica disposición que el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades del Estado de Guerrero, en cuanto a que ambos establecen que el inicio de los plazos de prescripción que regulan, son a partir del día siguiente a aquél en que se haya generado la conducta, cuando es de naturaleza instantánea, o del momento en que ésta cesó, si es continua; como de igual forma lo señala el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades del Estado de Chiapas y, por tanto, surge la referida contradicción de tesis con el criterio aislado identificado con el número XX.1o.50 A, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 1588, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Enero de 2004, Novena Época, Materia Administrativa, de encabezado: ‘PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Y DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA IMPONER SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE CHIAPAS. SÓLO SE INTERRUMPE CON LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN SANCIONATORIA HECHA AL AFECTADO.’, que la autoridad responsable invocó en la sentencia reclamada, como apoyo a lo resuelto en la misma, en torno al tema relativo a la prescripción de las facultades sancionadoras de las autoridades que instaron el procedimiento de responsabilidad administrativa. ..."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, al resolver el amparo directo ********** por unanimidad de votos, en sesión de treinta de septiembre de dos mil tres, en lo que interesa, sostuvo:
"OCTAVO. ... En otro aspecto debe decirse que son esencialmente fundados los argumentos que se hacen valer en relación a que en el caso las facultades de la contraloría general del Estado, se encuentran prescritas para sancionarlo, mismos que se analizan preferentemente por ser una cuestión de orden público. En efecto, el quejoso aduce en su duodécimo motivo de inconformidad que las presuntas faltas administrativas marcadas con los puntos tres, cuatro y cinco, tuvieron lugar el día nueve de enero de dos mil dos, dieciocho de junio de dos mil uno, y dieciocho de junio de dos mil uno (sic), respectivamente; por lo que, para el ocho de mayo de dos mil dos, ya habían transcurrido con exceso los tres meses que marca la ley para el caso de prescripción de facultades, tratándose de hechos como los de este caso concreto, sin que tenga mayor relevancia la fecha en que la contraloría general tenga conocimiento de la existencia de presuntas faltas administrativas; que por lo que se refiere a la imputación sexta que se le hizo, la responsable nunca acreditó la fecha en que supuestamente recibió los once oficios y expedientes que se señalan en la misma, y por otra parte, todos los expedientes que tenía bajo resguardo, los entregó el día trece de febrero de dos mil dos, como quedó demostrado por la propia contraloría general, de tal suerte que el plazo de tres meses, que se cuenta a partir del día siguiente (sic) en que se incurre en la responsabilidad, esto es a partir del día catorce de febrero de dos mil dos, al día ocho de mayo de dos mil dos, efectivamente no habían transcurrido los tres meses a que se refiere el artículo 75, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas en vigor; que no obstante, la fecha de referencia final no es la de ocho de mayo de dos mil dos, fecha que tiene plasmada la resolución que puso fin al procedimiento administrativo ********** sino la fecha en que se le notificó la misma, que fue el día veintisiete de mayo de dos mil dos, dado que es hasta ese momento que surte efectos legales dicha sentencia, y no surte efectos legales el día ocho de mayo de dos mil dos. Toda vez que es seguro que la contraloría general haya fechado la resolución el día ocho de mayo de dos mil dos, sólo para aparentar que la pronunció dentro del término que debió dictarse, pero que para su validez rige la fecha en que se le notificó, es decir, veintisiete de mayo de dos mil dos; que así el plazo de prescripción se venció el día catorce de mayo de dos mil dos, y que al día veintisiete de mayo de dos mil dos, transcurrió con exceso el plazo de tres meses que tenía la contraloría general para sancionarlo. El anterior argumento es esencialmente fundado, toda vez que, contrario a lo estimado por la Sala responsable, las facultades del superior jerárquico y de la contraloría general para imponer a ********** la sanción que prevé el artículo 75, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se encuentran prescritas, atento al plazo de prescripción a que alude la fracción I del citado precepto. En ese orden de ideas, es pertinente citar el contenido del numeral 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. ‘Artículo 75.’ (se transcribe). Del precepto transcrito, es necesario resaltar dos aspectos: 1. El término de prescripción a que alude dicho ordinal, se refiere a la facultad sancionadora de la autoridad administrativa, en el caso concreto, a la contraloría general del Estado, debiéndose interpretar esta facultad como la posibilidad de imponer un castigo al funcionario que resulte responsable de los actos administrativos que se le imputan, sin que pueda hacerse en otros términos, sino dentro de los plazos que señala la misma disposición, de acuerdo a la hipótesis que se actualice, pues de no hacerlo dentro del lapso aludido, aquella potestad prescribirá y la autoridad estará legalmente impedida, para punir aquella conducta, aun cuando hubiere resultado responsable el funcionario público. 2. Ahora bien, el término de prescripción que fija el precepto transcrito, contempla tres hipótesis, dentro de las cuales dos se encuentran en la fracción I y la restante, en la fracción II, virtud a las cuales el término para que prescriba la facultad sancionadora de la autoridad administrativa es mayor o menor, a saber: a) Tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces al salario mínimo diario vigente en el Estado. b) Tres meses para el caso de que la responsabilidad atribuida no fuere estimable en dinero, y c) Tres años, para los demás casos. En cuanto al cómputo del plazo de prescripción, se tiene que deberá contarse a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fuere de carácter continuo. En ese orden de ideas, en la especie, la hipótesis que se actualiza es la inmersa en la fracción I, del numeral últimamente citado, pues tal y como lo aduce la contralora general del Estado y el quejoso, la responsabilidad administrativa que se le atribuye es de carácter continuo. Ahora bien, se aprecia que en el sumario obra el oficio número ********** de fecha trece de febrero de dos mil dos, mediante el cual la contralora general del Estado de Chiapas, comunica a ********** que quedó sin efecto el nombramiento que desempeñaba en su encargo por estimar que su conducta no garantizaba la plena eficacia en su función, lo que producía una incertidumbre sobre los servicios que prestaba, e implicaba un demérito de la confianza que había merecido (foja 343); por lo tanto, es claro que es a partir de esa data donde se inicia el cómputo del término de tres meses relativo, ya que fue en ese momento en que cesó la conducta irregular del sancionado por tener los actos que se le atribuyen carácter continuo, aspecto que es aceptado por el quejoso y por la propia autoridad sancionadora. Con motivo de lo anterior, con fecha veintisiete de marzo de dos mil dos, se instauró en su contra, el procedimiento administrativo ********** en donde en su acuerdo de inicio se patentizaron las diversas irregularidades en que incurrió ********** anexándose las documentales respectivas. (fojas 54 a 56). Mediante oficio ********** de fecha quince de abril de dos mil dos, el cual se le notificó al quejoso por conducto de su autorizado el veintitrés de ese mismo mes y año, se le comunicó que debía comparecer a las nueve horas del día tres de mayo de dos mil dos, para la substanciación del procedimiento administrativo ********** en virtud de las irregularidades administrativas que se le atribuían, mismas que se precisaron en dicha documental. (fojas 217 a 225). La audiencia de ley, tuvo verificativo en la fecha y hora precisadas, llevándose a cabo todas sus etapas procedimentales. (fojas 258 a 269). Con fecha ocho de mayo de dos mil dos, la contralora general del Estado, emitió resolución en el procedimiento administrativo ********** donde se sancionó a ********** con la inhabilitación para ocupar puesto, cargo o comisión en la administración pública estatal por el término de tres años, contados a partir de que cause ejecutoria la resolución. (fojas 565 a 575). Dicha determinación fue notificada a ********** por conducto de su autorizado para recibir notificaciones licenciado ********** a las nueve horas con cincuenta minutos del día veintisiete de mayo de dos mil dos. (foja 584). De lo anterior, se evidencia que desde la fecha en que tuvo conocimiento la contralora general del Estado de las irregularidades administrativas en que supuestamente incurrió ********** (trece de febrero de dos mil dos), hasta la data en que le fue notificada la resolución en donde se le sancionaba (veintisiete de mayo de dos mil dos), transcurrió el término prescriptivo referido en el artículo 75, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas. En efecto, el ejercicio de las facultades de la autoridad para imponer sanciones en el procedimiento administrativo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, debe entenderse iniciado a partir de que la autoridad tuvo conocimiento de las irregularidades administrativas en que incurrió el servidor público ********** a saber, el trece de febrero de dos mil dos, por ello la sanción que en su caso deba imponerse le deberá ser dictada y notificada antes de que opere a su favor la figura de la prescripción, pues si no se notifica al afectado dentro de dicho plazo, las referidas facultades de la autoridad prescriben. En el caso a estudio el término de tres meses a que alude la fracción I, del numeral 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para que opere la prescripción, transcurrió del día trece de febrero al catorce de mayo de dos mil dos; por lo que es claro que cuando la contralora del Estado notificó al quejoso la resolución de fecha ocho de mayo de dos mil dos, en donde lo sancionaba, hasta el día veintisiete de mayo de ese mismo año, lo hizo fuera del término de tres meses que le concede el aludido numeral para sancionar al servidor público. Cabe destacar que aun cuando se advierte que la contralora general emitió su resolución el día ocho de mayo de dos mil dos, en la que ordenó notificar de manera personal al sancionado (fecha que se encuentra dentro de los tres meses citados), tal hecho es irrelevante ya que no tiene el efecto de interrumpir el término prescriptivo, pues es una actuación unilateral, que carece de certeza jurídica, por cuanto al no haber salido del ámbito de una de las partes, es factible el acomodo de la fecha de tal resolución, para aparentar que se hubiese emitido dentro del término prescriptivo; por lo que, tratándose de casos como el que aquí se examina, es incuestionable que para tener por interrumpido el lapso de prescripción, se requiere de la notificación hecha al afectado de la resolución en que se impone una sanción, pues esto y no otra cosa se desprende del primer párrafo del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, al estatuir: (se transcribe). En el caso particular, la notificación de la resolución sancionadora, aconteció hasta el día veintisiete de mayo de dos mil dos, data en que la resolución notificada adquirió certeza jurídica de que el interesado tuvo la oportunidad de conocer la resolución mediante la cual se le sanciona. Ello es así, porque es esa fecha cuando el afectado tiene conocimiento del castigo que le impone la autoridad por las faltas motivo del procedimiento administrativo seguido en su contra; pues, por su naturaleza la resolución en cuestión, sólo puede afectar al sancionado cuando ésta le es notificada, y no antes, de manera tal que el plazo prescriptivo sólo podría interrumpirse con la notificación hecha al sancionado, si ello ocurre dentro del lapso correspondiente a que alude el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas; lo cual obviamente no ocurrió en el presente caso. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que con fecha veintisiete de marzo de dos mil dos, se hubiese iniciado el procedimiento administrativo ********** contra ********** toda vez que ello no interrumpe el término prescriptivo a que alude el numeral 75, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por no existir disposición expresa al respecto. Al no haber procedido en la forma antes indicada, el tribunal responsable, vulnera las garantías de seguridad jurídica, debido proceso, fundamentación y motivación que, a favor del quejoso consagran los artículos 14 y 16 de la Ley Suprema. En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado, se impone conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el fin de que la Sala responsable deje sin efecto la sentencia reclamada y en su lugar, emita una nueva en donde estime que las facultades de la contralora general del Estado de Chiapas, para sancionar a ********** se encuentran prescritas, y con plena jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda. ..."
Ejecutoria que dio lugar a la tesis aislada siguiente:
(No. Registro: 182,341. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22073-cb7de04f/prescripcion-de-la-facultad-para-imponer-sanciones-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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