Corpus
Modo: Corpus Pro

ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y DE MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR EN TRÁNSITO. CONSTITUYE UNA FACULTAD DE COMPROBACIÓN DIVERSA A LAS ÓRDENES DE VISITA, REGIDAS POR EL ARTÍCULO 43 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE, POR TAL MOTIVO, ES INCONDUCENTE PARA FUNDAR LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21220
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, , Pág. 293.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 109/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa la denuncia relativa corresponde a la materia administrativa, propia de la competencia de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por el administrador general Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, Unidad Administrativa Encargada de la Defensa Jurídica del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas, quien resulta ser parte recurrente en el recurso de revisión fiscal número ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, así como en los recurso de revisión fiscal números ********** resueltos por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, pues estos asuntos fueron admitidos, en su caso, respecto del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y del administrador de la Aduana de Acapulco, Guerrero.

De ahí que, si la denuncia de contradicción de tesis fue hecha por una de las partes en los recursos de revisión fiscal antes referidos; resulta evidente que ésta proviene de parte legítima, en términos de los artículos 5o. y 197-A de la Ley de Amparo.

Sin que obste a lo anterior, que los Tribunales Colegiados de Circuito en comento, hayan pronunciado su criterio, motivo de la denuncia de contradicción de tesis, en recursos de revisión fiscal; lo anterior, conforme a las tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVIII, agosto de 2003

"Tesis: 2a./J. 65/2003

"Página: 330

"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA. Toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia de revisión fiscal, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, de conformidad con lo previsto por los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, es indudable que la Segunda Sala está facultada para resolver la contradicción que se suscita en asuntos de aquella naturaleza."

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XI, marzo de 2000

"Tesis: 2a. XVIII/2000

"Página: 379

"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESTA NATURALEZA (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 10, DE LA ANTERIOR INTEGRACIÓN DE LA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10, sostuvo el criterio de que carece de facultades para resolver cuál de las tesis que motivan la denuncia de contradicción es la que debe prevalecer, tratándose de las pronunciadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver recursos de revisión fiscal; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse el criterio anterior, toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos de esa naturaleza, generan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, la principal característica de los criterios que son materia de contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal, y es inobjetable que en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito actúan como órganos terminales, lo que deriva de los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Federal de la República y 248, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación."

TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal número ********** en sesión de diecisiete de abril de dos mil ocho, sostuvo, en la parte conducente, lo siguiente:

Revisión fiscal **********.

"NOVENO-Expresa sustancialmente la autoridad disconforme en otra parte de su primer motivo de disentimiento, que es ilegal la decisión adoptada por la Sala Fiscal, al establecer que el administrador de la Aduana de Acapulco omitió señalar en la orden de verificación vehicular número ********** contenida en el oficio ********** de treinta de junio de dos mil cinco, el precepto legal que le otorga la facultad para nombrar a las personas que conjunta o separadamente la llevarían a cabo, por las siguientes consideraciones legales: a) Porque realizó una indebida interpretación de los artículos 42, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, en correlación con los diversos 12, fracción II y 10, fracciones IX, XI, XII, XIII, XVI, XVIII, XXII y XXIII, del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, de cuyo análisis se desprende que corresponde a aquél, entre otras cuestiones, ordenar y practicar la verificación vehicular y toda clase de bienes o mercancías del comercio exterior en transporte, y como consecuencia del ejercicio de la primera de aquéllas (ordenar), autorizar que dichas actividades las lleven a cabo verificadores adscritos a la administración a su cargo, facultándolos para actuar en forma conjunta o separada, ante la imposibilidad de constituirse él mismo para efectuar la práctica, de manera directa, de sus correspondientes atribuciones y facultades legales; y, b) Que por ende, queda de manifiesto que son precisamente los artículos en mención, que citó la Aduana de Acapulco en la orden de verificación vehicular de que se trata, los que previendo que las facultades de ordenar y practicar una orden de verificación vehicular y de mercancías de comercio exterior en transporte, no puedan ser ejercidas de manera directa por el propio titular de la Administración de Aduanas, permiten y facultan a este último a autorizar personal para practicar, entre otras, la orden de verificación emitida y requerir al gobernado la documentación comprobatoria que acredite la legal estancia y/o tenencia de la mercancía de procedencia extranjera en el país, por lo que no es verdad que el administrador de aduanas no haya señalado el fundamento legal que lo faculta a nombrar al personal que llevaría a cabo la verificación vehicular de manera conjunta o separada. Para estar en condiciones de analizar el referido planteamiento de la parte quejosa, conviene tener presente el contenido textual de los artículos 42 del Código Fiscal de la Federación, 12, fracción II y 10, fracciones IX, XI, XII, XIII, XVI, XVIII, XXII y XXIII, del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria, en que aduce la autoridad inconforme que el administrador de Aduanas de Acapulco, fundamentó su facultad para nombrar a los visitadores que designó en la orden de verificación vehicular declarada nula. * Código Fiscal de la Federación. ‘Artículo 42.’ (se transcribe). * Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. ‘Artículo 12.’ (se transcribe). ‘Artículo 10.’ (se transcribe). Del primero de los numerales transcritos, se advierten las diversas modalidades con que cuentan las autoridades hacendarias para verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los gobernados, a saber: 1. Requerir información o documentación relativa a las declaraciones, solicitudes o avisos; 2. Solicitar a los gobernados diversa información en relación a su contabilidad, bienes o mercancías; 3. Efectuar visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los particulares a fin de revisar su contabilidad, constatar que han cumplido con la obligación de expedir comprobantes fiscales, así como respecto a la presentación de avisos o solicitudes en el Registro Federal de Contribuyentes; 4. Verificar la legal estancia o tenencia de mercancía en el país; y, 5. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones. Por su parte, de los restantes numerales del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se advierten las diversas atribuciones con que cuentan los administradores de aduanas, a quienes corresponde el ejercicio de las facultades indicadas en las fracciones IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXXII, XXXIV, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LXIII, LXVI, LXXII, LXXIII, LXXVIII, LXXXVII, LXXXIX y XC del artículo 10 del propio ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, entre las que se encuentran, precisamente, la de ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte y la verificación en tránsito de vehículos de procedencia extranjera. De lo anterior, si bien se deduce que es exacta la apreciación de la autoridad inconforme, en torno a que los transcritos dispositivos facultan a los administradores de aduanas para que motu proprio puedan practicar, entre otras de sus correspondientes atribuciones, la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte y la diversa de tránsito de vehículos de procedencia extranjera, objetivamente, ya ordenadas por él mismo; sin embargo, no se comparte su idea de que al ejercer la facultad de ordenar alguna de dichas atribuciones, por no poder practicarla de manera directa, objetivamente se entienda implícita o se deduzca de aquellos dispositivos su facultad legal para nombrar a las personas que conjunta o separadamente deban desahogar aquel tipo de actividades. En efecto, la atribución de los administradores de aduanas, de ordenar, entre otras de sus facultades, la verificación de mercancías de comercio exterior en transporte y la verificación en tránsito de vehículos de procedencia extranjera, se entiende referida precisamente a la emisión de las órdenes correspondientes para verificar de los contribuyentes los aspectos indicados; es decir, mercancías de comercio exterior en transporte o tránsito de vehículos de procedencia extranjera, mas dicha facultad legal, contenida en los dispositivos indicados, en modo alguno implica que constituya la que adujo la Sala Fiscal no fundamentó en la orden de verificación vehicular impugnada, consistente, en la facultad para nombrar a las personas que conjunta o separadamente deban efectuar la orden de verificación vehicular por no poder desahogarla de manera directa el administrador de aduanas, pues una cosa constituye la facultad de ordenar la verificación de mercancías de comercio exterior o de tránsito de vehículos, y otra muy distinta, la de nombrar a la persona o personas que deban ejecutarla, ya sea de manera conjunta o separada, aspecto este último sobre el que la norma referida por la autoridad inconforme nada dice al respecto. Por ende, si los dispositivos legales que como fundamento de su competencia citó la autoridad demandada en el juicio, en la orden de verificación vehicular de que se trata, no facultan de manera directa y precisa al administrador de aduanas para nombrar o designar al personal que conjunta o separadamente deban practicarla, en consecuencia, no puede más que concluirse que, como acertadamente lo hizo constar la Sala Fiscal a quo en la sentencia impugnada, que la citada orden de verificación vehicular no satisfizo las exigencias legales que para todo acto de autoridad se establecen en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; razón por la cual, resultan infundados los motivos de disentimiento que se analizan. En otro aspecto, indica la autoridad disconforme en un apartado más de su primer concepto de agravio, que es ilegal la decisión adoptada por la Sala Fiscal a quo, en torno a que una orden de verificación vehicular y mercancías del comercio exterior, se encuentra sujeta a las mismas formalidades que una orden de visita domiciliaria, en la que se deben observar las exigencias previstas por el artículo 43 del Código Fiscal de la Federación, en tanto que dicho numeral sólo establece los requisitos legales que debe cumplir una orden de visita domiciliaria, sin que de forma alguna dicho numeral prevea la competencia material de la autoridad demandada para designar a las personas que deban actuar de manera conjunta o separada en el desahogo de la verificación vehicular y mercancías de comercio exterior, en tanto que esta se prevé en los artículos 12, fracción II y 10, fracciones IX, XI, XII, XIII, XVI, XVIII, XXII y XXIII, del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria. El resumido planteamiento es inoperante, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el diecisiete de octubre de dos mil uno, la contradicción de tesis número 83/2001, de la que derivó el criterio de jurisprudencia número 50/2001, visible en la página 36, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, del rubro: ‘ORDEN DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, NO ES VIOLATORIA DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, CUANDO SE DIRIGE AL PROPIETARIO, CONDUCTOR Y/O TENEDOR DEL MISMO, SIN ESPECIFICAR SU NOMBRE, SI EN ELLA SE ASIENTAN DATOS SUFICIENTES QUE PERMITAN SU INDIVIDUALIZACIÓN.’ (se transcribe). En efecto, en la parte medular de la ejecutoria correspondiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, textualmente adujo lo que a continuación se inserta: (se transcribe). De la ejecutoria transcrita se deduce que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que el ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades hacendarias para verificar el exacto cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los gobernados, conforme a lo previsto en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, tiene diversas modalidades, a saber: I. Requerir información o documentación relativa a las declaraciones, solicitudes o avisos; II. Solicitar a los gobernados diversa información en relación a su contabilidad, bienes o mercancías; III. Efectuar visitas domiciliarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los particulares a fin de revisar su contabilidad, constatar que han cumplido con la obligación de expedir comprobantes fiscales, así como respecto a la presentación de avisos o solicitudes en el Registro Federal de Contribuyentes y; IV. Verificar la legal estancia o tenencia de mercancía en el país. E igualmente, que por constituir dichas actividades actos de molestia que se dirigen a los gobernados a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, invariablemente deben cumplir con todos y cada uno de los requisitos que al efecto establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, así como los ordenamientos respectivos que regulen la actuación por parte de la autoridad; es decir, los que señalan los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación. De manera que conforme a dichos preceptos legales, apuntó la precisada instancia, al momento de ejercer la autoridad fiscal sus facultades de comprobación a fin de verificar la legal importación, tenencia y estancia en territorio nacional de vehículos y mercancías de procedencia extranjera, invariablemente debe cumplir con los requisitos legales previstos en dichos dispositivos, esto es: a) Constar por escrito; b) Ser emitida por autoridad competente; c) Estar debidamente fundada y motivada; d) Señalar el lugar que ha de inspeccionarse; e) Indicar la persona o personas a las cuales va dirigida o, los datos que permitan su identificación; f) Precisar el objeto de la misma; g) Sujetarse a lo dispuesto por las leyes respectivas; h) Asentar el nombre de la persona o personas que deban efectuar la misma, de manera conjunta o separada; y, finalmente, i) Estar firmada por el funcionario competente para ello, Lo anterior, porque sólo en esa medida se podrán respetar los derechos fundamentales de los gobernados, toda vez que la actuación de la autoridad, en este tipo de revisiones, implica, necesariamente, un acto de molestia para el particular. En ese tenor, considerando que en el caso concreto ya existe pronunciamiento por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a que al momento de ejercer la autoridad fiscal sus facultades de comprobación a fin de verificar la legal importación, tenencia y estancia en territorio nacional de vehículos y mercancías de procedencia extranjera, invariablemente debe cumplir con los requisitos que al efecto establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, así como los previstos en los ordenamientos respectivos que regulen la actuación por parte de la autoridad; es decir, los que señalan los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, como en la fracción II de este último dispositivo se encuentra inmersa su facultad legal para designar al personal que de manera conjunta o separada deba practicar una orden de verificación vehicular o de mercancías del comercio exterior en transporte; en consecuencia, no puede más que concluirse en lo inoperante de los motivos de disentimiento que se analizan, en que la autoridad disconforme sustancialmente propone que las exigencias previstas por dicho dispositivo sólo son aplicables a las órdenes de visita domiciliaria, pero no a las órdenes de verificación de vehículos y mercancías en tránsito de procedencia extranjera ... . Finalmente, alega la autoridad disconforme en el segundo de sus motivos de disentimiento, que la sentencia impugnada trastoca en su perjuicio lo previsto por los artículos 237 y 238, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, porque aún admitiendo que se haya actualizado la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad fiscalizadora, ello no autoriza a la Sala Fiscal a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en términos de lo previsto por los artículos 238, fracción IV y 239, fracción II, del citado cuerpo normativo, porque ellos hacen referencia a una violación de fondo, y en el caso concreto, aquella irregularidad constituye un vicio formal del procedimiento de fiscalización, respecto del que procede su anulación conforme a lo previsto por la fracción III del propio artículo 238, dejando a salvo las facultades de la autoridad para que si lo considera conveniente, reponga el procedimiento desde el momento en que acaeció la violación; es decir, a partir de la emisión de la orden de verificación. Razonamiento que apoyó en la tesis de jurisprudencia número 89/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, agosto de 1999, Novena Época, del rubro: ‘ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA. LA NULIDAD DECRETADA POR VICIOS FORMALES EN SU EMISIÓN, DEBE SER DECLARADA CON FUNDAMENTO EN LA PARTE FINAL DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’, así como en la diversa de Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, del rubro: ‘SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO LA VIOLACIÓN ADUCIDA IMPLICA UN ESTUDIO DE FONDO, LA NULIDAD SERÁ LISA Y LLANA, EN CAMBIO CUANDO SE TRATA DE VICIOS FORMALES, LA NULIDAD SERÁ PARA EFECTOS.’, e igualmente, en la ejecutoria que aduce fue pronunciada por este propio Cuerpo Colegiado al resolver el dieciocho de octubre de dos mil siete, el recurso de revisión fiscal número ********** y las consideraciones en que se apoyó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la diversa revisión fiscal número ********** cuyas ejecutorias transcribió en la parte conducente. Contrario a lo que propone la autoridad recurrente, fue correcta la determinación de la Sala resolutora al haber declarado la nulidad lisa y llana de la resolución contenida en el oficio número ********** de treinta y uno de agosto de dos mil cinco, determinante del crédito fiscal, tras ser considerado fruto de un acto viciado, a partir de que se declaró la nulidad de la orden de verificación vehicular contenida en el diverso comunicado oficial número ********** de treinta de junio de dos mil cinco. Lo correcto de tal postura, estriba en que en la orden de verificación vehicular aludida no se invocó el precepto legal que fundamenta la competencia del funcionario que la emitió para designar al personal que de manera conjunta o separada debía practicarla, en concreto, el artículo 43, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. ..."

CUARTO. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver los recursos de revisión fiscal números ********** y ********** ambas en sesión de quince de mayo de dos mil ocho, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

Revisión fiscal **********.

"SEXTO. ... Así, en la sentencia recurrida, para declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, por considerar que el administrador de la Aduana de Acapulco al emitir la orden de verificación vehicular y mercancías de comercio exterior en transporte, contenida en el oficio número ********** de veinte de septiembre de dos mil seis, que es su antecedente y apoyo, no señaló de manera específica los fundamentos legales de su actuación (facultad para nombrar a las personas que conjunta o separadamente efectúan la verificación vehicular y mercancías de comercio exterior en transporte), por lo que no fundó debidamente su competencia material para nombrar al personal que practicaría la diligencia; la Sala del conocimiento se fundamentó en la jurisprudencia número 2a./J. 85/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, la que dijo era aplicable por analogía, de rubro y texto siguientes: ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD EMISORA DEBE FUNDAR SU COMPETENCIA PARA NOMBRAR A LA PERSONA O PERSONAS QUE EFECTUARÁN LA VISITA CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EN EL ARTÍCULO 43, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SIN QUE LE EXIMA DE ESTA OBLIGACIÓN EL HABER NOMBRADO A UNA SOLA PERSONA PARA EFECTUARLA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).’ (se transcribe). Como se puede advertir del criterio jurisprudencial antes transcrito, se encuentra referido de manera concreta y específica a la orden de visita domiciliaria, es decir, al ejercicio de las facultades de comprobación y/o verificación de las autoridades fiscales, cuando ello tenga lugar en el domicilio del gobernado, siendo importante destacar que lo que tutela el artículo 16 constitucional, es la inviolabilidad del domicilio, atento a la similitud establecida por el Constituyente entre una orden de cateo y una de visita domiciliaria; asimismo, destaca la circunstancia de que en estos casos, la autoridad que emite la orden de visita tiene conocimiento pleno tanto del nombre del contribuyente (razón social tratándose de personas morales) como de sus obligaciones fiscales (es decir, de todos y cada uno de los impuestos a los que se encuentra afecta su actividad); lo cual implica que cuenta con todos estos elementos de manera previa a la emisión de la orden de referencia y, por ello, las consideraciones que informan el criterio jurisprudencial de que se trata, únicamente son válidas tratándose de órdenes de visita domiciliaria, situación que, desde luego, es distinta tratándose de una orden de verificación vehicular y mercancías de comercio exterior en transporte, como la que fue materia de análisis en la sentencia sujeta a revisión. Para evidenciar la conclusión anterior, es conveniente tomar en consideración lo que establecen los artículos 42, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, 144, fracciones X, XI, XVI y XXXII, de la Ley Aduanera, 7o., fracción II, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 10, fracciones IX, XI, XII, XIII, XVI, XVIII, XXII y XXIII y párrafos segundo, tercero, cuarto, renglón administrador central de destino de bienes, parte correspondiente a los administradores de las aduanas y último párrafo, y 12, fracción II, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil cinco, respecto a las facultades de las autoridades fiscales, tratándose de mercancías de comercio exterior, al disponer textualmente lo siguiente: Del Código Fiscal de la Federación: ‘Artículo 42.’ (se transcribe). De la Ley Aduanera: ‘Artículo 144.’ (se transcribe). De la Ley del Servicio de Administración Tributaria: ‘Artículo 7o.’ (se transcribe). Del Reglamento del Servicio de Administración Tributaria: ‘Artículo 10.’ (se transcribe). ‘Artículo 12.’ (se transcribe). De una interpretación armónica de las disposiciones legales y reglamentaria antes transcritas, se colige que compete a las autoridades fiscales, concretamente, a las administraciones y subadministraciones de las aduanas, dentro de la circunscripción territorial que les corresponda, ejercer, entre otras facultades, la de verificar físicamente bienes y mercancías de procedencia extranjera, con el objeto de comprobar si se han cumplido las disposiciones que en materia de comercio exterior establecen tanto el Código Fiscal de la Federación como la Ley Aduanera, esto es, si dichos bienes fueron introducidos de manera legal al país; asimismo, se dota a la autoridad de facultades para perseguir mercancías de comercio exterior en transporte, incluidos los vehículos de procedencia extranjera en tránsito, con el objeto de que exista una inspección y vigilancia permanente en todo el territorio nacional, que permita cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones legales que regulan y gravan la entrada y salida del territorio nacional de mercancías. La referida potestad de persecución implica que la autoridad fiscal se encuentra facultada para la realización de todas aquellas diligencias que sean necesarias para verificar la legal importación y/o tenencia de vehículos de procedencia extranjera en tránsito, con el objeto de que el contribuyente no evada el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y de existir dicho incumplimiento, la autoridad pueda imponer las sanciones correlativas; ello, desde luego, implícitamente conlleva el desconocimiento por parte de la autoridad fiscal tanto del nombre del propietario, conductor y/o tenedor del vehículo, así como los datos de identificación de la unidad automotriz y/o de las mercancías que serán objeto de verificación; los cuales conoce en el momento en el que se procede a la verificación del automotor y de las mercancías en transporte. Cabe señalar que, el más Alto Tribunal del País emitió criterio en el sentido de que en términos de lo dispuesto en los artículos 42, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación y 144, fracción XI, de la Ley Aduanera, con la orden de verificación de vehículos de procedencia extranjera y para verificar la legal importación o tenencia de mercancías de procedencia extranjera durante su transporte en todo el territorio nacional, lo que se pretende verificar no es la situación fiscal del propietario, conductor o tenedor del vehículo, sino la legal importación, tenencia y estancia de la unidad en el territorio nacional; así como que se trata de una facultad de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras del gobernado, distinta de las visitas domiciliarias (ya que dicha intromisión requiere una regulación cons

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21220-75ab8c19/orden-de-verificacion-de-vehiculos-de-procedencia-extranjera · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.