AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 398/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios en materia administrativa cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue realizada por ********** en su carácter de autorizado de las recurrentes ********** y **********, en los amparos en revisión ********** y **********, respectivamente.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, por unanimidad de votos, en sesión celebrada el veinticuatro de noviembre de dos mil ocho, resolvió, en la parte que interesa, lo siguiente:
"QUINTO. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, este tribunal revisor considera que son sustancialmente fundados los agravios que expresa la quejosa recurrente **********, por conducto de su autorizado, pero insuficientes para revocar el sentido de la sentencia sujeta a revisión; toda vez que, se advierte que en el caso a estudio, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías en la que se basa el sobreseimiento del juicio de amparo que se revisa, aunque por causas diversas de las analizadas por el Juez de Distrito en dicho fallo; las que se estudian de manera oficiosa en esta instancia constitucional en cumplimiento al principio de oficiosidad previsto en el artículo 73, parte última, de la Ley de Amparo, conforme al cual, por tratarse de una cuestión de orden público, las causales de improcedencia deben estudiarse de manera preferente por parte del órgano judicial que conoce del juicio de garantías, en cualquiera de sus instancias, lo aleguen o no las partes. Apoya lo considerado, la jurisprudencia número P./J. 122/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). Como ya se adelantó, son sustancialmente fundados los anteriores motivos de agravio. Es cierto como se consideró en la sentencia sujeta a revisión, que una correcta interpretación del artículo 16, fracción XXVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, conforme al cual son atribuciones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, entre otras, la de aprobar, modificar o revocar las resoluciones que emita el Consejo de la Judicatura, en caso de faltas e incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Poder Judicial, cuando se trate de suspensión, destitución o inhabilitación del cargo, en relación con los numerales 121 y 136, fracción VI, del mismo ordenamiento; se colige que dicha disposición no establece un derecho a favor de aquel contra quien fue dictada la resolución sancionatoria correspondiente, para nulificar o lograr la revocación de todos los actos administrativos (entre los que se encuentra el dictamen de no ratificación de un Juez de primera instancia) emanados por el Consejo de la Judicatura Estatal, a través del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero. Por el contrario, prevé una obligación de cumplimiento imperativo a cargo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, de revisar oficiosamente las resoluciones que emita el Consejo de la Judicatura Estatal, con motivo del procedimiento administrativo disciplinario previsto en el artículo 136 de la ley orgánica en estudio, en las que imponga al infractor, como sanción administrativa por faltas e incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Poder Judicial, la suspensión, destitución o inhabilitación del cargo, con el fin de aprobarlas, modificarlas o revocarlas; es decir, se trata de una norma que otorga atribuciones de cumplimiento imperativo para el aludido órgano revisor funcionando en Pleno, y que por lo mismo, no genera para el servidor público infractor derecho de acción alguno, tal como se consideró en el fallo recurrido. Luego, el hecho de que la aludida facultad de revisión oficiosa prevista en la fracción XVIII del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, se establezca para las resoluciones emitidas en el procedimiento administrativo disciplinario derivado de las quejas que se presenten por faltas e incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Poder Judicial, previsto en el numeral 136 de la misma ley orgánica, que impongan como sanción administrativa la suspensión, destitución o inhabilitación del cargo; determina que la resolución emitida por el referido Consejo de la Judicatura Estatal, en la que impugna (sic) a los Jueces de primera instancia una sanción administrativa consistente en suspensión, destitución o inhabilitación del cargo, no pueda considerarse como la resolución que pone fin en definitiva al procedimiento administrativo disciplinario instruido en contra del peticionario del amparo, del que deriva el acto reclamado. Ello es así, porque tal resolución no se trata de la última dictada para poner fin al procedimiento administrativo disciplinario previsto en el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, sino más bien constituye un acto emitido dentro del procedimiento, en forma previa al dictado de la última resolución que ponga fin al procedimiento y que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, al ejercer la atribución de cumplimiento imperativo que le impone el artículo 16, fracción XXVIII, de la ley orgánica en estudio, de revisar oficiosamente las resoluciones que emita el Consejo de la Judicatura Estatal, en la que imponga al infractor, como sanción administrativa por faltas e incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, la suspensión, destitución o inhabilitación del cargo, con la finalidad de aprobarlas, modificarlas o revocarlas. Por esta razón, considerando la naturaleza jurídica de la resolución reclamada en el juicio de amparo materia de esta revisión, es dable concluir que se trata de un acto de naturaleza procedimental, por haberse emitido en una de las fases o etapas del procedimiento respectivo, por lo que no constituye la última resolución que en definitiva ponga fin al procedimiento administrativo disciplinario instruido en contra de la quejosa **********, porque según se vio con antelación, ese carácter sólo lo tendrá la última decisión que pone fin en todas sus fases o etapas al procedimiento en cuestión, y que en el caso a estudio es la resolución que con motivo de la revisión oficiosa emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, a través de la cual, apruebe, modifique o revoque la resolución reclamada que el Consejo de la Judicatura Estatal dictó en una anterior etapa o fase procedimental. En esas condiciones, en principio, y como regla general de procedencia del juicio de amparo que se pida ante un Juez de Distrito, prevista en el artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo, sólo cuando se impugne esa última resolución podrán reclamarse tanto las fases, etapas o actos del procedimiento en cuestión, entre los que se encuentra, por supuesto, la resolución dictada por el Consejo de la Judicatura Estatal reclamada, como los cometidos en el dictado de la última resolución que emita el Pleno del señalado tribunal, a través de la cual apruebe, modifique o revoque la emitida por dicho consejo y que en definitiva ponga fin a todas las etapas o fases del procedimiento administrativo disciplinario de que se trata; ya que al respecto, de la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XV y 114, fracción II, de la ley en cita, se advierte que éstos tienen como objetivo primordial determinar la procedencia del amparo indirecto, sólo contra una resolución definitiva, entendiéndose por ésta aquella que sea la última, la que ponga fin al asunto, y que para estar en tales supuestos, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, o bien, tratándose de actos emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio, agotarse todas las etapas o fases procedimentales. No obstante, contrario a lo considerado en la parte conducente de la sentencia sujeta a revisión, y como bien lo aduce la quejosa recurrente, existe criterio definido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en diversas tesis aisladas y de jurisprudencia, en donde se estableció que cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley, desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio, supuesto en el cual, el juicio de amparo procede, desde luego, contra ambos actos, siempre y cuando esté demostrada la aplicación de la ley; esto significa que, tratándose del juicio de amparo contra una ley con motivo de un acto o resolución dictada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, que no proviene de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la excepción al principio de definitividad que se deriva de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XV y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, tiene como presupuesto esencial que se trate del primer acto de aplicación de la ley. De modo que, precisamente por esas razones, no es dable exigir además, como se hizo en la sentencia sujeta a revisión, el requisito relativo a los actos procesales o adjetivos dictados dentro de un procedimiento proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo (vg. un juicio ordinario civil o contencioso administrativo), consistente en que el acto -procesal o adjetivo- de aplicación de la ley reclamada, deba ser de los considerados como de imposible reparación; porque en tal supuesto (el acto -procesal o adjetivo- de aplicación de la ley reclamada se dicta dentro de un juicio), la excepción al principio de definitividad se rige por las reglas previstas en los artículos 73, fracción XII, párrafo tercero, 114, fracción IV y 158, párrafo tercero, del mismo ordenamiento, las cuales son distintas de las que rigen para los actos emitidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio ante una autoridad distinta de dichos tribunales. Apoya lo considerado, la jurisprudencia número 1a./J. 35/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, que dice: ‘AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY.’ (se transcribe). Igualmente, tiene aplicación la jurisprudencia número 2a./J. 1/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 130 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, de rubro y texto siguientes: ‘AMPARO CONTRA REGLAMENTOS. ES PROCEDENTE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO Y ÉSTA CONSTITUYE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.’ (se transcribe). Por las consideraciones expuestas a lo largo de la presente ejecutoria, este tribunal revisor considera que no resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia número P./J. 78/2007, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal del país, de rubro: ‘AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIME
ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.’, citada por el Juez Federal como fundamento de su fallo; cuenta habida que, como ya se vio en párrafos precedentes, el aludido criterio jurisprudencial se refiere a la impugnación de una ley con motivo del primer acto de aplicación dictado dentro de un juicio proveniente de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, de actos procesales o adjetivos dictados dentro de dicho juicio, supuesto que es distinto a los actos provenientes de un procedimiento seguido en forma de juicio ante una autoridad distinta de dichos tribunales, por lo que la excepción al principio de definitividad se rige también por reglas distintas previstas en los artículos 73, fracción XII, párrafo tercero, 114, fracción IV y 158, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, para la procedencia del juicio de amparo indirecto se requiere que tal acto de aplicación -procesal o adjetivo- cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso. Apoya lo considerado, la jurisprudencia número P./J. 88/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, septiembre de 2000, que dice: ‘JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO.’ (se transcribe). Ahora bien, no obstante lo fundado de los agravios que expresa la recurrente, como se adelantó al inicio del presente considerando, son insuficientes por sí mismos para revocar el sentido de la sentencia sujeta a revisión, por virtud de que, en el caso a estudio, tal como se consideró en la sentencia sujeta a revisión, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XV, en relación con el numeral 114, fracciones I y II, interpretadas en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, aunque por motivos diversos de los analizados por el Juez de Distrito en dicho fallo; causal de improcedencia del juicio de garantías, respecto de la cual, según se vio con antelación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos precedentes ya estableció criterio definido. Criterio consistente en que, cuando la resolución dictada dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio ante una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley, desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio; en este supuesto, el juicio de amparo procede, desde luego, contra ambos actos, siempre y cuando esté demostrada la aplicación de la ley, de manera tal que no basta la simple afirmación del quejoso en ese sentido para que el juicio resulte procedente. En ese contexto, el primer acto concreto de aplicación tácita del artículo 76, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero que se reclama, se hizo consistir en la resolución dictada el doce de febrero de dos mil ocho, por el Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, en el expediente número **********, relativo al procedimiento administrativo disciplinario instruido en contra de la quejosa **********, en su carácter de Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, a través de la cual, se declaró fundada la denuncia administrativa presentada por el presidente de la Segunda Sala Penal del señalado tribunal; se impone a dicha funcionaria judicial, una sanción por la falta administrativa cometida, consistente en seis meses de suspensión de sus funciones jurisdiccionales; y, con fundamento en el artículo 79, fracción X, de la citada ley orgánica, se ordenó remitir dicha resolución al Pleno del Tribunal Superior de Justicia Estatal, para que, según sea el caso, confirme, revoque o modifique dicha sanción, fundando y motivando debidamente su resolución (folios 522 a 582 del tomo anexo al juicio de amparo **********). Pues bien, del análisis integral que este tribunal revisor hace a la mencionada resolución reclamada, se advierte con toda claridad que el Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal, como fundamento de su competencia material para emitir dicha resolución, citó entre otros preceptos legales, el artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, pero únicamente en su primera porción normativa, es decir, el párrafo primero de dicho precepto; sin que se advierta en ninguna de las partes que integran el referido acto concreto, que en él se haya aplicado en perjuicio de la quejosa **********, expresa o tácitamente, la parte del precepto legal cuya inconstitucionalidad pretende combatir a través del presente juicio de garantías, es decir, el último párrafo del artículo 76 de la ley en cita; por tanto, carece de interés jurídico que la legitime para ejercer la acción constitucional que intenta, porque habiéndose reclamado la ley, con motivo del acto concreto de aplicación sólo de una porción normativa, es ésta y no el precepto legal en abstracto, lo que constituye la fuente de agravio que afecta a la impetrante. A fin de demostrar la premisa anterior, se estima conveniente transcribir el texto del artículo 76 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Estado de Guerrero, el cual literalmente establece: ‘Art. 76.’ (se transcribe). Como puede advertirse, el transcrito precepto legal constituye una norma que no enlaza una consecuencia determinada, como efecto a la realización de cierta conducta como causa, que se traduzca en prescripciones que obligan, prohíben o permitan a los gobernados la realización de una conducta específica y que, por ende, ante la actualización de la hipótesis o supuesto previsto en la ley, el orden jurídico prescriba la aplicación de las consecuencias previstas también en ella en perjuicio de la quejosa, ya que en sus diferentes porciones normativas sólo prevé la existencia y naturaleza jurídica del Consejo de la Judicatura Estatal, al establecer que es un órgano del Poder Judicial del Estado con independencia técnica y de gestión, así como para emitir sus dictámenes y resoluciones, el cual tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Pleno, las Salas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia (primer párrafo); la forma de integración de dicho consejo, el tiempo de duración en su encargo, de los consejeros que lo integran, la forma exclusiva en que podrán ser removidos, la independencia e imparcialidad de su función (tercero, cuarto y quinto párrafos); y, finalmente, establece la incompatibilidad de la función de los consejeros, con sus cargos de Magistrados o de Juez (último párrafo). En esas condiciones, como ya se adelantó, en ninguna de las partes que integran la resolución señalada como acto concreto, se advierte que se haya citado la porción normativa que se pretende combatir a través del presente juicio de garantías, por lo que no fue aplicada expresamente en perjuicio de la quejosa en la resolución sancionatoria que se reclama como acto concreto de su aplicación; además, dada su propia e intrínseca naturaleza de norma organizacional y no prescriptiva que obligue, prohíba o permita a los gobernados la realización de una conducta específica, tampoco puede considerarse aplicada tácitamente en perjuicio de la recurrente, como lo pretende, cuando se advierte con toda claridad que en dicha resolución el órgano estatal correspondiente -Consejo de la Judicatura-, no ordenó la realización de consecuencia jurídica alguna que se siga del cumplimiento de las condiciones de aplicación del referido precepto legal, porque hubiese considerado, precisamente, que esas condiciones normativas fueron satisfechas o por la realización de las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la hipótesis normativa descrita en la porción normativa de la disposición legal combatida. De ahí que es de concluirse que si en la resolución sancionatoria reclamada como primer acto concreto de aplicación de la porción normativa que se tilda de inconstitucional, no se aplicó -expresa o tácitamente- en perjuicio de la quejosa el último párrafo de dicha norma, porque en dicha resolución no hace una cita expresa y tampoco se funda en ella, por no darse con exactitud sus supuestos normativos, ni se aplica tácitamente, en tanto que el supuesto normativo que en la aludida porción del precepto legal se prevé, no se materializa en tal acto irrumpiendo en la esfera de derechos de la peticionaria del amparo, por no darse las consecuencias jurídicas que siguen a la configuración de la hipótesis normativa descrita en el precepto combatido; entonces, es evidente que la promovente carece de interés jurídico que la legitime para impugnar dicha porción normativa, resultando, por tanto, improcedente el juicio de garantías promovido en su contra, porque habiéndose reclamado la ley, con motivo del acto concreto de aplicación sólo de una porción normativa, es ésta y no el precepto legal en abstracto, lo que constituye la fuente de agravio que afecta a la impetrante. Ello es así, porque la estrecha vinculación entre la norma con (sic) el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro, y como la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley debe, por consecuencia, sobreseerse en el juicio por lo que respecta al pretendido acto de su aplicación como a la parte de la disposición legal tildada de inconstitucional; al no operar, por los motivos expuestos con anterioridad, la excepción al principio de definitividad alegada por la recurrente, consistente en que cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, el juicio de amparo procede contra ambos actos, porque dicha excepción exige como presupuesto o condición necesaria que esté demostrada la aplicación de la ley, de manera tal que no basta la afirmación de la quejosa en ese sentido para que el juicio resulte procedente; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XV, en relación con el numeral 114, fracciones I y II, interpretadas en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, aunque por motivos diversos de los analizados por el Juez de Distrito en la sentencia sujeta a revisión. Apoya lo considerado, las tesis números 2a. LIV/97 y 2a. LXXXIV/98, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 334 y 145 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos VII y V, correspondientes a los meses de mayo de 1997 y junio de 1998, respectivamente, de rubro y texto siguientes: ‘INTERÉS JURÍDICO. NO SE SURTE RESPECTO DE LA LEY RECLAMADA, CUANDO EN EL ACTO CONCRETO NO SE APLICÓ LA PARTE DE LA NORMA QUE SE IMPUGNA DE INCONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ‘AMPARO CONTRA LEYES O REGLAMENTOS. ES IMPROCEDENTE SI EL SUPUESTO ACTO DE APLICACIÓN RECLAMADO EMITIDO EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO, EN REALIDAD NO MATERIALIZA LOS SUPUESTOS NORMATIVOS.’ (se transcribe). En las condiciones apuntadas, al resultar fundados los agravios que expresa la recurrente, pero insuficientes para revocar el sentido de la sentencia sujeta a revisión, por actualizarse la causal de improcedencia en la que se basó el Juez de Distrito para sobreseer en el juicio de amparo que se revisa, aunque por causas diversas de las analizadas por el juzgador en dicho fallo, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida."
CUARTO. Por su parte, las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativa **********, en la parte que interesa, son las siguientes:
"QUINTO. Técnicamente deben dejarse intocados en la revisión, los resolutivos no combatidos en los agravios. Sin embargo, ello no ocurre cuando en uno de ellos el Juez de Distrito sobreseyó y en otros concedió y negó la protección federal. Cuando el tribunal revisor advierte de oficio la existencia de una causal de improcedencia que originará el sobreseimiento del juicio, estará impedido para estudiar los agravios hechos valer contra la sentencia, la cual, por lo mismo, está sub júdice. Por lo tanto, ante la falta de estudio de los motivos de inconformidad y por falta de firmeza del fallo recurrido, el órgano constitucional no deberá distinguir cuáles resolutivos fueron atacados y cuáles no, pues el sobreseimiento deberá ser total. Es aplicable en este sentido, por analogía, la tesis de jurisprudencia número XXI.1o.P.A. J/20, emitida por este Tribunal Colegiado, publicada en la página 685 del Tomo XXVI, noviembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘REVISIÓN EN EL AMPARO. SI AL RESOLVER DICHO RECURSO, SE ADVIERTE QUE SE ACTUALIZA ALGUNA DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE PROVOCAN EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE HACER DISTINCIÓN ENTRE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS QUE FUERON RECURRIDOS.’ (se transcribe). SEXTO. Acorde a lo anterior, no serán materia de estudio los agravios expuestos por la parte recurrente, porque el análisis de las causas de improcedencia es de orden público y pueden ser invocadas aun de oficio, según lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, de modo que este Tribunal Colegiado se hace cargo de la que de oficio advierte se actualiza en este asunto, análisis que se hará atento a la técnica jurídica que consigna el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: (se transcribe). Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 122/99, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 28 del Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). Asimismo, la tesis de jurisprudencia número 30/97, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y siete, por unanimidad de cinco votos, consultable en la página 137 del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: ‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (se transcribe). Tampoco es obstáculo al análisis que realizará este Tribunal Colegiado respecto a la causal de improcedencia que se advierte actualizada, la circunstancia de que en la sentencia recurrida, la quejosa obtuvo parcialmente lo que pretendía al declararse en ella la inconstitucionalidad de la resolución emitida el diecinueve de agosto de dos mil ocho, dado que la improcedencia del juicio de amparo debe ser analizada en cualquier etapa y con independencia de quién interpone el recurso de revisión. Sustenta esta consideración la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 76/2004, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a foja 262 del Tomo XIX, junio de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de literalidad siguiente: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE.’ (se transcribe). La quejosa reclamó del Congreso, gobernador, secretario de Gobierno, director del Periódico Oficial, todos del Estado de Guerrero, la inconstitucionalidad de los siguientes actos: 1. El contenido de los artículos 81, párrafo segundo, 83, párrafo tercero, 110, 115 y 116 de la Constitución Política del Estado de Guerrero y los normativos 76, párrafo primero, 79, fracción X, 110, 119, 121 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero. 2. La omisión de cumplir con la obligación prevista en el artículo 47, fracción I, de la Constitución del Estado de Guerrero, de expedir decretos para la adecuación de los preceptos del Máximo Ordenamiento de la entidad y de la legislación secundaria invocada, en relación con las garantías jurisdiccionales de independencia y autonomía que deben contener y que se prevén en el artículo 116, fracción III, del Pacto Federal, así como la abstención de ajus
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22055-3cef2252/amparo-contra-leyes-con-motivo-de-su-primer · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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