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Modo: Corpus Pro

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20266
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, PRIMERO Y SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 519.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 84/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, PRIMERO Y SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia han tenido origen en asuntos de naturaleza administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala; razón por la cual el asunto es de su competencia originaria.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formulan los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes están legitimados para denunciar la posible contradicción de tesis, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes algunos antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.

Para ello es necesario advertir, que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose, asimismo, que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente semejantes.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 37/2007, promovido por José Guadalupe Ramos Macías, por mayoría de votos en sesión de fecha siete de marzo de dos mil siete, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO. Los agravios son jurídicamente ineficaces. En la sentencia recurrida, por lo que ve al acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de octubre de dos mil seis, pronunciada por la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco, en el procedimiento administrativo de queja ciudadana 101/2006, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio al estimar actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al considerar que no se agotó el principio de definitividad que se exige en el juicio de garantías, dado que en contra de dicho acto, el quejoso debió promover el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado, en términos de los artículos 57 y 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y 1o., 66 y 67 de la Ley de Justicia Administrativa de la propia entidad; se precisó que no se actualizaba algún caso de excepción al principio de definitividad, dado que el referido acto no carece de fundamentación, y la referida Ley de Justicia Administrativa no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos reclamados. Como agravios, sostiene el recurrente, en síntesis: *Que la sentencia, por cuanto al considerando primero, omite fundarse en el artículo 107, fracción IV, constitucional, que establece la procedencia del amparo indirecto respecto de actos de naturaleza administrativa, lo que dice, le deja en estado de indefensión; *que es ilegal el sobreseimiento, dado que no se actualiza la causal prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, al operar una excepción al principio de definitividad, dado que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, prevé mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado que la propia Ley de Amparo, como lo estableció el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito dentro del toca en revisión número 420/2006, ya que dice, a simple vista la ley secundaria impone cuatro requisitos en tanto que la Ley de Amparo se limita a establecer tres requisitos para el otorgamiento de la medida cautelar de mérito. *Que la comparación del artículo 67 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado y el 124 de la Ley de Amparo, permite advertir que la primera prevé como un requisito más para conceder la suspensión el relativo a que ‘se acredite el interés jurídico’, lo que implica un requisito adicional ‘numéricamente’ y que el Juez debió atender por ello a la literalidad de los preceptos legales; que con tal proceder el a quo viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica y le deja en completo estado de indefensión. *Que la exigencia de acreditar el interés jurídico, prevista por el artículo 67 de la Ley de Justicia Administrativa, no se contiene en la Ley de Amparo, por lo que, aplicando la ley en sentido estricto, es posible deducir que en el caso se actualiza la excepción al principio de definitividad, además que, acreditar el interés jurídico no es lo mismo que demostrar ser titular del derecho cuestionado. *Que el criterio jurisprudencial en que se sustenta el Juez de Distrito no resulta aplicable porque se refiere a una ley derogada y no a la Ley de Justicia Administrativa, además de no ser jurisprudencia obligatoria, y que el propio Tribunal Colegiado superó al emitir el criterio que ahora se invoca en el que determina que en la referida Ley de Justicia Administrativa sí se exigen mayores requisitos que en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión. En primer término, son inoperantes los agravios en cuanto se argumenta que el Juez de Distrito a través de la sentencia recurrida violó las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues basta decir que el recurso de revisión en el juicio de amparo es el medio por el cual se asegura el óptimo ejercicio de la función judicial, por el que el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos, pero de ninguna forma es posible analizar aspectos consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, ya que si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo V, enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.’ (se transcribe). Es ineficaz el diverso argumento relativo a que el considerando primero de la sentencia omite fundarse en el artículo 107, fracción IV, constitucional, que establece la procedencia del amparo indirecto respecto de actos de naturaleza administrativa. Esto en razón de que, en el referido considerando primero, lo que establece el Juez de Distrito es la competencia para conocer del asunto, y no contiene propiamente un pronunciamiento respecto a la procedencia. Los restantes argumentos son infundados, pues contrario a lo que afirma el recurrente, en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no se exigen mayores requisitos que en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues esta última también exige para otorgar la suspensión la demostración del interés jurídico del solicitante, esto es, la acreditación de una afectación a un derecho legítimamente tutelado, que si bien no se exige literalmente en el artículo 124 de la ley, se contempla implícitamente cuando señala que la suspensión, se otorgará cuando la solicite el agraviado, lo cual implica la existencia de un derecho jurídicamente tutelado por la norma. La necesidad de acreditar el interés jurídico en la suspensión en el juicio de amparo, se evidencia de las jurisprudencias 40/95 y 45/95, de la Segunda Sala y del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas, respectivamente, en las páginas 351, Tomo II, septiembre de 1995, y 41, Tomo II, diciembre de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en ese orden señalan: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LAS TARJETAS DE CIRCULACIÓN SON INSUFICIENTES PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO PARA OBTENER DICHA MEDIDA, TRATÁNDOSE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL DISTRITO FEDERAL.’ (se transcribe). ‘AUDIENCIA EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DIFERIRLA A PETICIÓN DE PARTE CUANDO OPORTUNAMENTE SOLICITÓ DOCUMENTOS A UNA AUTORIDAD Y POR CAUSAS NO IMPUTABLES A AQUÉLLA NO HA SIDO POSIBLE PRESENTARLOS.’ (se transcribe). Como se advierte de las jurisprudencias citadas, obligatorias para este colegiado de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión en el juicio de amparo indirecto, sí es necesario que se acredite el interés jurídico, requisito que si bien no se contempla literalmente en el artículo 124 de la citada ley, esto es insuficiente para que en una aplicación ‘estricta de la ley’ como lo sugiere el recurrente, se considere que en el juicio de amparo no se exija. Los citados criterios jurisprudenciales aluden a la exigencia de pruebas para acreditar la afectación al interés jurídico con el fin de que se otorgue la suspensión en el juicio de amparo, esto es, que se cuenta con un derecho legítimamente tutelado para obtener la medida precautoria respecto de los actos de las autoridades responsables. También ilustrativa y aplicable resulta la jurisprudencia 71/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 33, Tomo XVII, enero de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN.’ (se transcribe). En esta jurisprudencia la Sala precisa que es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión de los actos reclamados (fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo), debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene un interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho legítimamente tutelado respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional, y una de las conclusiones es en sentido de que cuando no se aportan los documentos suficientes para demostrar el interés jurídico no procede la concesión de la suspensión. De ese modo, se reitera, si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo, no establece literalmente la exigencia de acreditar el interés jurídico para obtener la suspensión, este requisito se contempla implícitamente en la fracción I de tal precepto legal, en cuanto señala que la suspensión se otorgará cuando la solicite el agraviado, lo cual implica la existencia de un derecho jurídicamente tutelado por la norma; de ahí que, contrario a lo que expone el recurrente, en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no se exigen mayores requisitos que en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, pues esta última también exige para otorgar la suspensión la demostración del interés jurídico del solicitante, esto es, la acreditación de una afectación a un derecho legítimamente tutelado. Al respecto, por estimarse de exacta aplicación al caso, se comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, plasmado en la tesis publicada en la página 1155, Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: ‘AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD CONFORME A DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.’ (se transcribe). Aun cuando le asiste la razón al recurrente en cuanto a que el criterio jurisprudencial citado en la sentencia recurrida de rubro: ‘ACTOS DE AUTORIDADES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA, POR NO SER DEFINITIVOS.’, no es aplicable al caso porque interpreta los requisitos que exige una ley ya derogada como es la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Jalisco, esto no es suficiente para revocar o modificar el sentido de la sentencia, pues conforme al análisis que se realiza de los requisitos que exige la Ley de Justicia Administrativa del Estado, es que se arriba a la conclusión de que esta no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión, de ahí que se tenga la obligación de cumplir con el principio de definitividad y agotar el medio ordinario de defensa, conforme a los artículos 107, fracción IV, constitucional, y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, el recurrente alude en sus agravios al criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, sustentado al resolver el recurso de revisión 420/2006 (improcedencia), en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil seis, y cuya copia certificada se acompañó al juicio de amparo. En dicha resolución, el referido colegiado considera que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, al exigir la acreditación del interés jurídico para la procedencia de la suspensión, exige un requisito más que la Ley de Amparo, esto es, se sostiene un criterio divergente al de este colegiado. El criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa no es de observancia obligatoria para este colegiado; empero, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede se denuncie la posible contradicción de tesis, entre lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado en el recurso de revisión 429/2006 (improcedencia) y lo que sustenta este colegiado en la presente resolución, coincidente con el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito en la tesis publicada en la página 1155, Tomo XXIV, julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD CONFORME A DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.’, emitida al resolver el amparo en revisión 768/2005 (principal) el uno de junio de dos mil seis. En estas condiciones, al ser ineficaces los agravios, procede confirmar la sentencia recurrida en lo que fue materia de impugnación."

La anterior ejecutoria sustentó el siguiente criterio:

"La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conocer la suspensión, de ahí que se tenga la obligación de cumplir con el principio de definitividad y agotar el medio de defensa ordinario."

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 768/2005, promovido por Tractebel DGJ., Sociedad Anónima de Capital Variable, por unanimidad de votos en sesión de fecha primero de junio de dos mil seis, sostuvo lo siguiente:

"CUARTO. Los agravios hechos valer son jurídicamente ineficaces. Como se advierte de las constancias que integran el sumario de garantías, la empresa quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de, esencialmente, el acto de clausura de la construcción, según se dijo, de una bodega propiedad de la peticionaria de garantías, llevada a cabo al levantarse el acta número 6872, de cinco de julio de dos mil cinco, por el inspector adscrito a la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. Según se asentó en la referida acta, la clausura aconteció debido a que el aludido inspector encontró diversas irregularidades, tales como: ‘falta de licencia de alineamiento, número oficial y falta de permiso de uso de suelo.’ (foja 47 del juicio de amparo). Los apoderados de la empresa quejosa adujeron: ‘solicito se conceda a nuestra representada el amparo y la protección de la Justicia Federal para efectos de que se levante inmediatamente la clausura realizada sobre la construcción descrita, como tal, es decir, se quiten los sellos de clausura de la puerta de la misma y se aperciba y se sancione en términos de ley a la autoridad responsable.’ (foja 19 idem). Y en el apartado de la demanda de amparo que la quejosa denominó: ‘capítulo de procedencia’, señalaron: ‘Se acude ante esta instancia Federal toda vez que el Tribunal de lo Administrativo en el Estado de Jalisco entró en un periodo vacacional.’ (foja 19 del sumario de garantías). En la sentencia recurrida, el Juez de Distrito del conocimiento decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, al estimar que se concretó la causal de improcedencia prevista por la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, toda vez que, sostuvo, previo a la demanda de amparo, que el acto reclamado es susceptible de combatirse, conforme lo disponen los numerales 1o. de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, así como los diversos 57 y 67, fracción I, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, a través del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco. El juzgador de primer grado estimó, que por medio del citado juicio, la promovente puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado; que incluso, de acuerdo a los preceptos 66, 67 y 68 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, puede obtener la suspensión del acto reclamado sin mayor requisito que los que exige la propia Ley de Amparo para la concesión de la suspensión definitiva. Y estimó, que en el caso concreto no se está dentro de la excepción que establece el último párrafo de la citada fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no carece de fundamentación, dado que en el acta de clausura se indicó el motivo por el cual se le impuso la multa y se citaron los fundamentos legales de dicha actuación, esto es, los artículos 109, fracción VI, 6o., 15, 32 y 24 de la Ley de Ingresos Municipal. El Juez a quo invocó en apoyo de su determinación, los criterios intitulados: ‘DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN «LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS» A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.’ y ‘ACTOS DE AUTORIDADES DEPENDIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA, POR NO SER DEFINITIVOS.’. En contra de lo relatado precedentemente, la recurrente aduce, en síntesis, que desde que se presentó la demanda de amparo, la quejosa expuso la urgencia y necesidad de acudir ante un Juez de Distrito y no ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, ‘pues existían causas de fuerza mayor que imposibilitaron a mi representada a presentar una demanda de nulidad ante el tribunal de lo administrativo.’ (fojas 5 del toca de revisión). Esgrime, que la peticionaria de garantías decidió instar la acción constitucional, toda vez que el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, entró en un periodo vacacional. Argumenta que expuso ante el Juez Federal: ‘ante la necesidad urgente de obtener la suspensión del acto reclamado por los motivos manifestados es que acudimos ante su Señoría a efecto de que primeramente se nos conceda la suspensión provisional para salvaguardar la seguridad de los miles de usuarios a los cuales se les suministra el gas natural.’ (foja 7 del toca de revisión). Que, por ello, la quejosa no dejó de observar la ley, ‘pues no fue por su propio gusto o intención el acudir ante un Juez de Distrito a conseguir una suspensión del acto reclamado ... no se podía agotar el principio de definitividad, pues es el caso que el tribunal administrativo estatal se encontraba en periodo vacacional.’ (foja 8 del toca de revisión). Esgrime que resultaba inminente que la quejosa operara de manera inmediata el sistema de inyección de mercaptano, ya que para el caso nunca deseado de que surgiera algún problema en la estación de odorización, se estaría corriendo con un grave riesgo que pudiera tener consecuencias ambientales, así como se vería afectada la población civil, las industrias y hogares. Y, que las responsables emitieron una ‘ilegal clausura dada la gran falta de fundamentación y motivación en la misma ... se ocasionaban con dicha clausura flagrantes violaciones a nuestra Carta Magna en perjuicio no sólo de mi representada Tractebel DGJ, S.A. de C.V., sino en posible perjuicio de la misma sociedad, de ahí que exista una excepción en el cual no debe agotarse el principio de definitividad.’ (foja 9 del toca de revisión). La disconforme invoca en apoyo de su argumentación, los criterios de rubros: ‘RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.’, ‘RECURSOS ORDINARIOS. VIOLACIONES DIRECTAS Y VIOLACIONES INDIRECTAS DE LA CONSTITUCIÓN.’, ‘JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO (TEXTO VIGENTE DE LOS ARTÍCULOS 58 Y 59 DE SU LEY, A PARTIR DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL).’ y ‘CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.’. Como se anticipó, los sintetizados argumentos de agravio son jurídicamente ineficaces. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio al resolver la contradicción de tesis 82/99-SS, entre las sustentadas por este Tribunal Colegiado y el Primero de esta propia materia y circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, página 156, que al tenor, rubro y texto, establece: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (la transcribe). Como se advierte del criterio transcrito inmediata y anteriormente, la Segunda Sala del Máximo Órgano de justicia del país, establece que conforme lo disponen los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, constitucional; 37, 73, fracciones XII, XIII, XV y 114 de la Ley de Amparo, así como de las tesis emitidas por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos, a saber: a) Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; b) Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; c) Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; d) Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; e Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; f) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; g) Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; h) Los que carezcan de fundamentación; i) Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y, j) Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Pues bien, la ineficacia de los agravios hechos valer por la empresa quejosa disconforme, radica en el hecho de que, precisamente, en el caso concreto, como lo sostuvo el Juez de Distrito y contrario a lo que pretende la recurrente, no existe excepción al principio de definitividad a que alude la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, en que el a quo fundó su determinación de sobreseer en el juicio de garantías. En efecto, la circunstancia de que la inconforme alegue que ‘existían causas de fuerza mayor que imposibilitaron a mi representada a presentar una demanda de nulidad ante el tribunal de lo administrativo.’ (fojas 5 del toca de revisión); toda vez que el citado órgano de justicia administrativa entró en un periodo vacacional, no es una eximente que se encuentre prevista en la ley o en criterio jurisprudencial que permitan concluir que por esa razón se debía exentar a la quejosa de agotar el principio de definitividad. Ni tampoco el argumento que expuso la quejosa atinente a que existía una ‘necesidad urgente de obtener la suspensión del acto reclamado para salvaguardar la seguridad de los miles de usuarios a los cuales se les suministra el gas natural.’ (foja 7 del toca de revisión); así como que se estaría corriendo con un grave riesgo que pudiera tener consecuencias ambientales, y que se vería afectada la población civil, las industrias y hogares. Y que el perjuicio ocasionado con el acto de clausura reclamado afecta ‘no sólo de mi representada Tractebel DGJ, S.A. de C.V., sino en posible perjuicio de la misma sociedad, de ahí que exista una excepción en el cual no debe agotarse el principio de definitividad.’ (foja 9 del toca de revisión). Puesto que, se insiste, tal eventualidad no se encuentra prevista por la propia Ley de Amparo, ni en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -transcrita en parágrafos precedentes- como causa de excepción para agotar el referido principio de definitividad. Máxime, que fuera de los supuestos antes referidos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente, como casos de excepción para agotar el principio de definitividad. Al respecto, este órgano federal comparte la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo de 2006, tesis VI.2o.C. J/260, página 1816, que al tenor, epígrafe y contenido, expresa: ‘DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA.’ (la transcribe). Por otra parte, este Tribunal Colegiado no advierte que la empresa quejosa se ubique dentro de una causa de excepción que la exima de cumplir con el multicitado principio de definitividad, dado que ésta no se ostentó en el juicio de amparo como tercera extraña, ni reclamó actos dentro de un juicio que su ejecución sea de imposible reparación; así como tampoco reclamó actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República, que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, dado que reclamó un acta de clausura emitida por un funcionario municipal. De igual forma se advierte que la peticionaria de garantías no promovió el amparo contra una ley con motivo del primer acto de aplicación; ni contra un acto respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia; habida cuenta que como lo sostuvo el Juez de Distrito en la sentencia recurrida: ‘se combate el acta administrativa levantada por autoridades del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, en que se impone a la parte quejosa la sanción de clausura de una construcción. Según la Ley de Justicia Administrativa

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20266-c1f76d98/contencioso-administrativo-en-el-estado-de-jalisco-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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