CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 164/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.
En este sentido, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Pleno, dado que no reviste un interés excepcional, se estima que su conocimiento corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. Debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:
"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."
Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.
En el caso, la denuncia de contradicción la formularon los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito por considerar que el criterio sustentado al resolver el amparo en revisión **********, está en contraposición con el emitido por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver los amparos en revisión ********** y ********** por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.
Para ello es necesario advertir, que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente semejantes.
Es aplicable, la jurisprudencia número P./J. 26/2001 sustentada por el Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: XIII, abril de 2001, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión **********, interpuesto por **********, resuelto en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil ocho, por unanimidad de votos, resolvió en la parte que interesa lo siguiente:
"Atendiendo a lo expuesto, se deduce que resulta ajustada a derecho la determinación que sostiene el fallo que se revisa, relativa a que en el juicio de garantías se actualiza la causal de improcedencia invocada porque lo que se reclamó fue la falta de contestación al escrito presentado ante el subdelegado administrativo en el Distrito Federal de la Procuraduría General de la República, el trece de febrero de dos mil ocho y, en esos términos, del análisis de las constancias procesales a que se hizo alusión en párrafos anteriores, se puede advertir que aun cuando no existe constancia de la que se advierta que al momento de promover la demanda que dio origen al juicio de garantías (siete de mayo de dos mil ocho), se le haya notificado por parte de la autoridad responsable el oficio de veintiuno de abril de dos mil ocho, emitido para dar contestación al escrito que motivó la promoción del juicio, lo cierto es que la solicitante de amparo tuvo conocimiento de la respuesta recaída a su ocurso, con motivo de la vista que les (sic) fue otorgada por el Juez de Distrito con copia del oficio respectivo (folio 58). Bajo ese tenor, resulta indiscutible que, como se resolvió en la sentencia, la conducta omisiva ejercida por la responsable, que motivó la promoción del juicio de garantías, cesó al haber pronunciado el oficio de veintiuno de abril de dos mil ocho ya referido, dando respuesta a la citada petición, en tanto que la quejosa tuvo conocimiento de dicha contestación con motivo de la vista que de ella le fue otorgada, con lo que se cumplen (sic) con las dos obligaciones previstas en el artículo 8o. constitucional que toda autoridad a quien le fue formulada una petición debe cumplir, es decir, dar respuesta a lo solicitado y darlo a conocer al gobernado en breve término. Se precisa que, aun cuando en sus agravios la recurrente expone diversos argumentos a fin de evidenciar que la respuesta realizada por la autoridad a su escrito es ilegal por ser incongruente con lo que se le solicitó, lo cierto es que, como se dijo, en el caso el juicio de amparo fue promovido contra la omisión de la autoridad en atender la petición del quejoso, por lo que el amparo que, en su caso, se concediera tendría por objeto, precisamente, que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud; sin embargo, ha sido criterio del Máximo Tribunal que, cuando la autoridad señalada como responsable hace del conocimiento del quejoso el acuerdo emitido en respuesta a la petición que le fue solicitada durante la secuela procedimental del juicio, es procedente la ampliación de la demanda en contra de tal respuesta. Lo anterior, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de garantías, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo que puede ser analizado por el propio Juez de Distrito y que en cierto sentido puede ser analizado por economía procesal, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 149/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de dos mil seis, página 334, del tenor siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN.’ (la transcribe). Sin embargo, en el caso, aun cuando en el juicio de amparo se le dio vista a la quejosa con el documento exhibido por la responsable, con el cual se le dio respuesta a la petición que le fue formulada mediante su escrito presentado ante ella el trece de febrero de dos mil ocho, no existe constancia de la que se advierta la voluntad de la solicitante de amparo de ampliar su demanda respecto de dicha contestación; de ahí que en el fallo recurrido únicamente se haya considerado como acto reclamado el originalmente señalado en su demanda, es decir, la omisión de contestación al escrito de referencia, sin que se haya analizado la legalidad de la respuesta realizada por la responsable a dicho ocurso mediante oficio **********, de veintiuno de abril de dos mil ocho, al no haber sido este acto señalado como reclamado. En este tenor, con independencia de lo que se le hubiera solicitado a la responsable en el escrito respectivo, y de lo resuelto al respecto por dicha autoridad, lo cierto es que en el juicio de amparo lo que se reclamó fue la falta de respuesta por parte de la autoridad responsable al escrito que le fue presentado por la quejosa el trece de febrero de dos mil ocho, por lo que basta con que se haya respondido dicha solicitud y le haya sido dada a conocer para tener por resarcida la garantía violada, y toda vez que esa contestación fue llevada a cabo por la autoridad mediante oficio **********, de veintiuno de abril de dos mil ocho, y le fue enterada a la quejosa con motivo de la notificación personal ordenada por el Juez de Distrito, se concluye, fue correcto que se considerara que en tales circunstancias se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, referente a la cesación de efectos del acto reclamado; sin que el sentido o los términos de lo acordado por dicha autoridad en relación con lo que le fue solicitado por la quejosa pudiera haber sido materia de estudio por parte del Juez de Distrito, al no formar parte de la litis en dicho juicio de amparo en el que el acto reclamado lo constituyó únicamente el acto omisivo antes referido, consistente en la falta de respuesta a un escrito que le fue presentado a la responsable, y no dicho oficio **********, de veintiuno de abril de dos mil ocho en el que se le dio contestación al ocurso antes mencionado, en tanto que la incongruencia en la respuesta a dicho escrito, alegada por la recurrente, es un tema de fondo, que únicamente podría ser abordado al analizar la legalidad de dicho oficio de contestación, el cual, se reitera, no fue señalado como acto reclamado; lo anterior, sin perjuicio de que, en caso de estar inconforme con lo ahí resuelto, la parte interesada pueda impugnar tal acuerdo a través del medio legal que corresponda. En consecuencia, ante lo ineficaz de los agravios expuestos, procede confirmar la resolución recurrida."
CUARTO. Por otra parte el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión ********** y **********, en lo que interesa resolvió lo siguiente:
En el amparo en revisión **********, promovido por **********, el citado órgano jurisdiccional resolvió por unanimidad de votos el once de mayo de dos mil seis, en la parte que interesa lo siguiente:
"SEXTO. En principio, es pertinente destacar que el examen de los agravios del recurso de revisión evidencia que la parte quejosa hace valer diversos argumentos encaminados a poner de manifiesto que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, que el Juez de Distrito tuvo en consideración para decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, pues señala que la autoridad responsable, conforme a sus atribuciones, no ha emitido una contestación congruente a lo pedido y, por tanto, no puede considerarse subsanada la violación alegada al artículo 8o. constitucional. En ese orden, es pertinente precisar que del considerando cuarto de la sentencia recurrida se desprende que los motivos en que el juzgador de amparo sustentó la actualización de la citada causa de improcedencia, son los siguientes: a) La cesación de efectos del acto reclamado debe ser inmediata y total sin sujetarse a condición alguna, trayendo como consecuencia que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la ley relativa, resulta ociosa por no existir ya el acto o los efectos reclamados. b) La petición elevada ante la autoridad responsable director general de Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, fue contestada mediante oficio número 1642, el cual se notificó al quejoso el siete de febrero de dos mil seis, por lo que el acto generador de la acción constitucional quedó sin efectos. Ahora bien, por su capital importancia al asunto, al tenor de los argumentos expuestos por el inconforme, es importante realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causa de improcedencia en comento, siendo necesario partir de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: Ley de Amparo. ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: ... XVI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.’. El análisis gramatical de esa disposición legal impone precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo ‘cesar’ significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término ‘efecto’ significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa; de ahí que en una primera interpretación pueda afirmarse que la cesación de efectos consiste en que las consecuencias de una cosa dejen de tener lugar o existencia. Asimismo, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada ‘Lecciones de Amparo’, opina que de acuerdo con el texto de la fracción XVI del artículo 73 se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado ‘cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga ...’; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario ‘que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable’, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado ‘se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente ...’; concluye que ‘... únicamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada.’. El doctor **********, en relación con la improcedencia de que se trata, expone en su obra ‘Curso de amparo. Instituciones fundamentales’, lo siguiente: ‘Desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone el quejoso que son violatorias de la Constitución y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de garantías. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y, consecuentemente, la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 80 de la Ley de Amparo ...’. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Sobre tales premisas, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Las consideraciones anteriores, encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, junio de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en su Novena Época, del siguiente contenido: ‘CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.’ (la transcribe). Una vez que han quedado de manifiesto los alcances y efectos de la causa de improcedencia en comento, debe analizarse su aplicación en relación con la violación constitucional alegada por el quejoso, esto es, respecto del derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Federal. A ese respecto, es oportuno traer a contexto el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 8o.’ (lo transcribe). Por imperativo constitucional, el Estado (a través de sus funcionarios o empleados) está obligado a dar respuesta a toda petición escrita que le formule el gobernado y así atender el mandato que de la Ley Fundamental deriva, empero, exige el cumplimiento de ciertos requisitos, los cuales enseguida se reseñan: a) Toda petición que se haga a la autoridad, debe constar por escrito y se debe formular de manera pacífica y respetuosa. b) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo congruente con lo pedido y por escrito. c) Dicho acuerdo debe hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. En esa tesitura, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto de la Ley Fundamental al dictar un acuerdo, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado independientemente del sentido y términos en que esté concebido. En efecto, conviene destacar que la violación al artículo 8o. constitucional no se desvirtúa por (sic) simple contestación de la autoridad en un plazo razonable, sino que es preciso verificar que esa contestación efectivamente la haya emitido la autoridad ante la cual se elevó la petición, sea congruente con lo pedido, sin evasivas, y que se notifique al gobernado. Por tanto, es dable sostener que la violación al derecho de petición contenido en el artículo 8o. constitucional se configura en los casos en que la autoridad requerida es omisa totalmente a contestar o, no obstante emitir una respuesta, ésta no colma los imperativos constitucionales, como son, que la emita la autoridad requerida, que sea congruente a lo solicitado y comunicada el gobernado. En esas condiciones, el estudio relacionado de la cesación de efectos del acto reclamado y la garantía individual de derecho de petición, conduce a la convicción de que la citada causa de improcedencia no puede actualizarse en los juicios de amparo en los que se alegue una violación constitucional derivada de no respetar el derecho de petición. Se expone tal aserto, pues en los casos en que el impetrante de garantías argumente la violación al artículo 8o. constitucional, el acto reclamado consiste precisamente en que la autoridad requerida (hasta el momento en que se solicita la protección constitucional) ha sido omisa en responder a su petición, por lo que al estimar que el acto reclamado se traduce en esa falta de contestación, no es jurídico sostener que sus efectos puedan cesar, aun en el supuesto de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifieste que dio contestación a la petición elevada. Lo anterior es así, ya que aun cuando la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, señale que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de haber dado contestación a la petición elevada, en todo caso, esa situación implica que el juzgador de garantías analice si la aludida contestación colma los imperativos constitucionales a que se hizo referencia, lo que además, sería objeto de estudio del fondo del asunto y no del efectuado con motivo de actualizar o desvirtuar una causa de improcedencia. En conclusión, es dable sostener que en los casos en que el acto reclamado se haga consistir en la violación al derecho de petición, la causa de improcedencia referente a la cesación de efectos del acto reclamado no es aplicable, en virtud de que si la autoridad responsable demuestra que en efecto dio contestación a la petición y ésta resulta constitucional, la consecuencia lógica será determinar que la violación alegada nunca existió, actualizándose una causa de improcedencia diversa o, en todo caso, al no demostrarse la inconstitucionalidad de la actuación de la autoridad deberá negarse la protección de la Justicia Federal solicitada. En efecto, tratándose de la violación al derecho de petición, los efectos del acto reclamado no pueden cesar, pues la autoridad responsable no puede dejar sin efecto o revocar tal acto (falta de respuesta a una petición), es decir, no puede destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, pues la petición de la cual derivó la aludida violación no puede dejar de existir, de ahí que, en todo caso, podría concluirse que no se configuró la violación a la garantía consagrada en el artículo 8o. constitucional, pero no que cesaron sus efectos. En esos términos, se arriba a la convicción de que asiste razón al recurrente en cuanto a que en el caso no se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues no se demostró fehacientemente que la autoridad requerida hubiera emitido una respuesta congruente a lo solicitado. Es corolario de lo expuesto, que al no actualizarse la hipótesis de sobreseimiento invocada por el Juez de Distrito en relación con la autoridad responsable mencionada, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado, con plenitud de jurisdicción, debe analizar las causas de improcedencia que adviertan de oficio o las que las autoridades responsables hicieron valer, dado que su análisis es de orden público y de estudio preferente según lo dispone el artículo 73, de la ley de la materia, y conforme a la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que dice: ‘IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (la transcribe). No obstante lo anterior, al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes, como tampoco se advierte alguna otra que deba examinarse de oficio, debe entonces levantarse el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito con base en la causa de improcedencia examinada. SÉPTIMO. El examen de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa bajo la óptica de las conclusiones alcanzadas en líneas anteriores, conduce a la convicción de que es fundada la pretensión del quejoso en el sentido de que la autoridad debe emitir una respuesta congruente a la petición contenida en el escrito del diez de enero de dos mil seis ante ésta presentada, tan es así que la violación constitucional alegada se funda en el artículo 8o. del Pacto Federal. La determinación a que se arribó en el párrafo que antecede obliga, por razones de congruencia, a realizar ciertas precisiones: Del análisis de las constancias que integran los autos del juicio natural se desprende que el quejoso elevó su petición en los siguientes términos: ‘Con fundamento en los artículos 145 y 154 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en vigor y el artículo 34 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y en virtud de haber causado baja del servicio activo y alta en la reserva correspondiente, agradeceré a usted, tenga a bien gestionar ante la Dirección General de Justicia Militar (subdirección de retiros y pensiones), se me otorgue la compensación a que tengo derecho; para lo cual proporciono mis siguientes datos personales ...’. En respuesta al escrito anterior, la autoridad responsable director general de Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, emitió el oficio número 1642 dirigido al director general de Justicia Militar, en el que resolvió lo siguiente: ‘Por acuerdo del C. General secretario de la Defensa Nacional, adjunto se remite a esa dirección general a su cargo, solicitud de compensación del **********, quien solicita se le conceda el beneficio a que tenga derecho, de conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas en vigor.’. El estudio relacionado de las constancias precisadas, conduce a la convicción de que no se da una respuesta en cuanto al fondo de la petición planteada por el quejoso, sino únicamente que el director general de personal, remitió al director general de Justicia Militar, la solicitud respectiva, concretándose a comunicar la solicitud relativa. Se expone tal aserto, pues la autoridad ante la que se elevó la citada petición, pretendió dar contestación a ésta a través de la emisión de un oficio en el que se limitó a remitir su solicitud a otra autoridad, dejando de observar el imperativo constitucional por el cual debió proveer de manera congruente respecto de lo pedido, fundando y motivando, en su caso, el por qué no pudo dar respuesta. Por lo anterior, si no se justifica con razones suficientes que permitan establecer que lo procedente era declinar la competencia a diversa autoridad, el pronunciamiento de la autoridad únicamente puede calificarse como una evasiva a dar respuesta a lo que le solicitó el gobernado. En efecto, debe señalarse que la violación al artículo 8o. constitucional no se desvirtúa por (sic) simple contestación de la autoridad requerida en breve término, sino que es preciso verificar que esa respuesta sea congruente con lo pedido, sin evasivas, o en su caso, fundando y motivando el por qué no se puede dar respuesta, quedando este último caso sometido al examen de su legalidad. Así las cosas, aun en los casos en que la autoridad ante la que se eleve la petición carezca de competencia para conocer acerca de lo peticionado por los quejosos, no la releva de acatar el imperativo plasmado en el artículo 8o. de la Constitución Federal de la República, dado que al satisfacer la solicitud las exigencias de dicho numeral, le asiste el deber a la autoridad de proveer conforme a derecho sobre la petición presentada y comunicar en breve tiempo y por escrito la resolución correspondiente a los interesados. En esas condiciones, el director general de Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional debió fundar y motivar que no era la autoridad competente y no sólo remitir la solicitud del quejoso a otra autoridad, pues si bien es cierto,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21460-7edd2236/cesacion-de-efectos-del-acto-reclamado-por-violacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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