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Modo: Corpus Pro

POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. SUS AGENTES TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA CONCLUSIÓN DEL CARGO Y SUS CONSECUENCIAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 264/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20868
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Marzo de 2008, , Pág. 794.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 264/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

En este sentido, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Pleno, dado que no reviste un interés excepcional, se estima que su conocimiento corresponde a esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. Debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, el artículo 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que corresponde conocer a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros asuntos:

"Artículo 21. ... VIII. De las denuncias de contradicción entre tesis que sustenten dos o más tribunales colegiados de circuito, para los efectos a que se refiere la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

Por otra parte, el artículo 197-A de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas.

La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el Magistrado presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se resolvió uno de los asuntos que participan en la presente contradicción, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.

Para ello es necesario advertir, que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente semejantes.

De la ejecutoria pronunciada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de revisión RA. 322/2007, interpuesto por Vicente Manuel Villegas Reachi, en sesión del veintiuno de noviembre de dos mil siete, por unanimidad de votos, se desprenden los siguientes antecedentes:

1. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil siete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Vicente Manuel Villegas Reachi, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del secretario de Seguridad Pública Federal y otras autoridades, por el acto reclamado consistente en la orden dada para la conclusión de su cargo de director y otros.

2. El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, tuvo como actos reclamados en específico los siguientes "1. La orden dada para la conclusión del cargo de director general de Asuntos Internos de la Coordinación de Desarrollo de la Policía Federal Preventiva. 2. El oficio número PFP/0699/2007, de veinte de junio de dos mil siete, por el cual se ordena la conclusión del cargo que el quejoso venía desempeñando como director de Área en la Dirección General de Asuntos Internos de la Coordinación de la Unidad de Desarrollo de la Policía Federal Preventiva, así como su ejecución. 3. La orden de aseguramiento de los bienes asignados al impetrante de garantías, consistentes en: teléfono celular número 5521290688, credencial administrativa con portación de arma de fuego número 58699, gafete administrativo para acceso a las instalaciones número 010229, tarjetón de acceso vehicular para el cajón número 55 y la pistola marca Browning con número de matrícula 513MY50940, así como su ejecución", y al dictar sentencia resolvió conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, al estimar que el oficio materia de la litis carecía de los dispositivos que facultasen a la autoridad responsable concluyendo que, dicho acto se emitió por autoridad ilegítima.

3. Inconformes con la decisión apuntada, el delegado encargado interino de la Oficina del comisionado, de la Policía Federal Preventiva y por otra el delegado del subdirector de Inspección Metropolitana y Foránea de la Dirección General de Asuntos Internos, de la Policía Federal Preventiva, interpusieron recurso de revisión. Igualmente, el quejoso interpuso recurso de revisión adhesiva.

4. Del asunto en cuestión conoció el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal, registrándolo con el número RA. 322/2007 y emitiendo por unanimidad de votos en sesión plenaria de fecha veintiuno de noviembre de dos mil siete, la sentencia correspondiente, en la que concluyó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de los recursos se confirma la sentencia de fecha veintisiete de agosto de dos mil siete, autorizada el treinta y uno de agosto del año referido, dictada por la Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en el juicio de amparo número 1070/2007. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Vicente Manuel Villegas Reachi, contra los actos reclamados identificados en el resultando primero de esta resolución y por las razones expuestas en su último considerando."

Dicha decisión, se sustentó básicamente en las siguientes consideraciones:

"SÉPTIMO. Los agravios propuestos por el delegado del encargado interino de la oficina del comisionado; y el delegado del subdirector de Inspección Metropolitana y Foránea de la Dirección General de Asuntos Internos, ambos de la Policía Federal Preventiva; son infundados en parte y fundados en otro aspecto. Por su estrecha relación y con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se examinan en forma conjunta los agravios primero y segundo hechos valer por ambos recurrentes, en los cuales de manera esencial consideran que la Juez Federal declaró infundada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo; sin embargo, al adoptar esa determinación, no precisó el derecho subjetivo del quejoso para permanecer en el cargo de director de Área en la Dirección General de Asuntos Internos de la Coordinación de la Unidad de Desarrollo de la Policía Federal Preventiva, es decir, en la sentencia recurrida no se identificó el precepto legal o reglamentario que otorgue al quejoso la permanencia o no remoción en las funciones desempeñadas en dicho cargo, de ahí que se haya transgredido el artículo 77, fracción I, del cuerpo normativo mencionado. Por otro lado, los inconformes refieren que el acto reclamado se emitió con fundamento en los artículos 2o., 6o., fracción IV, y 7o. de la Ley de la Policía Federal Preventiva; y 11, fracciones I y XIX, del reglamento de la institución, y fue explicado el motivo de la determinación, consistentes (sic) en cumplimentar las atribuciones primordiales del órgano de seguridad pública en relación directa con lo previsto en el numeral 12, fracción IX, de la ley invocada, conforme al cual los miembros de la corporación están obligados a obedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos, motivo por el cual, en la sentencia impugnada debió concluirse que el quejoso carecía de interés jurídico para promover el juicio constitucional, en términos del criterio del rubro: ‘POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. LOS MIEMBROS DE DICHA CORPORACIÓN CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DE SU COMISIONADO, RESPECTO DE LA CONCLUSIÓN DE SU CARGO Y LA ASIGNACIÓN DE UN NUEVO SERVICIO.’. De la misma manera, los ocursantes manifiestan que la circunstancia de haber tenido por ciertos los actos reclamados resulta insuficiente para demostrar la afectación a la esfera jurídica del peticionario en términos de los artículos 107, fracción I de la Constitución Federal y 4 de la Ley de Amparo, ya que debió tomarse en cuenta que la Ley de la Policía Federal Preventiva y su Reglamento reconocen el Sistema de Servicio Civil de Carrera Policial, como sistema integral que comprende el reclutamiento, el régimen de estímulos y la conclusión del servicio de sus integrantes, por lo que los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, establecen el cumplimiento de ciertos requisitos para permanecer en la institución, y de no satisfacerlos, los elementos policiacos pueden ser destituidos sin derecho a su reinstalación, lo cual implica que el derecho subjetivo de permanencia deriva precisamente del cumplimiento de los lineamientos exigidos por los cuerpos normativos respectivos. Son infundados los argumentos relatados con anterioridad, por las consideraciones que se desarrollan a continuación: En la sentencia recurrida fue desestimada la causa de improcedencia del juicio de garantías propuesta por el delegado del encargado interino de la oficina del comisionado; y por el delegado del subdirector de Inspección Metropolitana y Foránea de la Dirección General de Asuntos Internos, ambos de la Policía Federal Preventiva, prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en atención a que el quejoso había aducido que los actos reclamados, consistentes en la emisión del oficio número PFP/0699/2007, de veinte de junio de dos mil siete, por el cual se ordenó la conclusión del cargo que desempeñaba como director de Área en la Dirección General de Asuntos Internos de la Coordinación de la Unidad de Desarrollo de la Policía Federal Preventiva; y el aseguramiento de los bienes asignados al peticionario relacionados con teléfono celular 5521290688, credencial administrativa con portación de arma de fuego 58699, gafete administrativo para acceso a las instalaciones 010220, tarjetón de acceso vehicular para el cajón 55 y la pistola marca Browning matrícula 513MY50940; se habían emitido en contravención a los artículos 14 y 16 constitucionales, porque no los había dictado autoridad competente y carecían de fundamentación y motivación, lo cual afectaba evidentemente su esfera jurídica (fojas 409 a 411). De esa forma y contrariamente a lo sostenido por los ocursantes, en la sentencia recurrida fueron señalados con toda precisión los derechos subjetivos que a juicio del quejoso se le transgredieron con la emisión de los actos reclamados. En efecto, el Juez Federal manifestó al respecto que en la demanda de garantías se había propuesto la violación de las garantías previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en la medida en que los actos reclamados se habían emitido por autoridad incompetente legalmente para ello, y sin haberse invocado los motivos de hecho y de derecho para sustentar la orden de conclusión del cargo que desempeñaba el peticionario como director de área en la Dirección General de Asuntos Internos de la Coordinación de la Unidad de Desarrollo de la Policía Federal Preventiva; y el aseguramiento de los bienes asignados al quejoso relacionados con antelación; por tanto, resulta inexistente la omisión referida por los inconformes. En el mismo orden de ideas, debe apuntarse que el derecho a la permanencia en el puesto que venía desempeñando el quejoso es un aspecto que, en todo caso, involucra un tema relacionado con el fondo de la controversia, en tanto que está relacionado con la legalidad de la actuación de las responsables al emitir los actos reclamados; en consecuencia, las cuestiones propuestas al respecto en los escritos de agravios son infundadas. En sustento a la conclusión, se invoca la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de dos mil dos, Novena Época, que a la letra dispone lo siguiente: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.’ (la transcribe). A mayor abundamiento, cabe destacar que en la demanda de garantías el quejoso se dolió de la reducción de sus percepciones, salario y las prestaciones inherentes al cargo que venía desempeñando, derivada de la conclusión del cargo de director de área en la Dirección General de Asuntos Internos de la Coordinación de la Unidad de Desarrollo de la Policía Federal Preventiva (foja 3); situación que no fue negada por el encargado interino de la oficina del comisionado, ni por el subdirector de Inspección Metropolitana y Foránea de la Dirección General de Asuntos Internos, ambos de la Policía Federal Preventiva, en virtud de que al rendir sus respectivos informes justificados argumentaron que no existía un derecho subjetivo del quejoso para no reducir sus prestaciones o percepciones económicas, porque gozaba de manera temporal de un cargo que no le había generado la adquisición de un derecho; sin que sea obstáculo que en los mismos documentos se haya manifestado que no se aceptaba la disminución del salario del servidor público, en tanto que al hacerse la precisión indicada, se adujo que esa afectación había sido correcta por ser consecuencia de la remoción del cargo multicitado (fojas 6, 9, 190, 191 y 194). En esas condiciones, se hace más evidente la afectación a la esfera jurídica del quejoso con la emisión de los actos reclamados, particularmente el relativo a la conclusión del cargo que venía desempeñando como director de área en la Dirección General de Asuntos Internos de la Coordinación de la Unidad de Desarrollo de la Policía Federal Preventiva; por ello y como ya se adentró, resultan infundados los razonamientos hechos valer por los recurrentes sobre la improcedencia del juicio de garantías con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis I.7o.A.420 A, de este órgano colegiado, visible en la página dos mil cuatrocientos noventa y nueve, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de octubre de dos mil cinco, del texto siguiente: ‘SEGURIDAD PÚBLICA. EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS NO LES OTORGA INTERÉS JURÍDICO PARA COMBATIRLO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, A MENOS QUE AQUÉL IMPLIQUE UN MENOSCABO EN SUS PERCEPCIONES.’ (la transcribe). Finalmente, el criterio invocado por los ocursantes del rubro: ‘POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA. LOS MIEMBROS DE DICHA CORPORACIÓN CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DETERMINACIÓN DE SU COMISIONADO, RESPECTO DE LA CONCLUSIÓN DE SU CARGO Y LA ASIGNACIÓN DE UN NUEVO SERVICIO.’; no es obligatorio para este tribunal conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, en virtud de haber sido emitido por otro Tribunal Colegiado. En otra línea de exposición, los ocursantes señalan que la Juez Federal aplicó incorrectamente el artículo 48, fracción I, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, en atención a que no puede adminicularse con el numeral 47 del propio ordenamiento reglamentario, ya que su fracción II establece los supuestos en que el mando es circunstancial, entre los cuales se encuentra la hipótesis prevista en su inciso A), relativo a la figura del funcionario interino, quien es designado con ese carácter por la superioridad correspondiente hasta en tanto sea nombrado el titular, motivo por el cual, el servidor público que actúa de manera provisional ejerce todas las facultades del comisionado de la Policía Federal Preventiva; de ahí que en la sentencia recurrida debió concluirse que en el acto reclamado se expresó el carácter de autoridad con el cual fue emitido, y que el aspecto competencial se fundó correctamente en el artículo 11, fracción XIX, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva. En consecuencia, infieren los inconformes, que resulta equivocado también que se haya concedido el amparo en relación con la orden de aseguramiento de distintos bienes, en tanto que su propiedad corresponde a la Federación y no al quejoso, quien únicamente los tenía a su cargo como integrante de la corporación policiaca. Las consideraciones descritas son fundadas, en atención a las consideraciones siguientes: En la sentencia recurrida se argumentó que conforme al artículo 47, fracción II, inciso A, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, el mando podía ejercerse de forma titular con apoyo en un nombramiento oficial, y de manera circunstancial, interina, accidental e incidentalmente. La primera otorgada a la autoridad respectiva hasta en tanto se nombrara al titular, en el caso particular al comisionado (fojas 415 vuelta a 419 vuelta). En otro orden de ideas, la a quo manifestó que en el oficio PFP/0699/2007, de veintisiete (sic) de junio de dos mil siete, el funcionario público emisor no había acreditado estar facultado para actuar de ese modo, porque no había señalado el carácter con el cual firmó el documento, es decir, si se trataba de alguno de los cargos previ

tos en el artículo 48, fracción I, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, a saber: a) jefe del Estado Mayor; b) coordinador de Inteligencia para la Prevención; c) coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo; d) coordinador de Seguridad Regional; y e) coordinador de Administración y Servicios (foja 420). La Juez de Distrito estimó además, que del acto reclamado tampoco se advertía el decreto o acuerdo que le otorgara legitimación a su emisor, suscrito por la superioridad correspondiente, porque en términos del artículo 47, fracción II, inciso A, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, el mando podía ejercerse de forma interina al otorgarse por la autoridad correspondiente hasta el nombramiento del titular, es decir, del comisionado, razón por la cual, al no conocerse el apoyo que facultaba a la autoridad para emitir el acto reclamado, ni el carácter con el que se ostentó, se había dejado en estado de indefensión al quejoso, por haberse transgredido las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales (fojas 420 y 420 vuelta). Por los razonamientos narrados, fue concedido el amparo solicitado respecto al oficio PFP/0699/2007, de veinte de junio de dos mil siete, y se hizo extensivo dicho otorgamiento al acto reclamado consistente en la orden de aseguramiento de los bienes asignados al peticionario relacionados con teléfono celular 5521290688, credencial administrativa con portación de arma de fuego 58699, gafete administrativo para acceso a las instalaciones 010220, tarjetón de acceso vehicular para el cajón 55 y la pistola marca Browning matrícula 513MY50940; ejecutada mediante acta administrativa de entrega de la Dirección de Inspección Institucional y Bienes Asignados de veintiuno de junio de dos mil siete. La decisión fue adoptada por haberse considerado que era resultado de un acto viciado como lo fue la conclusión del encargo que desempeñaba el quejoso (fojas 422 vuelta y 423). De la síntesis realizada de la sentencia recurrida, se desprende que fue incorrecta la interpretación hecha por el Juez de Distrito de los artículos 47, fracción II, inciso A) y 48, fracción I, ambos del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, los cuales a la letra disponen lo que se transcribe enseguida: ‘Artículo 47. El mando podrá ser ejercido en las formas siguientes: I. Titular, que es el ejercido por medio de nombramiento oficial expedido por la superioridad correspondiente, y II. Circunstancial, en los casos siguientes: A. Interino, el designado con ese carácter por la superioridad correspondiente hasta en tanto se nombra al titular; B. Accidental, el que se ejerce por ausencia temporal del titular que le impida desempeñarlo, en caso de enfermedad, licencias, vacaciones, comisiones fuera de su adscripción u otros motivos, y C. Incidental, el que se desempeña en casos imprevistos por ausencia momentánea del titular o de quien ejerza el mando. En cualquier caso, sólo los integrantes de la institución en servicio activo podrán ejercer el mando, salvo en aquellas situaciones especiales y con licencia previstas por el artículo 112 del presente reglamento. ‘Artículo 48. En caso de ausencia temporal, impedimento, excusa u otros similares del mando titular, la orden y sucesión de mando se sujetará a las reglas siguientes: I. En ausencias del comisionado, el despacho y resolución de los asuntos correspondientes a la institución, estarán a cargo del jefe del Estado Mayor, coordinador de Inteligencia para la Prevención, coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo, coordinador de Seguridad Regional, y del coordinador de Administración y Servicios, en el orden mencionado; ...’. Como se advierte del artículo 47, fracciones I y II, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, el mando se ejerce por el titular en ejercicio del nombramiento oficial expedido por la autoridad correspondiente; y de forma circunstancial, es decir, de manera interina, accidental o incidental. En el primer caso, la persona que ejerce el interinato es designada con ese carácter por la superioridad correspondiente hasta en tanto sea nombrado el titular; mientras que las dos últimas se desempeñan por ausencia temporal o momentánea del titular. Por su parte, el artículo 48, fracción I, del mismo cuerpo reglamentario, establece que las ausencias del comisionado, esto es, en el mando accidental o incidental, el despacho y resolución de los asuntos estará a cargo de los funcionarios públicos señalados en el orden siguiente: a) jefe del Estado Mayor; b) coordinador de Inteligencia para la Prevención; c) coordinador de las Fuerzas Federales de Apoyo; d) coordinador de Seguridad Regional; y e) coordinador de Administración y Servicios. En consecuencia, la hipótesis prevista en el artículo 47, fracción II, inciso A, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, nada tiene que ver con el supuesto reglamentario establecido en el artículo 48, fracción I, del reglamento aludido, en tanto que la primera disposición se refiere al mando interino, en relación al cual no existe titular en la dependencia de que se trate y por esa razón, se designa de manera provisional a una persona para ejercer el mando en tanto sea nombrado el titular; mientras que el segundo numeral regula exclusivamente las ausencias temporales o momentáneas de la persona que ejerce de manera titular el cargo, es decir, en el último caso existe un titular y en el primero no; de ahí que al no ser reglas que regulen situaciones iguales, como lo afirman los ocursantes, no pueden interpretarse sistemáticamente; por tanto, también en este aspecto asiste razón a los inconformes. Por otro lado y como bien lo sostienen los recurrentes, el Juez Federal se pronunció sobre la competencia de origen del encargado del despacho del comisionado de la Policía Federal Preventiva, autoridad emisora del acto reclamado, consistente en el oficio PFP/0699/2007, de veinte de junio de dos mil siete. Efectivamente, en la sentencia impugnada se concluyó, entre otras cuestiones, que de ese documento no se advertía el acuerdo o decreto que otorgara a ese servidor público legitimación para actuar de la forma en que lo hizo, ya que conforme al artículo 47, fracción II, inciso A, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, el mando podía ejercerse interinamente, cuando se otorgaba por la autoridad correspondiente, hasta en tanto fuera nombrado el comisionado de la corporación; aspectos que no se habían justificado en el acto reclamado de que se trata. En esas condiciones, asiste razón a los recurrentes al estimar que la Juez Federal se pronunció sobre una cuestión ajena al artículo 16 de la Constitución General, cuyo estudio no puede realizarse en el juicio de amparo, de conformidad a la tesis P. XLVIII/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de dos mil cinco, Novena Época, del texto siguiente: ‘SERVIDORES PÚBLICOS. NO PUEDEN, VÁLIDAMENTE, CONOCER DE SU LEGITIMIDAD LOS TRIBUNALES DE AMPARO NI LOS ORDINARIOS DE JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA.’ (la transcribe). Finalmente, cabe destacar que conforme al artículo 11, fracción XIX, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva, el comisionado de esa corporación está facultado para nombrar y remover a los servidores públicos de la institución, por lo que si en el oficio impugnado fue invocada esa disposición, puede inferirse que la autoridad emisora fundó correctamente su actuación. Para una mejor comprensión de la conclusión, se reproduce la norma reglamentaria aludida, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 11. La institución estará a cargo de un comisionado, quien será nombrado por el presidente de la República y tendrá las atribuciones, facultades y obligaciones que le señalan los artículos 4o. y 6o. de la ley, así como las siguientes: I. Dictar las medidas tendientes a garantizar la prevención, el mantenimiento y el restablecimiento del orden y la seguridad pública; ... XIX. Nombrar y remover a los servidores públicos de la institución, en términos de la ley, el presente reglamento, el Manual de Normas del Servicio Civil de Carrera Policial y demás disposiciones aplicables. En ese estado de cosas, válidamente puede arribarse a la conclusión de que la decisión adoptada por el Juez Federal fue incorrecta, de tal suerte que con fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se examinan los argumentos expresados en la demanda de garantías cuyo estudio fue omitido. El quejoso afirma en parte del único concepto de violación propuesto al Juez Federal, que en el oficio PFP/06/99/2007, (sic) fue ordenada la conclusión del cargo que venía desempeñando como director de Área en la Dirección General de Asuntos Internos de la Coordinación de la Unidad de Desarrollo de la Policía Federal Preventiva, sin haberle respetado la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Es fundado el argumento sintetizado en párrafo precedente, atento a los motivos siguientes: Debe recordarse que en el juicio de garantías se impugnaron dos actos, uno de ellos consistente en el oficio PFP/06/99/2007, (sic) en el cual fue ordenada la conclusión del cargo que venía desempeñado el quejoso como director de Área en la Dirección General de Asuntos Internos de la Coordinación de la Unidad de Desarrollo de la Policía Federal Preventiva, cuyo texto se reproduce a continuación: ‘Policía Federal Preventiva. Oficina del C. Comisionado. Oficio Núm: PFP/0699/2007. Asunto: El que se indica. México, D.F., a 20 de junio de 2007. Inspector. Vicente Manuel Villegas Reachi. Presente. Por necesidades del servicio y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2o., 6o., fracción IV y 7 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, así como lo previsto en el artículo 11, fracciones I y XIX del reglamento de esta institución, a fin de cumplimentar las atribuciones primordiales de este órgano desconcentrado, tales como salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como de reforzar las operaciones y actividades, se le comunica lo siguiente: Con fecha 21 de junio de 2007 concluye el cargo que venía desempeñando como director de Área en la Dirección General de Asuntos Internos de la Coordinación de la Unidad de Desarrollo de la Policía Federal Preventiva, debiendo presentar en la sección primera del Estado Mayor, el día 22 de junio de 2007, en punto de las 09:00 horas, a fin de recibir instrucciones. En razón de lo anterior, se le exhorta para que en las actividades que se le encomienden, se conduzca invariablemente con sujeción a los lineamientos, principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez que corresponden a su grado de Inspector, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, así como 132, 133, 134 y 135 del Reglamento Institucional. Atentamente. Sufragio efectivo no reelección. (Firma ilegible). Comisario general. Facundo Rosas Rosas. Encargado del despacho del C. Comisionado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, fracción II, inciso A, del Reglamento de la Policía Federal Preventiva.’. Del oficio reproducido, se desprende que al quejoso se le comunicó la conclusión del encargo que desempeñaba, de ahí que la afectación sufrida consistió en la disminución, menoscabo o supresión definitiva de los derechos inherentes a dicho cargo, esto es, la determinación no restringió de manera provisional o prevent

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20868-7f2dad68/policia-federal-preventiva-sus-agentes-tienen-interes-juridico · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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