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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL. LOS DELEGADOS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20246
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 1023.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafo octavo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, de veintiuno de junio del año dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formula el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien está legitimado en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para denunciar la contradicción de tesis, por pertenecer a uno de los tribunales que intervino en la emisión de una de las resoluciones, cuyo criterio se denuncia como contradictorio.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes algunos antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.

Para ello es necesario advertir que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente semejantes.

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver en sesión de fecha doce de enero de dos mil siete, por unanimidad de votos el recurso de revisión fiscal número 128/2006, determinó:

"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 104, fracción I-B, de la Constitución General de la República, en relación con el 248 del Código Fiscal Federal y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 57/2006 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil seis, pues se impugna una sentencia definitiva dictada en materia administrativa por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad número 511/03-10-01-6, la cual reside en el ámbito territorial donde este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. El delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Guanajuato se encuentra legitimado para interponer este recurso de revisión fiscal, con fundamento en los artículos 17, 18, 26 y 26 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1o., 2o., fracción XXXI, inciso c), 3o., 18, 19, 40, 41, 42, 118, fracciones I, XXXII y XXXIII, 119, 132, fracciones III y IV, 138 y 139 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de enero de dos mil tres, así como en los artículos primero y segundo del acuerdo emitido por el procurador federal de Protección al Ambiente, por el que se delega a favor de los delegados en las entidades federativas y en la zona metropolitana del Valle de México, la facultad del titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para representar legalmente a las delegaciones que tienen a su cargo, en los procedimientos jurisdiccionales administrativos y judiciales en que sean parte o se requiera su intervención, ejercitando todas las acciones inherentes al caso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil cuatro, al ser la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la autoridad demandada en el juicio de nulidad. Sin que sea obstáculo lo argumentado por la parte actora en sus alegatos en el sentido de que el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Guanajuato, carece de legitimación para interponer el recurso de revisión en términos del artículo 248 del Código Fiscal federal. Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal prevén lo siguiente: ‘Artículo 14. Al frente de cada secretaría habrá un secretario de Estado, quien para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. En los juicios de amparo, el presidente de la República podrá ser representado por el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de competencias. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los secretarios de Estado serán resueltos dentro del ámbito de su secretaría en los términos de los ordenamientos legales aplicables.’. ‘Artículo 15. Al frente de cada departamento administrativo habrá un jefe de departamento, quien se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones, por secretarios generales, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de oficina, sección y mesa, conforme al reglamento interior respectivo, así como por los demás funcionarios que establezcan otras disposiciones legales aplicables. Para los departamentos administrativos, regirá lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior.’. ‘Artículo 16. Corresponde originalmente a los titulares de las secretarías de Estado y departamentos administrativos el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se refieren los artículos 14 y 15, cualesquiera de sus facultades, excepto aquellas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. En los casos en que la delegación de facultades recaiga en jefes de oficina, de sección y de mesa de las secretarías de Estado y departamentos administrativos, aquéllos conservarán su calidad de trabajadores de base en los términos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los propios titulares de las secretarías de Estado y departamentos administrativos también podrán adscribir orgánicamente las unidades administrativas establecidas en el reglamento interior respectivo, a las subsecretarías, oficialía mayor, y a las otras unidades de nivel administrativo equivalente que se precisen en el mismo reglamento interior. Los acuerdos por los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.’. De los anteriores numerales se desprende que los titulares de las secretarías están facultados para delegar mediante acuerdos, sus atribuciones, excepto aquellas que por disposición de la ley o de su reglamento interior deban ser ejercidas precisamente por dichos titulares. Dentro de las facultades que sí se pueden delegar, se encuentran las de representar legalmente a esa dependencia acorde con el contenido del artículo 16 transcrito, aspecto que trasciende a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues según su reglamento interior, las facultades de representar a dicha secretaría no son de aquellas reservadas para que las ejerza por sí su titular, lo que guarda congruencia con la representación legal de los órganos desconcentrados de esta secretaría, pues tampoco están impedidos para delegar esa representación. En efecto, en términos del artículo 2o., fracción XXXI, inciso c), del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente es un órgano desconcentrado de dicha secretaría. El procurador federal de Protección al Ambiente es el representante legal de ese órgano desconcentrado de conformidad con el artículo 41 del propio reglamento, que es del tenor siguiente: ‘Artículo 41. Los órganos desconcentrados estarán a cargo de un titular, cuya denominación se precisa en cada caso y los que tendrán las facultades genéricas que se señalan en los artículos 19 y 42 de este reglamento, así como las que se le confieran en otras disposiciones legales. Los titulares serán los representantes legales del desconcentrado de que se trate, con facultades para celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que se requieran para el ejercicio de las atribuciones del órgano respectivo, así como para establecer la debida coordinación con las unidades administrativas de la secretaría y del sector, en la ejecución de sus programas y acciones. Los titulares de los órganos desconcentrados serán nombrados y removidos por el secretario, con excepción del (sic) de la Comisión Nacional del Agua, quien se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Aguas Nacionales.’. Por su parte, el artículo 118 de ese mismo ordenamiento, prevé: ‘Artículo 118. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente estará a cargo de un procurador y tendrá las facultades siguientes: I. Vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, así como a la preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos, la zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal, y establecer políticas y lineamientos administrativos para tal efecto; II. Recibir, investigar y atender o, en su caso, determinar y canalizar ante las autoridades competentes, las denuncias por incumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a los recursos, bienes, materias y ecosistemas, a las que hace referencia la fracción anterior; III. Salvaguardar los intereses de la población y fomentar su participación en el estímulo y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas ambientales, así como brindarle asesoría en asuntos de protección y defensa del ambiente, la vida silvestre y los recursos naturales competencia de la secretaría; IV. Coordinar el control de la aplicación de la normatividad ambiental con otras autoridades federales, así como de las entidades federativas, municipales, del Distrito Federal y delegacionales que lo soliciten; V. Emitir resoluciones derivadas de los procedimientos administrativos en el ámbito de su competencia; VI. Determinar y expedir las recomendaciones a las autoridades competentes para la debida aplicación de la normatividad ambiental y dar seguimiento a dichas recomendaciones; VII. Promover y procurar, cuando proceda, la conciliación de intereses entre particulares y en sus relaciones con las autoridades, en asuntos derivados del ejercicio de las disposiciones jurídicas aplicables en las materias competencia de la secretaría; VIII. Ejercer las atribuciones de la secretaría en materia de auditorías y peritajes ambientales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; IX. Asegurar la atención a las solicitudes de las autoridades competentes o de los particulares, respecto de la formulación de dictámenes técnicos de daños o perjuicios ocasionados por infracciones a la normatividad ambiental; X. Determinar e imponer las medidas técnicas correctivas y de seguridad, así como las sanciones que sean de su competencia en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; XI. Investigar y determinar las infracciones a la normatividad ambiental y, en su caso, hacerlas del conocimiento de las autoridades correspondientes cuando no sean de su competencia; XII. Denunciar ante el Ministerio Público Federal los actos, hechos u omisiones que impliquen la probable comisión de delitos contra el ambiente; XIII. Coordinar la atención de contingencias y emergencias ambientales o que afecten los recursos naturales, así como la participación de las demás autoridades federales, entidades federativas, municipales, del Distrito Federal y delegacionales, cuando así proceda en el ejercicio de sus atribuciones; XIV. Participar, en coordinación con las autoridades competentes, en la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas, estudios, programas y proyectos para la protección, defensa y restauración del medio ambiente y los recursos naturales; XV. Canalizar a través del órgano de control interno, las irregularidades en que incurran servidores públicos federales en ejercicio de sus funciones en contra del medio ambiente o los recursos naturales, para que intervenga en términos de las disposiciones jurídicas aplicables o en su defecto remita el asunto ante la autoridad que resulte competente; XVI. Coordinar, con las autoridades federales, entidades federativas, municipales y delegacionales, la atención de las quejas que se presenten por irregularidades en que incurran servidores públicos locales en contra del ambiente o los recursos naturales, para que se proceda conforme a la legislación aplicable; XVII. Sustanciar y resolver los recursos administrativos que le competan; XVIII. Iniciar, en el ámbito de sus atribuciones, las acciones que procedan, ante las autoridades jurisdiccionales competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a la legislación administrativa o penal; XIX. Resolver sobre las solicitudes de reconsideración y conmutación de multas, en los términos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables; XX. Resolver las solicitudes de certificación de la legal procedencia para el traslado de ejemplares, partes y derivados de mamíferos y quelonios marinos, así como de especies acuáticas en riesgo; XXI. Asegurar el cumplimiento de las restricciones no arancelarias en las materias competencia de la secretaría, así como emitir el registro de verificación correspondiente; XXII. Llevar a cabo las actividades de difusión, comunicación, prensa y relaciones públicas que le correspondan, de conformidad con las políticas de comunicación social de la secretaría; XXIII. Determinar y participar en las acciones en materia de asuntos internacionales relacionados con su competencia, en coordinación con la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales; XXIV. Acceder a la información contenida en los registros y bases de datos de las unidades administrativas de la secretaría, a efecto de investigar y detectar posibles infracciones a la normatividad ambiental; XXV. Administrar, recopilar y sistematizar y, en su caso, publicar la información derivada del ejercicio de sus atribuciones; XXVI. Expedir reconocimientos y, en su caso, certificaciones, a las personas físicas o morales que cumplan con las disposiciones jurídicas ambientales y las que vayan mas allá de ese cumplimiento, así como dar seguimiento posterior a la certificación otorgada por la procuraduría; XXVII. Coordinar y concertar la ejecución de instrumentos económicos y financieros que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, en el ámbito de su competencia; XXVIII. Recibir, investigar y atender, en forma coordinada con las autoridades competentes, los casos relacionados con las posibles infracciones derivadas de los informes de los observadores a que se refiere el anexo II del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines. Sustanciar el procedimiento de inspección y vigilancia correspondiente; XXIX. Establecer lineamientos y criterios, así como proponer al secretario, las políticas, programas y proyectos de orden técnico en el ámbito de su competencia; XXX. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los procesos estratégicos de planeación, programación y presupuestación; XXXI. Programar, dirigir, coordinar y evaluar las labores de las unidades administrativas a su cargo, y establecer mecanismos de integración e interrelación que propicien el óptimo desarrollo de sus responsabilidades; XXXII. Delegar facultades a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, mediante acuerdo expreso que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación; XXXIII. Ejercer, cuando así lo amerite el caso, las facultades que les han sido atribuidas a los subprocuradores, directores generales y delegados; XXXIV. Diseñar y operar, con la participación y coordinación de los sectores público, privado y social, instrumentos económico-jurídicos para la captación de recursos financieros y materiales; XXXV. Celebrar los actos jurídicos, convenios y contratos que se requieran para el ejercicio de sus atribuciones; XXXVI. Aprobar y supervisar la operación de las unidades de verificación acreditadas y organismos de certificación, acreditados en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, previa opinión de la Dirección General del Centro Nacional de Investigación y Capacitación Ambiental del Instituto Nacional de Ecología; XXXVII. Aprobar y supervisar la operación de los laboratorios de prueba, acreditados en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; XXXVIII. Designar encargados de despacho en las delegaciones, quienes tendrán las mismas facultades que los delegados; XXXIX. Instrumentar los programas de capacitación, actualización y profesionalización del personal de la procuraduría; XL. Instrumentar el proceso de modernización de los sistemas y equipos informáticos, y participar en la determinación de las políticas y lineamientos de los mismos; XLI. Designar al coordinador o responsable de los operativos en materia ambiental, que se realicen en el territorio nacional, en donde se encuentren involucradas una o más de las unidades administrativas o delegaciones de la procuraduría; XLII. Crear órganos y grupos de trabajo de consulta y asesoría para la más eficaz atención de los asuntos de su competencia; XLIII. Vigilar el cumplimiento de las acciones que se lleven a cabo respecto de los programas relativos a las declaratorias de zonas de restauración, en áreas que presenten procesos de degradación, desertificación o graves desequilibrios ecológicos; XLIV. Aplicar las políticas y disposiciones emitidas en materia de transparencia y acceso a la información; XLV. Asegurar el adecuado funcionamiento de los archivos y guías de los sistemas de clasificación y catalogación de éstos, y proveer lo necesario para la elaboración del índice de los expedientes clasificados como reservados en el tiempo y términos señalados en materia de transparencia y acceso a la información; XLVI. Participar en las reuniones del Panel Internacional de Revisión que opera al amparo del Decreto Promulgatorio del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines; XLVII. Determinar la circunscripción territorial y sede de las delegaciones de la procuraduría en las entidades federativas, para el buen funcionamiento de las actividades que corresponden a las mismas, mediante acuerdo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación; XLVIII. Cumplir con las acciones que se deriven en materia de asuntos internacionales relacionados con la competencia de la procuraduría, en coordinación con la unidad administrativa correspondiente de la secretaría, y XLIX. Las demás que le confieran las disposiciones jurídicas aplicables para el cumplimiento de sus atribuciones, así como las que deriven de las instrucciones emanadas por el secretario del ramo. Las facultades anteriores serán ejercidas a través de las unidades administrativas de la procuraduría, sin perjuicio de su ejercicio directo por parte de su titular.’. De donde se advierte que el procurador, como titular del órgano desconcentrado, se encuentra facultado plenamente para delegar facultades a sus subalternos a través de acuerdos generales, sin perjuicio de efectuarlas directamente, entre las que se encuentra la representación legal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, incluso ejercer las que le han sido atribuidas a los subprocuradores, directores generales y delegados. Entre sus subalternos se ubican la Subprocuraduría Jurídica, la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, y las delegaciones de la procuraduría en las entidades federativas, según lo dispuesto por el artículo 119 del multimencionado reglamento. Tal atribución delegatoria es acorde con el contenido del artículo 138 del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual es del siguiente tenor: ‘Artículo 138. Al frente de cada una de las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente habrá un delegado, quien será auxiliado por los subdelegados, subdirectores, jefes de departamento, inspectores y demás personal necesario para el desempeño de sus atribuciones que autorice el presupuesto respectivo. Los delegados tendrán la representación para desempeñar las actividades derivadas de la competencia de la procuraduría en su respectiva circunscripción territorial, la cual será determinada mediante acuerdo del procurador que se publicará en el Diario Oficial de la Federación. Corresponde a los delegados, en el ámbito de las atribuciones de la procuraduría, ejercer las facultades establecidas en el artículo 19 de este reglamento.’. Luego, si el procurador tiene facultades para expedir acuerdos mediante los cuales delegue algunas de las facultades que le son conferidas para el mejor despacho de los asuntos, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la procuraduría, y en uso de tal prerrogativa expidió el acuerdo por el que faculta a los delegados en las entidades federativas y en la zona metropolitana del Valle de México, para representar legalmente a las delegaciones que tienen a su cargo en los procedimientos jurisdiccionales administrativos y judiciales en que sean parte o se requiera su intervención, ejerciendo todas las acciones inherentes al caso, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil cuatro, se estima que no existe impedimento legal para que en términos del artículo 248 del Código Fiscal de la Federación, interponga el medio de impugnación que ahí se contiene. Si bien el artículo 248 del código tributario, prevé que las resoluciones de las Salas Regionales, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, ello no implica que el titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no se encuentre en posibilidad de encargar la defensa jurídica de la dependencia a determinada delegación o a otra u otras dependencias, pues como ya se dijo, esa facultad no es de aquellas que esté reservada para que se ejerza a través de su propio titular, y no es factible efectuar una interpretación restrictiva a ese dispositivo, en el sentido de que sea una sola dependencia la encargada de la defensa jurídica, pues ello atentaría contra el adecuado despacho de la administración pública federal, que es precisamente una de las finalidades de crear delegaciones en las entidades federativas, al tratar de evitarse una centralización de funciones que entorpezcan su apropiado desempeño. No pasa inadvertido que en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de enero de dos mil tres, no hay disposición expresa que autorice a los delegados para que por sí o en representación del procurador acudan ante las autoridades jurisdiccionales a hacer valer los diversos medios de defensa en los juicios en los que se cuestione la legalidad de sus actos, así como que dicha actividad la puede desarrollar la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio, sin embargo, precisamente por no existir esa facultad expresamente a favor de las delegaciones de la procuraduría es que surge la necesidad por parte del procurador de emitir un acuerdo mediante el cual la otorga a un órgano que inicialmente no la tiene. Además, debe destacarse que según se advierte de la lectura de la fracción III del artículo 132 del Reglamento Interior de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la representación jurídica tanto del procurador como de las unidades administrativas de esa procuraduría, no es de manera inmediata o directa, sino que para surtir efectos legales se requiere la existencia de un acuerdo con el subprocurador jurídico -que también es subalterno del procurador-, lo cual corrobora que dicha facultad puede ser ejercida por la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio o por cualquier otra que designe el procurador mediante acuerdos generales. Precepto que es del siguiente contenido. ‘Artículo 132. La Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio tendrá las siguientes atribuciones: ... III. Representar legalmente al procurador y a las unidades administrativas de la procuraduría, previo acuerdo con el subprocurador jurídico, en los procedimientos judiciales y administrativos en que se requiera su intervención, ejercitando todas las acciones inherentes; ... .’. Por ende, se considera suficiente el acuerdo delegatorio de referencia, para que la autoridad ahora recurrente, interponga el recurso de revisión fiscal de que se trata, en términos de lo previsto en el artículo 248 del Código Fiscal de la Federación. Por lo anterior, es que no se comparte el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que cita el actor en el escrito de alegatos, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, página 1036, tesis XXI.3o. J/10, del tenor siguiente: ‘REVISIÓN FISCAL. LOS DELEGADOS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERPONER ESE RECURSO, INCLUSO, ANTE LA EXISTENCIA DE UN ACUERDO ADMINISTRATIVO DELEGATORIO DE FACULTADES. El artículo 248 del Código Fiscal de la Federación establece que las resoluciones de las Salas Regionales que decreten o nieguen sobreseimientos, así como las sentencias definitivas, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, instando el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva. De lo anterior se desprende que los titulares de las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en las entidades federativas, así como en la zona metropolitana del Valle de México, carecen de legitimación para interponer el recurso citado, porque de conformidad con el numeral 132, fracciones III y V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la unidad encargada de la defensa jurídica del procurador y de las unidades administrativas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es la Dirección General de Delitos Federales contra el Ambiente y Litigio de la dependencia de mérito. Ello es así, pues aun cuando el procurador federal de Protección al Ambiente transmitió a favor de los delegados, en las distintas entidades de la República, la facultad a que se refiere el artículo primero, inciso 1, del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de junio de dos mil cuatro, en los siguientes términos: «... contestar las demandas en los juicios contenciosos administrativos cuando se impugnen directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las resoluciones administrativas emitidas por las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en las entidades federativas y en la zona metropolitana del Valle de México; interponer todos y cada uno de los recursos que procedan en dicho juicio; formular alegatos; ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas y realizar cualquier otro acto en el juicio contencioso administrativo que resulte necesario para la defensa de los intereses de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en su respectiva circunscripción territorial»; resulta que, el órgano facultado para interponer los recursos y medios de impugnación en los juicios en que dicha secretaría sea parte, es su unidad de asuntos jurídicos, acorde con la regla específica del artículo 248 antes invocado. Por tanto, una acción de delegación de facultades contenida en el acuerdo que antecede, no puede llevar a la derogación de un acto legislativo, porque su esencia es eminenteme

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20246-2330363e/revision-fiscal-los-delegados-de-la-procuraduria-federal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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