SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 172/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicción de tesis de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, en virtud de que se trata de un asunto en materia laboral, especialidad de esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formula el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien está legitimado, para denunciar la posible contradicción de tesis, del cual derivó uno de los criterios cuya posible contradicción se denuncia, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que expresamente dispone:
"Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que lo integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. ..."
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes algunos antecedentes que derivan de los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como las consideraciones que se expusieron para su emisión.
Para ello es necesario advertir, que la contradicción de tesis se presenta cuando los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos jurídicos que generan la denuncia, examinan cuestiones jurídicamente iguales, adoptando posiciones o criterios jurídicos discrepantes y que, además, la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; requiriéndose asimismo que los criterios provengan del examen de elementos esencialmente semejantes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja laboral número 29/2006, promovida por la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de Guanajuato, por conducto de su apoderado legal Lázaro Ramírez Téllez, resuelto en sesión de fecha cuatro de mayo de dos mil seis, por unanimidad de votos sostuvo:
"QUINTO. Los agravios son esencialmente fundados. Para analizar los motivos de disenso es pertinente precisar que el acuerdo recurrido resuelve tres aspectos relacionados con la suspensión del laudo reclamado. a) En una parte se concede la suspensión por lo que respecta a lo que la Junta consideró ‘condena económica’ que representa el monto líquido y por cuantificar referente a salarios caídos, prima vacacional y aguinaldo. Al otorgar esta suspensión no fijó fianza por tratarse la quejosa de una dependencia pública. b) En otra parte indicó que no podía suspenderse la decisión de absolver a la parte demandada de las prestaciones reclamadas por Héctor Álvarez Villalobos, porque esa medida cautelar no procede ante laudos absolutorios al carecer de un principio de ejecución. c) Finalmente, en una última parte negó la suspensión del laudo en relación con la condena a reinstalar al trabajador en su empleo, porque indicó que el artículo 174 de la Ley de Amparo señala que la suspensión del acto no puede poner en riesgo la subsistencia del trabajador y este efecto ocurriría si no se le permite reincorporarse a la fuente de trabajo. En el presente recurso sólo se discute la legalidad de esta última decisión, por lo que este órgano colegiado no analizará lo referente a los primeros dos puntos, porque el recurrente es la parte patronal caso en el cual la litis se circunscribirá al estudio de los conceptos de violación sin posibilidad de, en su caso, suplir la deficiencia de la queja. En la primera parte de los agravios en esencia se sostiene que el artículo 174 antes indicado ciertamente prohíbe que la suspensión de los laudos favorables al trabajador pongan en riesgo su subsistencia, pero, se agrega, de ningún modo impide que se suspenda la orden de reinstalarlo en su empleo, porque el tribunal del conocimiento también puede asegurar esa subsistencia mediante una percepción económica que reciba el trabajador en tanto se resuelva el juicio de amparo. Además agrega que de ‘consumarse’ la reinstalación causaría graves perjuicios a la dependencia pública y al servicio que presta por la ‘gravedad’ de la falta en la que incurrió el trabajador cesado y que es precisamente lo que pretende evitarse con la suspensión del laudo. Las anteriores consideraciones son esencialmente fundadas. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2000, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, ambos del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 21/2001, consultable en la página 293, Tomo XIII, junio de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN AMPARO EN MATERIA LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO QUE SEA NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR DURANTE LA TRAMITACIÓN DE CADA UNO DE LOS JUICIOS DE GARANTÍAS PROMOVIDOS POR EL PATRÓN EN CONTRA DE LAUDOS SUCESIVOS QUE BENEFICIAN A AQUÉL.’, analizó la naturaleza jurídica de la suspensión que se otorga en los laudos que favorecen al trabajador cuando éste reclama el despido injustificado de que fue objeto; consideraciones que vertió ese Alto Tribunal en la ejecutoria publicada en la página 653, Tomo XIV, julio de 2001, Novena Época del mencionado medio de difusión oficial, que son ilustrativas para resolver el presente recurso. En esa resolución la indicada Segunda Sala mencionó que la supervivencia del trabajador durante la tramitación de un juicio de garantías promovido en contra de un laudo condenatorio, se asegura con la entrega de la cantidad en numerario que el presidente del tribunal de trabajo responsable estimó necesaria para tal efecto, o bien, mediante la ejecución del laudo por dicho monto, mas no así mediante el otorgamiento de una ‘garantía’. Esa conclusión la obtuvo al realizar una interpretación causal y teleológica de las normas constitucionales y legales que regulan la institución de la suspensión del acto reclamado en amparo directo, concretamente, en lo que se refiere a los laudos que benefician a la parte obrera, pues del contenido de los artículos 107, fracciones X y XI, de la Constitución General de la República y 173 y 174 de la Ley de Amparo, desprendió que tratándose del juicio de amparo directo promovido en contra de un laudo, es el presidente del órgano resolutor, en su carácter de autoridad responsable, quien debe resolver sobre la suspensión de la ejecución del laudo reclamado en los casos y mediante las condiciones y garantías que determine la ley, pronunciándose primero sobre su procedencia y, después, sobre las medidas necesarias para que ésta surta efectos. Agregó que cuando el acto reclamado constituye un laudo que condena al patrón al pago de determinadas prestaciones, la suspensión de su ejecución se encuentra sujeta a lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 173 y 174 de la Ley de Amparo antes mencionados y que el análisis del último numeral citado lleva a concluir que la suspensión de los laudos favorables a los trabajadores, dados los valores que con ello podrían afectarse se rige tanto por principios específicos como por principios generales aplicables a la suspensión del acto reclamado que por su interdependencia conforman un sistema propio del amparo en materia de trabajo. El indicado Alto Tribunal precisó que los principios específicos de la suspensión del acto reclamado en materia laboral, atienden a la naturaleza del mismo y a los efectos individuales y sociales que con ella se pueden provocar, de ahí que, indicó, el legislador haya establecido un mecanismo especial para la suspensión de la ejecución de un laudo que beneficia a la parte obrera, el cual data de la expedición de la actual Ley de Amparo, promulgada el treinta de diciembre de mil novecientos treinta y cinco y publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación. Para justificarlo transcribió la parte relevante de la exposición de motivos relacionada con este aspecto, que es del contenido siguiente: ‘... Pero no obstante que se instituya el amparo directo contra esos laudos, la resolución de los conflictos de trabajo se vería gravemente estorbada si, llevando la equiparación al máximo, no establecieran reglas adecuadas para conceder la suspensión y se adoptara estrechamente el sistema de las fracciones V y VI del propio artículo 107 constitucional, dado que ello resultaría antitético contra el carácter que distingue el llamado derecho industrial, cuya materia no es en modo alguno estrictamente privada y patrimonial, sino que afecta cuestiones que tienen el más alto interés para la colectividad, y por ello la ejecución de las resoluciones dada a los conflictos o diferencias de trabajo no puede quedar sujeta a las mismas reglas, por lo demás también diferentes entre sí, que la ejecución de las sentencias de carácter penal o civil en materia de suspensión del acto reclamado. Por eso, la reglamentación de la suspensión fue motivo en el proyecto de Ley de Amparo de un cuidadoso estudio, efectuado con el propósito de construir un sistema que evitara, por una parte, los graves perjuicios que la suspensión podría ocasionar a la familia obrera, poniéndola en trance de no poder subsistir mientras el juicio de amparo fuese en definitiva resuelto y, por la otra parte, las repercusiones que en perjuicio del interés de la colectividad pudiera engendrar tal situación, aparte de los perjuicios que directamente le ocasionase el hecho de concederse o negarse la suspensión, aun cuando con ella no se causaran ningunos (sic) graves a los trabajadores o a sus dependientes económicos. Y así, el sistema quedó concretado en las prevenciones de los artículos 174 y 175 que aquí se reproducen textualmente:’. De lo anterior, destacó la indicada Segunda Sala, se advierte que al establecer el mecanismo y los requisitos para el otorgamiento de la suspensión de un laudo que beneficia a la parte obrera, el legislador estimó que la ejecución de las resoluciones de los conflictos de trabajo, no debía regirse por las reglas generales previstas para tal medida cautelar, toda vez que el llamado derecho laboral afecta cuestiones que tienen el más alto interés para la colectividad y, por tanto, era necesario construir un sistema que evitara ‘los graves perjuicios que la suspensión podría ocasionar a la familia obrera, poniéndola en trance de no poder subsistir mientras dura el juicio de amparo.’. En razón de lo anterior, agregó, en el artículo 174 de la Ley de Amparo se estableció que dicha medida cautelar es procedente únicamente respecto del monto que, a juicio del presidente del tribunal de trabajo responsable, excede de lo necesario para la supervivencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de garantías de que se trata, con lo que se deja a criterio de tal autoridad la apreciación de eventualidades o contingencias que el legislador no puede saber de antemano, pero que son necesarias para decidir de manera justa y razonable sobre la suspensión del acto reclamado. De las consideraciones antes destacadas, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis antes indicada se aprecia que la suspensión de un laudo condenatorio que beneficia a la parte trabajadora se rige por reglas generales que son propias de esa medida cautelar y además por reglas especiales a la materia laboral. Entre esas reglas especiales destaca que la suspensión del laudo para distintas prestaciones no se otorga mediante una ‘garantía’, sino que el tribunal responsable debe asegurar la subsistencia del trabajador en tanto dure la tramitación del juicio de amparo con la entrega de la cantidad en numerario que el presidente del tribunal de trabajo responsable estimó necesaria para tal efecto o con la ejecución misma del laudo durante ese mismo lapso. Por lo anterior, es patente que, como lo destacó el tribunal del conocimiento, la inmediata reinstalación del trabajador en su empleo constituye una medida que desde luego asegura su subsistencia, porque al continuar la relación laboral percibirá los salarios que conlleva el desarrollo de su empleo. Precisamente lo anterior representa una de las razones por las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que en contra de la condena a reinstalar a un trabajador no procede la suspensión, como se advierte en la tesis aislada de la entonces Cuarta Sala de ese Alto Tribunal que puede consultarse en la página 208, Volumen XIII, Quinta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del contenido siguiente: ‘SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. El único medio de asegurar la subsistencia de los trabajadores mientras se resuelve el amparo, cuando se trata de reinstalación de aquéllos, es el de que vuelvan a ocupar el puesto de que fueron despedidos, por lo que no procede la suspensión de un laudo que así lo ordene.’. Además se han dado otras razones para estimar improcedente la suspensión de la orden a reinstalar un trabajador, como se advierte del contenido de la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 406, Tomo V, Materia Laboral, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: ‘REINSTALACIÓN DEL TRABAJADOR, SUSPENSIÓN CONTRA LA. Contra el laudo de las Juntas que condene a reinstalar a los obreros en su trabajo, no procede conceder la suspensión, porque la ejecución del acto no causa al patrono daños y perjuicios difíciles de reparar, puesto que si bien es poco probable que pueda recobrar los salarios que pague a los obreros, en cambio aquéllos quedan compensados por los trabajos personales que los mismos obreros presten.’. También es ilustrativa la tesis aislada de la anterior Cuarta Sala del indicado Alto Tribunal, publicada en la página 2311, Tomo XLIV, Quinta Época del citado Semanario que dice: ‘TRABAJADORES, REINSTALACIÓN DE LOS. Es improcedente la suspensión contra el laudo de una Junta que condena a la reinstalación de un trabajador en su puesto, ya que la sociedad y el Estado tienen interés en que las resoluciones de los tribunales del trabajo, condenando a un patrono a reinstalar a un obrero sean cumplidas a la mayor brevedad posible.’. Entonces, la negativa de conceder la suspensión de la condena a reinstalar al trabajador en su empleo se ha sustentado al menos en tres razones: 1. Porque es el único medio para garantizar su subsistencia, 2. Porque la parte patronal no sufre perjuicios con esa medida porque si bien no podrá recuperar los salarios pagados en caso de que el juicio de garantías le sea favorable, de todos modos se benefició con los servicios personales que le prestó el trabajador, y 3. Porque la sociedad tiene interés en que se ejecute un laudo condenatorio. Desde luego que todos estos criterios son aplicables cuando el trabajador que debe ser reinstalado pertenece a lo que se ha denominado ‘clase obrera’; esto es, cuando se trata de una persona cuya relación laboral se rige por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal porque es empleado de la iniciativa privada. Empero, la suspensión de los laudos condenatorios que ordenan reinstalar a un servidor público, como lo es Mario Salgado Urióstegui al desempeñarse como maestro de enseñanza secundaria frente a grupo, en la escuela secundaria ‘Doctor José María Luis Mora’ de Comonfort, Guanajuato, se rige por principios distintos. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 13/97, entre las sustentadas por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil y de Trabajo del Segundo Circuito detalló los antecedentes históricos del derecho burocrático, pues en la ejecutoria que aparece publicada en la página 59, Tomo VII, mayo de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, precisó que ese derecho se ha perfilado desde sus orígenes como una rama autónoma, que evoluciona a partir del derecho administrativo y tiende a alcanzar para los servidores públicos los beneficios del derecho del trabajo con las limitaciones que impone la función pública. Agregó que vigente la Constitución de mil novecientos diecisiete se realizaron variados intentos para fijar derechos protectores de la clase burocrática, que se presentaron bajo la forma de leyes del servicio civil, de efímera vigencia. Precisó que al reformarse la fracción X del artículo 73 constitucional mediante decreto publicado el seis de septiembre de mil novecientos veintinueve para federalizar la materia laboral, se omitió, no obstante, incluir a los servidores públicos. Por tanto, señaló que la Suprema Corte sostuvo entonces que no era posible amparar a los trabajadores del Estado con los derechos reconocidos por el artículo 123 constitucional porque el mismo se había creado para buscar un equilibrio entre el capital y el trabajo como factores de la producción, circunstancias que no concurren en el caso de las relaciones que median entre el poder público y los empleados que de él dependen. Entre esos antecedentes el Alto Tribunal mencionado destacó que en junio de mil novecientos veintinueve se presentó un proyecto de código federal del trabajo en cuyo artículo 30 se disponía: ‘estarán sujetos a las disposiciones de este código todos los patrones y trabajadores, inclusive el Estado’, que no prosperó; por el contrario, señaló, en el artículo 2o. de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno se prefirió excluir a los trabajadores del Estado, disponiendo que ellos regularían su relación laboral a través de leyes del servicio civil, con el fin de lograr la estabilidad y continuidad de los servicios públicos. De esta forma se limitaron sus derechos y se distinguió su situación de los trabajadores en general. Hasta mil novecientos treinta y cuatro, según la citada Segunda Sala apareció un acuerdo sobre organización y funcionamiento del servicio civil, que era una determinación reglamentaria con disposiciones de contenido laboral; se estimó contrario al régimen jurídico debido a que la Constitución reservaba esa materia a una ley. Con éstos y otros antecedentes de menor trascendencia, se precisa en la ejecutoria que se comenta, el cinco de diciembre de mil novecientos treinta y ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, que fue emulado por diversas Legislaturas Estatales. La evolución del derecho burocrático continuó y el cuatro de abril de mil novecientos cuarenta y uno fue expedido un nuevo estatuto jurídico de orden federal, enteramente igual al de mil novecientos treinta y ocho. Fue hasta el cinco de diciembre de mil novecientos sesenta que se adicionó al artículo 123 de la Constitución Federal con un apartado B que consagra los derechos de los empleados públicos al servicio de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal, con fecha veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, se expidió su ley reglamentaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, cuyo antecedente directo son los citados estatutos jurídicos de mil novecientos treinta y ocho y mil novecientos cuarenta y uno, de los que conservó la estructura y sistemática. Por lo anterior, la indicada Segunda Sala precisó que como nota característica los ordenamientos estatutarios citados surgieron con motivo de la exclusión de los empleados públicos de la reglamentación de la materia de trabajo entre particulares, como ordenamientos encargados de regular una relación de servicio que surgió del derecho administrativo y no laboral. Por lo que se trató entonces de regulaciones que se desarrollaron a partir de la recopilación de los antecedentes aislados que existían sobre el servicio público, como acuerdos presidenciales, circulares y algunos intentos de reglamentación del artículo 89, fracción II, de la Constitución Federal. La ejecutoria que se comenta dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 31/98, publicada en la página 581, del mismo tomo antes mencionado, del rubro y texto siguientes: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ORIGEN HISTÓRICO DE LOS CATÁLOGOS DE PUESTOS EN LOS ORDENAMIENTOS BUROCRÁTICOS. El derecho burocrático se perfila como rama autónoma que evoluciona a partir del administrativo y tiende a asemejarse al laboral; al excluirse a los empleados públicos de la regulación de la Ley Federal del Trabajo de mil novecientos treinta y uno, surgieron intentos de normatividad propia que cristalizaron hasta el año de mil novecientos treinta y ocho al promulgarse el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, que fue emulado por diversas Legislaciones Locales, le sucedió otro estatuto en el año de mil novecientos cuarenta y uno y hasta mil novecientos sesenta se adicionó el artículo 123 constitucional por un apartado B en que se reguló lo relativo a la relación de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal con sus servidores; en mil novecientos sesenta y tres se expidió su ley reglamentaria. Los ordenamientos estatutarios burocráticos encuentran origen en la exclusión de los empleados públicos de la reglamentación de la materia de trabajo entre particulares, como ordenamientos encargados de regular una relación de servicio que surgió del derecho administrativo y no laboral. Se trató entonces de regulaciones que se desarrollaron a partir de la recopilación de los antecedentes aislados que existían sobre el servicio público, como acuerdos presidenciales, circulares y algunos intentos de reglamentación del artículo 89 fracción II de la Constitución Federal, que establece las facultades del Ejecutivo para el libre nombramiento y remoción de los empleados públicos, cuyo nombramiento no esté determinado de otro modo en las leyes, por ello es que a diferencia del sistema de la Ley Federal del Trabajo que atiende a la naturaleza de la función desempeñada por el trabajador en cargos de inspección, vigilancia, administración y fiscalización y no a la denominación que se dé al puesto, desde el origen de la materia se ha atendido al sistema de catálogo para distinguir entre los trabajadores que cuentan con la protección del artículo 123 apartado B de la Constitución Federal y sus leyes reglamentarias a nivel federal y local y aquellos que siguen sujetos a la facultad de libre nombramiento y remoción mencionada.’. Así, por el particular sistema que originó el derecho burocrático que se inspira en principios de derecho administrativo adecuados al ámbito laboral, se entiende que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación desde la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, haya precisado que la suspensión de los laudos condenatorios que favorecen a un servidor público no se rige por las normas que son propias para los trabajadores de la iniciativa privada, pues para constatarlo basta con leer la tesis aislada de la otrora Cuarta Sala, consultable en la página 2197, Tomo LXXVII, de esa misma época, que es una muestra de los diversos criterios que se emitieron al respecto, cuyo contenido es el siguiente: ‘TRABAJADORES DEL ESTADO, NO ESTÁN EN SITUACIÓN JURÍDICA IDÉNTICA A LA DE LOS OBREROS EN GENERAL. No es de tomarse en consideración el argumento de la autoridad responsable, en el sentido de que no debió concederse la suspensión, contra el laudo que manda reinstalar al tercero perjudicado en su empleo, siguiendo los lineamientos del criterio sustentado por esta Suprema Corte en materia de suspensión, tratándose de los conflictos obrero patronales, regidos por la Ley Federal del Trabajo, pretendiendo que, por analogía, se aplique esa jurisprudencia en las relaciones del Estado con sus empleados; porque aun cuando es cierto que, en términos generales, existe una relación de trabajo entre el poder público y sus servidores, también lo es que esta relación no tiene las características de un verdadero contrato de trabajo, tal y como está previsto en nuestra ley laborista, supuesto que ésta tiende esencialmente a regular las actividades del capital y del trabajo como factores de la producción, o sea en funciones económicas; lo que no sucede tratándose del poder público y sus empleados atenta la organización política y social, porque las funciones encomendadas al Estado no persiguen ningún fin económico, sino más bien un objetivo de control para la convivencia de los componentes de la sociedad. Es por ello que no puede afirmarse que exista paridad en los fenómenos jurídicos enunciados, y por lo mismo, lógicamente no puede aceptarse que la jurisprudencia sustentada en relación con la suspensión, tratándose de verdaderos contratos de trabajo, haya de regir ese fenómeno, cuando se trata de trabajadores al servicio del Estado.’. Criterio que finalmente se reflejó en la tesis de jurisprudencia de esa Cuarta Sala publicada en la página 681, Tomo V, Materia del Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: ‘TRABAJADORES DEL ESTADO, TRATÁNDOSE DE LA SUSPENSIÓN NO ESTÁN EN SITUACIÓN JURÍDICA IDÉNTICA A LA DE LOS OBREROS EN GENERAL. Aun cuando es cierto que, en términos generales, existe una relación de trabajo entre el poder público y sus servidores, también lo es que esta relación no tiene las características de un verdadero contrato de trabajo, tal como está previsto en nuestra ley laboral, supuesto que ésta tiende esencialmente a regular las actividades del capital y el trabajo como factores de la producción o sea, en funciones económicas; lo que no sucede tratándose del poder público y de sus empleados, atenta nuestra organización política y social, porque las funciones encomendadas al Estado no persiguen ningún fin económico, sino más bien un objetivo de control para la convivencia de los componentes de la sociedad. Por ello no puede afirmarse que exista paridad en los fenómenos jurídicos enunciados y, por lo mismo, lógicamente no puede aceptarse que la jurisprudencia sustentada en relación con la suspensión, tratándose de verdaderos contratos de trabajo, haya de regir ese mismo fenómeno, cuando se trata de trabajadores al servicio del Estado.’. Incluso, las razones que sustentan la imposibilidad de conceder la suspensión en contra de la condena a reinstalar al trabajador, fueron consideradas inaplicables tratándose de servidores públicos, como se aprecia en las tesis aisladas de la misma Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en las páginas 1368, 2312 y 6441, la primera del Tomo XCVIII y las segundas del Tomo LXXVII, ambas de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubros y textos respectivamente dicen: ‘REINSTALACIÓN DE TRABAJADORES DEL ESTADO, DEBE CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL LAUDO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE QUE CONDENA A ELLA. Si bien, conforme al artículo 174 de la Ley de Amparo, tratándose de laudos de la Junta de Conciliación y Arbitraje la suspensión debe negarse, cuando el obrero queda en peligro de no poder subsistir, y la Suprema Corte de Justicia reiteradamente ha sostenido que cuando condena a reinstalar y a otras prestaciones, debe negarse respecto de la primera, para que el trabajador pueda subsistir con los salarios que devengue y concederse respecto de las segundas, también es que el artículo 175 dispone que cuando la ejecución del acto reclamado pueda ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará, atendiendo a no causar esos perjuicios, estableciendo así la ley un sistema que prevé las repercusiones que, en perjuicio del interés de la colectividad, pudiera engendrar tal situación. Justamente este caso se presenta en relación con la ejecución de un laudo del Tribunal de Arbitraje reclamado en amparo directo, en virtud de que el cese de un empleado se presume ordenado en beneficio del mejor servicio público, en el que está interesada la sociedad y el propio Estado, y por tanto, debe negarse la suspensión solicitada, sin tener en cuenta el perjuicio particular que resentirá el empleado, porque es mayor el que resentiría el interés general, con la concesión de la misma.’. ‘TRABAJADORES DEL ESTADO, PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA LA REINSTALACIÓN DE LOS. Contra la reinstalación de un trabajador, que fue cesado por una dependencia del Ejecutivo, procede conceder la suspensión definitiva porque se satisfacen las condiciones establecidas por las fracciones I y II del artículo 124 de la Ley de Amparo, y no puede decirse que con la reinstalación del trabajador no se causan daños y perjuicios de difícil reparación, de acuerdo con la ju
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19991-6f0439af/suspension-en-amparo-directo-laboral-debe-negarse-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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