IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 142/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: HILDA MARCELA ARCEO ZARZA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 del Pleno de este Alto Tribunal, de veintiuno de junio del año dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la formula el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, quien está legitimado en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, para denunciar la contradicción de tesis, por pertenecer a uno de los tribunales que intervino en la emisión de una de las resoluciones cuyo criterio se denuncia.
TERCERO. Con el propósito de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, así como sus antecedentes en lo que en la materia de la contradicción interesa.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, al resolver en sesión de fecha siete de abril de dos mil seis, por unanimidad de votos el amparo en revisión número 460/2005, determinó remitirlo a este Alto Tribunal haciéndose, en principio, cargo de las causales de improcedencia que adujeron las responsables en el juicio constitucional, con base en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. En principio, es importante destacar que este tribunal revisor debe emprender el estudio de oficio de la procedencia del juicio de amparo, aun cuando no lo hubiere hecho el Juez Federal de primer grado, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Corrobora esta aseveración lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Amparo, particularmente su fracción III, que dice: (lo transcribe). Este precepto establece las reglas que deben seguirse al resolverse el recurso de revisión, entre las que se encuentran la de estudiar los agravios aducidos y, en su caso, los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador, y considerar las pruebas que fueron rendidas; dispone una regla que rige en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, consistente en examinar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza la existencia de la anunciada obligación de examinar la procedencia del amparo bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales examinadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica, congruentemente con el principio de que la procedencia es de orden público, que a pesar de que el juzgador haya o no tenido por actualizada o desestimada determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz que puede ser alumbrado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, circunstancias que pueden presentarse en forma independiente o conjunta, por lo que si el Juez estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, dado que sobre el particular no hay pronunciamiento, por lo que menos puede existir firmeza. El criterio plasmado encuentra justificación en otros diversos casos, como son aquellos en que el juzgador federal de primer grado no estudió una causa de improcedencia que se le planteó, o ésta sobreviene o se actualizan motivos que la descubren, casos en que el órgano judicial revisor debe analizarla, por subsistir el orden público que justifica su estudio. Sobre el particular, el Tribunal Pleno se ha externado en la tesis aislada P. LXV/99, que bajo el número 92, aparece en la página 72, Tomo VI, Materia Común, volumen de Precedentes Relevantes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a continuación se transcribe: ‘IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (la transcribe). Los anteriores argumentos tienen aplicación en el caso, pues el Juez de Distrito del conocimiento omitió examinar la causal de improcedencia que hicieron valer el administrador local de Auditoría Fiscal de Celaya y los visitadores de su adscripción (que se identificaron por el quejoso en su demanda de amparo); la que se contempla en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción II, de la Ley de Amparo, que se hizo consistir en el hecho de que la orden de visita impugnada constituye el inicio de un procedimiento seguido en forma de juicio y no es la última decisión que dentro del mismo se emite, esto es, las violaciones que respecto de aquella se alegan, no pueden tener el carácter de definitivas. En relación con este tema de la improcedencia del juicio de amparo, es que este Tribunal Colegiado tiene legal competencia para pronunciarse, no obstante que el precepto impugnado (artículo 46, último párrafo, tal como se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho) tenga la calidad de una disposición que forma parte de una ley federal, respecto de la cual, la competencia originaria para decidir sobre su constitucionalidad, la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acorde con lo que establecen los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 84 y 85 de la Ley de Amparo. Sin embargo, esa competencia originaria se delegó mediante acuerdos que puede emitir el más Alto Tribunal del país de conformidad con el artículo 94 de la Carta Magna. En la especie, debe atenderse al Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y el Acuerdo 14/2005 de ese Alto Tribunal, de trece de junio de dos mil cinco, que modifica y adiciona el Acuerdo General 11/2005, de once de abril de dos mil cinco, relativo a la remisión de asuntos a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer y resolver asuntos en los que se impugnen normas generales en materia tributaria, conforme con los cuales un Tribunal Colegiado debe examinar las causas de improcedencia y que, en su caso, decida sobre si debe o no sobreseerse en el juicio; de tal suerte que ello impediría que subsistiera el problema de inconstitucionalidad, y cuando éste subsista, debe examinarse si sobre el particular (artículos impugnados y violaciones que se esgrimen) existe jurisprudencia, lo que haría innecesario remitir el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En relación con la competencia de un Tribunal Colegiado para examinar causales de improcedencia, se cita la parte relativa del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno: (lo transcribe). Incluso, si el Tribunal Colegiado no analiza las causas de improcedencia que se esgrimieron o no estudia los agravios que versen sobre ese tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en Pleno o en Salas) le devolverá el asunto para que, en ese aspecto, que es de su competencia, se pronuncie. Así se desprende de las jurisprudencias 2a./J. 61/2005 y 1a./J. 85/2002, que, respectivamente, corresponden a la Segunda y a la Primera Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecen en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; la primera tesis, en la página 523, Tomo XXI, mayo de 2005; y la segunda, en la página 207, Tomo XVI, diciembre de 2002, que a continuación se transcriben: ‘REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA DEVOLVER LOS AUTOS A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CUANDO ADVIERTA QUE NO FUE ESTUDIADA ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR LAS PARTES (ACUERDO GENERAL PLENARIO 5/2001).’ (la transcribe). ‘REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO AGOTA EL ESTUDIO DE TODAS LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA QUE IMPIDAN ANALIZAR EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD PLANTEADO, DEBE DEVOLVÉRSELE EL EXPEDIENTE PARA QUE LO HAGA (ACUERDO GENERAL 5/2001 DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN).’ (la transcribe). Con base en los anteriores argumentos, es que se estudiará la causal de improcedencia que se dejó de analizar por el a quo. Los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, expresan lo siguiente: (los transcriben). De lo que deriva que la causal de improcedencia que se invoca en el informe justificado de las autoridades en cita, se refiere a que cuando exista un procedimiento seguido en forma de juicio, emitido por una autoridad que no sea un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, en el que el inconforme sea parte, debe impugnarse cualquier violación, en amparo indirecto, hasta que exista resolución definitiva, en la que se harán valer las que hayan ocurrido en dicha determinación y en su previo trámite. Es infundado el anterior argumento. En principio, es de señalarse que aun cuando las autoridades en comento no hayan expuesto porqué una orden de visita es un acto que no se emitió por un tribunal judicial administrativo o del trabajo, la simple cita de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, es más que suficiente para realizar su estudio, dado que su contenido permite establecer sobre qué bases se esgrime la causal de improcedencia; además, corresponde a este Tribunal Colegiado analizar la pretensión de cualquier interesado (como el tercero perjudicado -cuando existe-, las autoridades o el agente del Ministerio Público Federal) en relación con el tema de la improcedencia del juicio, sin que para ello se exija que la responsable (o cualquiera de los interesados en ello) deba expresar las razones por las que estima se actualiza la causal que invoca, máxime que en términos del último párrafo del artículo 73 del ordenamiento legal en cita, cualquier motivo que dé lugar al sobreseimiento en el juicio, se puede examinar de oficio, lo cual indica que en este tema no opera el principio de suplencia de la queja, ya que no se refiere a los conceptos de violación (o a los agravios), sino al de una cuestión previa y de orden público; de tal suerte que aun cuando se pudiera pensar que para cada fracción del artículo 73 de la ley en cita, cabe la posibilidad de distintos argumentos, ello no implica que no se puedan -a partir del texto de la fracción o fracciones invocadas, del acto o actos reclamados, de la demanda y demás constancias de autos- deducir y exponer consideraciones sobre si en el particular caso se actualiza o no la improcedencia del juicio. Por ello, este órgano disiente del criterio contenido en la jurisprudencia I.5o.A. J/5 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en la página 1680, Tomo XXIII, febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL SE AVOQUE A SU ESTUDIO NO BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA SEÑALE DE MANERA DOGMÁTICA, SINO QUE DEBE EXPONER LAS RAZONES O MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA SU ACTUALIZACIÓN.’ (la transcribe). Pues, se insiste, la improcedencia del juicio se puede examinar aun de oficio, esto es, sin que medie petición de alguno de los interesados. Anotado lo anterior, se prosigue con el examen de la causal cuyo estudio omitió el a quo. Una orden de visita corresponde a un acto emitido por una autoridad administrativa, en este caso, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, que no constituye un tribunal judicial, administrativo o del trabajo, pues aun cuando se creó por una ley expedida por el Congreso de la Unión (Ley del Servicio de Administración Tributaria), no fue creado como tribunal, esto es, como órgano que dirime controversias, sino como uno desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el carácter de autoridad fiscal, con las atribuciones y facultades ejecutivas que señala la ley; tampoco en su integración y funcionamiento es autónomo, pues depende de la aludida secretaría como órgano desconcentrado. Por lo que carece de los atributos que la jurisprudencia P./J. 26/98 del Tribunal Pleno, establece para considerar a una autoridad como tribunal administrativo, tesis que aparece publicada en la página 20, Tomo VII, abril de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y expresa: ‘TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. SUS NOTAS DISTINTIVAS PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO.’ (la transcribe). Tampoco puede considerarse al Servicio de Administración Tributaria (o a alguna de sus dependencias) como un tribunal judicial o un tribunal del trabajo, pues no fue creado para dirimir controversias entre particulares en el ámbito del derecho civil, mercantil o laboral. Así pues, se trata de una autoridad administrativa que emitió (por conducto de la administración correspondiente) una orden de visita. Ésta tampoco puede estimarse como el inicio de un procedimiento seguido en forma de juicio, pues de los artículos 16 de la Carta Magna y 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que debe llenar, de modo insoslayable, determinados requisitos que le dan características de acto autónomo, capaz de causar, por sí solo, perjuicios jurídicos al particular visitado si se emite al margen de las exigencias ya señaladas o traspasando las limitaciones constitucionales. Además, desde el punto de vista lógico, la orden es un mandamiento para que se practique la visita, pero es claro que no forma parte de la misma; los actos de la visita propiamente dicha, constituyen, ellos sí, un procedimiento en forma de juicio que no pueden ser reclamados en amparo, sino con motivo de la resolución definitiva, en su caso. Consecuentemente, siendo la orden de visita domiciliaria fiscal un acto autónomo susceptible de causar perjuicio, por sí mismo, a los particulares, se halla regido por el artículo 114, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional en contra de actos aislados o autónomos provenientes de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que, se reitera, no es el inicio de un trámite seguido en forma de juicio, sino un acto que, por sí, puede ser reclamado en el amparo indirecto. En apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 23/2003, de la Segunda Sala del más Alto Tribunal del país, consultable en la página 194, Tomo XVII, abril de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que prescribe: ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA FISCAL. ES IMPUGNABLE EN AMPARO AUTÓNOMAMENTE, POR NO FORMAR PARTE DEL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO EN QUE SE DESENVUELVE LA VISITA.’ (la transcribe). Por otro lado, en la especie se reclama la inconstitucionalidad de una norma que se citó y aplicó en la orden de visita: el artículo 46, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, tal como se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, pues se ordenó la práctica de una visita domiciliaria al mismo contribuyente, respecto de un ejercicio fiscal ya revisado y en relación con un tributo que también fue materia de anterior visita. Precepto que la parte inconforme señaló, es la primera vez que se le aplica, sin que exista constancia alguna que acredite lo contrario. Luego, conforme con la tesis antes citada, en unión a los siguientes dos criterios identificados como 2a. CXXXI/2002 y 2a. CCVIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; el primero, publicado en la página 470, Tomo XVI, octubre de 2002; y el segundo, en la página 435, Tomo XIV, octubre de 2001; es que no se actualiza la causal de improcedencia en estudio, los criterios aislados, por su orden, dicen: ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO ÉSTA CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO AUNQUE TODAVÍA NO SE LEVANTE EL ACTA FINAL.’ (la transcribe). ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO QUE AFECTA EN FORMA DIRECTA E INMEDIATA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL GOBERNADO CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (la transcribe). En otro orden de ideas, en relación con el tema de la improcedencia del juicio de amparo, se desprende que el Juez de Distrito sí examinó las restantes causales que se le propusieron (por el presidente de la República, Cámara de Senadores y el secretario de Hacienda y Crédito Público, en los informes glosados de fojas 81, 82, 85, 86 y 88 a 122), relativas a la negativa de algunos actos, la falta de interés jurídico, la inaplicación de las normas impugnadas, la no definitividad de los actos reclamados y la ausencia de conceptos de violación; pues así deriva de lo que se expresó en los considerandos tercero y cuarto, cuyos razonamientos no fueron materia de agravio por quienes en su momento (autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo) debieron haberlos combatido, por lo que deben permanecer firmes. Así pues, al no actualizarse las causales de improcedencia que se esgrimieron y, por otra parte, este Tribunal Colegiado no advierte motivos diversos u otras causales por las que deba sobreseerse en el juicio, procedería el examen de los agravios que, según se desprende, impugnan la protección constitucional concedida, por lo que se refiere a la norma federal que se tildó de inconstitucional, esto es, al artículo 46, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, tal como aparece en el Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho. De lo anterior se desprende que en el recurso interpuesto subsiste el problema de la inconstitucionalidad del precepto antes citado. Tema que no es legalmente dable analizar a este órgano colegiado por las razones que a continuación se exponen. Del contenido de los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del recurso de revisión, entre otros casos, cuando se hubiese impugnado la constitucionalidad de una ley, siempre que subsista en el recurso el problema de inconstitucionalidad. Por su parte, los puntos tercero, fracción II, cuarto, quinto, fracción I, incisos A) y C), apartado 3, subincisos a) a g) y décimo segundo del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, disponen lo siguiente: (la transcribe). Lo anterior en relación con el Acuerdo 14/2005 del Tribunal Pleno, de trece de junio de dos mil cinco, que modificó el diverso 11/2005, en cuyo punto primero se estableció lo siguiente: (la transcribe). En el caso sujeto a estudio, se considera que no se surte la hipótesis contemplada en el punto quinto, fracción I, inciso A), del citado Acuerdo General Número 5/2001, en virtud de que en el juicio de amparo indirecto se concedió el amparo solicitado; de ahí que no se cumple con el requisito exigido por el párrafo segundo, fracción I, del aludido punto quinto, a efecto de que un Tribunal Colegiado resuelva sobre el recurso de revisión en casos como aquel cuyo estudio nos ocupa. Tampoco se estima que se surta la hipótesis prevista por el punto quinto, fracción I, inciso C), del referido acuerdo, en razón de que, si bien es cierto, en la especie se planteó la inconstitucionalidad de una ley federal y subsiste la materia de constitucionalidad de la misma, también es cierto que en el caso concreto estima este Tribunal Colegiado, que resulta necesaria la intervención del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en estricta observancia de lo establecido en el punto tercero, fracción II, del acuerdo general en comento, ya que no existe jurisprudencia en cuanto al tema debatido, y se requiere fijar un criterio sobre la constitucionalidad de un precepto federal que, a juicio de este Tribunal Colegiado, es importante y trascendente para el orden jurídico nacional. Tampoco se surte el supuesto del punto primero del Acuerdo 14/2005, dado que sobre los temas materia de impugnación no existe, en relación con el artículo 46, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, jurisprudencia del Pleno o de las Salas del más Alto Tribunal del país. En efecto, de la consulta que se hizo en la página intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que existen dos amparos en revisión: el 1264/2005 de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal y el 915/2004 de la Primera Sala del mismo; en el primero, se concedió la protección constitucional respecto del precepto aquí impugnado, al considerarse contrario a los artículos 16 y 23 constitucionales; en el segundo, se negó la protección constitucional solicitada, bajo el argumento de que la citada norma no transgrede el artículo 16 de la Carta Magna; esto es, sólo son dos precedentes que no constituyen jurisprudencia, que a simple vista parecieran contrarios, lo que obliga a que deba intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los anteriores recursos de revisión se citan como hechos notorios, en términos de la jurisprudencia XXI.3o. J/7, del otrora Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que aparece en la página 804, Tomo XVIII, octubre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que, a la letra, indica ‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ (la transcribe). Consecuentemente, este Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito estima que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que debe resolver el presente recurso de revisión, atento a lo dispuesto en el punto tercero, fracción II, del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estas condiciones, este Tribunal Colegiado estima que no le corresponde resolver, en cuanto a su fondo, el presente recurso de revisión, conforme a lo ordenado por el Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado que subsiste el problema de constitucionalidad de un precepto de una ley federal, respecto de la cual no existe jurisprudencia, por lo que debe remitirse el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para lo que a bien tenga determinar ..."
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostiene la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIII, febrero de 2006
"Tesis: I.5o.A. J/5
"Página: 1680
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL SE AVOQUE A SU ESTUDIO NO BASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA SEÑALE DE MANERA DOGMÁTICA, SINO QUE DEBE EXPONER LAS RAZONES O MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA SU ACTUALIZACIÓN. No basta que la autoridad responsable señale de manera dogmática que se actualizan ciertas causas de improcedencia previstas en el artículo 73 de la Ley de Amparo para que el órgano jurisdiccional se avoque a su estudio, sino que es necesario que aquélla exponga las razones o motivos por los cuales considera que en el caso tales supuestos se actualizan. Lo anterior es así, toda vez que, considerando la amplia gama de supuestos que pueden contenerse en una sola de las fracciones del numeral antes invocado, no se sabría con exactitud cuál de ellas pretende invocar la responsable y, además, de considerar que es suficiente la simple cita de la fracción en que se contiene alguna de las causas de improcedencia aducidas, para proceder a su estudio, cuando no se ha expuesto algún argumento tendente a acreditar la actualización de tal supuesto, sería tanto como suplir la deficiencia de la autoridad, quien en su informe justificado tiene la obligación de exponer las razones por las cuales considera que se actualiza determinada causa de improcedencia, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes."
La anterior jurisprudencia tiene su origen en los amparos en revisión números 367/2005, 483/2005, 535/2005, 550/2005 y 484/2005, promovidos por Enrico Eugenio Cusi Bourlon, Crisoba Industrial, S.A de C.V. y otras, Julián Servín Parga, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes y otro y subprocurador Fiscal Federal de Amparos, resueltos por unanimidad de votos en sesiones de fechas veintiuno de octubre de dos mil cinco, once de noviembre de ese año, siete y catorce de diciembre de la misma anualidad y veinticinco de enero de dos mil seis, respectivamente.
Las consideraciones emitidas en las ejecutorias descritas son esencialmente iguales, por ello se procede a la transcripción de la última de las señaladas a fin de no incurrir en repeticiones innecesarias.
En el amparo en revisión número 484/2005 citado en los párrafos que anteceden, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la parte que interesa, determinó lo siguiente:
"SEXTO. De las constancias glosadas en el juicio de garantías, específicamente del informe justificado rendido por el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, se advierte que éste manifestó lo siguiente: ‘... operan las causales de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones V y VI de la Ley de Amparo, por ello solicito atentamente que, con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia, se decrete el sobreseimiento de este juicio constitucional ...’. En torno al argumento transcrito, la Juez de Distrito no emitió pronunciamiento alguno. Consecuentemente, este Tribunal Colegiado se ocupa del mismo en los términos siguiente: Son inatendibles las causas de improcedencia invocadas por la referida autoridad responsable, toda vez que dicha responsable no hace más que señalar de manera dogmática que operan las causas de improcedencia contenidas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo. Empero, no basta que la responsable señale que se actualizan determinadas fracciones o numerales en que se contienen diversas causas de improcedencia, sino que es necesario que exponga las razones o motivos por los cuales considera que tales supuestos se actualizan, para que este órgano colegiado esté en posibilidad de estudiar las mismas. Considerando la amplia gama de supuestos que pueden contenerse en una sola de la fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo, no se sabría con exactitud cuál de ellas pretende invocar la responsable y, además, de considerar que es suficiente la simple cita de la fracción en que se contiene alguna de las causas de improcedencia aducidas para proceder al estudio de las mismas, cuando no se ha expuesto ningún argumento encaminado a acreditar la actualización de tal supuesto, sería tanto como suplir la deficiencia de la autoridad, quien tiene la obligación de exponer en el informe justificado las razones por las cuales considera que se actualiza determinada causa de improcedencia, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes. Resulta aplicable al respecto el criterio sustentado en este Tribunal Colegiado en la jurisprudencia número (TC0150079AK5) J/5, pendiente de publicar, que dice ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE EL ÓRGANO
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19819-50d44e4b/improcedencia-del-juicio-de-amparo-cuando-se-invoca · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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