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Modo: Corpus Pro

EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS. ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS EFECTOS DE LA ORDEN DE BAJA DEL ACTIVO Y ALTA EN SITUACIÓN DE RETIRO POR INUTILIDAD DE SUS MIEMBROS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19911
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO CUARTO Y SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIV
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1116.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 147/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO CUARTO Y SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIOS: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS Y FERNANDO SILVA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala, razón por la cual el asunto es de su competencia originaria.

SEGUNDO. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló el secretario de la Defensa Nacional, general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, autoridad responsable en los autos de los incidentes en revisión números RA. 148/2006, 58/2005 y RI. 28/2006, 34/2006 y 265/2005, resueltos, respectivamente, por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décimo Cuarto Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, Décimo Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tal como se desprende de las sentencias que obran de fojas 56 a 73 del expediente en que se actúa, ello de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, que dice:

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Resulta aplicable a contrario sensu, la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:

"Octava Época

"Instancia: Cuarta Sala

"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

"Número: 63, marzo de 1993

"Tesis: 4a./J. 4/91

"Página: 17

"CONTRADICCIÓN DE TESIS, DENUNCIA DE. ES IMPROCEDENTE SI NO SE FORMULA POR PARTE LEGITIMADA. Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, sólo podrán denunciar contradicción entre las tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito, en asuntos de su competencia: a) Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; b) El procurador general de la República; c) Los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren; y, d) Las partes que intervinieron en los juicios correspondientes. Consecuentemente, si una denuncia de tal naturaleza se formula por una autoridad o persona distinta de las que señala dicho precepto, la misma es improcedente por carecer de legitimación el denunciante."

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, en sesión de nueve de septiembre de dos mil cinco, el incidente en revisión 265/2005, determinó:

"PRIMERO. En la materia de la revisión, se modifica la interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva a ... respecto al efecto y consecuencia del acto reclamado, consistente en que se le siga pagando el salario a que tenía derecho como teniente auxiliar en servicio activo."

Ello conforme a las siguientes consideraciones que, en la parte que interesa, dicen:

"SEXTO. Es inoperante el agravio de las autoridades recurrentes en el sentido de que el acto reclamado se encuentra ajustado a derecho, porque la ley faculta al secretario de la Defensa Nacional, para separar del activo a los militares cuando se dé una causal de retiro prevista en la ley. Lo anterior, en virtud de que el examen de la legalidad del acto reclamado, esto es, si se ajusta o no a derecho, no es materia del incidente de suspensión, pues ello es materia de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo, en lo principal. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XVIII, página: 336, que dice: ‘SUSPENSIÓN.’ (se transcribe). Por otra parte, es jurídicamente ineficaz el agravio en el cual la autoridad aduce que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, es el encargado de determinar el monto económico a otorgarse al elemento en retiro, mientras que a la secretaría sólo corresponde informarle al quejoso, por lo que depende de él hacer efectivas las cantidades, sin que la secretaría tenga injerencia en el pago, por lo cual considera que el acto a ellas reclamado debe ser considerado como consumado. En efecto, el hecho de que para la realización de todos los efectos de la resolución reclamada, requiera de la intervención de autoridades diversas a las señaladas como responsables, no implica que, para efectos de la suspensión, deban considerarse como consumados cada uno de los efectos que corresponde ejecutar a las responsables; pues lo cierto es que el acto es consumado cuando se realizan todos sus efectos, independientemente de que algunos de éstos estén a cargo de diversas autoridades, aun cuando no sean señaladas como responsables, pues de igual forma están obligadas a cumplir con la interlocutoria que concede la medida cautelar, una vez que sean notificadas de ello. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXV, página 2350, que dice: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, SU CUMPLIMIENTO.’ (se transcribe). SÉPTIMO. En cambio, es fundado el agravio en el cual las recurrentes afirman que al haberse concedido la suspensión definitiva para el efecto de que se le continúen pagando salarios se están generando derechos al quejoso, porque aun cuando no está realizando actividades militares se le están dando las prestaciones como si siguiera en activo, lo cual es incongruente, pues el quejoso se encuentra separado de las actividades que desempeñaba en el Tercer Batallón de Materiales de Guerra y del instituto armado. Ciertamente, cabe destacar que el quejoso solicitó la suspensión para el efecto de que: ‘se suspendan los efectos del acto reclamado, tanto económicos como laborales, con la intención de que, de ser reinstalado en mi cargo, se me continúen pagando los salarios que se hayan causado, y no se me aplique aún, una cantidad definitiva por alta en el retiro, como se está resolviendo en el acto reclamado.’. Lo anterior revela que el propio quejoso reconoce que algunos de los efectos de la resolución reclamada ya se consumaron, no obstante, a través de la suspensión pretende ser ‘reinstalado’ en su cargo y que se continúen pagando los salarios devengados. Al respecto, la Juez de Distrito al ocuparse de la negativa de suspensión del acto consumado, resolvió que: ‘... PRIMERO. Es cierto el acto reclamado atribuido al secretario de la Defensa Nacional y director general de Materiales de Guerra; consistente en la emisión del oficio C-07818/2005 de fecha catorce de abril de dos mil cinco, emitido por el director general de Materiales de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo cual se le comunicó que por instrucciones del secretario de la Defensa Nacional se decretó su baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y alta en situación de retiro. No obstante la certeza del acto reclamado, con fundamento en los artículos 124 y 192 de la ley de la materia, se niega la suspensión definitiva solicitada por ... toda vez que dicho acto reviste la naturaleza de consumado desde el momento mismo de su emisión y notificación, pues de proveer de manera positiva y decretar la suspensión para los efectos que solicita la parte quejosa, se estaría restituyendo en el goce de la garantía individual que considera violada, lo cual es propio de la sentencia que se pronuncie en cuanto al fondo del juicio y no de este incidente de suspensión.’. Así, se evidencia que la Juez de Distrito negó la suspensión en los términos que la solicitó el quejoso, porque consideró que ello implicaba darle efectos restitutorios; esto es, de la lectura del citado considerando, se deduce que la negativa comprendió no sólo la emisión del oficio reclamado, sino también, respecto del efecto solicitado, en el sentido de que sea reinstalado en su cargo, pues esa fue la solicitud del quejoso. Por tanto, si se demostró que el quejoso ya había sido separado de su cargo, esto es, ya había causado baja en el servicio activo y dado de alta en el retiro, lo que implica que fue retirado de su adscripción, resulta claro que, al haberse concedido la suspensión para el efecto de que se le continúen pagando los salarios, se le está constituyendo indebidamente el derecho a recibirlos sin estar activo en el Tercer Batallón de Materiales de Guerra, lo que no es propio de la medida cautelar solicitada, pues a través de ésta se paralizan los efectos del acto reclamado, protegiendo así los derechos con que cuenta el gobernado, mas no para que en la referida suspensión se constituyan o generen éstos. La determinación de la a quo genera un derecho a favor del quejoso, pues se ordena a la autoridad que continúe pagándole su salario que ha venido devengando como teniente auxiliar adscrito al citado batallón, en franca contravención del artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que el quejoso no demuestra contar con derecho alguno que deba protegerse con la suspensión solicitada. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis de este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, enero a junio de 1989, página: 1059, que dice: ‘SUSPENSIÓN. CARECE DE EFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS.’ (se transcribe). Cabe agregar, por otra parte, que la suspensión tiene como finalidad impedir que la autoridad siga actuando, es decir, que se abstenga de hacer, mas no obligarla a que siga procediendo; es decir, continúe pagándole al quejoso."

CUARTO. Por su parte, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver, en sesión de veinticuatro de febrero de dos mil seis, el incidente en revisión RI. 28/2006, resolvió:

"PRIMERO. En la materia del recurso se modifica la interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se concede a ... la suspensión definitiva de los actos y para los efectos precisados en la parte considerativa de esta resolución."

Fallo que derivó de las consideraciones que, en la parte que interesa, dicen:

"SEXTO. En el agravio primero la quejosa recurrente señala que la interlocutoria recurrida es ilegal, al negarse suspensión definitiva respecto del director general de Sanidad Militar, director del Hospital Central Militar, junta directiva, director de Prestaciones y director general (los tres últimos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas), ya que dada la certeza de los actos reclamados al secretario de la Defensa Nacional y al director general de Materiales de Guerra, en su carácter de autoridades ordenadoras, consistentes en los oficios de veinte y veintinueve de septiembre del año dos mil cinco, es cierta, en consecuencia, la existencia de los efectos, y consecuencias de los actos reclamados, consistentes en dejar de proporcionar el servicio médico, los medicamentos y el tratamiento médico que se requiere; lo procedente era que ante esa certeza de los actos a las ordenadoras la a quo tuviera por acreditada la existencia de los actos atribuidos a esas autoridades, porque se les reclamó con el carácter de autoridades ejecutoras; por tanto, fue desvirtuado el hecho manifestado en los informes previos, en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados. Que en tal orden de ideas, era procedente el otorgamiento de la medida solicitada, específicamente para que las autoridades responsables ejecutoras no dejen de proporcionar el servicio, tratamiento médico y los medicamentos esenciales para la miastenia gravis, los cuales se le proporcionaban en su carácter de militar en servicio activo que tenía con antelación a la comisión de los actos reclamados, por tanto, la falta de suministro le causa daños y perjuicios de difícil reparación. Son parcialmente fundados los argumentos aducidos suplidos en su deficiencia conforme al artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, como se indica a continuación. Del análisis del cuaderno de suspensión se desprende que al rendir su informe previo las autoridades señaladas como ejecutoras, lo hicieron en los siguientes términos: a) El director general de Sanidad Militar, director del Hospital Central Militar y el director general de Justicia Militar negaron categóricamente los actos de ejecución reclamados por la quejosa, consistentes en dejar de proporcionar el servicio, tratamiento médico y los medicamentos necesarios para la miastenia gravis que padece el quejoso. Ahora bien, dado que esos actos tienen la naturaleza de abstenciones, la carga de la prueba le corresponde a las autoridades responsables, sin embargo, de las constancias que integran el incidente de suspensión no se advierte que hayan aportado al informe previo elemento probatorio alguno con el cual acreditaran que siguen prestando el servicio, tratamiento médico y los medicamentos al quejoso para la miastenia gravis. En estas condiciones, lo procedente es tener por ciertos los actos reclamados a esas autoridades consistentes en dejar de proporcionar al quejoso el servicio, tratamiento médico y los medicamentos para la miastenia gravis. Sirve de apoyo a esta conclusión, aplicada, por analogía, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 5, Tercera Parte, página 13 que, a la letra dice: ‘ACTO RECLAMADO. HECHOS NEGATIVOS O ABSTENCIONES. CARGA DE LA PRUEBA QUE NO CORRESPONDE AL QUEJOSO.’ (se transcribe). b) Por otra parte, el vicealmirante y secretario de la junta directiva, director de Prestaciones y el director general del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, negaron los actos atribuidos por la quejosa, agregando que: ‘toda vez que este organismo no es quien los otorga, siendo el caso que la junta directiva de este organismo, emitió la resolución de fecha 26 de mayo de 2005, donde conforme a las atribuciones contenidas en la propia Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, le concedió a ... por 16 años, 11 días de servicios y encontrarse inútil para el activo en actos fuera de servicio (inutilidad que correspondió determinar a la Secretaría de la Defensa Nacional y no a este organismo ...’. Situación que se corrobora de la lectura de los artículos 1o., 2o., 3o. y 4o. de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que a la letra dicen: ‘Artículo 1o. El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, es un organismo público descentralizado federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de México.’. ‘Artículo 2o. Las funciones del instituto son: I. Otorgar las prestaciones y administrar los servicios a su cargo que la presente ley le encomienda; II. Administrar su patrimonio exclusivamente para el fin señalado en la presente ley; III. Administrar los fondos que reciba con un destino específico, aplicándolos a los fines previstos; IV. Administrar los recursos del fondo de la vivienda para los miembros del activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, a fin de establecer y operar un sistema de financiamiento que les permita obtener crédito barato y suficiente para: a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, incluyendo las sujetas al régimen de condominio; b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; V. Coordinar y financiar con recursos del fondo de la vivienda programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; VI. Adquirir todos los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus cometidos; VII. Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones especiales de esta ley; VIII. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera el servicio; IX. Organizar sus dependencias y fijar la estructura y funcionamiento de las mismas; X. Expedir el estatuto orgánico, manuales, normas y procedimientos interiores para la debida prestación de los servicios y para su organización interna; XI. Difundir conocimientos y orientaciones sobre prácticas de previsión social, y XII. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos.’. ‘Artículo 3o. El patrimonio del instituto se constituye por: I. Los bienes, derechos y obligaciones que integran sus inventarios y registros; II. Las cuotas que aporten los militares y sus familiares derechohabientes en los términos que para este objeto establezcan las disposiciones legales; III. Las aportaciones del Gobierno Federal señaladas en esta ley, para prestaciones específicas; IV. Una cantidad anual a cargo del Gobierno Federal, equivalente a un 11% de los haberes y haberes de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas para las demás prestaciones que, conforme a esta ley, deba otorgar el instituto; V. Los bienes que por cualquier título adquiera el instituto, así como los rendimientos y remanentes que obtenga por virtud de sus operaciones, y VI. Los fondos del seguro de vida militar, colectivo de retiro y de la vivienda militar.’. ‘Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Ley, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; II. Instituto, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; III. Junta, la junta directiva, órgano de gobierno del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; IV. Fuerzas Armadas, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada mexicanos; V. Militares, a los miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México; y, cuando se señalen jerarquías, las disposiciones son aplicables a los grados equivalentes en las Fuerzas Armadas; VI. Derechohabiente, familiares en línea directa (esposa, esposo, concubina, concubinario, hijos, madre, padre y, en algunos casos hermanos) que tienen derecho a los beneficios estipulados en la ley; VII. Beneficiario, la persona en cuyo favor se ha designado un beneficio económico por voluntad expresa del militar; VIII. Deudos, los parientes o familiares del militar fallecido; IX. Declaración de procedencia de retiro, el documento que le expide al militar la secretaría de origen, para trámite de retiro, a fin de que la junta directiva determine sobre la procedencia, naturaleza y monto del beneficio; X. Haber o haberes, la percepción base que se establece en el tabulador que expide la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; XI. Prima de perseverancia, la percepción a que se refieren los artículos 51 de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales y 55 de la Ley de Recompensas de la Armada de México; XII. Asignación de técnico, la percepción que se cubre a los militares en activo por tener estudios a nivel licenciatura y estar desempeñando funciones específicas de su profesión; XIII. Asignación de técnico especial, la percepción que se cubre a los militares del activo de los grados de coronel a general de división y sus equivalentes en la Armada, y XIV. Asignación de vuelo y de salto, las remuneraciones que se cubren a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, que habitualmente desempeñan este tipo de actividades.’. De los preceptos transcritos destaca que a ese instituto le corresponde solamente otorgar las prestaciones de carácter económico y social, sin incluir las de tipo médico, o bien, relacionadas con la salud de los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. En esta medida, ante los términos de la afirmación emitida por esas autoridades en el informe previo, en el sentido de que no son ciertos los actos porque no se tienen atribuciones relacionadas con los actos reclamados, aun en el caso de la carga de la prueba establecida precedentemente, a cargo de las autoridades, en relación con las abstenciones reclamadas, le corresponde a la parte quejosa, en cuanto a los actos negados bajo la consideración que no se tienen esas atribuciones, quien no ofreció elemento probatorio alguno con el que se acreditara que esas autoridades se han abstenido de prestarle los servicios médicos, el tratamiento y los medicamentos que requiere. Esto es así, porque en el cuaderno de suspensión no se localiza prueba alguna ofrecida por la quejosa para demostrar ese extremo. Ahora bien, el hecho de que el secretario de la Defensa Nacional y el director general de Materiales de Guerra, hayan emitido los oficios reclamados en el juicio, a través de los cuales se resolvió dar de baja al quejoso del activo y ponerlo en alta en situación de retiro, no implica, como lo afirma la quejosa, que esas autoridades llevaron a cabo la ejecución de esos actos, pues resulta indispensable que en autos existan pruebas para acreditar su existencia, pues en el informe previo expresamente negaron la ejecución de los actos. Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 1008, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1630, que a la letra dice: ‘INFORME PREVIO.’ (se transcribe). Por otra parte, en el agravio segundo dice que la interlocutoria viola los artículos 131, 138, 192 y 193 de la Ley de Amparo, así como el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria porque la a quo determinó conceder la suspensión definitiva únicamente para el efecto de que las autoridades responsables otorguen el servicio médico, tratamiento y los medicamentos para la miastenia gravis que padece el quejoso, pero omitió resolver si era procedente o no otorgar la suspensión para el efecto de que las autoridades se abstengan de cubrir al quejoso los haberes y demás beneficios económicos a que tiene derecho en su carácter de sargento 1o. de Materiales de Guerra, así como para que no se le impida seguir prestando sus servicios al Ejército mexicano, cuyo otorgamiento se solicitó expresamente en la demanda siendo, por tanto, tal negativa violatoria, dado que debe concederse la suspensión para los efectos ya citados, por ser una consecuencia de los actos reclamados como lo es el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil cinco (por el que se le comunica que ha quedado en situación de retiro), así como del oficio de 29 de septiembre citado (por el que se comunica al comandante del 20o. Batallón de Infantería, que se coloca al quejoso en situación de retiro por inutilidad en actos fuera del servicio), ya que la suspensión fue solicitada por la parte quejosa; con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que en caso de que se llegaran a ejecutar, se le causarían daños y perjuicios de difícil o imposible reparación, dado que la miastenia gravis no sólo implica la necesidad de contar con tratamiento médico adecuado, sino también entraña la necesidad de que pueda satisfacer sus necesidades alimenticias, mediante la percepción de sus haberes como militar. Agrega la recurrente que este tribunal, al resolver la queja QA(XI)103/2005 resolvió que no es procedente conceder la suspensión provisional para los efectos ya precisados, porque sí causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, este criterio ya fue superado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la denuncia de contradicción de tesis 166/2005, pues determinó que sí es procedente conceder la medida cautelar a los militares dados de baja por padecer de una enfermedad, para esos efectos, esto es, se le cubran sus haberes y demás beneficios económicos y continúe sus servicios en el activo, criterio que es obligatorio para los órganos del Poder Judicial de la Federación. Es fundado el agravio aducido, en virtud que de la lectura de la interlocutoria recurrida se advierte que la a quo, en el considerando cuarto, omitió hacer un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados; respecto de esos efectos. Efectivamente, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señaló entre los actos reclamados: ‘... B) El Acuerdo Número 79086, de 20 de septiembre de 2005 expedido por el secretario de la Defensa Nacional mediante el cual pretendidamente ordenó al director general de Materiales de Guerra que colocara en situación de retiro por inutilidad al quejoso. Este acto se reclama de la autoridad responsable señalada en el inciso D) del apartado anterior. C) El oficio número C-23001/2005 de 29 de septiembre de 2005, suscrito por el director general de Materiales de Guerra, por el que se comunica al comandante del 20o. Batallón de Infantería que se coloca al quejoso ... en situación de retiro por inutilidad en actos fuera del servicio. Este acto se reclama a la autoridad señalada en el inciso F) del apartado anterior.’. En el capítulo X del escrito de demanda, solicitó la suspensión en los siguientes términos: ‘Particularmente se solicita el otorgamiento de la medida cautelar para los siguientes efectos: A) Para que las autoridades responsables no dejen de proporcionar al quejoso el servicio médico, tratamiento médico y los medicamentos que le son esenciales, para un adecuado tratamiento de la miastenia gravis, la cual padece dicho quejoso, los cuales le están siendo proporcionados como consecuencia del carácter de militar en servicio activo que tenía el quejoso, con antelación a la emisión de los actos reclamados; B) Para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar cualquier acto que sea efecto o consecuencia del Acuerdo 79086, de 20 de septiembre de 2005; y, C) Para que las autoridades responsables se abstengan de dejar cubrir al quejoso los haberes y demás beneficios económicos a que tiene derecho, en su carácter de sargento 1o. de Materiales de Guerra, así como para que no le impidan seguir prestando sus servicios al Ejército mexicano.’. En la interlocutoria recurrida, la a quo en el considerando cuarto concedió la medida cautelar solicitada con base en las siguientes consideraciones: ‘CUARTO. Por lo que hace a los efectos y consecuencias de los oficios que se reclaman por esta vía, la consecuencia inmediata de ese acuerdo, es que el quejoso deje de disfrutar del servicio y tratamiento médico que estaba recibiendo al estar en el servicio activo militar. Entonces, tenemos que la privación del servicio y tratamiento, es susceptible de paralización, lo único que resta es verificar si se reúnen o no los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, para conceder el beneficio de la suspensión definitiva. El primero de ellos se colmó plenamente toda vez que en el escrito de demanda se solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento, se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se infringen disposiciones de orden público ni se vulnera el interés social. Finalmente, por lo que hace a la tercera de las exigencias que dispone el precepto en comento, se toma en cuenta que de no otorgarse la suspensión definitiva, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso, pues se vería privado de disfrutar del servicio y tratamiento médico de la enfermedad que padece, mismos que son indispensables para su recuperación. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva, únicamente para el efecto que las autoridades otorguen el servicio médico, tratamiento médico y medicamentos necesarios para el tratamiento de la miastenia gravis, que padece el quejoso. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.P.4 K, Tomo XXI, febrero de 2005, Novena Época, Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1796, que a la letra dice: «SUSPENSIÓN DEFINITIVA. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.» (se transcribe). Como se desprende de la anterior transcripción, en la interlocutoria recurrida, la Juez omitió resolver si procede o no conceder la suspensión de los actos, para el efecto de que se le sigan cubriendo sus haberes y prestaciones económicas y para que se le permita seguir en el activo, actos respecto de los cuales es procedente el otor

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19911-9bdc4294/ejercito-y-fuerza-aerea-mexicanos-es-improcedente-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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