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Modo: Corpus Pro

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. SI EN EL ACTO DE MOLESTIA SE PRECISA QUE LO EMITE UNA AUTORIDAD POR SUPLENCIA DEL TITULAR, NO ES NECESARIO ASENTAR QUE FUE POR AUSENCIA, PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE DICHA DEPENDENCIA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2005).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2006-SS. · Registro digital (IUS): 20040
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, , Pág. 915.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dicho año, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve siguiente, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la denunció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, quien resolvió uno de los criterios que se denuncia como contradictorio.

TERCERO. Para estar en condiciones de pronunciarse en relación con la presente contradicción de tesis, es menester tomar en cuenta los antecedentes y consideraciones que derivan de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

Revisión fiscal 86/2004.

Ante la Sala Regional de Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a través de su representante, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio expedido por el subadministrador "1" en suplencia del administrador local de Auditoría Fiscal de Tapachula, Chiapas, por el cual se le impuso un crédito fiscal por concepto de impuestos sobre la renta, sustitutivo del crédito al salario, recargos y multas.

La Sala mencionada dictó sentencia y declaró la nulidad lisa y llana de la resolución, al considerar parcialmente fundado el concepto de impugnación en que se aduce, omisión de precisar los motivos y circunstancias por las que el subadministrador "1" firma en suplencia del administrador local de Auditoría Fiscal.

Consideró la Sala que el subadministrador "1" citó como fundamento para suplir al administrador local de Auditoría Fiscal, los artículos 10 y 25, último párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, reformado por decreto publicado en el propio diario del diecisiete de junio de dos mil tres; sin embargo, omitió motivar la suplencia del funcionario titular, pues si bien suplía al administrador local de Auditoría Fiscal, no precisó los motivos por los que acontecía la suplencia, ya que no se consignó que fuera por ausencia de aquél; de ahí que no se cumplió con los requisitos de debida fundamentación y motivación.

Inconforme con la anterior resolución, la parte demandada promovió recurso de revisión fiscal, cuyo conocimiento correspondió al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito con el número RRF. 86/2004 fallado en sesión de nueve de febrero de dos mil seis, cuyas consideraciones en lo que respecta al tema de la contradicción que se denuncia, son del tenor literal siguiente:

"SÉPTIMO. Los agravios resultan infundados en parte, inoperantes en otra y fundados en una más, como se verá a continuación. En el considerando octavo de la sentencia recurrida, la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada, por estimar que el oficio número 324-SAT-07-I-A-V04170 (fojas 18 a 55 del juicio de nulidad), no reúne los requisitos de motivación que exige el artículo 16 constitucional y 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, ya que consideró que si bien fue firmada por el subadministrador ‘1’ adscrito a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tapachula, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, quien citó el precepto legal que lo faculta para actuar en suplencia del titular de dicha dependencia hacendaria, omitió precisar los motivos por los que aconteció la suplencia, ya que no se consignó que fuera por ausencia de aquél. La parte recurrente alega, en sustancia, que contrario a lo que la responsable sostiene, el sexto párrafo del artículo 10 del Reglamento Interno del Servicio de Administración Tributaria, a diferencia de otras disposiciones legales, no establece una condicionante para que el funcionario de que se trate pueda actuar en suplencia de su superior, por lo que considera que sí se cumplió con el requisito de fundamentación y motivación en el caso en estudio, ya que se expresó el fundamento en cita y se asentó que se actuó en suplencia del administrador local de Auditoría correspondiente. Lo anterior se estima infundado, en atención a las siguientes consideraciones: En un primer aspecto, se estima necesario precisar la distinción entre la competencia originaria, competencia delegada y competencia por ausencia. La competencia originaria es aquella en la cual las facultades o atribuciones de un órgano específico de la administración pública se traducen en un acto concreto lesivo o favorable (acto negativo o positivo) al particular, siempre que el ejercicio de facultades emane de un texto expreso de una ley, reglamento o cualquier otro ordenamiento con fuerza coercitiva, y lo haga como titular del órgano de autoridad previsto en el precepto correspondiente. En tanto que la competencia delegada surge de un acuerdo delegatorio de facultades emitidas por un órgano de la propia administración pública, cuyo titular cuenta con la competencia originaria y con la atribución para delegar, con las modalidades y condiciones que el propio acuerdo determine, las facultades que el ordenamiento aplicable disponga, en autoridades subalternas del órgano que las delega, hipótesis en la cual éstas actuarán siempre a nombre propio, mas no de la autoridad que les delegó las facultades ejercidas, conservándolas en todo caso el órgano emisor del acuerdo. Por su parte, la competencia por ausencia se actualiza cuando, existiendo un precepto legal o reglamentario que prevé las facultades en favor de un órgano en particular, se deja el ejercicio de éstas en autoridades de menor jerarquía que de aquél dependan, ante la ausencia del titular del órgano correspondiente, en cuyo supuesto quien suple la ausencia lo hace a nombre del sustituto y no a nombre propio, debiendo manifestar que actúa en ausencia para que el acto emitido sea legal. En los tres casos, la autoridad está obligada a citar en sus resoluciones y con toda precisión, tanto el fundamento como el ordenamiento que contemplen la competencia ejercida, a fin de cumplir con el mandato constitucional de que todo acto de molestia debe fundar y motivar en sí mismo, y no en documento distinto, la causa legal del procedimiento. Ahora bien, el artículo 10 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintidós de marzo de dos mil uno, establece lo siguiente: ‘Artículo 10.’ (se transcribe). De la lectura del artículo transcrito se obtiene que prevé dos tipos de suplencias diversas a las mencionadas; la primera, relacionada con aspectos de carácter procesal, al establecer la suplencia del presidente del Servicio de Administración Tributaria, de los titulares de las unidades administrativas centrales y de los titulares de las unidades administrativas regionales en los procedimientos jurisdiccionales. En la parte final del primer párrafo del numeral analizado, se regula el segundo tipo de suplencia, cuyo carácter es administrativo y temporal, relativo al funcionario público facultado para expedir oficios de ampliación del plazo de las visitas domiciliarias, es decir, sobre la facultad de comprobación de las autoridades hacendarias. Por último, el precepto reglamentario establece a partir de su párrafo cuarto, la suplencia por ausencia temporal de ciertos funcionarios, relacionada también con el ejercicio de facultades administrativas; siendo que en el párrafo mencionado el propio legislador estableció las reglas que deben observarse para suplir al contralor interno y a los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, para lo cual empleó textualmente la palabra ‘ausencias’, aspecto que se sigue en el último párrafo de la norma reglamentaria, al disponer que los demás servidores públicos serán suplidos en sus ausencias por sus inmediatos inferiores que de ellos dependan, salvo que se trate de personal de base. En ese sentido, el criterio aludido debe prevalecer en la interpretación del sexto párrafo del artículo 10 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en el que se prevé en la parte que interesa, que los administradores serán suplidos indistintamente por los subadministradores que de ellos dependan, puesto que de una interpretación sistemática e integral del precepto se concluye que la suplencia debe obedecer a la ausencia temporal del primer servidor público invocado, a pesar de que en dicho párrafo no se utilice textualmente la leyenda ‘suplencia por ausencia’ y, por ello, se garantice la continuidad en el despacho de los asuntos a pesar de la ausencia del titular del órgano u oficina administrativa. En ese contexto, contrario a lo afirmado por el recurrente, el párrafo de la disposición legal en análisis, sí contempla implícitamente la condicionante de la ausencia, es decir, para que se actualice la suplencia del funcionario que cuenta con la competencia originaria, por uno de menor jerarquía, debe existir la ausencia de aquél. Lo anterior se justifica porque la institución de la suplencia por ausencia de servidores públicos tiene como fin impedir la desintegración de órganos de gobierno que impida la toma de decisiones por la falta de quórum requerido para ese efecto. Un diverso objeto de la institución examinada es no afectar el funcionamiento de los órganos administrativos del Estado por las ausencias temporales de sus titulares, es decir, para mantener en operación el poder jerárquico sin interrupción del despacho de los asuntos. En esos términos, se puede concluir que dicha institución (suplencia) fue creada por el legislador con el ánimo de cubrir las ausencias, con independencia de la duración o clase de inasistencia de que se trate, incluso cuando no exista funcionario designado para ocupar el cargo de administrador local, pues como se estableció, lo que se pretende evitar con la suplencia es la paralización de funciones que la ley encomienda a dicha autoridad, en los casos en que no pueda emitir directamente la actuación de que se trata, lo cual no hace inexistente el cargo ni provoca la invalidez del acto emitido por el suplente. Sin embargo, el actuar en suplencia por ausencia no es una facultad discrecional de la autoridad de menor jerarquía, sino que deriva de la propia ley y, en ese sentido, para que se actualice dicha hipótesis debe encontrarse ausente el funcionario que cuenta con la competencia originaria y, con ello, sea válida su actuación. Aceptar lo contrario, equivaldría a que incluso estando presente el funcionario competente, el subalterno actúe en suplencia de éste, por voluntad propia y sin justificación alguna, o bien, que el titular respectivo, so pretexto de invocar carga de trabajo, permita indebidamente que su inmediato inferior suscriba acuerdos en suplencia, no obstante que estén laborando simultáneamente, lo cual viola la intención del legislador al contemplar la figura en comento en el precepto en estudio. Por tanto, como bien lo estableció la Sala responsable, para cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación que exige el artículo 16 constitucional, si un funcionario actúa por suplencia, no basta con que se cite el fundamento legal respectivo, sino que además debe señalar expresamente que actúa por ausencia del funcionario o los funcionarios correspondientes, ya que en caso contrario crea incertidumbre y estado de indefensión para los gobernados, pues al no conocer el motivo de la actuación en suplencia, no pueden advertir si fue por voluntad propia del funcionario o por la ausencia del superior jerárquico, lo cual es indispensable pues de ello depende la validez de los actos jurídicos realizados, los cuales se encontrarían imposibilitados de controvertir. Es aplicable a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la tesis emitida por este Tribunal Colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, agosto de 2005, página 1796, que dice: ‘ADMINISTRADORES DE ADUANAS. CUANDO UN FUNCIONARIO ACTÚA EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE ÉSTOS, DEBE SEÑALARSE DICHA CIRCUNSTANCIA Y CITAR EL FUNDAMENTO LEGAL QUE LA AUTORIZA PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). De igual manera, por la misma razón, la tesis XV.1o.29 A del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 1236, cuyos rubro y texto dicen: ‘ADMINISTRADORES DE ADUANA. SERÁN SUPLIDOS EN SUS AUSENCIAS POR LOS SUBADMINISTRADORES QUE DE ELLOS DEPENDAN, SIN QUE SEA NECESARIA AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA ELLO (ARTÍCULO 24, PÁRRAFO SEXTO, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA VIGENTE, ANTES ARTÍCULO 44 DEL MISMO REGLAMENTO, ABROGADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 3 DE DICIEMBRE DE 1999).’ (se transcribe). También es de invocarse la tesis I.7o.A.384 A del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 1543, cuyos rubro y texto señalan: ‘SUPLENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIRSE PARA FUNDAR Y MOTIVAR LA ACTUACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO EN AUSENCIA DE OTRO.’ (se transcribe). Por tanto, si en el juicio natural no se acreditó que el oficio número 324-SAT-07-I-A-V04170 de diecisiete de diciembre de dos mil tres, haya sido motivado correctamente por el funcionario que lo suscribió, se concluye que la Sala Fiscal del conocimiento actuó correctamente, al establecer la nulidad de la resolución contenida en el oficio en cita, en el cual se determinó un crédito fiscal por diversos conceptos. No es obstáculo a lo anterior, que para apoyar los motivos de inconformidad, el recurrente haya invocado la tesis aislada emitida por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de rubro y texto siguientes: ‘SUPLENCIA DE LOS ADMINISTRADORES DE ADUANAS POR LOS SUBADMINISTRADORES O POR LOS JEFES DE DEPARTAMENTO QUE DE ELLOS DEPENDAN. PARA QUE PROCEDA SÓLO SE REQUIERE CITAR EL FUNDAMENTO LEGAL QUE LA PREVÉ.’ (se transcribe). Lo anterior, en virtud de que tal criterio no resulta obligatorio para este tribunal, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo. Asimismo, resulta infundada la afirmación de la recurrente en el sentido de que la Sala Fiscal del conocimiento reconoció que no es necesario que se motive la suplencia de que se trata, pues lo que aquélla estableció es que no es necesario que se mencione en el texto del acto de molestia la causa de la suplencia por ausencia. Tampoco obsta a lo anteriormente establecido el criterio sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2005, página 1822, cuyos rubro y texto dicen: ‘AUTORIDADES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. CUANDO ACTÚAN EN SUPLENCIA ES INNECESARIO SEÑALAR EN EL ACTO DE MOLESTIA QUE ES POR AUSENCIA.’ (se transcribe). En efecto, en dicho criterio el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostiene que el precepto en estudio no contempla diversas especies de ausencias (por impedimento o porque esté vacante la plaza del funcionario), circunstancia que, considera, hace innecesario que se haga referencia a la ausencia del titular, pues basta que en el documento se exprese que actúa por suplencia y la cita del precepto que así lo establezca, para estimar satisfechas las exigencias de la debida fundamentación y motivación del acto de molestia; sin embargo, como se estableció con anterioridad, este tribunal considera que con independencia de que el artículo en cuestión no contemple diversos tipos de ausencias, el actuar en suplencia por ausencia no es una facultad discrecional de la autoridad de menor jerarquía, sino que deriva de la propia ley y, en ese tenor, para que se actualice dicha hipótesis debe encontrarse ausente el funcionario que cuenta con la competencia originaria, en ese sentido se estima necesario que se señale expresamente que actúa por ausencia del funcionario correspondiente, ya que en caso contrario crea incertidumbre y estado de indefensión para los gobernados, pues al no conocer el motivo de la actuación en suplencia, no pueden advertir si fue por voluntad propia del funcionario o por la ausencia del superior jerárquico, lo cual es indispensable, pues de ello depende la validez de los actos jurídicos realizados, además, aquéllos se encontrarían imposibilitados de controvertirlos. En ese orden de ideas, por las razones que informa la ejecutoria que nos ocupa, este órgano de control de legalidad no comparte la tesis citada con antelación. En esa virtud y en atención a las consideraciones expresadas anteriormente, por conducto del presidente de este órgano colegiado y con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar la contradicción de tesis entre la sustentada en esta ejecutoria y el diverso criterio mencionado en líneas precedentes. ... Ante ello, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, para el efecto de que la Sala del conocimiento dicte otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, establezca la legalidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, en relación con el concepto de derecho de uso y aprovechamiento de agua, y reitere los demás aspectos que quedaron intocados."

CUARTO. Los antecedentes y consideraciones que derivan de las ejecutorias dictadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 411/2003 y las revisiones fiscales 361/2004 y 71/2005, son los siguientes:

Amparo directo 411/2003.

Aerocalifornia, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderada, interpuso recurso de revocación ante la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal contra las resoluciones que contienen los acuerdos de ampliación de embargo con extracción de bienes relativa a los créditos emitidos el veinte de agosto de dos mil dos. La mencionada autoridad resolvió el recurso de revocación el veinte de septiembre de dos mil dos.

La citada aerolínea demandó ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa la nulidad de la resolución dictada por la Administración Local Jurídica del Norte del Distrito Federal, cuyo conocimiento correspondió a la Segunda Sala Regional Metropolitana de dicho tribunal, quien resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada.

La actora manifestó como agravio que la resolución impugnada es ilegal al confirmar la autoridad las resoluciones recurridas, no obstante que el subadministrador que las signó, en ningún momento señala el motivo del porqué firmó en suplencia del administrador local de Recaudación del Norte del Distrito Federal, y lo procedente era haber dejado sin efectos las resoluciones.

La Sala calificó de infundado el relacionado agravio, pues consideró que el subadministrador de Cobro Coactivo, sí señaló los fundamentos debidos para firmar por suplencia los diez acuerdos de ampliación de embargo con extracción de bienes recurridos, como son los artículos 10, penúltimo párrafo y 22, último párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de marzo de dos mil uno, "... Sin que en tales preceptos se establezca la obligación de motivar la ausencia como lo aduce la actora, ya que basta hacer la mención de que quien firma lo hace supliendo la ausencia del titular de la competencia y cite el fundamento que establezca la competencia ejercida, pues es por ministerio de ley, y si las facultades señaladas para la administración que en la especie las reconoce expresamente la actora, se entienden también para las subadministraciones, por lo que es obvio que ambas autoridades cuentan con competencia suficiente para emitir las resoluciones recurridas ..."

No obstante lo anterior, consideró la Sala que los acuerdos de ampliación de embargo con extracción de bienes no cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 38 del Código Fiscal, al advertir a simple vista que se encuentran con diverso tipo de letra, motivo por el cual procedió a declarar su nulidad.

En contra de la resolución dictada en el juicio de nulidad, Aerocalifornia, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo, cuyo conocimiento correspondió al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con número 411/2003, resuelto en sesión de veintidós de enero de dos mil cuatro, con las siguientes consideraciones.

"SEXTO. Debe destacarse que la parte quejosa cuenta con interés jurídico para impugnar la sentencia reclamada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, en la medida de que si bien se declaró la nulidad de la resolución recaída al recurso de revocación, que por sus características no puede declararse una nulidad lisa y llana; no debe perderse de vista que puede obtener un beneficio mayor al estimado si se aborda en este juicio de amparo el estudio de la competencia de las autoridades demandadas para emitir los acuerdos de ampliación de embargo con extracción inmediata de bienes, por el rubro de aprovechamientos a la navegación en el espacio aéreo mexicano; en especial, respecto del tópico de la suplencia de la Administración Local de Recaudación del Norte de Distrito Federal, puesto que podría volver a dictarlos un posible órgano incompetente subsanando únicamente los vicios advertidos en ellos, que tendría que combatir el gobernado nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia, pues se reitera, ante todo, debe determinarse si la autoridad fiscal tiene o no facultades para dictar los acuerdos relativos e invadir la esfera jurídica del particular, aun en situaciones futuras, pues se trata de una facultad discrecional. SÉPTIMO. Ante todo, resulta pertinente señalar que la parte quejosa aduce en los conceptos de violación de la demanda de amparo, en esencia, los siguientes argumentos: a) Que la obligación de motivar la ausencia del titular que dictó el acto administrativo para estimar válida su suplencia, no deriva de alguna disposición secundaria, sino del artículo 16 de la Constitución General de la República. b) Que la autoridad responsable confirma su postura en el sentido de que el subadministrador de Cobro Coactivo nunca señaló que dictó los acuerdos de ampliación de embargo con extracción inmediata ‘en suplencia por ausencia’, conforme al artículo 10, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, publicado el veintidós de marzo de dos mil uno, sino que lo hizo únicamente precisando que por ‘suplencia’ del titular dictaba los actos administrativos; tan es así que en la sentencia reclamada se estableció que la autoridad que firma el documento lo debe hacer en suplencia por ausencia del titular. c) Que el administrador local de Recaudación del Norte del Distrito Federal, es la única autoridad facultada para dictar los acuerdos de ampliación de embargo, según lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento antes señalado, porque si bien los subadministradores pueden firmar en suplencia del titular, es básico que precisen que se hace en ‘ausencia’, en virtud de que las autoridades sólo pueden hacer lo que las leyes les faculta, pues en caso contrario, cualquier subadministrador puede de manera arbitraria suplir a su superior. En esa tesitura, de la sentencia reclamada se evidencia que la Sala responsable consideró que el subadministrador de Cobro Coactivo estableció debidamente su competencia en los acuerdos de ampliación de embargo dentro del procedimiento administrativo de ejecución, al fundarse en los artículos 10 y 22, párrafos penúltimo y último, respectivamente, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, aunado a que no existe precepto alguno que obligue a la autoridad a motivar la suplencia, antes bien, sólo es menester que se haga ‘... la mención de que quien firma lo hace en suplencia a la ausencia del titular de la competencia y cite el fundamento que establezca la competencia ejercida ...’, en virtud de que las facultades concedidas al titular se entienden también otorgadas a la autoridad que suple. De los datos precisados con antelación es fácil advertir que la quejosa controvierte, básicamente, que las autoridades administrativas al emitir sus actos en suplencia de otras, por imperativo del artículo 16 constitucional, deben establecer en el documento que lo hacen en ‘ausencia’ del titular, en aras de que el gobernado conozca oportunamente los fundamentos que sirvieron de base para emitirlos; haciéndose la aclaración de que no fue materia de la litis en el juicio de nulidad ni es en este juicio de garantías, lo relativo a las facultades de la autoridad suplida o de la autoridad suplente para dictar los acuerdos de ampliación de embargo, sino que únicamente se cuestiona que en el propio acto administrativo se motive por qué causa se tuvo que suplir al titular. De esa manera, resulta oportuno señalar que el invocado artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal dispone: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). El precepto fundamental transcrito consagra la garantía de seguridad jurídica en cuanto prevé la fundamentación de la competencia de la autoridad que dicta el acto de molestia, que descansa en el principio de legalidad, en el sentido de que los órganos o autoridades estatales sólo pueden hacer lo que la ley expresamente les permita; por ende, la autoridad tiene el deber de establecer en el documento correspondiente el carácter con que lo suscribe y la disposición legal específica que lo faculta dentro del ámbito administrativo para dictar dicho acto de molestia. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia número 10/94 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, consultable en la página 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 77, mayo de 1994, que dice: ‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’ (se transcribe). Lo anterior pone de manifiesto que el requisito esencial de la fundamentación de la competencia de la autoridad que dicta el acto de molestia, previsto en el artículo 16 de la Constitución General de la República, lleva implícita la premisa de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a dicha autoridad administrativa, si se toma en especial consideración que el valor jurídicamente protegido es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los distintos actos de las autoridades que considere afectan o lesionan su esfera jurídica y, por consiguiente, asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos, ante un acto que no satisfaga plenamente todos los requisitos legales necesarios. En este sentido, la competencia de la autoridad es uno de los requisitos esenciales para la validez jurídica del acto de molestia, toda vez que si es dictado por una autoridad cuyas facultades no encuadren en las hipótesis legales que fundaron su acto, es patente que éste no puede producir ningún efecto respecto de aquellas personas contra las que se dicte, tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis aisladas que llevan por rubro, texto y datos de localización los siguientes: Quinta Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación. Tomo LII. Página 2600. ‘AUTORIDADES INCOMPETENTES, EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES DE LAS.’ (se transcribe). Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, octubre de 2001. Tesis 2a. CXCVI/2001. Página 429. ‘AUTORIDADES INCOMPETENTES. SUS ACTOS NO PRODUCEN EFECTO ALGUNO.’ (se transcribe). Entonces, para respetar el principio de seguridad jurídica tutelado por el citado precepto constitucional, es necesario que en el mandamiento escrito que contenga el respectivo acto de autoridad se mencionen con exactitud las disposiciones legales específicas que incorporen al ámbito competencial del órgano emisor la atribución que le permite afectar la esfera jurídica del gobernado, atendiendo a los diversos criterios de atribuciones; obligación que por cierto se reitera puntualmente en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto establece las formalidades que deben contener los actos de las autoridades administrativas, en los siguientes términos: ‘Artículo 38.’ (se transcribe). Además, resulta de especial importancia precisar que el principio de mérito se encuentra íntimamente adminiculado a la garantía de fundamentación y motivación, que reviste dentro de su estructura dos aspectos: el formal que exige a la autoridad que invoque los preceptos en que funde su competenci

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20040-286d6c29/servicio-de-administracion-tributaria-si-en-el-acto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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