RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36, TERCERO Y CUARTO PÁRRAFOS, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 1996. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LE RECAE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL RESULTADO EN CUANTO AL FONDO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Tribunal Pleno, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de donde emanan los posibles criterios opositores, corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realizó la Ministra presidenta de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presentes los antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios que se denuncian como opositores, así como las consideraciones en que éstos se sustentan:
I. Amparo en revisión 496/2005, del índice del Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito:
• Mediante escrito presentado el primero de diciembre de dos mil cuatro, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el quejoso Ernesto Gaytán Palomo, por conducto de su apoderado, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del administrador general jurídico con sede en México, Distrito Federal, y otras autoridades, señalando como acto reclamado la emisión de la resolución que se contiene en el oficio número 325-SAT-II-RAI (53) 62913 de fecha dieciocho de octubre de dos mil cuatro, que resuelve la solicitud de reconsideración administrativa de la diversa resolución de fecha ocho de abril de dos mil tres, que se contiene en el oficio número 325-SAT-28-V-RI-01855, suscrito por la Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que determinó en perjuicio del contribuyente, las facultades de las autoridades administrativas para determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, así como la de imponer sanciones por infracciones al Código Fiscal de la Federación en relación con el vehículo marca internacional, tipo tractor, quinta rueda, clase T-3, modelo 1985, serie 1HSRDJSR6FHB23335.
• Por razón de turno, tocó conocer del asunto al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien admitió la demanda con el número 536/2004-2A y dictó sentencia el treinta y uno de mayo de dos mil cinco, en el sentido de sobreseer en el juicio respecto de los actos de ejecución reclamados al administrador local jurídico de Nuevo Laredo, y negar el amparo al quejoso respecto de los actos reclamados al administrador general jurídico del Distrito Federal y al administrador local de la Aduana de Aguascalientes, Aguascalientes.
• No conforme con esta sentencia, el quejoso Ernesto Gaytán Palomero interpuso recurso de revisión del que tocó conocer al Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, quien dictó sentencia con fecha ocho de diciembre de dos mil cinco, en el sentido de modificar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.
Lo anterior, fundamentalmente al tenor de las siguientes consideraciones:
"TERCERO. ... Ahora bien, a fin de establecer las razones por las cuales el presente juicio de amparo es improcedente, es menester, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, fijar clara y precisamente el acto reclamado. Así pues, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, en esencia, reclamó la resolución contenida en el oficio 325-SAT-II-RAI-(53)-62913, del dieciocho de octubre de dos mil cuatro, mediante la cual la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, resolvió la reconsideración administrativa promovida por Ernesto Gaytán Palomo, contra la resolución contenida en el diverso oficio 325-SAT-28-V-RI-01855, expedida por la Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Es oportuno destacar que en la resolución citada en último término, la Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo, Tamaulipas, determinó en perjuicio del contribuyente, hoy recurrente, las facultades de las autoridades administrativas para determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, así como la de imponer sanciones por infracciones al Código Fiscal de la Federación, todo en relación con el vehículo marca internacional, tipo tractor, quinta rueda, clase T-3, modelo 1985, serie 1HSRDJSR6FHB23335. Precisado lo anterior, también es conveniente analizar la naturaleza jurídica del acto reclamado a efecto de establecer con certidumbre si el mismo es susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto; y para tal efecto, importa destacar que el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, en su texto vigente hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, establecía lo siguiente: ‘Artículo 36.’ (se transcribe). Posteriormente, con el propósito de otorgar un trato más justo a los contribuyentes en los casos en los que notoriamente les asista la razón y ya no puedan acudir a ningún medio de defensa porque hubieran perdido el derecho a hacerlos valer, el Ejecutivo Federal propuso al Congreso de la Unión el establecimiento de un procedimiento excepcional mediante el cual las autoridades fiscales estarán en posibilidad de revisar sus propias resoluciones, desfavorables al particular, pudiendo, en su caso, modificarlas o revocarlas. En tal virtud, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se adicionaron los dos últimos párrafos del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, reforma que entró en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa y seis, cuyo texto legal precisa: ‘Artículo 36.’ (se transcribe). De lo antes expuesto se desprende que la reconsideración en sede administrativa tiene los siguientes elementos: a) Constituye un mecanismo sui géneris y excepcional que contribuye al autocontrol de la legalidad de los actos administrativos en materia fiscal; b) Constituye el ejercicio de una facultad discrecional de las autoridades fiscales; c) Su ejercicio solamente puede llevarse a cabo en una ocasión; d) A través de ella se pueden modificar o revocar, las resoluciones administrativas emitidas por sus subordinados jerárquicos que sean desfavorables a los intereses de los particulares; e) La modificación o revocación debe fundarse en la notoriedad de la razón que asista al contribuyente; f) Solamente puede llevarse a cabo, cuando por algún motivo el contribuyente hubiera perdido su derecho a impugnar tales determinaciones a través de los medios ordinarios de defensa, siempre que no haya prescrito el crédito fiscal. De las notas anteriores, destacan por su importancia las indicadas en los incisos e) y f), pues en ellos se pone de manifiesto la intención que el Poder Legislativo de la Unión tuvo en cuenta para reformar el precepto legal en cita, esto es, no obstante que algún particular afectado por un acto administrativo, especialmente en materia fiscal, hubiera perdido toda posibilidad de controvertirlo, estableció un procedimiento especial para que en aquellos casos en los que existía notoriedad de dicho acto se haya emitido en contravención a las disposiciones fiscales, se pudiera modificar o revocar por una sola vez en beneficio del contribuyente. Esta facultad, desde luego, no constituye ningún medio de defensa, porque su ejercicio, como ya quedó establecido, parte de la hipótesis de que el particular afectado ya perdió toda posibilidad de impugnación. De ahí que se erija como una dádiva graciosa del régimen jurídico administrativo fiscal, lo que se traduce en el ejercicio de una facultad discrecional. Así las cosas, cuando el ejercicio de esta facultad obedece a una excitativa de los gobernados, la resolución que a la postre se emita no puede ser impugnada a través del juicio de amparo, ello porque el artículo 73, fracción XVIII, establece lo siguiente: ‘Artículo 73.’ (se transcribe). En tal orden de ideas, es evidente que la prohibición establecida por el artículo 36, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación, resulta aplicable al juicio de amparo indirecto, cuando quien lo promueve es el particular afectado por un acto administrativo, dado que, como ya se dejó precisado, el ejercicio de esa facultad parte de la hipótesis de que el gobernado perdió toda posibilidad de impugnar el acto administrativo, lo que desde luego haría improcedente el juicio de amparo en contra de la resolución cuya modificación se pretende a través de la reconsideración administrativa, por ello, sostener que la resolución que se pronuncie en este procedimiento sui géneris, denominado como reconsideración, es impugnable a través del juicio de amparo indirecto con soslayo de la prohibición contenida en el propio artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, sería tanto como legitimar la promoción indiscriminada de medios extraordinarios de impugnación, contra resoluciones que no fueron combatidas oportunamente. Lo que se afirma en ese sentido, ya que bastaría que se realizara la solicitud de reconsideración, por cualquier contribuyente afectado por la determinación de un crédito fiscal para analizar su constitucionalidad, a pesar de que su derecho de impugnación precluyó, incluso se llegaría al absurdo de que, como en el caso, que a través de este procedimiento se controvierta la resolución primigenia, a pesar de que el juicio de amparo, que en su contra se promovió, resultara improcedente porque no se agotaron previamente los medios de impugnación ordinarios, por tanto, no es factible que con la resolución que recaiga en ese procedimiento sui géneris, se abra una nueva posibilidad de impugnarlo, vulnerando así los efectos de la cosa juzgada. Lo anterior, cobra especial significación puesto que de las manifestaciones realizadas en la demanda de amparo, se advierte que el quejoso pretendió controvertir la resolución primigenia a través de un diverso juicio de amparo (foja 6), en el que se decretó el sobreseimiento; por tanto, como ya se precisó, no es factible legitimar la promoción de un nuevo juicio de amparo, so pretexto de intentarse contra una resolución que se ve afectada por el principio de la cosa juzgada. A mayor abundamiento, el juicio de amparo de conformidad con los postulados contenidos en el artículo 107 constitucional, es un procedimiento de naturaleza extraordinario que tiene por objeto salvaguardar las garantías individuales de los gobernados, mediante la sujeción a un juicio de control de los actos de autoridad, o de las leyes, sin embargo, dado su carácter de excepcional, no sustituye a los medios de impugnación previstos en las leyes ordinarias, los cuales inclusive deben ser agotados previamente en virtud del principio de definitividad. En este contexto, no es dable que a través de este juicio extraordinario se pretenda legitimar a un gobernado, que habiendo sido oído y vencido en los procedimientos ordinarios, pretenda modificar una situación jurídica concreta y particular ya definida e incluso firme, porque en su contra ya no procede recurso o medio de impugnación. Lo anterior es así, ya que la institución de la cosa juzgada, se erige en el régimen jurídico como una garantía de seguridad jurídica, en virtud del cual una situación jurídica concreta y particular, no podrá ser modificada, precisamente en aras de la seguridad jurídica. No escapa a la consideración de este tribunal, la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 991 del Tomo XXII, noviembre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son los siguientes: ‘RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE EN ELLA SE EMITE PUEDE IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado estima, como ya quedó precisado en esta ejecutoria, que el juicio de garantías es improcedente contra la resolución que se emite en este procedimiento sui géneris, principalmente porque no constituye recurso o instancia que habilite al particular afectado a reabrir un nuevo juicio contra aquellas resoluciones que por soslayo, error o negligencia no fueron impugnadas a través de los procedimientos correspondientes, lo anterior, porque cualquiera que sea el proceder de la autoridad responsable no violaría garantías individuales si se parte de la base que la reconsideración administrativa es una dádiva graciosa del sistema de justicia administrativa. Por ello, hágase la denuncia de contradicción de tesis correspondiente y para tal efecto instrúyase a la secretaria de tesis de este Tribunal Colegiado. En virtud de lo anterior, como el artículo 73, fracción XVIII, primer párrafo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando la misma derive de la ley, sin distinguir a una ley especial, el intérprete no debe distinguir y, por tanto, al existir la prohibición expresa en el artículo 36, párrafo último, del Código Fiscal de la Federación, para que los particulares afectados por una resolución administrativa impugnen las resoluciones que se emitan en el procedimiento de reconsideración, el presente juicio de amparo es improcedente. En virtud de lo anterior, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, con fundamento en el artículo 74, fracción III, en relación con el diverso 91, fracción III, todos de la Ley de Amparo, procede revocar el fallo recurrido y sobreseer en el presente juicio de amparo."
La anterior consideración, dio origen a la tesis aislada de dicho tribunal número TC195015.9 ADI, que dice:
"Novena Época
"Instancia: Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIII, febrero de 2006
"Tesis: XIX.15 A
"Página: 1894
"RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE EN ELLA SE EMITA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA. De conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Por su parte, el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, señala que las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la reconsideración administrativa no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. En este contexto, la prohibición establecida por el artículo 36, párrafo último, resulta aplicable al juicio de amparo indirecto, cuando quien lo promueve es el particular afectado por una resolución pronunciada en la reconsideración administrativa, dado que el ejercicio de esa facultad parte de la hipótesis de que el gobernado perdió toda posibilidad de impugnar el acto administrativo, lo que desde luego haría improcedente el juicio constitucional contra la resolución cuya modificación se pretende a través de la reconsideración administrativa, por ello, sostener que la resolución que se pronuncie en este procedimiento sui géneris, es impugnable a través del juicio de garantías con soslayo de la prohibición contenida en el propio artículo 36, sería tanto como legitimar la promoción indiscriminada de medios extraordinarios de impugnación, contra resoluciones que no fueron combatidas oportunamente, pues bastaría que se realizara la solicitud de reconsideración, por cualquier contribuyente, para analizar la constitucionalidad de cualquier resolución, a pesar de que su derecho de impugnación precluyó, incluso se llegaría al absurdo de que a través de este procedimiento se controvierta la resolución primigenia, a pesar de que no se agotaron previamente los medios de impugnación ordinarios; por tanto, no es factible que con la resolución que recaiga en este procedimiento sui géneris, se abra una nueva posibilidad de impugnación, vulnerando así los efectos de la cosa juzgada."
II. Amparo en revisión 348/2005, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
Antecedentes:
1. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil cinco ante la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, Raúl Chávez Mora interpuso recurso de reconsideración con fundamento en el artículo 36, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en contra de la resolución que se contiene en el oficio número 16.32 en el que se le determina un crédito fiscal.
2. Mediante resolución de fecha veintiséis de mayo de dos mil cinco, la autoridad, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, dio respuesta a la reconsideración en el sentido de modificar el crédito fiscal.
3. Por escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil cinco ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Raúl Chávez Mora, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla reclamando el acuerdo de fecha veintiséis de mayo de dos mil cinco.
4. Por razón de turno, tocó conocer al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Puebla, quien admitió a trámite la demanda de garantías y la registró con el número de expediente 751/2005, y seguido el juicio en todos sus trámites legales dictó sentencia el veintinueve de julio de dos mil cinco, en el sentido de conceder el amparo al quejoso.
5. Inconforme con esta resolución, la autoridad responsable interpuso recurso de revisión del que tocó conocer por razón de turno al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien lo admitió a trámite con el número 348/2005 y dictó sentencia el día primero de septiembre de dos mil cinco, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo al quejoso.
La resolución de referencia se basa en las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Es infundado por una parte e inoperante por la otra, el único agravio vertido por la recurrente, por las siguientes razones: ... la autoridad recurrente en la primera parte de su agravio aduce, en síntesis, que resulta improcedente el juicio de amparo, por tratarse éste de un medio de defensa, siendo que el citado artículo 36 del Código Fiscal de la Federación establece que las resoluciones emitidas en el recurso de reconsideración no podrán ser impugnadas, pues de considerar lo contrario se estaría en el supuesto de que aun cuando haya transcurrido el plazo que la ley establece para interponer algún medio de defensa en contra de la resolución de la cual se planteó la reconsideración, ésta pueda ser impugnada utilizando como nexo la reconsideración administrativa, lo cual conllevaría a considerar que los plazos establecidos por la ley para interponer los medios de defensa no son perentorios, ya que aun cuando el plazo para ello haya fenecido, a través de la reconsideración puedan impugnarse los actos o resoluciones de las autoridades.’. Argumentos que resultan infundados, por lo siguiente: El artículo 36, párrafos tercero y cuarto, del Código Fiscal de la Federación, establece: (se transcribe). Del citado precepto se desprende que la reconsideración administrativa que prevé el tercer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, se instituyó como un mecanismo excepcional de la legalidad de los actos administrativos en materia fiscal, cuyo ejercicio pueden desarrollar discrecionalmente las autoridades fiscales con el fin de modificar o revocar, por una sola vez, las resoluciones administrativas emitidas por sus subordinados jerárquicos que sean desfavorables a los intereses de los particulares a los que ‘notoriamente les asista la razón’, y que por algún motivo hubieran perdido su derecho a impugnar tales determinaciones a través de los medios ordinarios de defensa, siempre que no haya prescrito el crédito fiscal. Luego, es evidente que la facultad conferida a las autoridades hacendarias para, en su caso, revocar o modificar, por una sola vez, las resoluciones emitidas por sus inferiores jerárquicos que sean desfavorables a los intereses de los particulares, no constituye un recurso o medio ordinario de defensa con que éstos cuenten para impugnar tales determinaciones, en tanto se instituyó como un procedimiento excepcional que tiene como finalidad resarcir a los contribuyentes de la ilegal afectación que sufran en su esfera jurídica como consecuencia de las resoluciones desfavorables que han quedado firmes por no haberse impugnado a través de algún medio de defensa, cuestión tal que se corrobora si se toma en consideración que en el cuarto párrafo del numeral en comento, expresamente se señala que la reconsideración administrativa ‘no constituirá instancia’ y que las resoluciones que al efecto se emitan ‘no podrán ser impugnadas por los contribuyentes’, por tanto, no puede reclamarse a través de los recursos o juicio de nulidad a que se refiere el Código Fiscal de la Federación. Ahora bien, la resolución de la autoridad fiscal que se pretende impugnar a través del juicio de amparo se dictó como culminación de un derecho que otorga la ley al gobernado para solicitar al superior jerárquico de quien la emitió, la revisión de las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables, lo que implica que la materia del asunto versa sobre la petición de reconocimiento de un derecho tutelado. Cabe advertir que existen facultades discrecionales cuando la ley otorga a la autoridad un campo de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, para resolver cuándo y cómo debe obrar, o aun para determinar libremente el contenido de su posible actuación; ha de entenderse que la base de este tipo de atribuciones es la libertad de apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que la propia ley les señala. Su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de optar, de elegir, entre dos o más decisiones, sin que ello signifique arbitrariedad, ya que la autoridad sigue sujeta a los requisitos de fundamentación, motivación y congruencia exigidos por el artículo 16 constitucional, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados por la autoridad jurisdiccional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 38, en la página cuarenta y cinco, Tomo III, Materia Administrativa del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente al año dos mil, que establece: ‘FACULTADES DISCRECIONALES. APRECIACIÓN DEL USO INDEBIDO DE ELLAS EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Por tanto, la resolución que se emite en la reconsideración administrativa emitida en ejercicio de facultades discrecionales concedidas por la ley siguen sujetas a los requisitos de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad exigidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la ley secundaria y, por ende, la resolución impugnada es susceptible de violar garantías del afectado. En este orden de ideas es dable concluir, en el aspecto señalado, que si la resolución del subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla que se considera violatoria de las garantías individuales, puede impugnarse mediante el juicio de amparo. Cabe precisar que la esencia de la reconsideración que regula el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, es establecer a favor del contribuyente un beneficio, a cuyo caso la autoridad administrativa puede modificar y revocar la resolución en contra de la cual se pidió la reconsideración, pero como se dijo, en caso de ser procedente, ésta será siempre en beneficio del promovente. Ahora bien, ciertamente la resolución en contra de la cual se pide la reconsideración, en el caso, la determinante del crédito fiscal, no puede impugnarse a través de un medio ordinario de defensa, en los términos del propio artículo 36 citado; sin embargo, ello no implica, como se dijo, que la resolución que recae a dicha reconsideración no pueda ser combatida a través del juicio de amparo, cuando, como en el caso, resulte violatoria de garantías del quejoso, cuenta habida que el juicio de amparo no es un recurso o medio de defensa ordinario, sino que es un remedio constitucional extraordinario conforme a su esencia y naturaleza, que sólo procede contra actos respecto de los cuales la ley no concede medio de defensa alguno, en virtud del cual puedan repararse, en la vía común, los perjuicios que dichos actos causen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario con notoria violación del espíritu jurídico que informó su creación, pues no se tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario para el mantenimiento del orden constitucional; por otra parte, sólo habiendo perjuicio, puede haber motivo para que pida amparo la persona que resienta aquél, por causa de una ley o de un acto. Por ello, es inaceptable la postura de la autoridad, en tanto alega en sus agravios que la resolución recaída a la reconsideración administrativa planteada por el quejoso ante la autoridad administrativa, no puede ser combatida a través del juicio de amparo, porque se estaría en el supuesto de que aun cuando haya transcurrido el plazo que la ley establece para interponer algún medio de defensa en contra de la resolución de la cual se planteó la citada reconsideración, pueda ser utilizado como nexo para combatir dicha resolución. Lo anterior, tomando en consideración que en el juicio de garantías no se impugna la resolución en contra de la cual se pidió la reconsideración administrativa, sino que lo que constituye el acto reclamado es la resolución que recayó a dicha reconsideración en contra de la cual sí procede el juicio de garantías, por considerar que la misma resulta violatoria de garantías individuales, siendo que el juicio de garantías no le da derecho al quejoso a impugnar la primigenia resolución en contra de la cual se hizo valer la citada reconsideración, pues en modo alguno los efectos del amparo son para promover el recurso, sino que lo reclamado y materia a estudio es la resolución que recayó al recurso de reconsideración. Finalmente, tampoco es aceptable lo aducido por la autoridad recurrente, en el sentido de que el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación al establecer que las resoluciones recaídas a la reconsideración administrativa no podrán ser impugnadas por los contribuyentes incluyan al juicio de garantías y, por ende, no puedan promover en su contra éste, puesto que el mencionado Código Fiscal de la Federación no puede regular al juicio de amparo, toda vez que la regulación de éste, está contenida en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria de éstos, que es la Ley de Amparo. Apoya en lo conducente, la tesis 2a./J. 97/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos trece del Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de julio de dos mil cuatro, bajo el rubro y texto siguientes: ‘RECONSIDERACIÓN ADMINISTRATIVA. SU DESECHAMIENTO NO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.’ (se transcribe). De ahí que la no impugnación de que habla el Código Fiscal de la Federación, se refiere a que la resolución que recae a la reconsideración administrativa, no puede ser combatida por los medios ordinarios de defensa o juicio de nulidad establecidos en dicho ordenamiento. De ahí que como se dijo, resulte infundado el agravio de la autoridad recurrente, en la parte que se analiza. Por otra parte, resulta inoperante el agravio de la autoridad recurrente, con el que pretende combatir el considerando quinto de la resolución emitida por el Juez de Distrito, en el cual precisa, en síntesis, que el juzgador de amparo no realizó un análisis completo de la resolución de veintiséis de mayo de dos mil cinco, dado que la misma se encuentra fundada y motivada, dado que cubre los requisitos de procedibilidad que establece el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, al expresarse en ella las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se tomaron en cuenta para modificar la resolución sujeta a la reconsideración, sin dejar de observar que para emitir la citada resolución, la autoridad en uso de sus facultades discrecionales revisó ampliamente el caso planteado, esto es, tomó en cuenta todos y cada uno de los planteamientos formulados en dicha reconsideración. En efecto, de la sentencia reclamada se advierte que para conceder el amparo solicitado, el juzgado expuso los siguientes razonamientos: ... Ahora bien, como se puso de manifiesto anteriormente, al realizar la síntesis del agravio expuesto por la recurrente, en la parte que se analiza, se advierte que en modo alguno comb
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19583-1bd72aaf/reconsideracion-administrativa-prevista-en-el-articulo-36-tercero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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