Corpus
Modo: Corpus Pro

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO PARTICULAR EN AUXILIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUANDO DETERMINA Y RECAUDA EL DERECHO POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EMISIÓN DEL AVISO-RECIBO RELATIVO AL PAGO DE DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, DERIVADO DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL, CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN DICHOS DERECHOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19852
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, , Pág. 369.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 92/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud del tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por Manuel Rojas Fonseca, en su carácter de Magistrado del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien resolvió el amparo en revisión 178/2005, el dos de junio de dos mil cinco, relativo al juicio de amparo 242/2005, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, quejoso Textiles Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable.

De ahí que si la denuncia fue realizada por uno de los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que resolvió un asunto materia de la posible contradicción, es evidente que la misma proviene de parte legítima.

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en su resolución de dos de junio de dos mil cinco, correspondiente al amparo en revisión 178/2005, promovido por las autoridades responsables, Congreso y gobernador, ambos del Estado de Puebla, relativo al juicio de amparo 242/2005, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, quejoso Textiles Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable, consideró, en lo conducente, lo siguiente:

"SÉPTIMO. De la lectura a la sentencia materia de este toca, se aprecia que el Juez de Distrito dijo que tanto el tesorero municipal como el jefe de la sucursal Humboldt de la Comisión Federal de Electricidad, rindieron su informe justificado en la forma y términos que de los mismos se desprenden; sin embargo, no señaló si son o no ciertos los actos a ellas reclamados y si por tal motivo se actualiza o no alguna causal de improcedencia. En ese sentido, también debe abordarse tal situación, en aras del principio de exhaustividad que debe imperar en los fallos jurisdiccionales. Así, el citado tesorero municipal manifestó que el acto reclamado es parcialmente cierto, para lo cual agregó: ‘A lo que he de contestar que efectivamente establece un derecho por la prestación del servicio de alumbrado público, a favor del Municipio como contraprestación, ya que el Ayuntamiento tiene la obligación de seguir proporcionando dicho servicio en cuanto a infraestructura, mantenimiento, mejoramiento, etcétera, a fin de cumplir con las necesidades de los contribuyentes ... Atento a lo anterior, es incongruente que la quejosa haga la deducción de que al determinar la cuantía total del recibo de luz, se deduzca que dicho pago sobre el derecho de alumbrado se calcula sobre el consumo de energía, si claramente se aprecia que el derecho de alumbrado público se encuentra desglosado en el recibo de luz con las siglas DAP.’. En mérito de lo anterior, al menos para los efectos del presente juicio, debe tenerse por cierto el acto reclamado al tesorero municipal del Ayuntamiento de Puebla. Por su parte, al rendir su informe justificado el jefe de la sucursal Humboldt de la Comisión Federal de Electricidad manifestó: ‘No es cierto el acto reclamado por lo que hace a esta Comisión Federal de Electricidad, en virtud de que no existen actos de ejecución del decreto que contiene la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, pues nuestro organismo únicamente recibe el pago establecido con el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, como derecho de alumbrado público.’ (foja 48 del expediente de origen). Como se ve, la Comisión Federal de Electricidad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto de ejecución que se le atribuye; empero, si bien la quejosa aportó como prueba el aviso-recibo por consumo de energía eléctrica correspondiente al periodo del treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro al treinta y uno de enero de dos mil cinco (foja 9), lo cierto es que la emisión de dicho recibo por cuanto al cobro del derecho de alumbrado público no puede considerarse un acto de autoridad para los efectos del amparo, porque con ello la comisión no ejerce facultades de decisión, sino que únicamente funge como un auxiliar de la administración pública municipal, al aplicar la tasa del dos por ciento por concepto de cobro de derecho del servicio de alumbrado público, aprobada en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal 2005. Sin que sea dable analizar lo relativo al consumo por cobro de energía eléctrica y apercibimiento de corte, ya que no son actos reclamados en este juicio, sino sólo el derecho de alumbrado público, no el consumo particular. Esto es, la función de la Comisión Federal de Electricidad se circunscribe a recaudar ‘los derechos’ que señala la ley para su posterior entero a las oficinas hacendarias respectivas (municipales), función entendida como un deber impuesto correspondiente a la facultad que la autoridad tiene para mayor control de los impuestos y hacer rápida y efectiva su recaudación. Como apoyo de lo anterior, se cita la tesis que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos sesenta y ocho del Tomo VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS RECIBOS O FACTURAS QUE EXPIDE POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO SON ACTOS DE AUTORIDAD.’ (se transcribe). También se cita la diversa tesis de la misma Sala del Alto Tribunal, visible en la página trescientos sesenta y siete del citado tomo y fuente, que dice: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. ACTÚA COMO AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CUANDO RECAUDA EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS.’ (se transcribe). No pasa inadvertida la jurisprudencia 91/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y cinco del Tomo XVI, agosto de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Sin embargo, no resulta aplicable en la especie, en tanto que la Comisión Federal de Electricidad no está cobrando el consumo de energía eléctrica ni es materia de litis la suspensión del fluido eléctrico sino sólo el derecho de alumbrado público que aquélla lo hace como auxiliar del Ayuntamiento. En mérito de lo razonado, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 11, aplicado en contrario sentido, debe sobreseerse en el presente juicio de garantías respecto de los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad. Ante la omisión del a quo, detectada y definida por este tribunal, deviene innecesario hacer referencia al escrito recibido en este órgano mediante el cual el apoderado de la Comisión Federal de Electricidad se apersona al presente medio de defensa. OCTAVO. No se analizarán los agravios propuestos, en tanto que este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza una causal de improcedencia del juicio de origen, que será tratada de manera oficiosa en esta instancia, para lo cual se cita la jurisprudencia 122/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página veintiocho del Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe). La causal de improcedencia que se surte en la especie, es la que deriva de lo previsto en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 114, fracción I, aplicado en sentido contrario, de la misma legislación. El primero de los numerales citados establece que el juicio de amparo es improcedente contra leyes que por su sola vigencia no causen perjuicio al quejoso, sino que es necesario un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio. Por su parte, el segundo de los dispositivos prevé, en lo que interesa, que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra leyes locales cuando con motivo de su primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso. La peticionaria de garantías señala como actos reclamados los artículos 1o., fracción II, inciso d) y 13, fracción II, de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, en específico, cuestiona su constitucionalidad por el establecimiento del derecho de alumbrado público, para lo cual aduce que la Legislatura Estatal invade la esfera competencial de la Federación, en tanto que para obtener tal derecho se toma como parámetro el consumo de fluido eléctrico, y en el entendido, además, que el monto por pagar lo refleja el recibo de energía expedido por la Comisión Federal de Electricidad. Los numerales cuestionados dicen lo siguiente: ‘Artículo 1o. Los ingresos que la hacienda pública del Municipio de Puebla, percibirá durante el ejercicio fiscal del año dos mil cinco, serán los que se obtengan por concepto de: ... II. Derechos: ... d) Por servicios de alumbrado público.’. ‘Artículo 13. Los derechos por el servicio de alumbrado público, se causarán y pagarán aplicando al consumo tarifario determinado por la Comisión Federal de Electricidad y con la periodicidad que ésta establezca, los siguientes porcentajes: ... II. Usuarios de tarifas OM, HM, HS, HSL, HT y HTL: 2.0%.’. De inicio, es pertinente destacar que los numerales cuestionados son de naturaleza heteroaplicativa, pues con su sola vigencia no causan perjuicio a la gobernada, sino que requieren un acto posterior de aplicación para causar perjuicio. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco del Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (se transcribe). Conforme a los antecedentes de la demanda, la quejosa tuvo conocimiento del derecho cuya constitucionalidad reclama el diez de febrero de dos mil cinco, porque dice que en esa fecha obtuvo el recibo de pago de la Comisión Federal de Electricidad, que por lo que respecta al derecho de alumbrado público, ya se vio que no es acto de autoridad. Se evidencia de ese recibo que no está pagado o liquidado, es decir, el derecho de alumbrado público que se estima inconstitucional no ha sido aplicado en perjuicio de la quejosa; en ese sentido, claro resulta que no existe acto de aplicación de los numerales cuestionados en su perjuicio, máxime que, como se dijo con antelación, no figura como acto reclamado el consumo por cobro de energía eléctrica. Como la ley reclamada se impugna con motivo de su ‘aplicación’ y éste no está evidenciado, el estudio de la ley no puede desvincularse del acto de su aplicación, cuando se reclama como heteroaplicativa. Luego, si se sobreseyó por insubsistencia del acto de la autoridad que se estima ejecutora, se debe sobreseer por la ley también. Es aplicable la jurisprudencia que sostuvo el entonces Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diez del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’ (se transcribe). En ese orden de ideas, lo que procede es revocar la sentencia que se revisa, para en su lugar sobreseer en el presente juicio de garantías. Apoya lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y siete del Tomo XII, diciembre de dos mil, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA.’ (se transcribe)."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, en su resolución de treinta de marzo de dos mil seis, correspondiente al amparo en revisión 109/2006, promovido por el quejoso Cementos Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital Variable, relativo al juicio de amparo 161/2006-D, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Los agravios que invoca la persona moral recurrente resultan fundados de conformidad con los razonamientos que a continuación se exponen: En principio, cabe señalar que no serán motivo de análisis la totalidad de los argumentos que esgrime la persona moral recurrente, en virtud de que al resultar procedente la cuestión toral, deviene en ocioso el estudio de todos y cada uno de los demás alegatos vertidos. Del análisis, así como de la confronta de los agravios que expone la persona moral recurrente con los argumentos en los que el Juez Federal sustenta su resolución, se arriba a la conclusión de que contrario a lo que sostiene el Juez a quo, no se evidencia que en el caso particular se configure la causal de improcedencia que aduce para desechar la demanda de garantías. En efecto, el Juez a quo sustancialmente sostuvo, como argumentos para desechar la demanda de amparo, lo siguiente: ‘Que el recibo que la quejosa aportó como prueba por consumo de energía eléctrica por cuanto al cobro del derecho de alumbrado público no puede considerarse un acto de autoridad para los efectos del amparo.’. Resulta incorrecto dicho argumento, en virtud de que con motivo de que la Comisión Federal de Electricidad hizo del conocimiento de la quejosa el aviso-recibo, en el cual, entre otros conceptos, determinó la obligación del pago de los derechos por alumbrado público, lo que la quejosa impugnó vía la litis constitucional, y asimismo impugnó la Ley de Ingresos del Municipio de Jiutepec, Morelos, en cuyo ordenamiento se establece el cobro del derecho referido a cubrir y cuyos preceptos tilda de inconstitucionales, esto era una razón suficiente para inferir que se trata de un acto de aplicación, y queda comprendido dentro del concepto de lo que la Suprema Corte de Justicia ha determinado como aspectos relevantes a las leyes heteroaplicativas. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la tesis P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente al mes de julio de 1997, página 5, la cual es de observancia y aplicación obligatoria, en los términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y que literalmente dice: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (se transcribe). Asimismo, resulta aplicable en apoyo a lo anteriormente expuesto, la tesis por contradicción 2a./J. 128/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, correspondiente al mes de diciembre de 2002, página 235, la que es de observancia y aplicación obligatoria, en los términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y que a la letra dice: ‘AMPARO CONTRA LEYES HETEROAPLICATIVAS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EJECUTORAS NO HUBIEREN APLICADO LA NORMA COMBATIDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA INTERPUESTA EN CONTRA DE LOS ACTOS DE EJECUCIÓN QUE SE LES IMPUTEN.’ (se transcribe). Asimismo, resulta aplicable la tesis 2a./J. 91/2002, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, correspondiente al mes de agosto de 2002, visible en la página 245, misma que es de observancia y aplicación obligatoria, conforme a lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y que a la letra dice: ‘COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL APERCIBE AL CONSUMIDOR DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). En consecuencia, pese a lo sustentado por el Juez de amparo, no puede desligarse del acto reclamado ‘derecho de alumbrado público’, si no se analiza que va explícita la amenaza de suspender el suministro de energía eléctrica que como bien se sustenta en la tesis jurisprudencial, esto deviene en una afectación a la esfera jurídica del gobernado, con independencia de que se haya o no aceptado o no reclamado el consumo de energía eléctrica, sin que sea óbice a lo anterior, la afirmación hecha por parte del Juez Federal de que la Comisión Federal de Electricidad se circunscribe a recaudar los derechos que señala la ley para su posterior entero a las oficinas hacendarias respectivas (municipales), puesto que lo relevante es la amenaza de corte de suministro eléctrico como un acto de autoridad para efectos del amparo. Sirve de apoyo a lo anteriormente expuesto, la tesis 2a. II/2000, sustentada por la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de enero de 2000, visible en la página 76, la cual es de observancia y aplicación obligatoria, en los términos de lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, y que a la letra dice: ‘AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO ES LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CUANDO APERCIBE DE REALIZAR O REALIZA EL CORTE DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.’ (se transcribe). Por tanto y contrario a lo sustentado por el Juez a quo, en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra leyes que por su sola vigencia no causen perjuicio al quejoso, en el caso ya ha trascendido a la esfera jurídica del quejoso, hoy recurrente, mediante el acto posterior de aplicación y que se aprecia en el recibo-factura. Por otra parte, resulta insustancial el que el Juez a quo refiera que la propia quejosa en sus antecedentes expresa que no pagó el recibo de energía eléctrica al considerar que si lo hacía consentiría el acto reclamado, puesto que, lo que sí es claro y preciso, es que se impugna por inconstitucional el cobro del derecho por alumbrado público, y en todo caso, aun en el caso de haber pagado, esto no implica consentimiento alguno si el juicio se instaura dentro del término que sobre el particular prevé la ley de la materia. En consecuencia, al resultar fundado el agravio materia de estudio y no configurarse los supuestos jurídicos que expone el Juez para determinar sobre la causal de improcedencia aducida, en consecuencia, no resultan aplicables al caso las causas de improcedencia que derivan de lo previsto en las fracciones VI y XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 114, fracción I, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por ende, ha lugar a revocar la resolución que se revisa, y se ordena admitir la demanda de amparo."

QUINTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme a la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes:

"Novena: Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En el caso, es necesario atender a lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, que sirve como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales dicen:

"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las siguientes bases:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.

"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.

"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.

"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."

Como se ve, los preceptos de la Constitución Federal y de la Ley de Amparo, así como el criterio jurisprudencial antes transcritos, refieren a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Ese mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer, y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.

En la jurisprudencia aludida, se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicción de tesis, como son:

a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y,

c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

SEXTO. Así entonces, para decidir sobre la existencia o inexistencia de la contradicción de tesis denunciada, debe realizarse un extracto de las consideraciones fundamentales en que se apoyaron los fallos a examen.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

Amparo en revisión 178/2005.

- Se revoca la sentencia recurrida y se sobresee en el juicio de amparo.

Los antecedentes del amparo en revisión, son los siguientes:

1. Textiles Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su administrador, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Puebla y otras autoridades, los cuales se hicieron consistir, en esencia, en la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla, Puebla, para el ejercicio fiscal de dos mil cinco, en particular, su artículo 1o., fracción II, inciso d), que establece como ingreso de la hacienda pública municipal, los derechos por el servicio de alumbrado público, así como el artículo 13, fracción II, que indica que los derechos por el servicio de alumbrado público se causarán y pagarán aplicando al consumo tarifario determinado por la Comisión Federal de Electricidad y con la periodicidad que ésta establezca, en un porcentaje del 2.0%, y el cumplimiento y aplicación de la ley en cita.

2. El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Puebla, a quien correspondió el asunto por razón de turno, concedió el amparo solicitado, en lo conducente, en los términos siguientes:

"... Son fundados los conceptos de violación. El precepto legal que dicha persona moral quejosa impugna de inconstitucional de la Ley de Ingresos para el Municipio del Estado de Puebla, del ejercicio fiscal dos mil cinco, es del siguiente tenor: ‘Artículo 13. Los derechos por el servicio de alumbrado público, se causarán y pagarán aplicando al consumo tarifario determinado por la Comisión Federal de Electricidad y con la periodicidad que ésta establezca, los siguientes porcentajes: I. Usuarios de tarifas 1, 2, 3 y 7, 6.5%. II. Usuarios de tarifas OM, HM, HS, HSL, HT y HTL 2.0%. III. Usuarios de otras tarifas excepto las tarifas 5, 9 y 9M 6.5%.’. De la redacción del artículo transcrito, se aprecia que el mismo, en principio, establece un derecho por la prestación y el uso del servicio público de alumbrado; sin embargo, al determinar su cuantía se advierte claramente que en realidad está creando una contribución sobre el consumo de energía eléctrica, pues dicho precepto legal prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se paguen aplicándose el consumo tarifario establecido por la propia Comisión Federal de Electricidad, lo que se traduce en que realmente se está estableciendo un gravamen sobre dicho consumo, y no en relación con el costo del referido servicio público de alumbrado; razón por la que lógicamente no puede estimarse que la carga tributaria que impone el precepto impugnado constituya una contraprestación por el servicio a que se refiere, toda vez que el cobro del derecho se lleva a cabo en función de las tarifas de consumo de energía eléctrica establecidas por la Comisión Federal de Electricidad, sin darse la relación lógica que debe existir entre el objeto de una contribución y su base, por el contrario, este principio se rompe en el caso de que se trata, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público; debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por la Legislatura Local al consumo de fluido eléctrico, facultad que se encuentra reservada de manera exclusiva al Congreso de la Unión, de conformidad con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19852-242013ed/comision-federal-de-electricidad-actua-como-particular-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.