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Modo: Corpus Pro

NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-011-SCFI-2004, QUE CONTIENE ESPECIFICACIONES PARA LAS PERSONAS DEDICADAS A REALIZAR TRANSACCIONES COMERCIALES DE GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS. TIENE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19541
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO E
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, , Pág. 593.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 16/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL ENTONCES SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO, ACTUALMENTE SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por el Magistrado José Manuel de Alba de Alba, en su carácter de Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, cuyo órgano jurisdiccional resolvió el recurso de revisión 403/2005, promovido por Gasolinera Foy Plan de Ayala, Sociedad Anónima de Capital Variable, el siete de noviembre de dos mil cinco.

De ahí que si la denuncia fue hecha por uno de los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito que resolvió un asunto materia de la posible contradicción, es evidente que la misma proviene de parte legítima.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que la motivaron y que a continuación se transcriben.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en el recurso de revisión 403/2005, promovido por Gasolinera Foy Plan de Ayala, Sociedad Anónima de Capital Variable, el siete de noviembre de dos mil cinco, consideró, en lo conducente, lo siguiente:

"QUINTO. Con respecto a los actos que se reclaman de las autoridades responsables, director general de normas, dependiente de la Secretaría de Economía y director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la emisión y publicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-011-SCFI-2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, este tribunal en términos del artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, advierte una causal de improcedencia, la cual por ser una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia, en tal virtud se hace innecesario atender los agravios expresados por la recurrente. Conviene precisar que la persona moral quejosa, en sus conceptos de violación, arguye esencialmente que la Norma Oficial Mexicana, número NOM-EM-011-SCFI-2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, deviene inconstitucional en atención a que no se encuentra fundada ni motivada, ya que las consideraciones que manifiesta la autoridad, no cuentan con un apoyo, no son precisas ni expresan las razones particulares, circunstancias especiales o causas inmediatas. Dentro del rubro de la indebida motivación, la quejosa argumentó: que incumplió con lo dispuesto por el numeral 34 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; que viola la garantía de seguridad jurídica, por falta de precisión en el sistema propuesto en la norma combatida. También argumenta la violación al artículo 16 constitucional, ya que a través de la norma se pretende que las autoridades responsables puedan efectuar actos de índole indagatoria y cateos; que con las disposiciones contenidas en la norma impugnada, se priva a la quejosa de cualquier medio de defensa legal en caso de que sea inmovilizado su equipo de cómputo por considerar alterado el software. Ahora bien, en el caso se actualiza lo dispuesto por la fracción VI del artículo 73 y 114, fracción I, interpretados a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo los cuales a la letra dicen: (se transcriben). Lo anterior, debido a que la ley tildada de inconstitucional debe considerarse como heteroaplicativa, es decir, que las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la citada ley, no surge en forma automática, con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, ya que la aplicación jurídica o material de la norma en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Lo antes dicho tiene sustento con las propias manifestaciones de la quejosa en su escrito inicial de demanda, en el sentido de que en la norma que se tacha de inconstitucional se prevén diversos actos que atentan contra la privacidad e inviolabilidad del domicilio y que, entre ellos, se encuentra la posibilidad de revisar y buscar información en soportes electrónicos, lo cual implicaría daños a los equipos con los que cuenta, y agrega al respecto: (se transcribe). Lo anterior también puede ser apoyado por lo manifestado por las autoridades responsables ejecutoras, las cuales negaron los actos que se le imputan, sin que la quejosa desvirtuara tal negativa. No obsta para concluir que el precepto tachado de inconstitucional es de naturaleza heteroaplicativa respecto de la parte quejosa, lo que aduce en el sentido de que se dedica a la venta de gasolina y diesel al público en general, pues con independencia de que efectivamente en su momento, alguna de las empresas de su tipo, o en su defecto todas, se encuentren en el supuesto previsto por la norma, lo cierto es que las obligaciones a que los sujeta no podrán ser aplicables, sino que la Procuraduría Federal del Consumidor o, en su caso, diversa autoridad administrativa competente, de acuerdo al estudio y previa comprobación que hagan, determinen que las condiciones en que realiza sus actividades no se ajustan a la misma. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y contenido son los siguientes: No. Registro: 198200. Jurisprudencia Materia(s): Constitucional, Común. Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, julio de 1997. Tesis P./J. 55/97. Página 5. ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (se transcribe). Como consecuencia de lo anterior, es procedente modificar la sentencia sujeta a revisión, y sobreseer en el juicio en términos de la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo."

Por su parte, el entonces Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, en el recurso de revisión 232/2005, promovido por Gasolinera Servicio Carranza, Sociedad Anónima de Capital Variable, el treinta de septiembre de dos mil cinco, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Son esencialmente fundados los anteriores agravios. En forma toral la inconforme aduce que contrario a lo expuesto por el Juez de Distrito, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004 contiene disposiciones legales que por su sola entrada en vigor violan garantías individuales y le causan perjuicio, pues sus preceptos facultan a la autoridad a verificar las especificaciones, métodos de prueba y de verificación aplicables a los distintos sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos que se comercializan dentro del territorio nacional, invocando como sustento de lo anterior la jurisprudencia 43/2005, de rubro: ‘CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE CONTIENE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON ELLOS Y DE MANTENERLOS EN OPERACIÓN, ES UNA NORMA AUTOAPLICATIVA.’. Previo a efectuar el pronunciamiento respectivo, es pertinente establecer si la norma oficial mexicana reclamada constituye un acto materialmente legislativo, es decir, si puede considerarse una ley en sentido amplio, o bien, si únicamente se trata de un acto administrativo, en virtud de que esta distinción generaría un criterio útil a fin de analizar temas como el interés jurídico para reclamar ese tipo de normas en amparo contra leyes; su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, la cual determina los plazos dentro de los que es oportuno promover el juicio de garantías y, sobre todo, los efectos de la protección constitucional que, en su caso, llegara a otorgarse, por citar sólo algunos ejemplos. En ese sentido, de la doctrina se advierte que una norma oficial mexicana, como la combatida en este asunto, es un conjunto de reglas administrativas generales, abstractas e impersonales y, por ende, constituye un acto materialmente legislativo, en la medida en que tiende a regular, de manera desarrollada y pormenorizada, las materias de metrología, normalización, certificación, acreditamiento y verificación, previstas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. La gestión reglamentaria se considera una actividad general, con diversas manifestaciones que puede referirse tanto a la Constitución, que contiene y regula el Pacto Federal, como a las Constituciones de los Estados, a la del Distrito Federal, lo mismo que a leyes ordinarias o secundarias, federales o locales. Justifica la existencia de tal facultad el hecho de que las Constituciones y las leyes, por sí mismas, no son aplicables en los más de los casos; esto es así, porque su naturaleza es general y no entra en detalles. En los reglamentos en los que se hace la previsión necesaria con el propósito de su ejecución o aplicación. Se trata de un conjunto de principios normativos encaminados a tal fin. La Constitución se reglamenta mediante leyes orgánicas y reglamentarias propiamente dichas; las ordinarias, como los Códigos Civil y Penal tienden a cumplimentarla. Puede manifestarse, en el ámbito federal, mediante leyes reglamentarias que, con base en la Constitución emite el Congreso de la Unión y, excepcionalmente, el presidente de la República, en uso de facultades extraordinarias. Cuando lo llevan al detalle y hacen operante instituciones previstas en la Carta Magna. En el ámbito local, la facultad reglamentaria se manifiesta mediante la expedición de las Constituciones Locales y sus reformas. Éstas, en estricto derecho, reglamentan, en el nivel estatal, la general de la República. Hay otras manifestaciones adicionales de ella; una, la confiada a las Legislaturas Locales, en lo que respecta a la Constitución de una entidad y que se da mediante leyes; otra, la que se encomienda a los gobernadores, en lo que atañe a las leyes locales, y una última, la que se delega a los bandos de policía y buen gobierno, que emiten las autoridades municipales. La facultad reglamentaria ha sido atribuida a diferentes autoridades: Congreso de la Unión, legislaturas, presidente de la República, gobernadores y autoridades ejecutivas, tribunales jurisdiccionales cuando actúan en Pleno, Consejo de la Judicatura Federal, Ayuntamientos y Consejos Municipales. Ellos lo llevan a cabo en lo que se refiere a diversos cuerpos legislativos, diferentes niveles y alcances que en algunos casos son amplios y en otros restringidos. Se ha considerado que la facultad reglamentaria es una de las actividades propias de la autoridad ejecutiva federal, como una facultad del presidente de la República, pero se ha omitido considerar la materia como una actividad en la que participan, de una u otra forma, con observancia de los mismos principios, en mayor o menor grado, todo tipo de autoridades administrativas. Dentro del contexto anterior es posible concluir que las normas oficiales mexicanas, emitidas por el director general de normas de la Secretaría de Economía, son reglas generales administrativas sobre aspectos técnicos y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública federal, debido a lo cual se explica que en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Congreso de la Unión haya otorgado a la Secretaría de Economía la facultad de expedir las normas oficiales mexicanas de carácter obligatorio en el ámbito de su competencia (si bien esa atribución fue conferida en concreto al director general de normas de aquella dependencia), de ahí que sea válido determinar que tales cuerpos normativos constituyen un acto materialmente legislativo, pues de forma general, abstracta e impersonal regulan con detalle y de manera pormenorizada las materias comprendidas en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, como expresión de la facultad reglamentaria y, en esa medida, para efectos de su impugnación en el juicio de garantías tramitado en la vía indirecta, de conformidad con el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo en cuanto prevé su procedencia: (se transcribe). Deben aplicarse las reglas inherentes al amparo contra leyes, motivo por el que a continuación se procede a examinar la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de la norma reclamada, considerada como una ley en sentido amplio. Es aplicable en la especie, por igualdad de razón, la tesis aislada P. XV/2002 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6 del Tomo XV, abril de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: ‘REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR LOS SECRETARIOS DE ESTADO EN USO DE UNA FACULTAD AUTORIZADA POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. DIFERENCIAS CON LOS REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DICTADAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.’ (se transcribe). También es ilustrativa la tesis aislada 2a. V/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 116 del Tomo IX, enero de 1999, Novena Época del Semanario y Gaceta antes mencionados, que es del tenor literal siguiente: ‘NORMAS OFICIALES MEXICANAS. LA ATRIBUCIÓN CONCEDIDA AL DIRECTOR GENERAL DE NORMAS DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, PARA EXPEDIRLAS, CONTENIDA EN EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DEPENDENCIA, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 16, 49 Y 73, FRACCIÓN X, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Precisado lo anterior, procede el análisis de los argumentos planteados por la recurrente, mismos que son fundados, por las siguientes consideraciones: En principio, cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 55/97, visible en la página 5 del Tomo VI, julio de 1997, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, señala: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (se transcribe). De la jurisprudencia que antecede, se desprende que, cuando una ley obliga a los gobernados a cumplir con los supuestos normativos en ella contenidos desde el momento de su vigencia, en virtud de que la misma crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, se está en presencia de leyes autoaplicativas, mismas que no requieren de alguna condición para que sus efectos se individualicen en los gobernados. En cambio, las leyes heteroaplicativas requieren de la realización de un acto o hecho jurídico (condición) para que ésta pueda adquirir individualización en los gobernados, de tal suerte que sus consecuencias jurídicas quedan sujetas hasta el momento en que se realiza un acto diverso que posibilita su aplicación. De acuerdo a lo anterior, podemos afirmar que una norma es autoaplicativa, cuando desde su entrada en vigor constriñe a quienes va dirigida a hacer o dejar de hacer determinada conducta, sin que entre la misma norma y los gobernados se haga necesario la creación de un acto o ley intermediarios que funjan como condiciones de su aplicación al momento de individualizarse en estos últimos. Es decir, los gobernados se ubican en automático dentro de las hipótesis normativas de las normas jurídicas y se sujetan a sus consecuencias en el mismo momento de la iniciación de su vigencia, sin que se necesite un acto posterior de autoridad o de los mismos gobernados que haga posible su individualización. En tal virtud, si las leyes o actos con fuerza de ley no causan al quejoso ningún perjuicio por su sola expedición, sino que resulta necesario que exista un acto de aplicación para que surja ese perjuicio y legitime el ejercicio de la acción constitucional, nos encontramos en presencia de leyes heteroaplicativas. Y cuando las leyes o actos con fuerza de ley causan perjuicios al quejoso por su sola expedición, al imponerle una carga u obligación cualquiera que estime inconstitucional y que tenga que cumplir espontáneamente si quiere evitarse sanciones y perjuicios, nos encontramos en presencia de disposiciones autoaplicativas. Así pues, el concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice alguna condición, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Hecho lo anterior, es necesario transcribir el artículo 48 de la Ley de Metrología y Normalización, así como la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004, que se tildan de inconstitucionales, para determinar su naturaleza: (se transcriben). Al respecto, debe decirse que la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-011-SCFI-2004, denominada Instrumentos de medición-Sistema para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos-Especificaciones, métodos de prueba y de verificación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, es una disposición de carácter autoaplicativo, basada esta afirmación en el concepto de individualización incondicionada anteriormente resumido, en virtud de que contiene lineamientos o directrices que en forma obligatoria, desde el inicio de su vigencia, deben observarse en el despacho de gasolina y otros combustibles líquidos. Por ello, para que el perjuicio se actualice, no es necesario que se emitan reglas generales en las que se autorice a las personas acreditadas para llevar a cabo la evaluación, toda vez que por su sola entrada en vigor, la norma de mérito impone a esos sujetos diversas obligaciones que se hallan constreñidos a observar, si quieren evitar las sanciones correspondientes; así, a guisa de ejemplos, en el punto 5o., identificado con el rubro ‘Especificaciones’ se establece el error máximo tolerado, referente a la diferencia entre la lectura dada por el sistema de medición y la medida volumétrica (punto 5.1.1.); el error de repetibilidad, entendido como la diferencia entre las lecturas máxima y mínima, obtenidas en mediciones efectuadas en un mismo gasto (punto 5.1.2.); las indicaciones mínimas que se deben encontrar en los dispositivos para medición y despacho de gasolina (punto 5.4.2.2.); los dispositivos de protección y seguridad con que han de contar los sistemas de medición (punto 5.4.4.), entre otras especificaciones, las cuales, como puede advertirse, son obligatorias para todas las personas a quienes está dirigida la norma, de modo tal que es válido concluir que desde su entrada en vigor vincula a sus destinatarios a su cumplimiento, pues crea una situación concreta de derecho, consistente en la obligación de acatar las especificaciones señaladas por la Secretaría de Economía, a través de la Dirección General de Normas, con los requisitos pormenorizados, sin que para ello sea necesario que se actualice condición alguna, bien sea la actuación de una autoridad administrativa, expedición de normas de carácter general, o del propio agraviado, razón por la que se estima que en el caso no se presenta la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo. Más aún, se desprende la obligación de las personas que se dediquen a la comercialización de gasolina y otros combustibles para combustión automotriz, de que cuenten con las especificaciones, métodos de prueba y de verificación, con las cuales deben cumplir los sistemas de medición y despacho de sustancias de combustión que se comercialicen en el territorio nacional, y si bien el punto 11 de la citada norma establece que la evaluación de la conformidad (sic) de los sistemas para medición y despacho de gasolina y otros combustibles líquidos objetivo de esa norma, se llevará a cabo por personas acreditadas y aprobadas en los términos de lo dispuesto por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su reglamento, y el numeral 3o. de la citada ley federal, en el punto XV-A se define qué personas acreditadas son los organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de calibración y unidades de verificación, reconocidos por una entidad de acreditación para la evaluación de la conformidad (sic), ello no es obstáculo para que desde el momento de su vigencia, obligue a los sujetos de la norma a cumplir con las exigencias ahí contenidas. Lo que conduce a determinar que la norma mexicana de referencia tiene la naturaleza de norma autoaplicativa, es decir, que su cumplimiento, en este caso, por parte de la categoría del contribuyente que detalla la norma, no queda supeditado a condición alguna, pues basta estar en los supuestos de la norma para que la obligación de hacer se surta sin necesidad de un acto posterior de autoridad, esto es, que todas aquellas personas que enajenen los combustibles a que se refiere, desde el momento en que la norma entró en vigor, deben observarla. Se insiste, que la expedición de las reglas generales para que se autoricen a las personas acreditadas, no exime al contribuyente de su obligación de cumplir con las citadas normas. En tanto que el artículo primero transitorio establece que entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Resulta ilustrativa, en lo conducente, la jurisprudencia 43/2005, derivada de la contradicción de tesis 203/2004-SS, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 734 del Tomo XXI, abril de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE CONTIENE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON ELLOS Y DE MANTENERLOS EN OPERACIÓN, ES UNA NORMA AUTOAPLICATIVA.’ (se transcribe). Así pues, es dable concluir que en el caso, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, por la que el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio de amparo."

CUARTO. El análisis de las ejecutorias transcritas pone de relieve la existencia de la contradicción de tesis denunciada, conforme a la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIII, abril de 2001

"Tesis: P./J. 26/2001

"Página: 76

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

En lo que interesa, los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito se pronunciaron sobre el mismo tema, a precisar, si la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-011-SCFI-2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, tiene la naturaleza de norma autoaplicativa o heteroaplicativa.

Asimismo, los Tribunales Colegiados de Circuito partieron de la existencia y examen del único elemento en cuestión, como lo es la pretensión de determinar, ante la potestad Judicial Federal, la inconstitucionalidad de la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-011-SCFI-2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de noviembre de dos mil cuatro.

Ahora bien, a pesar de que los Tribunales Colegiados de Circuito examinaron el mismo tópico jurídico, arribaron a conclusiones divergentes, ya que mientras el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito establece que la Norma Oficial Mexicana NOM- EM-011-SCFI-2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, tiene la naturaleza de norma heteroaplicativa; en cambio, el entonces Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito determinó que esa misma norma oficial mexicana es autoaplicativa.

En esos términos, se encuentra configurada la contradicción de tesis denunciada.

QUINTO. Debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia la tesis que sustenta esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La presente contradicción de tesis tiene por objeto determinar si la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-011-SCFI-2004, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, tiene la naturaleza de norma autoaplicativa o heteroaplicativa. Es por ello que, en primer término, será necesario explicar las características y diferencias entre estos dos tipos de leyes.

En este sentido, es necesario señalar la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: VI, julio de 1997

"Tesis: P./J. 55/97

"Página: 5

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso, comprende el acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización i

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19541-620e76f1/norma-oficial-mexicana-de-emergencia-nom-em-011-scfi-2004-que-contiene · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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