AMPARO DIRECTO. NO ES MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR LA DEMANDA, QUE EL ACTO RECLAMADO HAYA SIDO EMITIDO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA EN UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, EN LA CUAL SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SOLICITADA PARA EFECTOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 41/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por el Magistrado Victorino Rojas Rivas, en su carácter de Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, cuyo órgano jurisdiccional resolvió el recurso de reclamación 6/2005, promovido por Raúl Enrique Cázares Serrato, el nueve de noviembre de dos mil cinco.
De ahí que si la denuncia fue hecha por uno de los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito que resolvió un asunto materia de la posible contradicción, es evidente que la misma proviene de parte legítima.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito que la motivaron.
Así, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió los recursos de reclamación 15/98, 18/98 y 2/99, así como los juicios de amparo directo 1504/99 y 10940/99, los que motivaron la tesis de jurisprudencia cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer "Circuito.
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, marzo de 2000
"Tesis: I.4o.C. J/13
"Página: 852
"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. IMPROCEDENCIA. NO LA CONSTITUYE EN FORMA INDUDABLE Y MANIFIESTA, QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO UNA SENTENCIA QUE CUMPLIMENTA UNA EJECUTORIA DE AMPARO. Para desechar una demanda de amparo directo, conforme al artículo 177 de la Ley de Amparo, deben advertirse en ella motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Son manifiestos, los motivos que se advierten en forma clara, e indudables, aquellos que a priori se observen sin posibilidad de subsanación en etapas posteriores del juicio. Y no lo son, si para llegar a determinarlos se tienen que estudiar los conceptos de violación, lo que constituye el fondo del asunto y será materia de la resolución que decida sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Por tanto, no es motivo manifiesto ni indudable de improcedencia, conforme a la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que el acto reclamado se haya dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, porque podría ser que la nueva resolución tuviera aspectos no vinculados a aquélla, de los cuales el nuevo juicio sí debería ocuparse; pero si al analizar los conceptos de violación, teniendo a la vista la ejecutoria anterior, y al ocuparse del fondo del amparo, se advirtiera que impugnan la parte vinculada de la resolución reclamada, ello será motivo para considerar inoperantes esos conceptos, y negar la protección constitucional, si no se encontrare motivo para suplir las eventuales deficiencias de la queja."
En razón de la coincidencia en las consideraciones de los fallos antes citados, se estima necesario únicamente transcribir la relativa al recurso de reclamación 15/98, promovido por Organización Independiente, Sociedad Anónima de Capital Variable, resuelto el veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho que, en lo conducente, dice:
Recurso de reclamación 15/98.
"d) Es infundada la reclamación. Primeramente, la reclamante aduce que la demanda de garantías promovida por Imagen Contemporánea, S.A. de C.V., es improcedente, porque con antelación a su presentación, se habían resuelto, en este tribunal, los juicios de amparo números DC. 2214/98 y DC. 2224/98, promovido por Imagen Contemporánea, S.A. de C.V., y por la recurrente, respectivamente. En el primero de ellos se negó la protección federal a la quejosa, y en el segundo, se concedió el amparo para el efecto de que la ad quem resolviera, únicamente, sobre la condena en costas del juicio natural, por lo que los demás puntos resolutivos quedaron firmes, y con ello no se otorgó plenitud de jurisdicción a la Sala responsable, razón por la cual, la demanda de amparo promovida por la sociedad anónima quejosa es improcedente, porque la resolución reclamada fue dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Continúa exponiendo la recurrente que en el juicio de amparo número DC. 2214/98, promovido por Imagen Contemporánea, S.A. de C.V., se estimaron inoperantes los conceptos de violación que expresó la peticionaria de garantías respecto del fondo del asunto, por lo que conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, la actual demanda de garantías referida resulta improcedente, y cita dos tesis de jurisprudencia en apoyo de sus argumentos, relativas a la improcedencia de un nuevo juicio de amparo cuando la resolución reclamada sólo cumple con la ejecutoria emitida en uno anterior. Son infundados los agravios. Esto es así, porque si bien es cierto que con antelación a la demanda de amparo cuya admisión se impugna, la quejosa Imagen Contemporánea, S.A. de C.V., promovió el juicio de amparo directo número DC. 2214/98, del que conoció y resolvió este tribunal, y en él se estimaron inoperantes los conceptos de violación que expresó la peticionaria de garantías respecto del fondo del asunto, y que en el juicio de amparo directo número DC. 2224/98, promovido por la aquí recurrente, se concedió el amparo para el efecto de que la ad quem resolviera únicamente sobre la condena en costas del juicio natural, y no se haya otorgado plenitud de jurisdicción a la Sala responsable respecto a los demás puntos resolutivos; también es cierto que no por esa circunstancia la demanda de amparo promovida por la sociedad anónima quejosa es improcedente, a pesar de que la resolución reclamada fuese dictada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, porque la causa de improcedencia que la recurrente hace valer, fundada en el artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, no puede analizarse, a priori por este tribunal, ya que no es lógico ni jurídico fundarse para desechar una demanda de amparo, por las mismas razones que habría para negar la protección federal, en virtud de que el fondo del amparo no es la materia del recurso de reclamación, sino del análisis de los conceptos de violación que la quejosa haya vertido en su demanda de garantías, que será realizado al momento de pronunciar el fallo del juicio de garantías que decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 203, aparece publicada en la página 139 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro: ‘DEMANDA DE AMPARO. ADMISIÓN.’ (se transcribe). Conforme al artículo 177 de la Ley de Amparo, las causas de notoria improcedencia pueden ser examinadas antes de admitir la demanda de garantías, y éstas deben ser manifiestas e indudables. El vocablo ‘manifiesta’ debe ser entendido como que el motivo de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, cuando los haya, y de los documentos que se anexen a tales promociones; y el vocablo ‘indudable’ debe ser entendido como que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudiesen allegar las partes. De esta manera, analizar los conceptos de violación para acreditar como motivo manifiesto e indudable de improcedencia la causal prevista en la fracción II del numeral 73 de la Ley de Amparo, conforme a la facultad que otorga a los Tribunales Colegiados de Circuito, el artículo 177 del mismo ordenamiento legal, y poder desechar una demanda de amparo directo por notoriamente improcedente, en virtud de reclamarse una sentencia definitiva que cumplimenta una ejecutoria pronunciada en un diverso juicio de amparo directo, es resolver, a priori, el fondo del asunto planteado en la demanda de garantías lo que será materia de la resolución que decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, en la que se tenga a la vista la ejecutoria emitida por la potestad federal, la resolución reclamada que cumplimenta esa ejecutoria y los conceptos de violación expresados en la demanda del nuevo juicio de garantías; lo que no constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, puesto que no se advierte así en forma patente, absolutamente clara y a priori, de la simple lectura de la demanda de garantías, ni se tiene la certidumbre, la plena convicción de que esta causa de improcedencia sea operante en forma tal, que a pesar de que se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, salvo el caso de que se encontrare motivo para suplir las eventuales deficiencias de la queja, que desde luego no se advierte que se actualicen en el presente caso, ni la recurrente manifiesta encontrarse en ese supuesto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de este tribunal, que con el número 822, aparece publicada en las páginas 559 y 56 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro: ‘IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Al resultar infundados los agravios hechos valer por la recurrente, procede confirmar el auto de catorce del presente mes de septiembre."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja 34/2002, promovido por el jefe delegacional del Gobierno del Distrito Federal en Xochimilco y otras, resuelto el diez de mayo de dos mil dos, estableció la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, diciembre de 2003
"Tesis: I.1o.A.11 K
"Página: 1414
"LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA. NO SON MOTIVOS NOTORIOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. En términos generales, dichas hipótesis legales no constituyen supuestos de improcedencia manifiesta, en atención a que no pueden ser advertidas por el Juez de Distrito desde la presentación de la demanda de garantías, considerando que en el común de los casos, el tercero o las responsables, no pueden aportar materialmente al a quo el medio de convicción que acredite plenamente tales extremos antes de que dicte el auto de inicio respectivo; además, porque la actualización de esas causales son materia de prueba y de argumentación jurídica. Es decir, la naturaleza de dichas hipótesis de improcedencia, cuyo estudio y aplicación presenta, con frecuencia, serias complicaciones jurídicas, según lo ha demostrado la experiencia judicial y la doctrina casuística relativa, hace necesarios, por un lado, la demostración fehaciente de su cumplimiento; por otro, el análisis cuidadoso de los argumentos de todas las partes involucradas, tomando en cuenta que está de por medio no sólo el posible trámite antijurídico de una demanda de garantías que probablemente ha sido materia de estudio en otro juzgado, sino también el derecho de acceso del gobernado a los órganos de administración de justicia, lo cual pone de relieve que dichos motivos no puedan fundar la aplicación del artículo 145 de la ley de la materia, es decir, un desechamiento de plano de la demanda de amparo, con base en razones indudables de improcedencia."
Las consideraciones del referido recurso de queja 34/2002, en lo que interesa, son las siguientes:
Recurso de queja 34/2002.
"SEXTO. Las recurrentes combaten a través de la presente queja el auto del Juez de Distrito que tuvo por admitida la demanda de garantías presentada por Inmobiliaria 22, S.A. de C.V., contra actos del presidente de la República y otras autoridades. En su único agravio, las recurrentes aducen que el a quo no debió admitir la demanda de garantías, porque los actos reclamados ya fueron materia de otro juicio de amparo, ventilado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (expediente 41/2002), en el que incluso se determinó sobreseer en el juicio, por lo que se configura en este caso la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV de la Ley de Amparo. Además, las autoridades señalan que mediante el auto recurrido se viola el principio de definitividad ‘por estar juzgando los actos de esta autoridad en dos Juzgados de Distrito’, y la causal de improcedencia de cosa juzgada. El artículo 95, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: ‘Artículo 95.’ (se transcribe). Del contenido de dicho numeral y de los agravios antes resumidos podemos advertir que la litis en el presente asunto se limita a determinar si el Juez de Distrito admitió a trámite una demanda notoriamente improcedente, de conformidad con los motivos que señalan las autoridades. En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 8/94, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 4/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 57, Parte I, mayo de 1995, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dicho tribunal expuso en el considerando quinto lo siguiente: (se transcribe). En primer término, es inexacto que el hecho de la posible existencia de un juicio de amparo pendiente de resolverse genere la causal de improcedencia relacionada con el principio de definitividad, porque éste implica la obligación del gobernado de agotar todos los recursos ordinarios previstos en las leyes a través de los cuales pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto reclamado. Asimismo, a juicio de este Tribunal Colegiado, debido a que el principio de definitividad presenta una serie de excepciones que dependen de un estudio detenido de la demanda de garantías y también, por ejemplo, del desenvolvimiento del procedimiento del cual deriva el acto reclamado, no puede decirse que su inobservancia constituya un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por otro lado, en términos generales, las hipótesis de litispendencia y cosa juzgada no constituyen supuestos de improcedencia manifiesta, en atención a que no pueden advertirse por el Juez de Distrito desde la presentación de la demanda de garantías, considerando que en el común de los casos el tercero o las responsables, materialmente no pueden aportar al a quo el medio de convicción que acredite plenamente tales extremos antes de que dicte el auto de inicio respectivo; además, porque la actualización de esas causales son materia de prueba de argumentación jurídica. Es decir, la naturaleza de dichas hipótesis de improcedencia, cuyo estudio y aplicación presentan serias complicaciones jurídicas, según lo ha demostrado la experiencia judicial y la doctrinal casuística relativa, hace necesaria, por un lado, la demostración fehaciente de su cumplimiento; por otro, el análisis cuidadoso de los argumentos de todas las partes involucradas tomando en cuenta que está de por medio no sólo el posible trámite antijurídico de una demanda de garantías que probablemente ha sido materia de estudio en otro juzgado, sino también el derecho de acceso del gobernado a los órganos de administración de justicia, lo cual pone de relieve que dichos motivos no pueden fundar la aplicación del artículo 145 de la ley de la materia, es decir, un desechamiento de plano de la demanda de amparo con base en razones indudables de improcedencia. En consecuencia, es intrascendente el hecho de que las recurrentes hayan aportado en esta vía el original del oficio 14397, dirigido al director general delegacional Jurídico y de Gobierno en Xochimilco, suscrito por el secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que contiene transcrita la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil dos, por el titular de dicho órgano jurisdiccional en el juicio de amparo 41/2002, promovido por Inmobiliaria 22, S.A. de C.V., a través del cual pretenden demostrar a este órgano colegiado el cumplimiento de las causales de improcedencia referidas (litispendencia o cosa juzgada), toda vez que, por un lado, el tribunal debe revisar la legalidad del auto recurrido a la luz de los elementos que tuvo el Juez de Distrito para dictarlo, sin que en la especie se tenga la certeza de que la mencionada documental fue de su conocimiento; por otro, como ya vimos, la naturaleza de las causales invocadas por las recurrentes hace indispensable un debate entre las partes interesadas sobre ese aspecto. Lo anterior, sin perjuicio de que el Juez de Distrito si lo estimara procedente y llegara a la conclusión de que el quejoso ocultó maliciosamente datos para lograr la procedencia del amparo en contravención al artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, pueda dar vista al Ministerio Público Federal por la probable configuración de alguno de los tipos penales previstos en el artículo 211, fracción I, de dicho ordenamiento legal. Asimismo, el Juez de Distrito se encuentra en posibilidad de concluir que la acción del promovente es improcedente, por tales motivos, en el supuesto de que cualquiera de las partes aportara las pruebas que pudieran acreditar la actualización de la causal de improcedencia respectiva, al momento en que dicte sentencia, es decir, una vez que existan más elementos que de manera fundada, integral y prudente, lo orillaran a decidir el juicio en ese sentido, según lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis: Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, marzo de 1993. Tesis 3a. XX/93. Página 22. ‘IMPROCEDENCIA. LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO NO IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES RELATIVAS.’ (se transcribe). Así las cosas, lo que procede es declarar infundado el presente recurso de queja."
Finalmente, el entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en el juicio de amparo directo 598/93, promovido por Hidrogenadora Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, resuelto el cuatro de noviembre de dos mil tres, fijó la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:
"Octava Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: XIV, noviembre de 1994
"Tesis: II.1o.144 K
"Página: 436
"DEMANDA, DESECHAMIENTO ILEGAL DE LA. CUANDO NO OBSTANTE QUE SE PRESENTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, SE INVOLUCRAN ASPECTOS VINCULADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO. Únicamente es factible desechar el escrito de demanda, cuando se advierte motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cual se presenta sólo si se evidencia la actualización del supuesto respectivo y en su caso, que no fuese dable rendir prueba en contrario; sin embargo, aun cuando resultara un notorio e indudable supuesto de improcedencia, si el examen de dicha cuestión involucra aspectos vinculados con el fondo de la controversia planteada, no es dable desechar el libelo inicial, pues el estudio respectivo sólo puede llevarse a cabo legalmente en la sentencia que se llegue a dictar, ya que es en ésta donde se resuelven los hechos controvertidos y se examinan los conceptos de anulación; de esa manera, cuando la responsable desecha el libelo inicial, al analizar si la demandada tiene o no facultades en materia aduanera, viola las garantías individuales del peticionario, pues ello deriva en el examen del fondo de la controversia, ya que en caso de concluirse la carencia de facultades de la referida autoridad para fincar la contribución reclamada, se incurriría implícitamente en el estudio del fondo del asunto, lo cual forzaría la declaratoria de nulidad de los actos materia de la litis y en esa virtud, de hacerse tal declaratoria al desecharse la demanda, se estaría prejuzgando sobre su contenido."
Las consideraciones del juicio de amparo directo 598/93, en lo conducente, son las siguientes:
Juicio de amparo directo 598/93.
"CUARTO. Previamente al análisis de los motivos de inconformidad es pertinente destacar los antecedentes del caso a estudio. a) El veinte de enero de mil novecientos noventa y tres, la ahora quejosa ante la Primera Sala Regional Hidalgo-México, del Tribunal Fiscal de la Federación, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 102-A-10-2-E-I-59127, de veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos, emitida por la Sub-Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la Administración Fiscal Federal de Tlalnepantla, México, y mediante la cual, determinó un crédito de $3'836,293.00, en concepto de diferencias en el pago del impuesto al comercio exterior. b) En acuerdo de veintiséis de enero de mil novecientos noventa y tres, el Magistrado instructor desechó la demanda, considerando que previamente debió interponerse revocación. c) Inconforme con esa determinación, la actora interpuso reclamación, ésta la falló la responsable, confirmando el desechamiento preindicado. QUINTO. Resulta innecesario examinar los motivos de inconformidad vinculados con la inconstitucionalidad del artículo 142 de la Ley Aduanera, pues este tribunal considera la inaplicabilidad del precepto aludido, lo cual redunda en el innecesario análisis de aquel aspecto. En efecto, los artículos 202, 203 y 228 Bis, párrafo in fine, del Código Fiscal de la Federación, establecen la obligación de examinar los supuestos de improcedencia del juicio contencioso administrativo, así como la de decretar su sobreseimiento, cuando durante la tramitación respectiva apareciere o sobreviniera alguna de las causas aludidas; además, se contempla la posibilidad de que las partes objeten los autos admisorios de la demanda, la contestación, la intervención del tercero perjudicado o alguna prueba, lo cual deberá decidirse en una resolución que ponga fin al juicio o en la sentencia respectiva. Por su parte, en términos del numeral 237 del invocado cuerpo legal, en las sentencias deberán examinar y resolver cada uno de los conceptos de nulidad cuando se hicieren valer omisiones de formalidades o violaciones de procedimiento, aun cuando se considerase fundado alguno de ellos. De lo anterior resulta que únicamente es factible desechar el escrito de demanda, en caso de advertir motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo cual se presenta sólo si se evidencia la actualización del supuesto respectivo, y en su caso, que no fuese dable rendir prueba en contrario. Sin embargo, aun cuando pudiese resultar notorio e indudable algún supuesto de improcedencia, si el examen de dicha cuestión involucra aspectos vinculados con el fondo de la controversia planteada, no sería posible desechar el libelo inicial, pues el estudio respectivo sólo podría llevarse a cabo legalmente en la sentencia que llegare a dictarse, ya que es en ésta donde se resuelven los hechos controvertidos y se examinan los conceptos de anulación. No importa en contrario, que las causales de improcedencia sean de orden público y, por ende, su estudio fuese previo y oficioso, ya que su análisis implicaría denegación de justicia, al examinar apriorísticamente el contenido de la demanda, sin permitir que pudiese conformarse eficazmente la controversia. Además, lo anterior no implica el examen oficioso de la probable inconstitucionalidad de las facultades para desechar una demanda, sino la interpretación sistemática de los preceptos mencionados para concluir los casos en los cuales no es factible llevarlo a cabo. Ahora bien, la responsable consideró que la Administración Fiscal Federal de Tlalnepantla, México, sí es autoridad en materia aduanera, porque en términos del artículo 3o. de la Ley Aduanera, tienen ese carácter los competentes para ejercer las facultades establecidas en el propio cuerpo legal y la demandada tenía atribuciones aduaneras, conforme al artículo 111, apartado A, fracción XXXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos. El artículo 3o. de la Ley Aduanera, vigente en la época de la emisión del acto reclamado, establece: (se transcribe). De la redacción del precepto se colige que el carácter de autoridad aduanera deriva de las facultades que tenga una autoridad administrativa en esa materia, conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la que en términos generales dicha ley le otorga facultades en ese ramo, según su numeral 116. En consecuencia, de manera incorrecta la responsable desechó el libelo inicial, al analizar si la demandada tenía o no facultades en materia aduanera, pues esto último deriva en el examen del fondo de la controversia, ya que en caso de concluirse la carencia de facultades de la referida autoridad para fincar la contribución reclamada, se incurriría implícitamente en el estudio del fondo del asunto, pues esa deficiencia forzaría la declaratoria de nulidad de los actos materia de la litis, y en tal virtud, de hacerse tal declaratoria al desecharse la demanda, se estaría prejuzgando sobre su contenido. Conviene destacar que tal incongruencia deriva de la circunstancia de que el artículo 142 de la Ley Aduanera, en forma imprecisa establece el régimen de impugnación al cual deben sujetarse los actos en esa materia, pues lo hace depender de la naturaleza que pudiesen tener las autoridades, no obstante que una adecuada técnica jurídica obligaría a tomar en cuenta únicamente la aplicación de los preceptos contenidos en el referido cuerpo legal para determinar la impugnación de los actos de las autoridades, conforme a la legislación aplicada, ya que su invocación en el acto constitutivo, permitiría al gobernado tener certeza de las formas impugnativas, mas no vincular su procedencia con el estudio de las atribuciones de los funcionarios emisores, pues de atribuírseles naturaleza aduanera, traería como consecuencia que para combatir todos sus actos, con independencia de la legislación que aplicara, debiera hacerse uso del sistema contemplado en la legislación de la materia, lo cual no puede permitirse, ya que conforme a lo apuntado, debe estarse a situaciones objetivas, derivadas de la infracción de los preceptos legales y no a aspectos subjetivos, relacionados con el examen de las facultades que pudiesen tener; sin embargo, a fin de evitar que el gobernado sufra denegación de justicia, debe reservarse su estudio hasta que se dicte sentencia, cuando que en ésta es en donde se resuelve la controversia. En las condiciones apuntadas, la resolución combatida es violatoria de garantías, por lo que debe concederse a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Primera Sala Regional Hidalgo-México, del Tribunal Fiscal de la Federación resuelva sobre la admisión de la demanda, partiendo de que la aplicabilidad del sistema impugnativo contemplado en la legislación aduanera, implica el estudio del fondo de la controversia y determine lo procedente."
CUARTO. Por otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en el recurso de reclamación 6/2005, promovido por Raúl Enrique Cázares Serrato, resuelto el nueve de noviembre de dos mil cinco, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
Recurso de reclamación 6/2005.
"QUINTO. Son fundados los agravios planteados. Como antecedentes debe citarse que constan como anexos de la reclamación en estudio, el juicio laboral número 4870/i/04/2004 y el cuaderno de amparo número 837/2005. Del primero se adviert
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19638-cceed204/amparo-directo-no-es-motivo-manifiesto-de-improcedencia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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