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Modo: Corpus Pro

MULTAS. EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006). MULTAS. EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE CONTIENE LA EXPRESIÓN "EN LOS DEMÁS CASOS", NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 97/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19811
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIM
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, , Pág. 642.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 97/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Tribunal Pleno, aprobado el veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de donde emanan los posibles criterios opositores corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que la realizó el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presentes los antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios que se denuncian como opositores, así como las consideraciones en que éstos se sustentan:

I. El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, al resolver en sesión del día veintisiete de abril de dos mil seis, el amparo directo administrativo número 136/2006, promovido por Orthodental, S.A. de C.V., sostuvo lo siguiente:

Antecedentes.

• Por escrito de primero de agosto de dos mil cinco, Orthodental, S.A. de C.V., por conducto de su representante legal, promovió demanda de amparo en contra de la sentencia definitiva de dos de mayo de dos mil cinco, que dictó la Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente 3483/04-01-01-3, la que se admitió por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito mediante auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil seis y se registró con el número de juicio 136/2006.

• Seguido el juicio en todos sus trámites legales, se dictó sentencia el día veintisiete de abril de dos mil seis, en la que se resolvió por unanimidad de votos negar el amparo a la quejosa Orthodental, S.A. de C.V.

La parte considerativa de este fallo que interesa, dice:

"QUINTO. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación que hace valer el quejoso (sic). En principio, debe señalarse que el estudio de los conceptos de violación se realizará en forma diversa a la en que fueron planteados, ya que la persona moral quejosa, en su segundo motivo de inconformidad, aduce cuestiones de inconstitucionalidad de leyes, las cuales deben ser estudiadas en forma previa. Establecido lo anterior, la persona moral quejosa alega que la liquidación que fue impugnada de nulidad, al imponer la multa contenida en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, contraría lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, toda vez que el texto del artículo que la contiene resulta ser genérico al incluir la leyenda ‘en los demás casos’, ubica en un plano de igualdad a cualquier contribuyente con diferentes realidades o hechos generadores, lo que en opinión de la amparista, viola el principio de equidad tributaria porque tal denominación aglutina a todas las conductas distintas a la descrita en la fracción I del mencionado artículo 76 de la legislación tributaria, ya que establece la quejosa, no se señala cuál es la conducta objeto de sanción y permite un trato igual a sujetos que no se encuentren en idéntica situación. No le asiste razón a la recurrente, dado que contrariamente a su dicho la expresión que utiliza la fracción II del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación ‘en los demás casos’, no es violatoria de los principios de equidad y legalidad establecidos en el artículo 31 constitucional. Se sostiene tal postura dado que si el legislador no estableció distinciones en el supuesto de la fracción II del mencionado artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, fue porque dada la infinidad de supuestos que se pueden presentar, no es posible que la imposición de la multa que previene la citada fracción sea casuística, ya que ello derivaría en una norma compleja que ocasionaría mayor dificultad de comprensión para el contribuyente, sin que esto derive en generalidad que ocasione desigualdad entre los contribuyentes, pues permite a la autoridad hacendaria graduar la imposición de la multa entre unos parámetros que van del 50% al 100%. En ese sentido, se advierte que en el mencionado artículo se parte de la premisa de que la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación, descubre la comisión de una o varias infracciones y así, en las fracciones I y II, se establecen dos categorías distintas para sancionar a los contribuyentes incumplidos, la fracción I, que atiende a los que voluntariamente realizan el pago, por lo que el legislador estimó justo aplicar un beneficio a tal actitud, consistente en que pagarán únicamente el 40% de las contribuciones omitidas; sin embargo, ‘en los demás casos’, es decir, cuando el contribuyente no realiza el pago en forma voluntaria, el cual sabe que debe realizar, refleja una mayor mala fe que los que se ubican en el inciso anterior, dicha conducta es sancionada por la fracción II del referido numeral. Así, la expresión ‘en los demás casos’, por exclusión se refiere a aquellos supuestos en los que el contribuyente sabiendo que tiene una obligación tributaria que fue descubierta por las autoridades fiscales y que está pendiente de pago, se abstiene de realizarlo, lo que origina que la autoridad fiscal realice gastos para la recuperación de tal crédito (lo que no sucede en los casos de la fracción I). Además, el hecho de que no se hubieran establecido distinciones en la mencionada fracción obedece a que los referidos casos en sí mismos ya denotan una mala fe del contribuyente, por lo que no es necesario establecer mayores distinciones. En ese sentido, como ya se anticipó, el parámetro consignado en la fracción II del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, que establece el 50 % y 100% del pago de las contribuciones omitidas, como multa, permite a la autoridad hacendaria apreciar las circunstancias particulares del caso y graduar la imposición de la multa; por lo que contrariamente a lo que aduce la quejosa, la norma en análisis no ubica en un plano de igualdad a contribuyentes con diferentes realidades o hechos generadores, ya que lo cierto es que el precepto en cita, como ya se vio, parte de la premisa de que la autoridad fiscal en ejercicio de sus facultades de comprobación descubre una o varias infracciones; y el inciso I, beneficia a quienes acuden voluntariamente a efectuar el pago; en tanto que la fracción II, al señalar ‘en los demás casos’, permite que la autoridad pondere las características propias de cada caso y así graduar la multa entre los márgenes ya mencionados. Es aplicable al caso la tesis en materia constitucional, administrativa, citada en la Novena Época, Pleno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, tesis P. CII/98, localizable en la página 252, que dice: ‘MULTAS. LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE SEÑALAN DIVERSOS MONTOS DE SANCIÓN, ATENDIENDO A LA DIFERENTE FECHA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE EQUIDAD.’ (se transcribe). Asimismo, por las razones que la informan se comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, tesis XVII.2o.17 A, localizable en la página 808: ‘MULTA. LA SEÑALADA EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES VIOLATORIA DE LAS GARANTÍAS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD CONTENIDAS EN EL NUMERAL 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’."

II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver por mayoría de votos en sesión del día veinticinco de marzo de dos mil cuatro el amparo directo fiscal 132/2003-1, promovido por Servicios Corporativos Integrales, Finsa, S.C., resolvió lo siguiente:

Antecedentes.

• Por escrito presentado con fecha dos de enero de dos mil tres, la empresa Servicios Corporativos Integrales, Finsa, S.C., promovió demanda de amparo en contra de la sentencia definitiva de veintiocho de octubre de dos mil dos que emitió la Primera Sala Regional del Noroeste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la cual admitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y registró con el número 132/2003-1.

• Concluidos los trámites de ley con fecha veinticinco de marzo de dos mil cuatro, dicho órgano colegiado dictó sentencia en la que resolvió conceder el amparo a la quejosa Servicios Corporativos Integrales, Finsa, S.C.

La parte que interesa de esta resolución dice:

"SÉPTIMO. ... Previo el estudio relativo a si el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, atinente a la imposición de multas, transgrede o no la garantía de equidad tributaria, contenida en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conviene precisar en qué consiste la garantía de equidad tributaria, y los aspectos generales del principio de equidad en relación al tópico específico de las multas. ... Definidos tales aspectos, es evidente que para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma, se debe atender a los diversos métodos de interpretación precisados, tanto por el Máximo Tribunal como por la propia doctrina. ... Una vez plasmado el punto específico de que una norma puede ser susceptible de examinarse bajo diversos métodos de interpretación y obtener diversos resultados, es pertinente examinar en primer orden a través del método de interpretación reglado, si el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, transgrede o no el principio de equidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... Para establecer si el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal Federal, es o no inconstitucional, debe confrontarse con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su interpretación jurídica, lo que exige que se desentrañe su sentido, tras vincular lo indicado en tal fracción en relación con el contenido de su fracción I, esto en términos de criterios jurisprudenciales que definen métodos de interpretación, así como al método de interpretación doctrinal denominado ‘método de interpretación evolutiva’, descrito en esta ejecutoria. En esta sentencia aparece transcrito el artículo 76 del código tributario federal, así como la exposición de motivos de la reforma a su fracción II, por lo cual se atiende a ellas, sin requerir insertarlas nuevamente. El utilizar para el examen de la constitucionalidad del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, un distinto método de interpretación al que podría denominarse literal o gramatical, que se ubica como un método de interpretación rígida, en nada contraría la tesis aislada P. II/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la cual se realizó el estudio de constitucionalidad del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal, por cuanto al principio de equidad porque además de tratarse de una tesis aislada que no obliga a este órgano jurisdiccional en su seguimiento, de la lectura de las consideraciones de la ejecutoria que le dio origen, evidencia que en el amparo en revisión 2353/96 que dio origen a la tesis, no se examinó el fondo del reclamo de la inconstitucionalidad del precepto en cita, como se advierte a continuación: (se transcribe). De la exposición de motivos del numeral que se tilda de inconstitucional se advierte la intención del legislador de flexibilizar el criterio de la autoridad al imponer sanciones por la omisión total o parcial del pago de contribuciones federales, al establecer un rango del 70% al 100% de dichas contribuciones omitidas como sanción, cuando se paguen después de efectuada la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. Sin embargo, si bien el Legislativo pretendió flexibilizar el criterio de las autoridades exactoras para que tuvieran la oportunidad de optar entre imponer una sanción en un rango del 70% de dichas contribuciones al 100% de las mismas, pagadas después de efectuada la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas, este último aspecto lleva a considerar que el legislador en su momento pretendió ser flexible en la imposición de la sanción, pero sólo previó el aspecto de un mínimo y un máximo de la sanción para no hacerla fija, en todos aquellos casos en que se considere que los contribuyentes no se ubiquen en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 76 del Código Fiscal. La interpretación del ordinal en estudio, lleva a considerar la pretensión del legislador de otorgar un trato distinto a quienes se encontraban en diversas circunstancias, lo que al final se desplazó en la norma, ante la indicación de que corresponden tales porcentajes ‘en los demás casos’, sin mayor descripción que ese señalamiento. El reclamo esencial de la quejosa, es en el sentido de que el artículo 76, fracción II, del código tributario federal, vigente en mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos ochenta y ocho, resulta inconstitucional al transgredir el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, porque omite atender que no puede aplicarse la misma multa a un contribuyente que de ‘buena fe’ acudió a realizar voluntariamente el entero de las contribuciones omitidas, sin mediar resolución de la autoridad administrativa, a diferencia de aquel contribuyente que de ‘mala fe’ no acude a efectuarlo. En cuanto al citado argumento, en una interpretación rigorista, podría considerarse que no reúne los requisitos de un concepto de violación para ser examinado el aspecto de inconstitucionalidad del precepto controvertido, porque podría estimarse que se sustenta en una situación particular; empero, no es dable soslayar que para abordar el análisis de inconstitucionalidad, es suficiente precisar los derechos sustantivos que se consideren violados por la norma secundaria, que la norma aplicada en perjuicio del quejoso, en contravención al orden constitucional. Es decir, que la norma produce efectos en menoscabo de la esfera jurídica del gobernado, que vinculan el texto legal con la violación al derecho público subjetivo del que es titular. Ahora bien, como lo indicó la quejosa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis aislada P. CII/98, se pronunció en el sentido de que la diferencia entre el supuesto contenido en la fracción I, y el ubicado en la fracción II del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y ocho, estriba en la ‘buena fe’ o ‘mala fe’, de los contribuyentes al momento del pago de las contribuciones omitidas. El Pleno del Máximo Tribunal del país, ha sostenido en su tesis aislada P. CII/98, publicada en la página doscientos cincuenta y dos del Tomo VIII, diciembre de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, lo siguiente: ‘MULTAS. LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIONES I Y II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE SEÑALAN DIVERSOS MONTOS DE SANCIÓN, ATENDIENDO A LA DIFERENTE FECHA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE EQUIDAD.’ (se transcribe). El criterio seguido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tener como correcta la distinción entre las hipótesis contenidas en las fracciones I y II del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y ocho, estriba en considerar que la diferencia entre tales supuestos, en los cuales se sanciona la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, en relación con el quántum de la multa, estriba en el momento de su pago. El Máximo Tribunal basa sus consideraciones para sustentar que es correcta la distinción que hace el artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y ocho, en sus fracciones I y II, en dos situaciones específicas: 1) En la ‘buena fe’ del contribuyente que acude a realizar voluntariamente el pago de las contribuciones omitidas, mientras que el contribuyente que no efectúa el pago en forma voluntaria, dice refleja ‘mala fe’. 2) Además de precisar que la ‘buena fe’ del contribuyente que acude a realizar el pago de las contribuciones omitidas, repercute en el hecho de que la autoridad hacendaria no se ve obligada a llevar a cabo sus funciones exactoras; mientras que con motivo de la ‘mala fe’ del contribuyente que omite el pago de las contribuciones, se ve obligada a ejercerlas, lo que dice la Suprema Corte implica un ahorro o economía en las labores del fisco ... A la quejosa le fue aplicado en el acto reclamado, el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y ocho, de ahí que sea dable el estudio que se realiza respecto a la inconstitucionalidad de tal precepto. La quejosa alega que no puede otorgarse el mismo trato a aquellos contribuyentes que efectúen el pago de las contribuciones omitidas de manera previa a ser requeridos por la autoridad exactora, y que al tratarlos en la misma forma se transgrede el principio de equidad tributaria, porque no se puede considerar igual a quienes voluntariamente realizan el pago de las contribuciones omitidas, en relación a quienes no lo cubren. El requisito de equidad tributaria que debe cumplir toda ley fiscal, de conformidad con el artículo 31, fracción IV, constitucional, exige el respeto al principio de igualdad, que se traduce en otorgar un igual trato a los iguales y desigual a los desiguales. Equitativo es sinónimo de justo; por ello para iniciar la discusión del tema de equidad, se requiere la definición de Ulpiano de lo que es justicia: ‘La voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo.’, que en materia tributaria cobra especial significado desde el momento en que el Estado, con motivo de su actividad financiera, obtiene ingresos, entre otros, de los particulares para allegarse de los recursos necesarios para cumplir con sus fines, es decir, que se otorgue igual trato a iguales, desigual a desiguales, por la realización del mismo hecho generador del impacto en el sujeto pasivo, para que sea exactamente el mismo. La transgresión del principio de equidad no requiere que la norma legal relativa establezca diversas categorías de contribuyentes o diferenciación entre ellos, pues basta con establecer una determinada situación genérica que no se ajuste a las circunstancias de todos los contribuyentes, para considerar que contraría el principio de equidad, porque puede ubicar en una situación desigual a iguales o igual a desiguales. En el caso de las multas fiscales, como se indicó con antelación en esta ejecutoria, también debe regir el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. En el estudio de la inconstitucionalidad de este ordinal 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, serán tomados como premisa los presupuestos de ‘buena fe’ y ‘mala fe’ considerados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la aplicación de la norma. Se consideran para el estudio de constitucionalidad del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, las denominaciones de ‘buena fe’ y ‘mala fe’, que determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis P. CII/98, citada con antelación; toda vez que claramente se pronunció en el sentido de que el aspecto de ‘mala fe’, es lo sancionado en la fracción II de la norma controvertida, lo que al interpretarlo así lo integró a la norma pues no obstante que no aparece inserto el sentido de la mencionada tesis, lleva a considerar tales conceptos de ‘buena fe’ y ‘mala fe’, al momento del examen e interpretación de la norma, aspecto que rebasa el proceso legislativo integrador de tal precepto. Ahora bien, es claro que la distinción del Máximo Tribunal, respecto al supuesto contenido en el artículo 76, fracción I, del código tributario federal denomina como de ‘buena fe’ al pago realizado previamente a la resolución del crédito y como ‘mala fe’, a los pagos efectuados en cualquier otro caso, como se indica en la fracción II del referido dispositivo legal, implica una precisión específica de una cuestión subjetiva, en una norma. En esa medida, si el contribuyente paga voluntariamente con motivo de la notificación del inicio de las facultades de comprobación, bajo la consideración del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CII/98 tal proceder debe considerarse como de ‘buena fe’, en contraposición de aquel contribuyente que ante las mismas circunstancias omite realizar el pago de las contribuciones omitidas al fisco, lo que entonces sería una actitud de ‘mala fe’, en acatamiento a la propia tesis. Para mayor claridad la quejosa dice que en el ordinal en comento se ubica en un plano de igualdad dentro de la fracción II del artículo 76 del Código Fiscal Federal, a los contribuyentes que actúan de ‘buena fe’, al acudir a cubrir el monto de las contribuciones omitidas en forma voluntaria, aun cuando no sea ‘espontáneamente’, ante aquellos que a sabiendas que han omitido el pago de las contribuciones, actúan de ‘mala fe’, al no enterar tales contribuciones omitidas, inclusive ya notificada la resolución del crédito fiscal por no estar ubicados en el supuesto que prevé la fracción I de la citada norma, lo que lleva a asignarlos ‘en los demás casos’. En esas condiciones, es evidente que se ubica en un plano de igualdad a los contribuyentes, no comprendidos por cualquier circunstancia en la fracción I, en la fracción II del multicitado artículo 76 del Código Fiscal Federal, porque al momento de la imposición de la multa, en cada caso específico, serán valorados aspectos individuales que podrían reflejarse, en que a dos contribuyentes diversos se les imponga el mismo porcentaje de multa, aun cuando podría considerarse que uno actuó de ‘buena fe’ (de considerarse ésta como la realización del pago voluntariamente) respecto al momento en que cumplió con su obligación de pagar las contribuciones omitidas que pudo ser en forma voluntaria, con respecto a un contribuyente que pudiera denominarse de ‘mala fe’, porque omite hacer el pago de las contribuciones omitidas, y para obtener su pago la autoridad exactora tiene que culminar con el ejercicio de sus facultades exactoras ante el comportamiento contumaz del contribuyente. Es dable considerar que el término utilizado en la parte final del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y siete y mil novecientos noventa y ocho, en ‘los demás casos’, es amplio, vago e impreciso. Tal afirmación no se aparta del criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que no se puede sostener la inconstitucionalidad de una norma legal, bajo el argumento de que contiene palabras sin definir, porque en el caso particular tal denominación se trata de una generalización en la ubicación de supuestos previstos en la norma, respecto a los contribuyentes que omitieron el pago de contribuciones, porque no se atiende a las circunstancias específicas de cada asunto, sino que insístese encierra en una misma hipótesis de sanción a cualquier contribuyente diverso de aquellos que se ubiquen en la fracción I de la norma, como se indicó previamente. Lo que inclusive generaliza la propia Suprema Corte de Justicia, en su tesis P. CII/98, al indicar que al ubicarse en tal supuesto, consecuentemente, el contribuyente tuvo una actitud de ‘mala fe’. Con las anteriores afirmaciones no se pretende que la ley que se tilda de inconstitucional, contenga una definición precisa de los vocablos que en la fracción analizada se contienen, como es la denominación de ‘en los demás casos’, sino que con la interpretación al precepto en cita, con motivo de la imprecisión y oscuridad de tal ordinal, se pretende establecer su sentido y alcance, porque ante tan genérica indicación, que motiva se encuentren inmersos en un mismo supuesto, distintos contribuyentes con diferentes realidades o hechos generadores, se transgrede el principio de equidad tributaria. En atención a lo anterior, podría inclusive atenderse a la existencia de una laguna de la ley, por no haber previsto el legislador todas las hipótesis que pudieran presentarse sobre un problema jurídico determinado, caso en el que, ante el vacío de la ley, corresponde efectuar una interpretación de la norma, que vendría a integrar en el particular el aspecto general, abstracto y obligatorio, para las partes. El Código Fiscal de la Federación tiene inmerso el título IV, denominado ‘De las infracciones y delitos fiscales’, y en el capítulo I de tal título, se ubica el ‘De las infracciones’¸ parte esta del ordenamiento tributario federal que contiene las multas, que de acuerdo con el artículo 70 de esa propia legislación, su aplicación por infracción a las disposiciones fiscales, se hará con independencia del pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios por parte de los contribuyentes. De acuerdo con lo anterior, es evidente que el Código Fiscal de la Federación tiene un apartado represivo, dedicado a sancionar a los contribuyentes que hayan incumplido con algún deber hacia la hacienda pública; de ahí que es claro que una multa, es la sanción administrativa que la legislación tributaria prevé, en su catálogo represivo, como respuesta a una determinada conducta que considera transgrede las normas tributarias. Francisco Carnelutti, define la sanción de la siguiente forma: ‘Se llama sanción al señalamiento de las consecuencias que deriven de la inobservancia del precepto. Y como la sanción ha de estimular a la observancia del mismo, tales consecuencias han de ser desagradables, es decir, han de consistir en un mal.’. Existe gran similitud entre las sanciones penales y las sanciones administrativas, prima facie, se advierte que ambas categorías son de carácter represivo y se aplican no para remover la violación de la norma jurídica y restaurar las condiciones anteriores a la transgresión, sino con un propósito de punición al infractor y con el fin de intimidar en general a quienes se encuentran sujetos a las mismas obligaciones, para inducirlos a evitar su violación, además de perseguir la corrección del infractor. Es decir, tanto las sanciones penales como las administrativas, son de tipo represivo o punitivo y la diferencia primordial entre ellas es de orden adjetivo o de procedimiento, porque las penas propiamente dichas se aplican por las autoridades judiciales, mientras que las sanciones administrativas se imponen por los órganos de la administración, bajo los procedimientos establecidos en diversas leyes, pero con un carácter eminentemente represivo. Ahora bien, al prohibir la Carta Magna, en su artículo 14, imponer penas por analogía o por mayoría de razón, reconoce el principio fundamental del Derecho Penal, que se expresa en los términos nulla poena, nullum crimen sine lege, de acuerdo con el cual no puede haber delito ni pena si no están establecidos en una ley exactamente aplicable al caso. Este principio rige también las infracciones administrativas y fiscales, según ha sido unánimemente reconocido en la doctrina del derecho penal administrativo y tributario, como a continuación se verá. Margarita Lomelí Cerezo, en su obra titulada ‘Derecho Fiscal Represivo’, en la página sesenta y cinco, señala que un autor francés especializado en derecho fiscal, refiere que: ‘En principio, la regla nullum crimen sine lege, que constituye el elemento legal, se aplica íntegramente en materia fiscal: ningún acto fraudulento y peligroso para el tesoro puede considerarse como una infracción punible, si la ley no lo incrimina formalmente.’. Destacados tales aspectos, las sanciones fiscales, como son las multas, tienen carácter represivo, al constituir una sanción ante el incumplimiento de una obligación tributaria por parte del contribuyente, las que igualmente deben ser aplicadas únicamente, cuando la ley las establezca en forma estricta, en una norma exactamente aplicable al caso concreto, porque la circunstancia de que un hecho no esté comprendido en el ordenamiento respectivo, se traduce en que no existe conducta sancionable. Se afirma lo anterior, toda vez que en caso contrario, la autoridad administrativa en la imposición de una multa, tendría la aptitud de aplicar bajo su libre arbitrio, la que considerara aplicable sin sujetarse a lineamiento alguno, lo que se encuentra vedado a aquélla, porque traería como consecuencia inseguridad jurídica para el contribuyente, al desconocer con exactitud cuál sería la multa que como sanción le sería aplicable en cada situación específica. En el particular, si se reclama la inconstitucionalidad del artículo 76, fracción II, del Código Fiscal

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19811-2aed83cc/multas-el-articulo-76-fraccion-ii-del-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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