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Modo: Corpus Pro

QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19910
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERI
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1475.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY

CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, constitucionales, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero (en sentido contrario) y cuarto, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, y los Acuerdos Plenarios 4/2002 y 6/2003, pues si bien se trata de una contradicción de criterios en materia común entre Tribunales Colegiados de Circuito, resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

En efecto, los Acuerdos 4/2002 y 6/2003, en la parte que interesa, establecen lo siguiente:

Acuerdo 4/2002.

"Segundo. Las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito que se encuentren en las ponencias y las que estén con proyecto en la Secretaría General de Acuerdos serán enviadas a las Salas de este Alto Tribunal, excepto las que determinen los señores Ministros integrantes del Comité de Listas."

Acuerdo 6/2003.

"Primero. El Pleno enviará a las Salas y, en su caso, éstas conservarán para su resolución, los asuntos anteriores al año dos mil tres, con excepción de los siguientes. ...

e) Contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados que se encuentren en la Secretaría General de Acuerdos con proyecto."

Ahora bien, atendiendo a las razones que dieron origen a esos acuerdos, subsiste la intención por parte del Tribunal Pleno de agilizar la resolución de asuntos que se tramitan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejando al mismo los de mayor interés y relevancia para el ámbito jurídico nacional.

Lo anterior se advierte de las partes considerativas de dichos acuerdos que señalan.

Acuerdo 4/2002.

"Séptimo. Que si bien la aplicación de los acuerdos citados en el considerando que antecede permitió al Pleno de la Suprema Corte de Justicia pronunciarse sobre asuntos de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional; sin embargo, a la fecha se encuentran pendientes de resolución en el propio Pleno más de cuarenta contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito, así como más de cuarenta amparos en revisión programados en términos de lo ordenado en el punto segundo del Acuerdo General 2/2001, de diecinueve de febrero de dos mil uno;

"Octavo. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia debe pronunciarse sobre diversos asuntos que revisten un interés excepcional como son, entre otros, las controversias constitucionales relacionadas con el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, las reformas a la Constitución Política del Estado de Veracruz, la reforma constitucional en materia indígena y los conflictos de límites entre diversos Estados de la Unión; las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, los amparos en revisión relacionados con la constitucionalidad de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 224 del Código Penal Federal; las contradicciones entre tesis sustentadas por las Salas y por los Tribunales Colegiados cuando sean varias sobre el mismo tema y las suscitadas entre la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y este Pleno; lo que le impide resolver con la prontitud necesaria los asuntos referidos en la parte final del considerando que antecede;

"Noveno. Que para agilizar la resolución de las contradicciones de tesis suscitadas entre los Tribunales Colegiados de Circuito resulta conveniente que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia conozcan, incluso, de las que por razón de la materia no sean exclusivas de la competencia de alguna de ellas, pues aun cuando puedan surgir criterios disímiles al seno de este Alto Tribunal, los que deberán resolverse con la mayor prontitud, se establecerá el criterio jurisprudencial que genere certidumbre a los gobernados sobre los respectivos puntos de derecho y permitirá cumplir con la finalidad de esa institución; máxime que, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, tales criterios son obligatorios con independencia de la Sala que los haya emitido."

Acuerdo 6/2003.

"Séptimo. Que para avanzar en el cumplimiento de la garantía de una justicia pronta y completa establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es conveniente remitir a las Salas de la Suprema Corte de Justicia los asuntos anteriores al año dos mil tres de la competencia originaria de este Pleno."

Así, con la finalidad de resolver un asunto cuya naturaleza no exige la intervención del Tribunal Pleno, el mismo debe resolverse en la Sala correspondiente, en el caso, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

TERCERO. En relación con la resolución dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito de doce de julio de dos mil seis en la queja administrativa 26/2006, en la parte que interesa destaca lo siguiente:

"CUARTO. De las constancias que la Jueza de Distrito envió en unión a su informe justificado, se desprende lo siguiente: 1) Ma. Emelia Tristán Mireles demanda el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como autoridades responsables al Gobernador Constitucional del Estado, secretario general de Gobierno, director jurídico de Gobierno del Estado y director de Seguridad Pública del Estado, y reclama de las tres primeras autoridades la emisión de la orden para que dentro de un predio propiedad de la quejosa se utilice como camino público la vía privada que refiere se encuentra en ese inmueble; en tanto que de la última autoridad reclama el cumplimiento a dicha orden emitida por aquellas autoridades, a efecto de que mediante la fuerza pública se mantenga abierta la puerta del inmueble de su propiedad. Como antecedentes de los actos reclamados la impetrante de garantías refirió que es propietaria del inmueble descrito en la demanda de amparo; que en el mismo se ubica un camino de uso particular que atraviesa su propiedad. Añadiendo que el quince de febrero de dos mil seis, mientras se encontraba en su propiedad, encontró varias patrullas de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, y los agentes que tripulaban las mismas le manifestaron que tenían órdenes del gobernador, del secretario de Gobernación y del director jurídico de mantener abierta la puerta de ese predio para que se tuviera acceso al camino de referencia. Señalando la quejosa en su demanda de amparo que en la especie no existen terceros perjudicados. 2) La Jueza Cuarto de Distrito en el Estado, por auto de seis de marzo de dos mil seis admitió a trámite la demanda de garantías y solicitó a las autoridades responsables su informe justificado. 3) El dieciséis de marzo de la presente anualidad, el secretario general de Gobierno rindió su informe justificado y expuso que no es cierto el acto reclamado, porque no ha emitido órdenes para que dentro del predio cuya propiedad y posesión invoca la quejosa se utilice como camino público. Pero lo cierto es que existe un camino que comunica a los pobladores del Valle de los Fantasmas con los de Puerto La Descubridora, el cual han venido utilizando desde tiempo atrás, al igual que los residentes de El Durazno y el ejido San Francisco. Razón por la cual el siete de diciembre de dos mil cinco diversos representantes de las comunidades antes mencionadas, acudieron ante él solicitando que el Estado resguarde la seguridad personal de dichas personas y sus familias, porque según su dicho integrantes de la familia Tristán bloquearían el paso de una parte de ese camino a fin de obtener el pago de una cuota. 4) Por auto de tres de abril de dos mil tres (sic), la a quo requirió a dicha autoridad responsable para que en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, remitiera copia certificada de todo lo actuado en el expediente génesis del acto reclamado. 5) Una vez que la responsable remitió las constancias solicitadas por la Jueza de Distrito, el dieciocho de abril de la presente anualidad se emitió el proveído recurrido, en el cual la a quo expuso que de las constancias enviadas por la autoridad responsable se desprende que las comunidades ‘Puerto La Descubridora’ y El Durazno, ubicadas en el Municipio de San Nicolás Tolentino, por escrito de treinta de noviembre de dos mil cinco solicitaron la intervención del gobernador del Estado en virtud de que ‘desde el mes de abril del presente año la familia Tristán Mireles nos cerró el paso del camino que lleva de las comunidades de referencia a la carretera San Luis-Rioverde’; y concluyó que a esas comunidades les surge el carácter de terceras perjudicadas en términos del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por ende, ordenó requerir al quejoso para que dentro del término de tres días proporcione el domicilio de las terceras perjudicadas, apercibido que de no hacerlo, previa investigación que se realice, se procederá a emplazarlas por edictos. Expuesto lo anterior, en principio debe señalarse que resulta procedente el presente recurso de queja, porque el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, en que se funda, establece lo siguiente: ‘Artículo 95. El recurso de queja es procedente: ... VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, pueden causar un daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte con arreglo a la ley’. Del análisis del precepto legal transcrito, se arriba a la conclusión de que los supuestos que deben reunirse para la procedencia del citado recurso, son los siguientes: a) Se trate de una resolución dictada por un Juez de Distrito o por el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo; b) Que la citada resolución haya sido dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión; c) No admita expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 de la Ley de Amparo; d) Que la resolución de que se trata, por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva; y, e) Procede también el recurso, cuando se trate de resoluciones que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia y que no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte con arreglo a la ley. Ahora bien, de la lectura del escrito de interposición del recurso de queja que nos ocupa, se advierte que el recurrente impugna el acuerdo mediante el cual la Jueza Cuarto de Distrito en el Estado resolvió, entre otras cosas, reconocer el carácter de terceras perjudicadas a las comunidades ‘Puerto La Descubridora’ y El Durazno, y ordenó su emplazamiento al juicio de amparo promovido por la ahora recurrente. De lo anterior se advierte que el recurso de queja se promueve contra un proveído dictado durante la tramitación del juicio de amparo; tal determinación no admite expresamente el recurso de revisión; además, el acuerdo recurrido es de naturaleza trascendental y grave, porque es susceptible de ocasionar a la quejosa un perjuicio irreparable en la sentencia que ponga fin al juicio de garantías. En efecto, se afirma lo anterior, porque el reconocimiento del carácter de terceros perjudicados y la orden de su emplazamiento al juicio de amparo, no constituye un mero trámite intrascendente dentro del procedimiento constitucional, sino que una vez reconocido ese carácter, obliga al quejoso a enfrentarse no únicamente a la autoridad responsable, sino también contra los terceros perjudicados que siendo partes en el juicio de garantías, defienden un interés contrario u opuesto al del quejoso, en la medida en que resulta claro que aquéllos pretenden la subsistencia del acto de autoridad reclamado. Además, es evidente que la determinación de reconocer el carácter de tercero perjudicado a determinada persona, ya no podrá ser analizada en una fase posterior del juicio de amparo, por ende, sólo a través del recurso de queja previsto por la fracción VI del numeral 95 de la ley de la materia, el quejoso se encuentra en aptitud de cuestionar ese reconocimiento cuando estime que la persona en realidad no tiene ese carácter por no encuadrar en ninguna de las hipótesis del ordinal 5o., de la propia legislación. Por tanto, es claro que sólo a través de ese medio de defensa el quejoso podrá liberarse de todas las consecuencias que lleva inmerso el reconocimiento de tercero perjudicado, como lo es que tenga que acompañar un tanto más de su escrito de demanda de amparo; que tenga que cubrir los costos de la publicación de los edictos cuando después de practicada la investigación correspondiente no sea factible obtener el domicilio del tercero perjudicado; que sean tomadas en consideración pruebas aportadas por el tercero perjudicado en defensa del acto reclamado, a pesar de existir la inconformidad del impetrante de garantías por considerar que la persona que se integró a la relación jurídico procesal en realidad no tiene el carácter de tercero perjudicado. Lo anterior es así, porque el tema jurídico que deriva del reconocimiento judicial sobre la existencia de una persona física o moral como verdadero tercero perjudicado, así como del esclarecimiento acerca de quién representa a esa persona, guarda similitud jurídica con el tópico de la personalidad que aborda la jurisprudencia 4/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de dos mil uno, página once, bajo el rubro: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.’, en atención a que en ambos casos concurre como peculiaridad principal la relativa a la necesidad que existe en todo proceso judicial de determinar por quién o contra quién puede válidamente desarrollarse el mismo, cuya cuestión es de preferente análisis y amerita ser resuelta de inmediato sin esperar a que concluya el juicio, pues para entonces podría haberse ocasionado perjuicios de ejecución irreparable, en el supuesto de que para ese momento fuera calificada de ilegal la decisión judicial que dentro de la secuela procesal se hubiere adoptado al reconocer como verdadero tercero perjudicado a quien no lo es, o desconociéndole el carácter de tal a quien sí lo es. Al respecto, debe ponerse de relieve que entre los argumentos contenidos en la jurisprudencia en cita se encuentran los siguientes: ‘... Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas éstas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva ...’; consideraciones que concurren en el reconocimiento del carácter de tercero perjudicado en el juicio de amparo biinstancial, porque en caso de llamarse como tal a quien jurídicamente no le corresponde ese trato, genera, entre otros efectos, dos cuestiones fundamentales, a saber: a) el de que mientras se practican todas las providencias idóneamente necesarias para conocer en autos el domicilio del supuesto tercero perjudicado, no se puede válidamente celebrar la audiencia constitucional, lo cual equivale a una suspensión temporal del procedimiento; y, b) que por efectos de la imposibilidad de celebrarse la audiencia constitucional, por no haber sido emplazado previamente al tercero perjudicado, se generan perjuicios que atañen a la recepción o preparación de aquellas pruebas cuyo desahogo exige el previo emplazamiento de todas las partes, amén de que la afectación que se ocasiona con esa demora, puede provocar en algunos casos la desaparición de la prueba misma, como es la de testigos cuya vida no depende del oferente de la prueba. No escapa para este órgano colegiado la existencia de las diversas tesis, cuyos datos de localización, rubro y texto enseguida se reproducen: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE RECONOCIMIENTO Y EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO PERJUDICADO.’ (se transcribe). ‘QUEJA, RECURSO IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA EL RECONOCIMIENTO DE TERCEROS PERJUDICADOS.’ (se transcribe). ‘TERCERO PERJUDICADO, RECONOCIMIENTO DEL. QUEJA IMPROCEDENTE.’ (se transcribe)’. Criterios en los cuales se sostiene que el recurso de queja resulta improcedente, porque la determinación relativa al reconocimiento de tercero perjudicado y la orden de su emplazamiento al juicio de amparo, no causa un daño o perjuicio trascendental y grave, además de irreparable en la sentencia definitiva. Empero, debido a las razones expuestas en los párrafos que anteceden, este Tribunal Colegiado no comparte dichos criterios, porque en oposición a los mismos, se considera que esa clase de resolución judicial sí satisface los requisitos de procedencia del recurso de queja previsto por el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo; consecuentemente, debe denunciarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la posible contradicción de tesis entre la sustentada por este órgano colegiado y la emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito antes mencionados. QUINTO. En el primer motivo de inconformidad, aduce la recurrente que el acto impugnado carece de motivación al hacer el reconocimiento de terceros perjudicados, porque no se expone la razón de causalidad entre el acto reclamado y los supuestos terceros perjudicados. Tal disquisición resulta infundada, porque sobre el particular la Jueza de Distrito expuso: ‘... Visto el estado que guardan estos autos, y toda vez que de las constancias que remitió el delegado del secretario general de Gobierno del Estado, se desprende que las comunidades de Puerto La Descubridora y El Durazno ubicados (sic) en el Municipio de San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, mediante escrito de treinta de noviembre del año dos mil cinco, dirigido al Gobernador Constitucional del Estado, solicitaron su intervención, en virtud de que: «... desde el mes de abril del presente año la familia Tristán Mireles nos cerró el paso del camino que lleva de las comunidades de referencia a la carretera San Luis-Rioverde ...»; por tanto, en términos del artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, les surge el carácter de terceras perjudicadas ...’. De lo anterior se desprende que la razón particular por la cual la Jueza de Distrito consideró que las comunidades denominadas ‘Puerto La Descubridora’ y El Durazno, del Municipio de San Nicolás Tolentino, tienen el carácter de terceras perjudicadas, consiste en el hecho de que esas entidades por escrito de treinta de noviembre de dos mil cinco, solicitaron la intervención del Gobernador Constitucional del Estado, porque la familia Tristán Mireles les cerró el paso del camino que lleva de las comunidades en comento a la carretera San Luis-Rioverde. Esto es, contrario a lo alegado por la inconforme, la a quo sí expuso cuál es el motivo por el que consideró a las aludidas comunidades como terceras perjudicadas, y esa razón la hizo consistir en el hecho de que las mismas solicitaron la intervención de la diversa autoridad responsable con motivo del bloqueo del camino que comunica a aquellas entidades con la carretera San Luis-Rioverde. Lo anterior no implica que este órgano colegiado considere legales o acertadas las consideraciones emitidas por la Jueza de Distrito para realizar el reconocimiento de terceras perjudicadas a favor de dichas comunidades, sino únicamente resaltar que en oposición a lo estimado por la recurrente, la a quo sí expuso por qué razón tales poblaciones sí tienen el carácter de partes en el juicio de garantías; es decir, que no hay ausencia de motivación, sino en todo caso una inadecuada motivación que a efecto de analizar su legalidad debe ser materia de impugnación por parte de la recurrente a través de la expresión del agravio que considere le ocasiona ese reconocimiento de terceras perjudicadas, pues en la especie se trata de un juicio de amparo de estricto derecho por ser materia administrativa. Dicho en otros términos, debe distinguirse entre ausencia y deficiencia de motivación, siendo la primera la absoluta falta de razonamientos jurídicos del juzgador, y la deficiencia cuando esos argumentos no son atendibles o correctos, y en ese último supuesto es menester que el inconforme evidencie la ilegalidad de los mismos. En su segundo motivo de inconformidad, refiere la recurrente que no conoce si el escrito mencionado por la a quo constituye un acto cierto y de personas ciertas, porque en esas comunidades no existen tantas familias. También es infundado dicho concepto de agravio, porque el escrito reseñado por la Jueza de Distrito forma parte de las constancias que una de las autoridades responsables remitió debido al requerimiento que le fue realizado en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, y ese instrumento obra glosado a fojas ochenta y cinco a noventa del presente expediente. Existe tal documento, la quejosa lo tuvo a la vista desde el momento en que fue incorporado legalmente al juicio de amparo, y en todo caso, al señalar la inconforme que no se trata de un acto cierto y de personas ciertas porque en esas comunidades no existen tantas familias, constituye un aspecto relacionado con la objeción de las constancias del informe justificado que debe ser materia de impugnación por el quejoso en el curso del juicio de garantías y no del presente recurso de queja. En su tercer agravio, aduce la recurrente que si la a quo señala que las comunidades La Descubridora y El Durazno tienen el carácter de terceras perjudicadas, que las emplace pero no que la requiera para que proporcione el domicilio de las mismas. De igual forma resulta infundado ese motivo de disquisición, debido a que en principio el señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado por parte del quejoso es obligatorio en la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 116, fracción II, de la Ley de Amparo. De ahí que el requerimiento efectuado a la quejosa por la Jueza de Distrito, para que proporcione el domicilio del o los terceros perjudicados, no le ocasiona un agravio, sino que constituye una medida de la cual dispone el juzgador de amparo para allegarse de la información necesaria que le permitirá emplazar al juicio a esa parte del procedimiento constitucional, pues inclusive si el quejoso manifestara ignorar ese domicilio, el juzgador debe ordenar la investigación del mismo en los términos del artículo 30, fracción II, de la ley de la materia, por ello se afirma que el requerimiento en sí mismo considerado no ocasiona un perjuicio a la inconforme. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito ... de rubro y texto siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III, del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados’. En diverso motivo de inconformidad, alega la recurrente que el hecho de que se hable de un camino propiedad de los Tristán, no justifica que esté ligado al juicio de amparo; y más adelante añade que la publicación de edictos es demasiado cara y motiva que las partes generalmente no puedan cumplir con su difusión, y que por ello debe proponerse una reforma para no hacer nugatorio el acceso al juicio de amparo. Tales manifestaciones resultan inoperantes, porque a través de las mismas de modo alguno se controvierte la razón toral por la cual la a quo arribó a la conclusión de que de las constancias enviadas por la autoridad responsable, concretamente del escrito de treinta de noviembre de dos mil cinco, le surge el carácter de terceras perjudicadas a las comunidades Puerto La Descubridora y El Durazno, del Municipio de San Nicolás Tolentino, en la medida en que esas entidades fueron quienes solicitaron la intervención del gobernador del Estado con motivo del bloqueo realizado a esas comunidades del camino que conduce a la carretera San Luis-Rioverde. Es decir, mediante esos argumentos la inconforme no plantea ante este Tribunal Colegiado por qué razón considera que las aludidas comunidades en realidad no tienen el carácter de terceras perjudicadas dentro del juicio de amparo por ella promovido, de tal manera que ponga de manifiesto la ilegalidad del auto impugnado. Bajo ese contexto, ante lo inconducente de los conceptos de agravio, se impone declarar infundado el presente recurso de queja."

Del criterio anterior derivó la tesis que establece lo siguiente:

"Novena Época

"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIV, septiembre de 2006

"Tesis: IX.2o.21 K

"Página: 1525

"QUEJA. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO. En términos de la fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio de garantías o del incidente de suspensión que reúnan los siguientes requisitos: 1) que no admitan expresamente el recurso de revisión, y 2) que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar un daño o perjuicio irreparable a cualquiera de las partes. Del artículo 83 de dicha ley se advierte que el recurso de revisión no procede expresamente contra el auto que reconoce el carácter de tercero perjudicado a determinada persona física o moral, con lo que se colma el primer requisito señalado; y en cuanto al segundo, debe decirse que esa clase de reconocimiento no constituye un mero trámite intrascendente dentro del procedimiento constitucional; por el contrario, guarda similitud jurídica con el tópico de la personalidad, en atención a que en ambos casos concurre como peculiaridad principal la relativa a la necesidad que existe en todo proceso judicial de determinar por quién o contra quién puede válidamente desarrollarse el mismo, cuya cuestión es de preferente análisis y amerita ser resuelta de inmediato sin esperar a que concluya el juicio, pues para entonces podrían haberse ocasionado perjuicios de ejecución irreparable, si se llega a concluir que fue ilegal reconocer como verdadero tercero perjudicado a quien no lo es, o desconociéndole el car

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19910-a498f7a6/queja-prevista-en-la-fraccion-vi-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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