SEGURO SOCIAL. EL VALOR PROBATORIO DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN SOBRE LA CÉDULA BASE DE DATOS COMPUTARIZADA DE LOS TRABAJADORES PARA ACREDITAR SU ANTIGÜEDAD GENÉRICA, QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 222/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, AHORA PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL CITADO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la denunciaron los Magistrados que integran el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, y dicho órgano pronunció la ejecutoria en el juicio de amparo directo 105/2005, cuyo criterio se denuncia como contradictorio.
TERCERO. Para estar en condiciones de pronunciarse en relación con la presente contradicción de tesis, es menester tomar en cuenta los antecedentes y consideraciones que derivan de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, en el amparo directo 105/2005.
Mediante escrito presentado ante la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, Elvia Noemí Vázquez Cruz reclamó del Instituto Mexicano del Seguro Social el reconocimiento de la antigüedad que generó al servicio de dicha institución.
Como hechos de la demanda destacó, que durante el tiempo que prestó servicios para el instituto demandado, generó una antigüedad de veinticinco años y veinte quincenas.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su apoderado, negó acción y derecho a la actora para reclamar el reconocimiento de la antigüedad que aduce, pues solamente tenía registrado en el instituto un total de siete mil seiscientos días efectivamente laborados a partir del primero de marzo de mil novecientos setenta y nueve, fecha en que inició a prestar sus servicios.
Destacó que la autoridad deberá descontar del reconocimiento de antigüedad que se demanda, los periodos de incidencias en que incurrió la actora hasta el momento en su vida laboral, ya que de acuerdo con lo dispuesto por la fracción II de la cláusula 30 contractual, no son sujetos a reconocerse como días efectivos laborados, las licencias sin sueldo menores de tres días, faltas injustificadas e incapacidades otorgadas, tal como lo pretende la actora, los cuales se encuentran contenidos en la cédula base de datos que al efecto se lleva en el departamento de personal del instituto demandado, como control administrativo, con motivo de la modernización que se ha implementado en todas las dependencias institucionales, por tal motivo, resulta improcedente que se le reconozca una antigüedad superior a la realmente laborada y deberá acreditar la fecha de ingreso que refiere.
El demandado solicitó se otorgue el valor a la citada cédula base de datos que genera el sistema computarizado, en el que se contienen los días laborados por la actora, así como los no laborados y diversas incidencias en que incurrió, en razón de que la cédula resulta equiparable a las tarjetas kárdex o récords de servicios, que algunas empresas acostumbran llevar para establecer el registro y control del tiempo laborado por sus trabajadores.
La autoridad responsable dictó laudo, en el que impuso al demandado la carga de la prueba respecto de la antigüedad alegada. Analizó diversas pruebas, entre ellas la inspección ocular que el instituto ofreció sobre la cédula base de datos computarizada que emite el sistema IMSS-SIAP al 4 de noviembre de 2002. Expuso que la actuaria de la Junta desahogó la prueba y fue objetada por la actora, quien señaló que la documental que exhibe el demandado no contiene firma, sello o señalamiento alguno que la valide, de donde se deduce la falta de valor probatorio que pueda desprenderse, además de que el documento en cuestión contiene únicamente claves y números cuya definición o descripción en ningún momento han sido acreditadas por el instituto.
Una vez que la Junta valoró las probanzas ofrecidas por las partes, expuso que la actora tuvo incidencias en su vida laboral, lo que dijo, se acreditó con la cédula base de datos, a la que le dio pleno valor probatorio y determinó absolver a la parte demandada de las prestaciones reclamadas al considerar que la actora no laboró de forma ininterrumpida.
Inconforme con el laudo, la actora promovió juicio de amparo directo, del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con el número 105/2005, y resolvió lo siguiente:
"QUINTO. ... En otro orden de ideas, los conceptos de violación sintetizados en los incisos c) y d), analizados en su conjunto y suplidos en sus deficiencias de conformidad con lo ordenado por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, resultan fundados. Ciertamente, en la diligencia de la prueba de inspección ocular ofrecida por la parte demandada, la actuaria adscrita hizo constar lo siguiente: ‘En Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, siendo las diez horas del día diez de abril de dos mil tres, hora y fecha señalada para que tenga lugar la diligencia encomendada en el acuerdo de fecha treinta y uno de marzo del año en curso, la suscrita actuaria de la Junta, me constituí en el domicilio de la demandada, sito en Centro Médico Educativo y Cultural Adolfo López Mateos, específicamente en el departamento de personal y desarrollo ubicado en la planta baja de dicho edificio del IMSS. Se hace constar que comparece por la parte actora la Lic. Alicia Margarita Ramírez Méndez. Por la demandada la Lic. Mireya Guadalupe Soto Cárdenas. Presente en este acto la Lic. Mireya Guadalupe Soto Cárdenas, apoderada de la demandada, a quien con tal carácter en este acto requiero para que ponga a la vista de la suscrita la documentación materia de las inspecciones y dijo: que en este acto pongo a la vista del actuario cédula base de datos computarizada que emite el sistema IMSS-SIAP al 4 de noviembre de 2002, a fin de que se lleve a cabo la inspección señalada, esto dijo. El actuario de la Junta hace constar que teniendo a la vista la cédula base de datos motivo de la inspección, procedo al desahogo de la misma, en los siguientes términos: la fecha de ingreso que se refleja en dicho documento es de 03/01/1979; así como los días laborados a esta fecha bajo el rubro DP: 7601.00; los días no laborados señalados bajo la clave 129; 45.00; los días señalados bajo la clave 171; 145.00; los días comprendidos bajo la clave 172; 77.00; y los días que se reflejan bajo la clave 616; 372.00. Doy fe. Se le concede el uso de la voz a la apoderada del actor y dijo: que vista la documental que exhibe el instituto como objeto de esta prueba, me permito hacer notar a esta autoridad que la misma no contiene ninguna firma, sello o señalamiento alguno que la valide, de donde se deduce la falta de valor probatorio que pueda desprenderse, además de que el documento en cuestión contiene únicamente claves y números cuya definición o descripción el instituto en ningún momento ha acreditado el significado de los mismos, los cuales pueden ser fácilmente manejados y tergiversados a conveniencia del propio instituto, independientemente de que es de explorado derecho que las ausencias en el trabajo deben de ser acreditadas por el patrón en términos de lo señalado por el artículo 784 de la ley laboral, lo que en el caso concreto no se surte, además de que el instituto simplemente se limita a precisar que los días que descuenta en la cantidad de 372 corresponden a días no laborados, sin especificar la causa por la que tal periodo, según su dicho no fue laborado, insistiéndose que el instituto no acredita que los conceptos o rubros 172, 171 y 616, correspondan a los conceptos que manifiesta, puesto que existen otros rubros con mayor o menor número de días en el mismo documento que bien pudieran corresponder a los que el instituto señala a su conveniencia, por lo que la presente probanza en forma alguna puede redundar beneficio al oferente, además el documento que se exhibe no hace referencia alguna a las incidencias que corresponden entre el mes de septiembre de 1976 y a la fecha que precisa como de ingreso marzo de 1979, no obstante encontrarse acreditado en autos que mi mandante efectivamente inició sus labores a partir del mes de septiembre de 1976 para el instituto demandado, esto dijo. Se le concede el uso de la voz a la apoderada de la demandada y dijo: que solicito se desestimen las manifestaciones vertidas por la apoderada legal de la parte actora, por ser simples apreciaciones subjetivas carentes de fundamento legal, pues como en el mismo escrito de contestación se precisa, el objeto de esta inspección contiene las incidencias en las que incurre el actor, dentro de su vida laboral, documento al cual se le debe otorgar valor probatorio jurídico, pues como es de explorado derecho en el proceso se admiten los medios de prueba que no sean contrarios a la moral o al derecho, conforme lo dispuesto en el artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que se deduce de ello esta autoridad debe valorar en forma por demás pormenorizada la cédula de base, objeto de esta inspección, ello atendiendo a la modernización que involucra toda persona ente jurídico, pues es de mayor utilidad el utilizar este tipo de documentos por mi representado, pues el mismo contiene un reflejo de todas las incidencias que tiene durante su vida laboral como lo es, los periodos laborados y los periodos no laborados durante su vida laboral, por lo que se insiste a dicho documento debe otorgársele pleno valor probatorio, pues la misma no contraviene disposición legal alguna, esto dijo. Con lo anterior se da por terminada la diligencia, firmando los comparecientes. Doy fe.’. Así, en el presente caso, es claro que la autoridad responsable indebidamente otorgó pleno valor probatorio a la inspección ocular realizada respecto de la cédula base de datos ofrecida por la patronal para tener por acreditada la fecha de ingreso aducida por la demandada en su escrito de contestación, ya que pasó por alto que dentro del sumario de origen existe un elemento de prueba que desvirtúa el contenido de la misma, como se verá a continuación. Efectivamente, del informe rendido por el encargado del despacho del Departamento de Afiliación y Vigencia, Subdelegación Metropolitana Victoria, de la Delegación Regional en Tamaulipas del instituto demandado, mediante oficio 007197, de fecha doce de diciembre de dos mil tres, se desprende lo siguiente (foja 75): ‘... En atención a su oficio No. 1998/2003 de fecha 24 de noviembre pasado, expediente laboral 195/2002 me permito informar a usted lo siguiente: La trabajadora Elvia Noemí Vázquez Lara con número de afiliación 49 76 44 0167 causó alta con fecha 28 de julio de 1976 con el patrón Instituto Mexicano del Seguro Social estando como trabajadora eventual en el periodo de 1976 a 1979 ...’. Como puede apreciarse, con la anterior documental, proveniente de la propia parte demandada, debe decirse que en la misma se contiene una confesión de esa parte, de conformidad con lo ordenado por el artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, pues la misma constituye una manifestación contenida dentro de las constancias agregadas a juicio, donde se reconoce expresamente que la aquí quejosa laboró para con la demandada, con el carácter de personal eventual, desde el año de mil novecientos setenta y seis. Luego, ante la existencia de esa documental en que se contiene una confesión expresa de la demandada, es obvio que la cédula base de datos inspeccionada en juicio se ve demeritada en su valor probatorio, pues es evidente que no resulta apta para acreditar que el actor ingresó a laborar para con la demandada en el año de mil novecientos setenta y nueve, al no concordar ese dato con el informe previamente transcrito, de donde se desprende con claridad que la actora empezó a laborar a partir del año de mil novecientos setenta y seis al servicio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Además, cabe destacar que la prueba de inspección de que se trata se desahogó sobre la cédula base de datos computarizada que emite el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social, y no sobre una documentación en la que se contuvieren los datos relativos a las incidencias de la trabajadora sobre las faltas injustificadas y los días de licencia con goce de sueldo y sin goce de sueldo, así como los días por periodo no laborados y su fecha de ingreso, el cual quedó visto en la transcripción realizada en párrafos precedentes de la diligencia de mérito. Máxime que en ese sentido fueron las objeciones que opuso el apoderado legal de la actora, quien expresó lo siguiente: ‘... Se le concede el uso de la voz a la apoderada del actor y dijo: que vista la documental que exhibe el instituto como objeto de esta prueba, me permito hacer notar a esta autoridad que la misma no contiene ninguna firma, sello o señalamiento alguno que la valide, de donde se deduce la falta de valor probatorio que pueda desprenderse, además de que el documento en cuestión contiene únicamente claves y números cuya definición o descripción el instituto en ningún momento ha acreditado el significado de los mismos, los cuales pueden ser fácilmente manejados y tergiversados a conveniencia del propio instituto, independientemente de que es de explorado derecho que las ausencias en el trabajo deben de ser acreditadas por el patrón en términos de lo señalado por el artículo 784 de la ley laboral, lo que en el caso concreto no se surte, además de que el instituto simplemente se limita a precisar que los días que descuenta en la cantidad de 372 corresponden a días no laborados, sin especificar la causa por la que tal periodo, según su dicho no fue laborado, insistiéndose que el instituto no acredita que los conceptos o rubros 172, 171 y 616, correspondan a los conceptos que manifiesta, puesto que existen otros rubros con mayor o menor número de días en el mismo documento que bien pudieran corresponder a los que el instituto señala a su conveniencia, por lo que la presente probanza en forma alguna puede redundar beneficio al oferente, además el documento que se exhibe no hace referencia alguna a las incidencias que corresponden entre el mes de septiembre de 1976 y a la fecha que precisa como de ingreso marzo de 1979, no obstante encontrarse acreditado en autos que mi mandante efectivamente inició sus labores a partir del mes de septiembre de 1976 para el instituto demandado, esto dijo ...’. Sin que sea evidente que el desahogo de la inspección ocular haya sido realizado a documento alguno; lo que se estima así, porque del análisis del acta en que consta la inspección de mérito, se aprecie que ésta se desahogó en la cédula base del sistema computarizado que se lleva por parte del instituto ahora tercero perjudicado. Ahora bien, se estima incorrecta la determinación de la Junta responsable, al tener por acreditada la antigüedad a la parte demandada, atento a lo siguiente: En este aspecto de que se trata, el instituto demandado para demostrar su dicho, en el sentido de que la trabajadora no cuenta con la antigüedad reclamada, entre otras pruebas, ofreció la inspección ocular en la cédula base de datos computarizada que emite el sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social; en dicha diligencia, la actuaría dio fe de que en la cédula base de datos computarizada, aparece como fecha de ingreso de la actora el tres de enero de mil novecientos setenta y nueve, conforme a la transcripción agregada con antelación. De donde puede observarse, dicha prueba resulta insuficiente para demostrar la excepción de la patronal, en el sentido de que la actora tiene la antigüedad expresada por el instituto demandado, pues la misma es de carácter unilateral, en virtud de que la información que contienen los sistemas computacionales provienen de los datos que son capturados e ingresados a dicho sistema por aquél, sin la intervención de la actora, por lo que esta última no estuvo en aptitud de inconformarse en contra de la antigüedad que le reconoce la parte reo. Por tanto, es claro que dicha probanza, por sí sola carece de eficacia probatoria para demostrar la antigüedad, que adujo la empleadora tenía la trabajadora; pues en todo caso, en el desahogo de dicha inspección, el instituto demandado debió de exhibir la documentación que le sirvió de soporte para alimentar de datos sus sistemas computacionales, como lo son tarjetas checadoras, kárdex y recibos de nóminas, y con las cuales se acredita fehacientemente la antigüedad de la trabajadora. Al respecto, cabe destacar que no pasa inadvertido para este tribunal el criterio jurisprudencial del (sic) rubro: ‘ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR. LAS TARJETAS KÁRDEX Y LOS RÉCORDS DE SERVICIOS SON IDÓNEOS PARA ACREDITARLA.’, toda vez que esa tesis de jurisprudencia, aun cuando no lo afirma, se advierte que aplica la misma en forma analógica, para concluir que los kárdex y la base de datos, donde se asienta el récord de servicios de los trabajadores, constituyen pruebas para acreditar su antigüedad; empero no existen las mismas razones para sostener lo anterior, en tratándose de la base de datos computarizada llevada por el instituto demandado, como el que se analizó en el juicio laboral de donde emanó el acto reclamado. Ciertamente, de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de mérito se aprecia lo siguiente: ‘... CUARTO. Esta Sala considera que debe prevalecer, en esencia, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, según se desprende de lo dispuesto por los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, que en lo conducente dicen: «Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ... II. Antigüedad del trabajador; ...». «Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan: I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable; II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios; III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo; IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldo, así como las primas a que se refiere esta ley; y V. Los demás que señalen las leyes. Los documentos señalados por la fracción I, deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.». «Artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo prueba en contrario.». Con arreglo a tales preceptos, corresponde al patrón la carga de probar su dicho cuando exista controversia sobre la antigüedad del trabajador y para tal efecto está obligado a exhibir en el juicio los documentos señalados por el legislador, entre los cuales se encuentran, además del contrato de trabajo, las listas de raya, las nóminas y las listas de asistencia cuando se lleven en el centro de trabajo, en el entendido de que, de no cumplir con esta carga, se presumirán ciertos los hechos que exprese el trabajador al respecto. Como lo sostiene el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, los documentos exhibidos en los juicios que dieron lugar a la contradicción, en los que constan los periodos en que laboró el trabajador, cualquiera que sea la denominación que se les dé, son equiparables por sus características a las listas de raya, las nóminas y las listas de asistencia previstas en las fracciones II y III del artículo 804 de la ley en cita, por lo cual resultan idóneos para acreditar la antigüedad del trabajador, pues si bien es cierto que son elaborados de manera unilateral por el patrón, sin intervención de aquél, también lo es que constituyen controles de uso ordinario en los centros de trabajo, que frecuentemente se emplean para registrar las contrataciones del trabajador, su tiempo de servicios, sus licencias o incapacidades, sus ausencias, e incluso su historial como empleado en diversos cargos, circunstancias todas ellas que permiten considerarlos elementos objetivos de prueba en tanto no esté probado en el juicio que se hayan formulado con el solo propósito de exhibirlos en el mismo. Por estas razones, esta Sala no comparte el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en el sentido de que estos documentos, por la manera en que se elaboran, carecen de todo valor probatorio. Lo anterior, sin embargo, no significa que en todos los casos tales documentos basten para acreditar la antigüedad del trabajador, pues la prueba de ésta debe realizarse, en principio, con otros documentos más idóneos como serían el contrato individual de trabajo, las constancias de antigüedad expedidas por el patrón durante el desarrollo de la relación laboral, la proposición del sindicato para la contratación del trabajador u otros similares, y sólo a falta de éstos, con otros instrumentos como el kárdex y el récord de servicios. En este sentido, el valor probatorio de estos documentos deriva siempre de su conexión con los otros medios de convicción aportados al juicio por las partes, en particular aquellos que por sus cualidades prueben de mejor manera los hechos debatidos o, en caso de objeción, cualquier otro aportado por el trabajador para desvirtuar los datos asentados en los instrumentos exhibidos por su contraria. A este respecto conviene tener presente que la Junta está obligada a analizar todas las pruebas rendidas por las partes, incluso aquellas que no sean de las enunciadas por el artículo 804 de la ley, según ha precisado esta Sala al resolver el expediente varios 11/90 con apoyo en las reflexiones que dieron lugar a la tesis jurisprudencial número 4/92 titulada: ‘CONFESIÓN FICTA A CARGO DEL TRABAJADOR. TIENE VALIDEZ PARA ACREDITAR HECHOS, AUN LOS RELACIONADOS CON DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN TIENE OBLIGACIÓN LEGAL DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO.’, publicadas en el Tomo IX de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación del mes de abril de mil novecientos noventa y dos, página ciento nueve, que en lo que interesa a esta contradicción se transcriben: ‘De los preceptos transcritos (784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo) se evidencia que la ley de la materia impone a la parte patronal determinadas cargas probatorias y la obligación de conservar y exhibir en juicio una serie de documentos, todo ello relacionado con hechos y prestaciones que se generan con la existencia, desarrollo y terminación de la relación laboral. Además, que para el caso de incumplimiento de tales imperativos se establece la consecuencia procesal consistente en que se presumirán ciertos los hechos que al respecto haya alegado el trabajador actor en su demanda, salvo prueba en contrario.’. ‘Sin embargo resulta pertinente destacar que la omisión en que incurra el patrón al no exhibir en juicio los documentos que tiene la obligación de conservar de ninguna manera tendrá por efecto impedirle acreditar los hechos controvertidos relacionados con los documentos en cuestión, con algún otro elemento o medio probatorio que la propia ley de la materia reconoce y admite, porque no se establece en los numerales invocados la exclusividad de la prueba documental para la demostración de los hechos relativos, pues la consecuencia que establece el artículo 805 mencionado es una presunción juris tantum, esto es, que no se deben tener forzosamente por ciertos los hechos manifestados por el actor, sino que se da margen de desvirtuarlos con otra u otras pruebas al disponer dicho precepto que la presunción derivada de la no presentación de los documentos, admite prueba en contrario, lo que significa que no únicamente con la documental puede el patrón probar su dicho en cuanto a la controversia que se suscita en relación a los hechos que derivan de los documentos que tiene la obligación de conservar y exhibir, sino que la ley permite demostrar lo procedente con cualquier otra prueba que sea idónea para el fin determinado.’. ‘Ello es así, en virtud de que a lo único que obliga la ley al establecer una simple presunción que admite prueba en contrario, es que la parte patronal debe aportar al juicio una prueba de mayor eficacia convictiva a fin de poder destruir la presunción que con su conducta omisiva ya se generó en su contra; sostener lo contrario, implicaría admitir que bastaría la no presentación de los documentos respectivos, para tener plenamente acreditados los hechos a los que se refieren los mismos, y no como una simple presunción, que es lo que realmente la ley establece, ya que cualquier otro elemento de convicción presentado en contrario, por inútil, tendría que desecharse, o bien, carecería de la eficacia suficiente para desvirtuar la presunción, inclusive, la propia confesión del trabajador actor, para todo lo cual no existe fundamento de ninguna especie. Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo establece, en su artículo 776, la regla genérica de que en el proceso laboral son admisibles todos los medios de prueba, con tal de que no sean contrarios a la moral y al derecho; además, dicho precepto enumera una serie de pruebas que considera admisibles, entre las que se encuentra la confesional y, a su vez, el diverso numeral 779 dispone que la Junta desechará las pruebas que no tengan relación con la litis planteada o que resulten inútiles o intrascendentes. Es evidente que de ambas disposiciones se desprende la regla general de que para demostrar en el juicio sus pretensiones, las partes pueden valerse de todos los medios probatorios a su alcance, menos de aquellos que sean contrarios a la moral o al derecho, o bien, que no tengan relación con la litis o que resulten inútiles o intrascendentes. Con estas excepciones, la Junta tiene la obligación de admitir las pruebas ofrecidas por los contendientes, si no presentan irregularidades en su ofrecimiento y, en su oportunidad, otorgarles el valor que les corresponda.’. En este sentido cabe concluir que los documentos en los que el patrón lleve, sin intervención del trabajador, un registro o control del tiempo que ha laborado a su servicio son idóneos para acreditar su antigüedad, aunque su valoración en cada caso concreto queda al prudente arbitrio de la Junta, la que para ello debe examinar todo el material probatorio aportado al juicio con sujeción a las reglas de la lógica, de la razón y de las demás dispuestas por los artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo. Así las cosas, debe prevalecer la siguiente tesis jurisprudencial: ‘ANTIGÜEDAD DEL TRABAJADOR. LAS TARJETAS KÁRDEX Y LOS RÉCORDS DE SERVICIOS SON IDÓNEOS PARA ACREDITARLA.’ (se transcribe). Como se advierte del texto de dicha ejecutoria, los motivos por los cuales se sostuvo que los documentos hoy mencionados sí son idóneos para acreditar la antigüedad o récord de servicios de un trabajador, fueron los siguientes: ‘... los documentos exhibidos en los juicios que dieron lugar a la contradicción, en los que constan los periodos en que laboró el trabajador ...’. ‘... que constituyen controles de uso ordinario en los centros de trabajo, que frecuentemente se emplean para registrar las contrataciones del trabajador, su tiempo de servicios, sus licencias o incapacidades, sus ausencias, e incluso su historial como empleado en diversos cargos, circunstancias todas ellas que permiten considerarlos elementos objetivos de prueba en tanto no esté probado en el juicio que se hayan formulado con el solo propósito de exhibirlos en el mismo ...’. Por ende, para aplicar por analogía la tesis de jurisprudencia anteriormente transcrita, es necesario que haya identidad en el contenido del concepto, que permita la aplicación extensiva. En tales términos, en la tesis mencionada se sostuvo, que en los documentos exhibidos en los juicios que dieron lugar a la contradicción, constan: a) Los periodos en que laboró el trabajador. b) Que constituyen controles de uso ordinario en los centros de trabajo. c) Que sirven para registrar: Las contrataciones del trabajador. Su tiempo de servicios. Sus licencias o incapacidades. Sus ausencias. Incluso su historial como empleado en diversos cargos. d) Finalmente, también se sostuvo que todas las anteriores circunstancias permiten considerarlos, a dichos documentos, como elementos objetivos de prueba, en tanto no esté probado en el juicio que se han formulado con el solo propósito de exhibirlos, para prev
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20045-959ea11e/seguro-social-el-valor-probatorio-de-la-prueba · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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