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Modo: Corpus Pro

INTERÉS FISCAL. EL PLAZO DE CINCO MESES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZARLO NO IMPLICA QUE DURANTE ESE TIEMPO SUBSISTA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, SI LA AUTORIDAD RESUELVE ANTES EL RECURSO EN SENTIDO NEGATIVO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19588
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, EL S
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, , Pág. 572.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 61/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa y en esta última se encuentra especializada esta Sala, razón por la cual el asunto es de su competencia originaria.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados que participaron en el dictado de las ejecutorias que se estiman opuestas.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y en su caso resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron y que a continuación se transcriben.

En la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, el nueve de marzo de dos mil seis, al resolver la revisión fiscal 1/2005 se determinó, en la parte que interesa al presente estudio, lo siguiente:

"SÉPTIMO. Los anteriores agravios resultan infundados en una parte e inoperantes en otra. En el primero de ellos, la recurrente aduce que existe indebida aplicación de lo establecido en los artículos 237, 238, fracción IV y 239, fracción II, del Código Fiscal de la Federación e incorrecta interpretación de los numerales 141 y 144 del mismo ordenamiento, así como el 68 de su reglamento; posteriormente transcribe las consideraciones que sustentan el fallo impugnado, enseguida reproduce el precepto 144 citado y, agrega, que en el segundo párrafo del mismo se prevé la hipótesis consistente en que cuando el contribuyente interpone el recurso de revocación contra un crédito fiscal, la autoridad administrativa no iniciará el procedimiento administrativo de ejecución, pues aquél tiene cinco meses para garantizar el interés fiscal, contados a partir de la fecha en que se hace valer. Que sin embargo, ese supuesto fue interpretado de manera errónea por la Sala responsable pues de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, de rubro: ‘GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD AL ESTABLECER DIVERSOS PLAZOS.’, que se invoca en el fallo impugnado, los contribuyentes no están obligados a garantizar el interés fiscal mientras el crédito se encuentra en la etapa meramente administrativa la cual asegura la autoridad inconforme inicia desde que el deudor elige en términos del precepto 125 de la citada legislación, interponer el recurso de revocación en contra del acto emitido por la autoridad administrativa, hasta el momento en que ésta pronuncia la resolución respectiva al citado medio de defensa ordinario; por lo que, como en el caso concreto, el recurso de revocación ya se había fallado, por ende, el procedimiento administrativo se encontraba concluido; de ahí que la actuación de la Administración Local Jurídica de Tapachula, cuya nulidad se demandó, es apegada a derecho. Pues bien, no asiste razón a la autoridad inconforme en tanto que el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación no distingue ni limita el plazo de cinco meses que otorga al contribuyente, cuando promueve en tiempo el recurso de revocación ahí previsto, para que esté en aptitud de garantizar el crédito o bien pagarlo; sin que por el hecho de resolverse el mismo, se suspenda o quede sin efecto el mencionado lapso, como incorrectamente se aduce en forma reiterada en los agravios. Para dar mayor claridad al asunto, es preciso transcribir los párrafos primero y segundo del artículo 144 invocado, que es materia de la litis, en los cuales se prevé: ‘Artículo 144. No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación, o de quince días, tratándose de la determinación de cuotas obrero patronales o de capitales constitutivos al seguro social. Si a más tardar al vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución. Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación o, en su caso, el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación de los que México es parte, el plazo para garantizar el interés fiscal será de cinco meses siguientes a partir de la fecha en que se interponga cualquiera de los referidos medios de defensa, debiendo el interesado acreditar ante la autoridad fiscal que lo interpuso dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a esa fecha, a fin de suspender el procedimiento administrativo de ejecución.’. Se afirma que el agravio es infundado, pues como acertadamente lo consideró la Sala responsable, de acuerdo con el texto reproducido de dicho numeral, el contribuyente contaba con el plazo de cinco meses después de que optó por interponer el correspondiente recurso de revocación contra la resolución en la que la acreedora le fincó crédito fiscal, ya sea para garantizarlo, o bien, para que la mencionada autoridad le iniciara el procedimiento administrativo de ejecución, tal como lo dispone el precepto en mención, sin que ello implique, que dicho plazo concluyó al resolverse el referido medio de defensa ordinario. Lo anterior es así, pues de la armónica interpretación del contenido de dicho numeral, se desprende que existen tres supuestos en los que no se ejecutarán los actos administrativos de ejecución que determinen créditos fiscales, es decir, porque se suspenderá el procedimiento tendente a hacerlos efectivos; los cuales son: a) En cualquier caso, cuando se garantice el interés fiscal; b) Hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de un crédito fiscal o de quince tratándose de la determinación de cuotas obrero patronales o de capitales constitutivos al seguro social; y, c) Cuando se interponga contra el crédito, el recurso de revocación o bien, el procedimiento de resolución de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación de los que México es parte, ello siempre que se haga en tiempo. En estas hipótesis, el procedimiento se suspenderá por el término de cinco meses contados a partir del día de la impugnación. Por ilustrativa, cabe tener en cuenta la tesis número P. CLXXIX/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 175, de rubro y texto siguientes: ‘GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD AL ESTABLECER DIVERSOS PLAZOS.’ (se transcribe). También resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 30/95 del Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del país, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, octubre de 1995, página 41, del texto siguiente: ‘GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DE 1991, NO VIOLA EL ARTÍCULO 13 CONSTITUCIONAL AL ESTABLECER DIVERSOS PLAZOS.’ (se transcribe). Además, cabe destacar que el preinvocado artículo 144 en consulta, prevé que si a más tardar al vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución. De manera que, en lo que aquí interesa, el legislador estableció que cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación contra el crédito fiscal fincado, y haya solicitado la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, el plazo para garantizar el interés fiscal (o para pagarlo) será de cinco meses siguientes a partir de la fecha en que se interponga el referido medio de defensa, debiendo el interesado acreditar ante la autoridad exactora que lo hizo valer dentro de los cuarenta y cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del crédito fiscal respectivo, a fin de suspender dicho procedimiento administrativo de ejecución. Por tanto, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, se acredita que el contribuyente interpuso el recurso de revocación el veintisiete de enero de dos mil cuatro contra el crédito fiscal 324-SAT-07-I-B-C-03923, de dieciocho de noviembre de dos mil tres (fojas 54 a 64); que si bien se resolvió el quince de abril de aquella anualidad por la autoridad hacendaria del conocimiento, confirmando el fincamiento del crédito fiscal y mediante diligencia de diecinueve de abril siguiente le requirió a aquél el pago del adeudo (foja 66); por ende, es claro que cuando esto aconteció, estaba suspendido el procedimiento de ejecución a partir del veintisiete de enero de dos mil cuatro, por ser la fecha en la cual se interpuso el recurso de revocación. Luego, es a partir de esa data cuando empezó a correr el plazo de cinco meses de que disponía el contribuyente para garantizar el crédito fiscal reclamado, que concluiría el veintisiete de junio del mismo año, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 12 del código tributario; mientras tanto, en ese tiempo, la autoridad fiscal debió, de acuerdo con su obligación, suspender el procedimiento de ejecución. Precisado lo anterior, si la demandada inició el procedimiento de ejecución contra el actor, aquí tercero interesado, el diecinueve de abril de dos mil cuatro, resulta claro que aquélla no respetó el plazo de cinco meses de que disponía éste para garantizar el crédito fiscal, aun cuando dicho procedimiento debía ser suspendido hasta en tanto transcurriera dicho periodo. No se opone a esto, el hecho de que antes de los cinco meses con que contaba el contribuyente para garantizar el crédito fiscal requerido por la autoridad fiscalizadora, se haya resuelto el citado recurso de revocación, pues ese supuesto no está previsto por la ley, ya que, como se reitera, son cinco meses en que debe quedar suspendido el procedimiento de ejecución, pese a haberse resuelto el citado medio de impugnación, antes de que venciera ese plazo, porque la interrupción o cese de ese término no está prevista por la legislación fiscal aplicable, a más de que las leyes tributarias son de estricta interpretación y si el legislador no distinguió, el juzgador no puede ni debe hacerlo. En otras palabras, para estar en condiciones de sostener, como lo aduce la recurrente, que la suspensión por el lapso de cinco meses del procedimiento de ejecución, culmina o se interrumpe si antes se resuelve el recurso de revocación, así debe estar expresamente señalado en la ley; por lo que si el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación nada dispone al respecto y, por el contrario, sin distinguir ni excepcionar en modo alguno, prevé que: ‘el plazo para garantizar el interés fiscal será de cinco meses ... a fin de suspender el procedimiento administrativo de ejecución ...’, así debe entenderse. Al respecto, cobra aplicación la tesis número XIX.2o.A.C.32 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 1247, que comparte este órgano de control constitucional, la cual es del texto siguiente: ‘SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. EL PLAZO DE CINCO MESES PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 144 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE OPERA A PARTIR DE QUE SE INTERPONE LA REVOCACIÓN, NO SE INTERRUMPE NI QUEDA INSUBSISTENTE PORQUE SE RESUELVA EL RECURSO.’ (se transcribe). Asimismo, la tesis número IV.2o.A.62 A del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que este órgano de control constitucional comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 1371 del texto siguiente: ‘CRÉDITO FISCAL. LO CONSTITUYE EL SALDO INSOLUTO DETERMINADO POR LA AUTORIDAD EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 66 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y, POR ENDE, PREVIO A SU EXIGIBILIDAD A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN DEBE OTORGAR AL CONTRIBUYENTE EL PLAZO DE 45 DÍAS PREVISTO EN LOS NUMERALES 65 Y 144 DEL MISMO ORDENAMIENTO PARA QUE LO GARANTICE O PAGUE.’ (se transcribe). A lo anterior debe agregarse, que el recurso de revocación que prevén los artículos 117, 120 y 121 del Código Fiscal de la Federación si bien se intenta ante la propia autoridad administrativa con el fin de que revise su actuación y determine si procede ordenar la reposición del procedimiento o, en su caso, confirmar, revocar, modificar o sustituir el acto impugnado; en ningún momento tiene como finalidad dejar sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en términos del artículo 144 del propio código; tampoco se deduce de tales numerales que al resolver ese recurso tenga el alcance o consecuencia de interrumpir o hacer cesar tal suspensión, esto es, porque dicho medio de defensa se resuelva, pues así no lo contemplan esos numerales que al respecto disponen: ‘Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. c) Dicten las autoridades aduaneras. d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la ley. c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este código. d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este código.’. ‘Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente.’. ‘Artículo 121. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente en razón del domicilio del contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos su notificación excepto lo dispuesto en los artículos 127 y 175 de este código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en los mismos se señala. El escrito de interposición del recurso podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente. En estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, la del día en que se entregue a la oficina exactora o se deposite en la oficina de correos. Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación incluyendo, en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento inclusive, en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación.’. Los preceptos citados se refieren, el primero, a los supuestos en que procede el recurso de revocación; el segundo, al derecho que tiene el gobernado de interponerlo o no antes de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a deducir el juicio contencioso administrativo; y, el último, regula lo relativo al plazo de cuarenta y cinco días en que debe hacerse valer aquel medio de impugnación, así como la autoridad ante la cual debe presentarse. Luego, en ninguno de los invocados artículos se prevé que el recurso de revocación tiene como finalidad dejar sin efecto la suspensión del procedimiento decretada en términos del artículo 144 del propio código; tampoco se deduce de tales numerales que el hecho de que el mismo se resuelva, la consecuencia será la de interrumpir o hacer cesar tal suspensión. En ese contexto, deviene infundado lo que argumenta la autoridad inconforme en el agravio identificado como inciso b), en el sentido de que una vez resuelto el recurso, concluye el procedimiento administrativo y la situación jurídica del contribuyente es diversa, por tanto, estima que se debe garantizar el interés fiscal a fin de evitar el acto de molestia por parte de la exactora, pues contrario a lo aducido por la Sala, dice que no existe fundamento legal ni razón lógica que ampare la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución hasta que el fallo dictado en el recurso se encuentre firme, ya que eso además de ilógico, en abstracto derecho resultaría absurdo, toda vez que conllevaría a que las autoridades fiscales jamás podrían garantizar los créditos fiscales determinados a los contribuyentes, cuando éstos, bajo los ‘supuestos’ de medios de defensa podrían evadir sus obligaciones fiscales. Se afirma lo anterior, en tanto que es incorrecto que la exactora se encuentra impedida para ejecutar los créditos fiscales por la interposición de los medios de defensa de que disponen los contribuyentes, puesto que tal actividad la podrá realizar una vez que transcurran los plazos señalados por la ley, para tal efecto, dentro de los que cabe destacar el de cinco meses a que se refiere el artículo 144 del código de referencia, de que dispone el contribuyente para garantizar el crédito fiscal en el caso en que interponga el recurso de revocación, lo que sucedió en la especie, lo que se corrobora con el contenido del párrafo primero del artículo 145 de la legislación tributaria en consulta, invocado por la recurrente, que dispone: ‘Artículo 145. Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución ...’. Las consideraciones anteriores se refuerzan por el hecho de que de acuerdo con lo previsto en el precepto 131 del mismo ordenamiento legal, la autoridad deberá dictar resolución en el recurso de revocación dentro del término de tres meses a partir de la fecha de su interposición. Asimismo, por la circunstancia destacada por la Sala responsable, en el sentido de que en la resolución recaída al recurso de revocación 112/2004, contenida en el oficio 325-SAT-07-I-2-02304, la autoridad demandada indicó al contribuyente que contaba con un plazo de 45 días siguientes a la fecha en que surtiera efectos la notificación de la misma, para impugnarla mediante el juicio contencioso administrativo federal, en términos del artículo 132, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial el cinco de enero de dos mil cuatro, que en lo que interesa dispone: ‘Artículo 132. ... Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el juicio contencioso administrativo.’. Como se advierte del texto reproducido, la resolución que se emita al decidir el recurso de revocación puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo, dentro de los 45 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la misma. De manera que es factible concluir que si la autoridad fiscal dispone de tres meses para resolver el recurso de que se trata y, por su parte, el contribuyente cuenta con otros 45 días para impugnarla, entonces, ello indica que el plazo de cinco meses para garantizar el interés fiscal previsto en el artículo 144 del código tributario de la Federación, que opera a partir de que se interpone la revocación, no se interrumpe ni queda insubsistente porque se resuelva el recurso. En atención a las anteriores consideraciones, no se comparte el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, adoptado al resolver el amparo en revisión administrativa número 185/2003, en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil tres, ni tampoco el del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, al resolver en sesión de dieciséis de enero del mismo año, el amparo directo 493/2002, invocados por la autoridad recurrente. En consecuencia, por conducto del Magistrado presidente de este Tribunal Colegiado y con apoyo en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, procede denunciar la posible contradicción entre lo sustentado en esta ejecutoria y el criterio antes mencionado. Finalmente, resulta infundado el agravio de la autoridad demandada, en el que aduce que la Sala responsable dictó la sentencia materia de estudio en contravención al principio de congruencia previsto en el artículo 237 del código citado ... Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 248 del Código Fiscal de la Federación, 87, 88, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. En los términos y para los efectos precisados en el considerando tercero de la sentencia recurrida, se declara la nulidad de la resolución impugnada en el juicio de nulidad 796/04/-19-01-1, del índice de la Sala Regional Chiapas-Tabasco del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en esta ciudad. TERCERO. Denúnciese la posible contradicción de tesis mencionada en el considerando séptimo de esta ejecutoria."

CUARTO. En la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el dieciséis de octubre de dos mil tres, al resolver la revisión fiscal 60/2003-II, se determinó, en la parte que interesa al presente estudio, lo siguiente:

"QUINTO. Resulta infundado el agravio expresado por la recurrente de conformidad con las estimaciones legales que proceden. Para mejor comprensión de las consideraciones que sustentan esta resolución, es pertinente reseñar los antecedentes siguientes. La empresa denominada Carmi, Sociedad Civil, por conducto de su representante legal, el día once de septiembre del año dos mil uno, presentó ante la autoridad exactora la declaración normal correspondiente al periodo de diciembre del año dos mil, en la que declaró contribuciones tales como impuesto al valor agregado, retenciones por salarios, otras retenciones del impuesto sobre la renta, retenciones de impuesto al valor agregado y accesorios respectivos determinadas en dicha declaración, solicitando mediante forma oficial la autorización de pagar en parcialidades tales tributos, sin efectuar algún pago a cuenta. Con motivo de lo anterior, en resolución de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil uno, el administrador local de recaudación de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sostuvo que las contribuciones y accesorios declarados y no pagados por la empresa Carmi, Sociedad Civil, no eran susceptibles de pagarse a plazos o en parcialidades en virtud de que el antepenúltimo párrafo del artículo 66 del Código Fiscal de la Federación vigente en el dos mil uno, preveía la improcedencia de la autorización del pago a plazos para el caso específico. En consecuencia y de conformidad con el último párrafo del citado numeral, la autoridad procedió a determinar y cobrar el saldo insoluto de la diferencia que resultó de la declaración aludida, señalando que a la fecha de la emisión del proveído la empresa causante se encontraba pendiente de liquidar adeudo fiscal por un importe de $882,832.37 (ochocientos ochenta y dos mil ochocientos treinta y dos pesos 37/100, M.N.), por concepto del impuesto al valor agregado, retenciones por salarios, por impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, así como sus accesorios respectivos. En tal virtud, ordenó requerir de pago a la contribuyente, concediéndole un plazo de seis días para realizarlo y en su defecto, embargar bienes de su propiedad suficientes para hacer efectivo el adeudo fiscal y sus accesorios, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 151 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior se notificó a la contribuyente mediante diligencias de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil uno (fojas treinta y uno a treinta y cuatro), y en fecha diecinueve de octubre siguiente se decretó el embargo de la negociación denominada Carmi, Sociedad Civil (foja 35). Inconforme la empresa interpuso recurso de revocación ante la Administración Local Jurídica de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien en fecha veintiuno de diciembre del mismo año, mediante resolución número 325-SAT-28-V-R2-(1)-05378, confirmó el oficio liquidatorio impugnado, al estimar que el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación, no le imponía a la autoridad exactora el deber de conceder a la empresa contribuyente el plazo de cuarenta y cinco días que refiere el citado numeral, para efecto de garantizar el crédito o de pagarlo. En contra de la resolución comentada en el párrafo que precede, la contribuyente promovió el juicio de nulidad número 986/02-06-01-4, ante la Primera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la que en fecha once de diciembre de dos mil dos dictó sentencia en la que declaró su nulidad, al considerar que conforme a lo previsto por los artículos 65 y 66 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad exactora ejercía facultades de comprobación al determinar y cobrar un saldo insoluto de las diferencias resultantes por la presentación de declaraciones con solicitud de pago en parcialidades, cuando se hacía uso indebido de tal beneficio, tal como ocurrió en la especie, por lo que resultaba perfectamente aplicable lo establecido en el primero de los mencionados artículos, en el sentido de que, previo al inicio del procedimiento administrativo de ejecución la autoridad fiscal debía otorgar al contribuyente el término de cuarenta y cinco días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de la determinación de tal crédito, con el fin de que el causante de dicho saldo insoluto los garantizara o los pagara. Inconforme con lo anterior, la autoridad demandada por conducto de su legítimo representante promovió el recurso de revisión fiscal que hoy se resuelve, en cuyo concepto de agravio expone esencialmente que, la Sala Fiscal interpretó y aplicó en forma errónea el contenido de los artículos 65, 66, 145, 151 y 237 todos del Código Fiscal de la Federación al pasar por alto la circunstancia de que cuando el contribuyente ya se autodeterminó el crédito fiscal en su declaración es innecesario la aplicación y concesión del plazo de cuarenta y cinco días en cuestión. También señaló de manera sustancial que el saldo insoluto requerido al causante deriva de un crédito autodeterminado, el cual goza de presunción de validez, pero que puede ser objeto de verificación por parte de la autoridad hacendaria en uso de sus facultades de comprobación. Agrega, que en el caso al habérsele negado a la empresa con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19588-9d52822a/interes-fiscal-el-plazo-de-cinco-meses-previsto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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