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Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO AGRARIO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN, NO DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19656
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, , Pág. 756.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 76/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa y en esta última se encuentra especializada esta Sala, razón por la cual el asunto es de su competencia originaria.

SEGUNDO. La presente contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló uno de los Magistrados integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en el dictado de las ejecutorias que se estiman opuestas.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron y que a continuación se transcriben.

En la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el trece de marzo de dos mil seis, al resolver la revisión administrativa 223/2005 interpuesta por Carlos Acosta Covarrubias se determinó en la parte que interesa al presente estudio, lo siguiente:

"CUARTO. Los agravios son infundados. Previo a establecer las razones por las cuales se arriba a la anterior conclusión precisa atender a algunas constancias que existen en el juicio de amparo indirecto ... Ahora bien, como se vio, el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, en razón de que consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos 14, párrafo segundo, constitucional, 30, fracción II y 5o., fracción III, del ordenamiento citado en primer término, toda vez que el quejoso incumplió con la obligación de recoger, pagar y exhibir la publicación de los edictos relativos al emplazamiento de los terceros perjudicados, por lo que quedaba paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, lo que importa infracción al artículo 17 constitucional, por retardarse la resolución del conflicto debido a la conducta del quejoso, cuyo interés personal no puede estar por encima del interés público, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan oportunamente, e invocó, como fundamento de su decisión, la jurisprudencia 64/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, titulada: ‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.’. Por su parte, el recurrente aduce que tratándose de amparos en materia agraria, el incumplimiento del quejoso al requerimiento de pagar y exhibir la publicación de los edictos a través de los cuales se emplazará a los terceros perjudicados, no constituye un impedimento al juzgador para pronunciarse en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ante la prohibición expresa contenida tanto en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal, como en el artículo 231, fracción II, de la Ley de Amparo de decretar el sobreseimiento en el juicio por inactividad procesal; luego ante la obligación constitucional de no decretar el sobreseimiento en el juicio promovido por las entidades o individuos que especifica el artículo 212 de la Ley de Amparo, el juzgador de garantías debió realizar las investigaciones tendentes a lograr la identidad y domicilio de los causahabientes de los terceros perjudicados e incluso procurar que el costo de los edictos sean sufragados por instituciones oficiales, ya que es deber del Juez de Distrito no dejar inactivo el procedimiento, por lo que debe allegarse o procurar por todos los medios legales a su alcance para lograr el emplazamiento de los terceros perjudicados. Sin que, agregó el recurrente, tenga aplicación la jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito, en razón de que deriva de una contradicción de tesis suscitada entre ejecutorias que resuelven casos distintos en los que el interés particular no puede estar por encima del interés común de la sociedad, pero tratándose de casos en materia agraria, existe interés público en proteger a las entidades e individuos a que alude el numeral 212 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, e invoca en apoyo de sus argumentos el criterio sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis publicada con el rubro: ‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EN LOS JUICIOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, NO OPERA EL SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO POR INACTIVIDAD PROCESAL.’. Como se puede apreciar, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si en los juicios de amparo promovidos por las entidades o individuos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Amparo, procede o no decretar el sobreseimiento en el juicio basándose en la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de dicho ordenamiento legal, en relación con el numeral 14, párrafo segundo, constitucional y los diversos 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, cuando el quejoso incumple con recoger, pagar y exhibir la publicación de los edictos para emplazar a la parte tercero perjudicada. Empero, no debe soslayarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o Salas, es obligatoria para los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, entre otros órganos jurisdiccionales; por ende, en los casos en que existe jurisprudencia, el juzgador se encuentra constreñido a aplicarla, sin que pueda realizar un examen en torno al tema resuelto por la jurisprudencia, ya que simplemente se aplica porque es obligatoria, independientemente de que el Juez o tribunal comparta o no sus razonamientos, por lo que el Juez sólo ejerce libertad de jurisdicción en la determinación relativa a si el caso concreto se ajusta a los supuestos que lleven a su aplicación. Bajo esa perspectiva, en razón de que, en el caso, existe jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Sala, como es la 2a/J. 64/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página doscientos once, que establece que el incumplimiento del quejoso de recoger, pagar su publicación y exhibir los edictos, da lugar al sobreseimiento en el juicio de amparo, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si dicha jurisprudencia tiene aplicación o no en los juicios de amparo en materia agraria, promovidos por los entes o individuos a que alude el artículo 212 de la Ley de Amparo. La jurisprudencia de mérito se emitió con motivo de la contradicción de tesis entre las suscitadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Las razones que sustentan la jurisprudencia en cita, parten de la base de que, dadas la formalidades esenciales que rigen a todo juicio, el emplazamiento del tercero perjudicado al juicio de garantías constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada en su resolución. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que si a pesar de la investigación realizada se desconoce el domicilio del tercero perjudicado, entonces la notificación se hará por edictos a costa del quejoso, es decir, impone al promovente del amparo la obligación de sufragar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado. Así, se dice en la ejecutoria, el emplazamiento por edictos del tercero perjudicado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionada a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, de manera que su incumplimiento provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de garantías a una de las partes, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, quedando paralizado el juicio de garantías por la no publicación de los edictos, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al retardarse la solución del conflicto, sin que ello sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede quedar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional. Por otra parte, debe tenerse presente que en relación con la dirección de todo procedimiento jurisdiccional, existen dos diferentes sistemas. El primero de ellos se versa en el principio inquisitivo, conforme al cual se le compete al Juez una serie de atribuciones tanto en la instauración de la relación procesal como en su desarrollo, para impulsar el procedimiento y lograr la resolución de la controversia. El segundo, por el contrario, se basa en el principio dispositivo, mismo que consiste en que la iniciativa del proceso corresponde a las partes, las cuales tienen el deber de impulsar los juicios si quieren obtener una resolución a sus pretensiones. El procedimiento en el juicio de amparo en general adopta un sistema mixto pues, por una parte, el artículo 157 de la ley reglamentaria del juicio de garantías estatuye que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios de amparo no queden paralizados, por lo que deberán proveer lo que corresponda hasta dictar sentencia; y, por otro lado, impone a las partes el deber de impulsar el procedimiento, conforme al principio dispositivo, pues de no hacerlo opera el sobreseimiento por inactividad procesal, según se advierte del artículo 74, fracción V, del ordenamiento legal en cita, lo que tiene como consecuencia la extinción de la relación jurídica procesal sin que el tribunal decida o se pronuncie sobre la cuestión de fondo planteada por las partes. Ahora bien, tratándose del amparo en materia agraria aun cuando predomina el principio inquisitivo, ya que el Juez de Distrito tiene la obligación de solicitar a las autoridades responsables las constancias que acrediten la representación de quienes promueven amparo en nombre de un núcleo de población ejidal o comunal, de resolver sobre la inconstitucionalidad de los actos reclamados tal como se hayan planteado, aun cuando sean distintos a los invocados en la demanda, de recabar las pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos que menciona el artículo 212 y de acordar las diligencias necesarias para precisar los derechos agrarios de los núcleos de población o de los ejidatarios o comuneros en lo particular, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados, cuidar que dichos entes o individuos tengan la intervención que legalmente les corresponde en la preparación, ofrecimiento y desahogo de pruebas cerciorándose de que las notificaciones se les hagan oportunamente y que se les entregan las copias de los cuestionarios, interrogatorios o escritos que deben ser de su conocimiento y suplir la deficiencia de la queja, exposiciones, comparecencias y alegatos; también es cierto que subsiste parte del principio dispositivo, como es la obligación prevista en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, cuando a pesar de la investigación tendente a la localización del domicilio del tercero perjudicado donde se pueda emplazar al juicio de amparo, no se logra, esa primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, disposición que es aplicable aun en los amparos en materia agraria, pues al respecto ni la Constitución, ni la ley reglamentaria contemplan excepción alguna. Ahora bien, es cierto que tratándose de los juicios en materia agraria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción II, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no procede el sobreseimiento por inactividad procesal en perjuicio de los núcleos de población ejidal o comunal, ni de los ejidatarios o comuneros en lo particular; sin embargo, no debe soslayarse que existe el derecho a la administración de justicia también elevado a rango constitucional en el artículo 17 del Texto Fundamental, que impone a los tribunales la obligación de impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes. Bajo esta perspectiva, aun cuando es verdad que el incumplimiento por parte de los entes o individuos tutelados por el amparo en materia agraria, a la obligación de impulsar el procedimiento, no puede dar lugar al sobreseimiento por inactividad procesal, ello no hace inaplicable la jurisprudencia en cita, pues se estima de mayor entidad la garantía de administración de justicia en los plazos y términos que fijan las leyes, sobre el interés de que los juicios de amparo en materia agraria, no se deben sobreseer por inactividad procesal en perjuicio de los entes o individuos tutelados, ya que de no hacerse así implicaría que quedaran paralizados indefinidamente, lo que afecta a la sociedad ante la incertidumbre que generan este tipo de conflictos, pues si bien dicha jurisprudencia se emitió en materia distinta a la que aquí nos ocupa, en la que opera el sobreseimiento por inactividad procesal, lo que generaría cierta certeza de conclusión del juicio; con mayor razón tiene aplicación en materia agraria donde la paralización del juicio, ante la imposibilidad del sobreseimiento por inactividad procesal, sería indefinida, lo que implicaría una inseguridad jurídica en torno a la tenencia de la tierra, ante la falta de definición del derecho. Es oportuno destacar que el interés de la sociedad, en dar seguridad jurídica, evitando la falta de definición del derecho en el país y atacar el rezago, quedó de manifiesto en el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 159/2004 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, noviembre de 2004, Novena Época, página ciento veintiuno, cuyos rubro y texto expresan: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. EN MATERIA AGRARIA OPERA LA CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS TENDENTES A OBTENER SU CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). Por lo demás, de las disposiciones que rigen al juicio de amparo en general y en particular del juicio de amparo en materia agraria, no se admite la obligación a cargo del Juez de Distrito de mandar la publicación de edictos, por ende, no procede lo que pretende el quejoso en el sentido de que éste procure sufragar dicha publicación mediante la intervención de instituciones oficiales o del propio Consejo de la Judicatura Federal. Luego entonces al no conferirse tal facultad al Juez de amparo, la paralización del juicio no puede atribuirse a dicho Juez, sino al propio quejoso. Conforme a lo expuesto, este tribunal no comparte el criterio contenido en la tesis citada por el quejoso, por lo que, al advertir discrepancia entre lo sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y el criterio adoptado por este tribunal en el presente asunto, con apoyo en el último párrafo de los artículos 196 y 197-A de la Ley de Amparo, hágase la denuncia de contradicción de tesis respectiva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo procedente. Por otra parte, no procede analizar el proveído emitido por el Juez de Distrito, donde ordena el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado a costa del quejoso y, por ende, si se realizó correctamente o no la investigación tendente a la localización del domicilio de los terceros perjudicados, puesto que en contra de dicho proveído procede el recurso de queja y al no haber sido promovido por el quejoso, conlleva el consentimiento de dicho auto y por consecuencia la preclusión para examinarlo con posterioridad. Tiene aplicación a lo antes expuesto, la jurisprudencia 158/2005 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, página quinientos veinticinco, del tenor siguiente: ‘QUEJA. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO.’ (se transcribe). No se desatiende que en una revisión anterior se abordó el estudio de la investigación previa al emplazamiento de la parte tercero perjudicado; sin embargo, en aquella época no se había emitido la jurisprudencia últimamente invocada, por lo que ahora ante la obligatoriedad de la misma, resulta imposible jurídicamente examinar dicha investigación ante la firmeza procesal que adquieren los actos consentidos. En mérito de lo anterior, al haber resultado infundados los agravios analizados y al no advertir queja deficiente que suplir, procede confirmar el auto recurrido. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, fracción I, de la Ley de Amparo y 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se confirma el auto que se revisa. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 701/2002, promovido por Carlos Acosta Covarrubias, por conducto de su representante legal Marco Antonio Encinas Cajigas, contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria."

CUARTO. No se transcribirá la ejecutoria pronunciada en la revisión administrativa número 193/2005 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, pues se basa, en esencia, en las mismas consideraciones que sustentaron la resolución reproducida en el considerando precedente.

QUINTO. En la sentencia dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el once de octubre de dos mil cinco, al resolver la revisión administrativa 38/2003, interpuesta por el Núcleo Agrario Iztapalapa, se resolvió, en lo conducente:

"QUINTO. Suplido en su deficiencia en términos del artículo 76 Bis, fracción III, en relación con el 227 de la Ley de Amparo resulta fundado el cuestionamiento vertido en el agravio tercero, en el que se reclama la indebida aplicación de la jurisprudencia número 2a./J. 64/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del texto siguiente: ‘EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). En la especie se está frente a un asunto promovido por el ‘Núcleo Agrario Iztapalapa’, en el que esencialmente se reclama el cumplimiento de la resolución presidencial agraria, mediante la cual se restituyó de tierras a ese núcleo; y las indebidas órdenes giradas o que puedan girarse a efecto de desalojar y privar a dicho núcleo de la posesión del predio ‘El Gallito’. Respecto a los asuntos con las características antes aludidas, en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece lo siguiente: ‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... II. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán el desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la asamblea general o el segundo emane de ésta. ...’. De ese texto destaca la prohibición constitucional del ‘... sobreseimiento por inactividad procesal ...’. En el auto impugnado el Juez Federal, sostuvo que el juicio de garantías ‘... se encuentra paralizado ...’, dado que el núcleo agrario incumplió con la carga procesal impuesta al no recoger las constancias necesarias a efecto de emplazar a la tercero perjudicada Inmobiliaria Valbro, Sociedad Anónima, en consecuencia declaró el sobreseimiento del juicio, dado que en su concepto se actualizó la hipótesis de improcedencia referida en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo relación con el artículo 30, fracción II, del propio ordenamiento legal. Determinación que apoyó con la invocación de la jurisprudencia transcrita con anterioridad. Determinación que se estima ilegal, pues el Juez Federal sobresee, dada la paralización que dice se suscitó en el juicio de amparo, soslayando que constitucionalmente existe prohibición para decretar el sobreseimiento en asuntos agrarios por inactividad procesal, salvo en beneficio del núcleo agrario, circunstancia esta última que no ocurre en el caso, pues ningún provecho ocasiona ese sobreseimiento, por el contrario se hace nugatorio el derecho que dice el quejoso le fue reconocido en la resolución presidencial cuyo cumplimiento demanda en el juicio de garantías. De ahí que resulte fundado el agravio analizado, pues en el caso no encuentra aplicación la jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito, dado que lo determinado en ella en torno al sobreseimiento por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos preceptos 30, fracción II y 5o., fracción III , de la Ley de Amparo, al provocarse la paralización del juicio de garantías al arbitrio del quejoso, encuentra una excepción tratándose de los juicios de amparo en materia agraria, dada la prohibición constitucional relativa al no sobreseimiento por inactividad procesal de estos asuntos. En apoyo a lo anterior, en lo conducente se cita la tesis 190, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Tomo III, Séptima Época, página ciento treinta y cinco, del rubro y texto siguientes: ‘AMPARO EN MATERIA AGRARIA. SUS NOTAS DISTINTIVAS.’ (se transcribe). También resulta aplicable en lo conducente la tesis emitida por la propia Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 48, Tercera Parte, Séptima Época, página cuarenta y siete del rubro y texto siguientes: ‘AGRARIO. SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO POR INACTIVIDAD PROCESAL. CASO EN QUE NO OPERA.’ (se transcribe). Asimismo, encuentra aplicación al caso en lo conducente la tesis emitida por la repetida Segunda Sala publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen CV, Tercera Parte, Sexta Época, página doce del rubro y texto siguientes: ‘AGRARIO, SOBRESEIMIENTO DEL AMPARO.’ (se transcribe). En ese orden de ideas, procede revocar el auto recurrido y con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo ordenar la reposición del procedimiento a efecto de que el Juez de Distrito continúe con los trámites pertinentes a efecto de lograr el emplazamiento de la tercero perjudicada, efectuando entre otras medidas, el requerimiento al quejoso para el logro de ese objetivo, o bien como lo señala el propio recurrente, solicite al director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al Archivo General de Notarías, o a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros organismos, órganos, instituciones, dependencias, ya sean públicas o privadas, el domicilio cierto y actual de Inmobiliaria Valbro, Sociedad Anónima. Atenta la conclusión alcanzada, resulta innecesario el estudio de los restantes agravios propuestos por el recurrente, tendentes a demostrar la ilegalidad del auto recurrido, ello porque bastó con el analizado, suplido en su deficiencia y declarado fundado para revocar dicho auto. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se revoca el auto recurrido. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de garantías a que este toca se refiere, en los términos precisados en el considerando final de la presente ejecutoria."

SEXTO. En principio, es pertinente tener en cuenta que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.

Ahora bien, la existencia de la contradicción de tesis precisa de la reunión de los siguientes supuestos:

a) Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos jurídicos, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.

b) Que de tal examen arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

c) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Sirven de apoyo a la anterior determinación, las jurisprudencias P./J. 26/2001 y P./J. 27/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecen publicadas en las páginas 76 a 78 del Tomo XIII, abril de 2001 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que son del siguiente tenor:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia ob

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19656-b439826b/emplazamiento-por-edictos-al-tercero-perjudicado-en-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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