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Modo: Corpus Pro

HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2007-PL. · Registro digital (IUS): 20264
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Julio de 2007, , Pág. 652.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2007-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: CLAUDIA MENDOZA POLANCO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, pues si bien el criterio que debe sustentarse se refiere a la materia común, el tema no resulta trascendente, ni reviste importancia para el orden jurídico, por lo que no amerita el conocimiento del Tribunal Pleno.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que respectivamente disponen:

"Artículo 107. ...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."

"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días."

En este sentido, en virtud de que la contradicción de tesis la denunció el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, órgano colegiado que emitió uno de los criterios que se estiman opuestos, es evidente que se encontraba legitimado para hacerlo.

TERCERO. Con la finalidad de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es preciso tener presentes las ejecutorias emitidas por los órganos colegiados.

El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el seis de marzo de dos mil tres, el amparo en revisión número 70/2003, promovido por Maura Bazán Ramírez viuda de González, sostuvo en lo conducente:

"CUARTO. Por razón de método se analiza el segundo motivo de inconformidad que se hace valer en contra del acuerdo que tuvo por no interpuesta la demanda de garantías, que ante el Juez de Distrito recurrido presentó Maura Bazán Ramírez viuda de González, mismo que es fundado y suficiente para revocar la determinación de mérito y ordenar que se reponga el procedimiento. En efecto, de las constancias que integran el expediente número 57/2003-II, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, se pone de manifiesto que la parte hoy recurrente demandó el amparo y protección de la Justicia Federal señalando como autoridad responsable al Juez Octavo de lo Civil de esta ciudad, a quien le atribuyó como actos reclamados todo el procedimiento llevado a cabo bajo el número de expediente 99/93 y relativo al juicio especial hipotecario, seguido en contra de ella, por Multibanco Mercantil Probursa, Sociedad Anónima, aduciendo que no ha sido llamada debidamente a tal procedimiento, en el que por cierto, se ha elaborado un convenio y, también que se falsificó su firma específicamente en la promoción de fecha quince de agosto del año dos mil, precisando como concepto de violación, que sin cumplirse las formalidades del procedimiento, concretamente que no se le notificaron personalmente todas las actuaciones de aquel juicio, se le priva del derecho a defender su propiedad y patrimonio, sin la garantía de audiencia. El Juez de Distrito al proveer sobre la demanda de garantías antes mencionada, determinó desecharla por estimar que en el caso se trata de la ejecución de un convenio emanado de ese procedimiento, al cual, señala, el veinte de agosto de mil novecientos noventa, Maura Bazán Ramírez viuda de González, promovente del amparo, lo celebró ante el Juez responsable en esa fecha y que se encuentra en etapa de ejecución, por lo que, estimó que al no ser el acto reclamado la última resolución dictada en ese procedimiento de ejecución, el juicio constitucional resulta improcedente. Para apoyar esta determinación el Juez Federal adujo, que era un hecho notorio el que en el propio juzgado a su cargo, exista el diverso juicio de garantías número 1143/2002-III, promovido por Francisco González Bazán, por derecho propio y contra actos del Juez Octavo de lo Civil de esta capital, en el que dicha persona se ostentaba como nunca llamado a ese procedimiento; que de ese juicio de amparo se ponía de manifiesto la existencia de un juicio especial hipotecario seguido por Multibanco Mercantil Probursa, Sociedad Anónima, en contra de Maura Bazán Ramírez viuda de González, y que, en ese procedimiento natural que dio origen al juicio constitucional antes mencionado, se advertía que la citada Maura Bazán había celebrado con la parte actora del juicio especial hipotecario un convenio, que había sido elevado a la categoría de cosa juzgada y que actualmente estaba en etapa de ejecución, para ello, se apoyó en una certificación suscrita por la licenciada Irais Arlet Iracheta Albarrán, secretaria adscrita al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal y, en los criterios jurisprudenciales, el primero registrado con el número 2/93, del Número 63, marzo de 1993, página 13, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, la segunda, visible en dicha Gaceta, Número 80, agosto de 1994, página 93, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, cuyos rubros son: ‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.’ y ‘HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.’. Ahora bien, básicamente la recurrente argumenta que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de convenio, sino que éste ya se ejecutó, porque inclusive, el bien materia del mismo, había sido ya entregado a María Guadalupe Díaz Sánchez y, que en todo caso si se estimaba que no había precisión en el señalamiento del acto reclamado, debió prevenir para subsanar cualquier imprecisión en que hubiera incurrido, pero no determinar la improcedencia del juicio de garantías. Asiste la razón a la inconforme porque, por principio debe señalarse que las jurisprudencias en que se apoyó el Juez Federal, contemplan hipótesis diferentes a las que dicho Juez de amparo pretendió equiparar, ya que ellas parten de la base de que existe una ejecutoria emitida bien por el Tribunal Pleno, bien por un órgano colegiado de circuito, es decir que ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, la materia del amparo ya fue definida mediante una sentencia con la que culminó el juicio constitucional y para ello, ambas básicamente refieren que el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles precisa que los hechos notorios pueden ser invocados por el propio tribunal, aunque no hayan sido alegados, ni probados por las partes. Así, del contenido de este precepto se desprende que los hechos notorios no están sujetos a la comprobación que de manera expresa se aplica para los hechos en general, ya que, la doctrina considera que son notorios para el tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de su propia actividad; en consecuencia, debe señalarse que para poder invocar el Juez de Distrito un hecho notorio con base precisamente en las jurisprudencias antes mencionadas, debe atenderse, básicamente a la existencia de una sentencia o ejecutoria ya resuelta por el propio tribunal al que ahora corresponde pronunciarse respecto de un nuevo juicio de garantías, hipótesis que no se surte en la especie, pero además, es de hacerse notar que si el Juez Federal pretendió aplicar analógicamente las jurisprudencias de mérito, debió previamente ordenar la certificación respectiva de aquellos expedientes o constancias que estimare guardan relación íntima con la demanda de garantías y respecto de los cuales, precisamente por razón de su propia actividad son de su conocimiento, explicitando en la certificación relativa las características propias por las cuales considera que esas constancias inciden o bien son determinantes para argumentar acerca de la admisión o no de la demanda de garantías, pues no debe perderse de vista que las resoluciones emitidas por dichos juzgadores generalmente son impugnables a través de los recursos que la propia Ley de Amparo establece y cuyo conocimiento por lo general corresponde al Tribunal Colegiado en turno. En el caso, si bien es verdad que obra una certificación previa al acuerdo que desechó la demanda, también lo es que la misma no tiene sustento jurídico previo alguno que justifique su realización y, por otra, no es lo suficientemente explícita para poder determinar si efectivamente del juicio de amparo indirecto 1143/2002-III, promovido por Francisco González Bazán, se puede llegar a establecer que en los autos del juicio natural, existe la celebración de un convenio y que éste se encuentra en etapa de ejecución, circunstancia que no se encuentra perfectamente clara, además a este órgano colegiado le imposibilita considerar la certeza de los argumentos en que apoya el Juez de Distrito para el desechamiento de la demanda por no precisar que el aludido convenio se encuentra en etapa de ejecución y que los actos que se reclaman no son los últimos que se dictan en el mismo, máxime que frente a esta consideración se encuentra la vertida por la recurrente en el sentido de que tal convenio ya se ejecutó y que inclusive el bien materia del mismo pasó a ser propiedad de María Guadalupe Díaz Sánchez, a quien designa con el carácter de tercera perjudicada, lo que pudiera haber acontecido por el tiempo transcurrido entre la tramitación y resolución del juicio de amparo que como hecho notorio invocó la juzgadora federal y la interposición de la demanda de amparo que da origen a la presente revisión. Ante esto, resulta evidente que el sustento jurídico en que se apoya el desechamiento de la demanda y, concretamente en las tesis que invoca el Juez Federal en el auto que se revisa no pueden sostener válidamente tal desechamiento ya que, se tiene la incertidumbre de si efectivamente el convenio que se menciona está en vías de ejecución o bien si fue ejecutado. Por ello, le asiste la razón a la recurrente en el sentido de que el Juez de Distrito debió obrar su conducta procesal atendiendo a lo que en la especie señala el artículo 146 de la Ley de Amparo, es decir, que la debió prevenir para que señalara exactamente el acto reclamado, el estado que guardan las actuaciones procesales del juicio especial hipotecario del que se hacen emanar las violaciones a las garantías individuales y, la precisión de si tal convenio ya se ejecutó o aún se encuentra en esa etapa, ya que sólo así pueden tener los elementos necesarios que le permitan concluir si efectivamente es improcedente de manera notoria e indudable la demanda de mérito. Como no lo hizo así, y este órgano colegiado no tiene elemento alguno que le permita considerar si el aludido convenio ya se ejecutó o está en esa etapa, ya que, se insiste, el Juez de Distrito no explicitó adecuadamente el porque concluía en la forma en que lo hizo, para que así pudieran cobrar aplicación analógica las jurisprudencias en que se apoyó, debe revocarse la resolución recurrida para que se ordene la reposición del procedimiento y se prevenga a la parte promovente del amparo, para que aclare su demanda y precise con claridad la naturaleza del acto reclamado e incluso transcriba su contenido, de donde emana el mismo y el estado procesal que guarda el juicio del que proviene tal acto reclamado. Resultando fundada la inconformidad antes expuesta, que fue suficiente para revocar el auto impugnado, es innecesario el análisis del primer agravio propuesto."

CUARTO. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el veinticinco de enero de dos mil siete, el amparo en revisión 512/2006, promovido por Tescor, Sociedad Anónima de Capital Variable, sostuvo, en lo conducente:

"TERCERO. Son infundados los agravios hechos valer. Señala el inconforme sustancialmente que fue indebido que el Juez de Distrito sobreseyera en el juicio tomando como hecho notorio las sentencias relativas al amparo indirecto 352/2004 y la revisión principal 408/2005, pues constituyen pruebas no rendidas ante la autoridad responsable, con lo que se transgrede el artículo 78 de la Ley de Amparo, además porque de conformidad con la tesis que el propio Juez Federal invocó, de rubro: ‘HECHO NOTORIO. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA INVOCARLO, PREVIAMENTE, DEBE ORDENAR LA CERTIFICACIÓN RESPECTIVA DE LAS CONSTANCIAS QUE ESTIMA GUARDAN RELACIÓN CON LA DEMANDA DE AMPARO.’, debió certificar tales constancias previamente al dictado de la sentencia, por lo que si no lo hizo carecen de valor legal y no debieron ser tomadas en cuenta. Tal afirmación, como se adelantó, es desacertada, toda vez que si bien el artículo 78 de la ley de la materia, dispone que: ‘En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán (sic) consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la sentencia reclamada.’, esto es aplicable para la apreciación del acto reclamado y el estudio de fondo de la cuestión debatida en el amparo; sin embargo, tales reglas no aplican tratándose de la procedencia o improcedencia del juicio constitucional, ya que conforme al último párrafo del artículo 73 del ordenamiento en cita es oficioso el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías, esto es, deben analizarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo, de ahí que deba indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si alguna de ellas se actualiza o no. Sirve de apoyo la jurisprudencia por contradicción, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 319 del Tomo XXIII, enero de dos mil seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto.’. Ahora, la circunstancia de que el juzgador federal haya certificado en forma posterior y no anterior al dictado de la sentencia las constancias en que se sustentó, relativas al amparo indirecto 352/2004 ante él tramitado y a la revisión principal 408/2005 del índice de este Tribunal Colegiado que confirmó aquélla, no amerita la reposición del procedimiento ni la revocación del fallo impugnado, en razón de que dichas constancias las tuvo a la vista el Juez de Distrito por haberse tramitado en el órgano del que es titular, de ahí que no hay motivo para dudar que en efecto tuvo acceso a dicho expediente al momento de dictar sentencia; ahora, la certificación de tales medios de convicción únicamente es con la finalidad de acreditar la existencia de los mismos, ya que el juzgador de distrito, al no ser un órgano terminal, en tanto que su resolución admite revisión, toda invocación de un hecho notorio requiere, como sustento de la misma, que sean adjuntadas al expediente las respectivas constancias, pues lo que para dichos juzgadores puede constituir un hecho notorio, no necesariamente lo es para los órganos revisores, los cuales necesitan imponerse de ellas para poder resolver, fundada y motivadamente, sobre la legalidad tanto de la apreciación del hecho notorio, como de la resolución impugnada; luego, tomando en consideración que el Juez de Distrito invocó el hecho notorio para actualizar una causa de improcedencia, la cual se estudia de oficio, según se vio en la jurisprudencia transcrita en líneas precedentes, resulta intrascendente que la certificación en comento sea o no previa al dictado de la sentencia, ya que lo importante es que esté plenamente probada la causal al momento de resolver, lo cual aconteció. Por las razones expuestas, no se comparte la tesis del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 971 del Tomo XVIII, noviembre de dos mil tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘HECHO NOTORIO. PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO PUEDA INVOCARLO, PREVIAMENTE, DEBE ORDENAR LA CERTIFICACIÓN RESPECTIVA DE LAS CONSTANCIAS QUE ESTIMA GUARDAN RELACIÓN CON LA DEMANDA DE AMPARO. El artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles precisa que los hechos notorios pueden ser invocados por el propio tribunal, aunque no hayan sido alegados, ni probados por las partes. Así, del contenido de este precepto se desprende que los hechos notorios no están sujetos a la comprobación que de manera expresa se aplica para los hechos en general, ya que la doctrina considera que son notorios para el tribunal los que tenga conocimiento por razón de su propia actividad; sin embargo, para que el Juez de Distrito pueda invocar en forma analógica como un hecho notorio, con base en las jurisprudencias publicadas en la página 13, de la Octava Época, Tercera Sala, Número 63, marzo de 1993, tesis 3a./J. 2/93, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y la tesis número XI.2o. J/22 visible en la página 93, de la Octava Época, Número 80, agosto de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubros son: «HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.» y «HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ÉSTE.», un expediente o constancias que tiene a la vista a efecto de desechar una demanda de amparo debe, previamente, ordenar la certificación respectiva de aquellos expedientes o constancias que estima guardan relación íntima con la demanda de garantías que desecha y que, por razón de su propia actividad, son de su conocimiento, explicitando en la certificación relativa las características propias por las cuales considera que esas constancias inciden, o bien, son determinantes para argumentar acerca del desechamiento de dicha demanda, puesto que las resoluciones emitidas por dichos juzgadores, generalmente, son impugnables a través de los recursos que la propia Ley de Amparo establece y cuyo conocimiento, por lo general, corresponde al Tribunal Colegiado en turno, para quien no constituyen tales actuaciones del juzgador federal hechos notorios.’."

QUINTO. Debe precisarse que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.

Asimismo, hay que tener presente que para declarar existente una contradicción de tesis, es necesario que se actualicen las hipótesis siguientes:

a) Dos o más ejecutorias dictadas, respectivamente, por los Tribunales Colegiados de Circuito o por las Salas de la Suprema Corte de Justicia, al resolver los negocios jurídicos sometidos a su consideración, en las que examinen, sobre los mismos elementos jurídicos, cuestiones jurídicas esencialmente iguales, cuyas hipótesis, con características de generalidad y abstracción, pueden actualizarse en otros asuntos.

b) Que de tal examen arriben a posiciones o criterios jurídicos discrepantes.

c) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias, se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Sirven de apoyo a la anterior determinación, las jurisprudencias 26/2001 y 27/2001 sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparecen publicadas en las páginas 76 a 77 del Tomo XIII, abril de 2001 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que son del siguiente tenor:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

De acuerdo con lo expuesto, se estima que las ejecutorias que participan en la denuncia se pronunciaron sobre el mismo tema: la constitución de un hecho notorio para declarar la improcedencia de un juicio de amparo; resolviendo en forma contradictoria, como se demuestra enseguida:

De la lectura integral de las ejecutorias que participan en la denuncia puede advertirse que los dos órganos colegiados analizaron la legalidad de una declaración de improcedencia por parte de un Juez de Distrito, basada en la existencia de un hecho notorio consistente en una sentencia relacionada con el juicio de amparo indirecto, pronunciada con anterioridad por el mismo órgano jurisdiccional, arribando a conclusiones opuestas, pues mientras el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que la invocación de ese hecho notorio para decretar la improcedencia del asunto, debe depender de una certificación previa del precedente invocado, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito estimó que con independencia de si la certificación referida es previa o posterior, basta con que el Juez de amparo tenga a la vista las constancias respectivas, que considera hecho notorio, para tener por demostrada la improcedencia del asunto.

En las relatadas condiciones, si los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron criterios discrepantes sobre el mismo punto de discusión, puede afirmarse que existe la contradicción que fue denunciada.

No representa obstáculo a dicha consideración, el que un tribunal hubiere analizado el auto que tuvo por no interpuesta una demanda de garantías, arribando a la conclusión de que debía ordenarse la reposición del procedimiento porque la sentencia que calificó el Juez de Distrito como hecho notorio para fundar su determinación, no tenía esa característica, ya que a pesar de que previamente se había certificado aquélla, no se apreciaba que el convenio celebrado en el juicio natural, se encontrara en etapa de ejecución; y el otro órgano colegiado analizara la sentencia pronunciada en un juicio de garantías, determinando que la diversa resolución dictada por el mismo juzgado con anterioridad, invocada como hecho notorio para fundar la determinación de sobreseer en el asunto, no necesariamente debía certificarse previamente al dictado del fallo, pues además de que dicha certificación se había hecho en forma posterior, eran constancias tramitadas en el mismo órgano jurisdiccional, de ahí que no procediera la reposición del procedimiento.

En efecto, si bien lo así destacado pudiera conducir, en principio, a declarar inexistente la contradicción, debido a que en apariencia los Tribunales Colegiados partieron del análisis de elementos distintos, lo cierto es que, se insiste, por lo que hace al tópico destacado con antelación: la constitución de un hecho notorio para la declaratoria de improcedencia del juicio, los órganos colegiados pronunciaron criterios opuestos, sin que pueda afirmarse que los distintos momentos en que actuó el Juez de Distrito, conlleva a declarar que se trata de cuestiones jurídicas diferentes, en virtud de que la procedencia del juicio, bien sea declarada en el auto inicial, o bien en la sentencia, debe ser manifiesta e indudable, y la existencia de un hecho notorio para decretarla, puede ser invocada en cualquiera de esos momentos.

Apoya esta consideración, en lo conducente, el siguiente criterio:

"No. Registro: 184,572

"Jurisprudencia

"Materia(s): Común

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XVII, marzo de 2003

"Tesis: 2a./J. 10/2003

"Página: 386

"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contra

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20264-f35279c4/hecho-notorio-para-que-se-invoque-como-tal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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