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Modo: Corpus Pro

RECONOCIMIENTO ADUANERO. EL PERSONAL HABILITADO POR EL ADMINISTRADOR GENERAL DE ADUANAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SERVICIO ES COMPETENTE PARA HACER LA REVISIÓN MATERIAL DE MERCANCÍAS, AUN CUANDO CAREZCA DE UN PUESTO O CATEGORÍA ESPECÍFICOS EN LA LEGISLACIÓN ADUANERA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19818
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, , Pág. 720.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 117/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, constitucionales, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero (en sentido contrario) y cuarto del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.

TERCERO. En relación con la resolución dictada el veintiséis de mayo de dos mil seis por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el amparo directo 244/2006-A-22, en las consideraciones destaca lo siguiente:

"SEXTO. ... En el anterior contexto, resulta fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada, el segundo motivo de inconformidad, en el cual la parte quejosa argumenta, violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a los diversos 38, fracción IV y 238, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que la Sala responsable consideró, incorrectamente, que la autoridad demandada puede auxiliarse de diverso personal para ejercer sus funciones, en el caso, de un ‘reconocedor aduanal’ para realizar la clasificación arancelaria de la mercancía embargada, en términos de los artículos 2o., fracción II, 144, fracción XIV, de la Ley Aduanera y 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ya que éstos no prevén como autoridad aduanera al citado reconocedor, en virtud de tener tal carácter, aquellas que precisamente así determina el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que es incompetente el referido ‘reconocedor’; además, señala la quejosa, que dentro de lo dispuesto por el artículo 31, primer párrafo, fracción II, en relación con el diverso 29, fracción XLVIII, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no se advierte que exista dentro del personal adscrito a las aduanas dicho nombre, puesto o cargo y, mucho menos las funciones con que cuenta, por lo que, manifiesta la promovente, no es posible que la expresión ‘y el personal que las necesidades del servicio requiera’ le otorgue facultades a cualquier persona que auxilie a la autoridad aduanera a efecto de apoyar el procedimiento administrativo, en un dictamen de clasificación arancelario para determinar el crédito fiscal, puesto que éstos deben contemplarse en la ley, dado que las autoridades sólo pueden hacer lo que la misma les permite, por tanto, el único facultado para tramitar el despacho de los asuntos aduanales, es el propio administrador, quien únicamente puede ser suplido por los subadministradores o jefes de departamento que del mismo dependan; en las salas de pasajeros, por los jefes de sala y en las secciones aduaneras por los jefes de sección, razón por la cual, todos los asuntos dentro de su competencia pueden ser únicamente realizados mediante la suplencia por los funcionarios facultados para ello, dentro de los cuales se ubican éstos; finalizando la quejosa, que es una garantía constitucional, que los actos de molestia deben ser emitidos por autoridad competente, la cual en el caso concreto se viola, al considerarse que el ‘reconocedor’ cuenta con facultades para actuar, aun cuando no tenga existencia legal dentro del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ya que con ello se convalida un acto viciado de origen. En efecto, los artículos 2o., fracción II y 144, fracción XIV, de la Ley Aduanera, vigente en el dos mil tres, establecían cuáles son las autoridades aduaneras o las que pueden ejercer las atribuciones contempladas en la referida ley, al señalar que: ‘Artículo 2o. (Para los efectos de esta ley se considera: ... I.’ (se transcribe). El artículo 144, fracción XIV, de la Ley Aduanera, dispone: ‘Artículo 144. La secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades: ... XIV.’ (se transcribe). Por su parte, los artículos 29, fracción XLVIII y 31, primer párrafo, fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecían: ‘Artículo 29. Compete a la Administración General de Aduanas: ... XLVIII.’ (se transcribe). ‘Artículo 31. Compete a las aduanas, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, ejercer las facultades siguientes: ... I.’ (se transcribe). Por su parte el artículo 1o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, respecto a la aplicabilidad del mismo con la Ley Aduanera, señala: ‘Artículo 1o.’ (se transcribe). Por su parte el artículo 2o. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al respecto, señala: ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). Ahora, el artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente en el dos mil tres, establecía que, para el despacho de los asuntos de su competencia, el Servicio de Administración Tributaria, contará con servidores públicos y unidades administrativas; precisando, en lo que aquí interesa que: ‘Las administraciones generales y las Unidades de Plan Estratégico y Mejora Continua y de Programas Especiales estarán integradas por sus titulares y por administradores centrales, coordinadores, administradores, subadministradores, jefes de departamento, enlaces, supervisores, auditores, ayudantes de auditor, inspectores, abogados tributarios, ejecutores, notificadores, verificadores, personal al servicio de la Administración Central para la Inspección Fiscal y Aduanera y por los demás servidores públicos que señala este reglamento, así como por el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.’. Por su parte el artículo 12 del reglamento interior en cita, refiere: ‘Artículo 12.’ (se transcribe). Asimismo, el artículo 8o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en lo que aquí interesa, dispone: ‘Artículo 8o.’ (se transcribe). De los numerales citados se desprende, expresamente, que las aduanas estarán integradas por los funcionarios que se señala en el artículo 2o. de la Ley Aduanera, en relación con los diversos 2o. y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, cada aduana estará a cargo de un administrador, del que dependerán los subadministradores, jefes de sala, jefes de departamento, jefes de sección, verificadores, notificadores, el personal al servicio de la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera, así como del personal que requieran para satisfacer sus necesidades y, que el facultado para tramitar el despacho, en específico, del asunto que aquí se estudia, en materia aduanera, lo es el propio administrador, quien sólo puede ser suplido (artículo 8o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria), por los subadministradores o jefes de departamento que del mismo dependan, en las salas de pasajeros por los jefes de sala y en las secciones aduaneras por los jefes de sección; razón por la cual, todos los asuntos dentro de su competencia, pueden ser únicamente realizados mediante la suplencia por los funcionarios facultados para ello, dentro de los cuales se ubican estos últimos, es decir, la designación de los cargos de los funcionarios públicos que integran las autoridades fiscales y aduaneras, por lo que únicamente éstos pueden ejercer las atribuciones que les son conferidas. Sin embargo, en dichas disposiciones (Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, respectivamente), no se precisa, ni dan la posibilidad de suponer, cuáles son las denominaciones de los puestos o categorías que integran el personal que se requiere ‘para satisfacer las necesidades del servicio’ a que se refieren los artículos citados de los reglamentos interiores, ni mucho menos señala o hace suponer, las funciones que desarrollarán quienes ocupen dichos puestos, como tampoco de dichas normas puede desprenderse, qué necesidades son fundamentales para el servicio que prestan las aduanas. Entonces, si de los reglamentos interiores, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, en específico, de los artículos 2o. y 31, así como 2o. y 12, respectivamente, se precisa como integrantes de las aduanas (además de las que se citan en la misma), al personal que se requiera para satisfacer la necesidad del servicio, sin señalar los puestos o categorías que integran ese personal, ni las acciones que desarrollará el mismo, es menester que estos puestos y funciones estén definidos en la ley que regula los servicios que prestan las aduanas (Ley del Servicio de Administración Tributaria o su reglamento interior), pues no es posible que dentro de este personal, se pueda incluir a cuanto funcionario desee la administración, ni es admisible que se le pueda atribuir cuanta facultad o función considere la misma; primero, porque ello eventualmente crea una incertidumbre jurídica contra los gobernados y, segundo, porque del conjunto de atribuciones que se desprenden de las normas citadas, Ley del Servicio de Administración Tributaria y su reglamento interior y el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se revela que son regladas expresamente las funciones y facultades con que cuentan las autoridades en materia aduanal. En consecuencia, si de las leyes que rigen el funcionamiento de las autoridades aduaneras, no se desprende la existencia del puesto o categoría del ‘reconocedor aduanal’, ni que a tal categoría le corresponda la facultad de realizar la clasificación en mención, como lo acepta la Sala responsable al señalar: ‘... aun cuando se confieren directamente a los titulares de dichas unidades administrativas, deben considerarse que en el propio precepto del reglamento interior antes invocado, se prevé que estos titulares sean auxiliados en el ejercicio de sus facultades por el personal que las necesidades del servicio requiera; por consiguiente, independientemente de que el referido precepto legal no señale expresamente a los reconocedores aduanales como personal adscrito a las aduanas, ello no se traduce en su incompetencia para emitir la clasificación arancelaria ...’. Resulta indudable, que la responsable carece de apoyo jurídico para concluir, que dentro del personal necesario para las funciones de las aduanas se encuentren incluidos los denominados ‘reconocedores aduanales’ y, que a éstos corresponda realizar la clasificación arancelaria, aún en auxilio del administrador de la aduana. Tiene aplicación, por las razones que informa, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, el cual se comparte, visible en la página 1619, del Tomo XVII, marzo de 2003 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto, siguientes: ‘RECONOCEDOR ADUANAL. CARECE DE COMPETENCIA PARA EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO ADUANERO DE LAS MERCANCÍAS DE COMERCIO EXTERIOR.’ (se transcribe). Corrobora lo anterior, la ejecutoria emanada de la contradicción de tesis número 58/2002 de donde surgió la jurisprudencia 2a./J. 118/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ‘PRIMER RECONOCIMIENTO ADUANERO DE MERCANCÍAS. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ADUANERA, COMO ACTO JURÍDICO, DEBE PRACTICARSE POR EL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA Y NO POR SUS AUXILIARES (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 1999).’, la cual se encuentra visible en la página 826, del Tomo XXII, octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la que si bien es cierto, el objeto de la contradicción de tesis fue determinar, si los integrantes de las aduanas, en lo particular, los jefes de departamento de Operación Aduanera y del área de reconocimiento aduanero, o bien, si los auxiliares de los administradores de las aduanas, y cuando las necesidades del servicio lo requieran, están o no facultadas para levantar el acta circunstanciada, relativa al primer reconocimiento aduanal mediante autorización expresa del administrador en términos del artículo 43 de la Ley Aduanera, no menos lo es, que el tema de ‘los auxiliares de las aduanas’, se tocó someramente pues al respecto se señaló: ‘Así pues, el primer reconocimiento se lleva al cabo por la «autoridad aduanera», en tanto que el segundo reconocimiento debe practicarse por los dictaminadores autorizados por la secretaría ... luego, los artículos 174 y 175 de la Ley de Aduana vigente en mil novecientos noventa y nueve, regulan lo relativo a los dictaminadores aduaneros ... Lo anterior, pone de manifiesto, se reitera, que el primer reconocimiento y el segundo deben practicarse por entes distintos, en el caso, por la autoridad aduanera, en el segundo, por «los dictaminadores aduaneros». En el último supuesto mencionado no cabe duda que sólo podrán ser los dictaminadores aduaneros que cuenten con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los que lleven al cabo el segundo reconocimiento, pues así lo dispone expresamente la Ley Aduanera ...’. Lo anterior robustece, que la clasificación arancelaria emitida por la ‘reconocedora’, a efecto de determinar el valor de las mercancías embargadas y los impuestos causados por éstas, fue emitida por autoridad incompetente, pues los auxiliares de la autoridad aduanera, son los que se encuentran señalados en la Ley Aduanera; el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo éstos los ‘dictaminadores’ autorizados los cuales se encuentran señalados en los artículos 159, 162, fracción I, 174 y 175 de la Ley Aduanera y entre los que no se encuentra el referido ‘reconocedor aduanal’, de ahí que se concluya que la clasificación aduanera, emitida por la ‘reconocedora aduanal’ Berenice Sánchez Salazar, resulte contraventora de los artículos 14 y 16 constitucionales. Es pertinente señalar, que las jurisprudencias citadas, si bien tratan el tema en el año mil novecientos noventa y nueve, menos no lo es, como ya se evidenció, que en la legislación vigente en la época de los hechos, dos mil tres, no se encontró el cargo o puesto de ‘reconocedor aduanal.’. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho que en la parte final la fracción XIV del numeral 144 de la Ley Aduanera, así como la fracción XLVIII del 29 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se precise que se: ‘... podrá solicitar el dictamen que requiera, al agente aduanal, al dictaminador aduanero o a cualquier otro perito ...’; toda vez, como ya se precisó, la Ley de Aduanas en sus artículos 159, 162, fracción I, 174 y 175, señala las atribuciones de los agentes aduanales y del dictaminador aduanal, así como los requisitos que debe cumplir una persona para que se le autorice desempeñar el último nombramiento; de ahí, que se corrobore, que las autoridades, sólo están facultadas para realizar las funciones que expresamente le conceda la ley; de donde resulta la necesidad de que por norma legal, se precisen los puestos y categorías de los integrantes de las aduanas, así como las funciones, sin que dicha necesidad se considere cumplida, mediante una norma que hable dogmáticamente de algún cargo, pues no es admisible la integración de cualquier persona a las aduanas, permitiendo, además, el otorgamiento de funciones no previstas por la ley para determinado puesto, como en el caso, en el que señala ‘cualquier otro perito’, en el que se pretende incluir al reconocedor aduanal; pues como ya se vio, en las normas aplicables (Ley Aduanera, Ley del Servicio de Administración Tributaria y su reglamento interior, así como el diverso Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), no se advierten sus funciones y facultades; de ahí que, de considerar lo contrario, se violentaría en perjuicio de los gobernados las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establece el artículo 16 constitucional, de que todo acto de molestia debe emitirse por autoridad competente, además de estar debidamente fundado y motivado aun cuando el acto sea realizado, en auxilio, en este caso, de la autoridad aduanera, pues con el mismo, se causa perjuicio al gobernado, ello en razón de que con base en la clasificación aduanera (la cual tiene como objetivo primordial, la clasificación de las mercancías objeto del comercio exterior, a efecto de que se determinen las contribuciones a pagar de la operación aduanera que se realiza), emitida por la reconocedora aduanal se determinó un cargo a pagar por la persona moral quejosa. De ahí que, si en la especie, el procedimiento administrativo que culminó con la determinación de un crédito fiscal a cargo de la hoy quejosa, Photo Stencil México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, como ya se precisó anteriormente, se basó en la clasificación arancelaria, cotización y avalúo, para determinar el valor de la mercancía materia del procedimiento, la cual fue realizada por una autoridad incompetente, como lo es la ‘reconocedora aduanal’, según se desprende del reconocimiento de la autoridad responsable al referir que ‘... tal clasificación la elaboró la reconocedora aduanal Berenice Sánchez Salazar ...’, y así se advierte de la resolución primigenia, al señalar que ‘... procede determinar el crédito fiscal considerando la clasificación arancelaria descrita en el resultando número dos de la presente resolución ... la cual fue elaborada por la reconocedora aduanal Berenice Sánchez Salazar ...’; es indudable que se violaron las garantías individuales de la hoy quejosa. Por tanto, no se comparte el criterio en que se apoyó la Sala responsable, emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página 640, del Tomo XIII, junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘RECONOCEDOR ADUANAL, COORDINADOR DE RECONOCIMIENTO ADUANERO O VISTA ADUANAL, NO SUSTITUYEN AL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA EN SUS FUNCIONES, SÓLO FUNGEN COMO ÓRGANOS AUXILIARES DE ÉSTE.’; toda vez que como quedó plasmado en la presente ejecutoria, el hecho que la legislación prevea, que las autoridades aduaneras se puedan auxiliar de otros peritos o del personal que requieran para las necesidades del servicio, no llega al extremo que una autoridad que no exista, (tanto su cargo como sus funciones, en auxilio de los administradores de aduanas) pueda emitir actos, que si bien es cierto, lo realizan en auxilio de las autoridades, también lo es que afectan al gobernado; de ahí, que se dé la seguridad, de que quien realiza los actos de molestia, aún en auxilio, se encuentra legitimado para ello. En consecuencia, la sentencia que constituye el acto reclamado, contraviene lo dispuesto por los numerales 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación, por ende, vulnera las garantías individuales del peticionario de amparo, contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, lo que hace procedente otorgarle la protección federal solicitada, para el efecto de que la Sala Fiscal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y proceda a emitir una nueva, en la que se ciña a los lineamientos establecidos en esta ejecutoria, resolviendo conforme a derecho. Así las cosas, resulta innecesario analizar los diversos conceptos de inconformidad que hace valer la parte promovente, con fundamento en el criterio jurisprudencial ... que dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe). SÉPTIMO. En atención a lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, deberá denunciarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción que al parecer existe entre el criterio sustentado por este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el cual comparte con el emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito ... visible en la página 1619, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación de rubro (sic) al resolver el presente juicio de amparo directo y, el que sostuvo el Cuarto (sic) Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Séptimo Circuito, en la jurisprudencia consultable con el rubro: ‘RECONOCEDOR ADUANAL, COORDINADOR DE RECONOCIMIENTO ADUANERO O VISTA ADUANAL, NO SUSTITUYEN AL ADMINISTRADOR DE LA ADUANA EN SUS FUNCIONES, SÓLO FUNGEN COMO ÓRGANOS AUXILIARES DE ÉSTE.’. Al respecto sirve de apoyo, el criterio jurisprudencial número 94/2000 sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 319, del Tomo XII, noviembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.’ (se transcribe)."

CUARTO. En relación con la resolución dictada el siete de febrero de dos mil uno por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en el amparo directo 33/2001-III, en las consideraciones destaca lo siguiente:

"CUARTO. Es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, el segundo concepto de violación, en el que sustancialmente se aduce que, la Sala responsable incorrectamente consideró, que aun cuando el reconocedor aduanal no está contemplado como autoridad aduanera, ésta puede auxiliarse de diverso personal para ejercer sus funciones; que en términos de los artículos 2o., fracción II, de la Ley Aduanera y 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, no se prevé como autoridad aduanera al reconocedor, en virtud de tener tal carácter aquellas que precisamente así determina el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que es incompetente el citado empleado; que no es posible que la expresión ‘y el personal que las necesidades del servicio requiera’ le otorgue facultades a cualquier persona que auxilie a la autoridad aduanera para fiscalizar a los importadores y exportadores, puesto que éstos deben contemplarse en la ley, dado que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; que es una garantía constitucional que los actos de molestia deben ser emitidos por autoridad competente, la cual se viola al considerarse que el reconocedor cuenta con facultades para actuar, aun cuando no tenga existencia legal dentro del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, ya que con ello se convalida un acto viciado de origen. En efecto, el artículo 2o., fracción II, de la Ley Aduanera vigente en la época de los hechos (1998), establece cuáles son las autoridades aduaneras o las que pueden ejercer las atribuciones contempladas en la referida ley, al señalar que: ‘Artículo 2o. Para los efectos de esta ley se considera: ... II. Autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las facultades que esta ley establece.’. Por su parte, el artículo 144, fracción VI, de la Ley Aduanera, dispone: ‘Artículo 144. La secretaría tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades: ... VI. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de importación o exportación en los recintos fiscales o fiscalizados. ...’. El artículo 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigente en la época de los hechos, establece: ‘Artículo 4o. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde originalmente al secretario. Para la mejor organización del trabajo, el secretario podrá, sin perjuicio de su ejercicio directo, delegar sus atribuciones en servidores públicos subalternos, mediante acuerdos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.’. El artículo 2o. del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, dispone el nombre de los funcionarios públicos y las unidades administrativas con que contará para el despacho de los asuntos de su competencia, precisando en su último párrafo, que: ‘Las administraciones generales estarán integradas por los administradores generales, administradores centrales, administradores especiales, administradores regionales, administradores, subadministradores, jefes de departamento, coordinadores operativos, supervisores, auditores y ayudantes de auditor, inspectores, abogados tributarios, ejecutores, notificadores, verificadores, comandante, agentes de la policía fiscal y por los demás servidores públicos que señalan este reglamento, así como el personal que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio.’. El artículo 42, apartado A, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal, dispone que compete a las aduanas, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de comercio exterior en los recintos fiscales y fiscalizados. Los artículos 42, apartado C y 44, penúltimo párrafo, del reglamento interior en mención, establecen que cada aduana estará a cargo de un administrador, el cual sólo podrá ser suplido en sus funciones por los subadministradores o jefes de departamento que del mismo dependan, en las salas de pasajeros por los jefes de sala, en las secciones aduaneras por los jefes de sección, y que las aduanas se integran, además de los funcionarios mencionados, de notificadores, verificadores, comandantes y agentes de la Policía Fiscal Federal y el personal que las necesidades del servicio requiera. De los numerales citados, se desprende expresamente, el nombre de los funcionarios públicos que integran las autoridades fiscales y aduaneras, por lo que únicamente éstos pueden ejercer las atribuciones que les son conferidas, de los que a su vez se advierte que la representación, trámite y despacho de los asuntos competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, corresponde originalmente al secretario, quien podrá delegar funciones mediante acuerdo que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación; y, por su parte, el funcionario facultado para tramitar el despacho de los asuntos en la aduana, lo es el propio administrador, quien sólo puede ser suplido por los subadministradores o jefes de departamento que del mismo dependan, en las salas de pasajeros por los jefes de sala y en las secciones aduaneras por los jefes de sección, razón por la cual, todos los asuntos dentro de su competencia, pueden ser únicamente realizados mediante la suplencia por los funcionarios facultados para ello, dentro de los cuales se ubican estos últimos. Asimismo, de los preceptos supratranscritos, se desprende que las aduanas estarán integradas por los funcionarios que en dicha norma se citan, y del personal que requieren para satisfacer las necesidades del servicio. Sin embargo, dicha disposición no precisa ni da la posibilidad de suponer cuáles son las denominaciones de los puestos o categorías que integran el personal que se requiere para satisfacer las necesidades del servicio a que se refiere la norma, ni mucho menos señala o hace suponer las funciones que desarrollarán quienes ocupen estos puestos, como tampoco de dicha norma puede desprenderse qué necesidades son fundamentales para el servicio que prestan las aduanas. Luego entonces, es claro que si dicha norma precisa como integrantes de las aduanas (además de las que se citan en la misma), al personal que se requiera para satisfacer la necesidad del servicio, sin señalar los puestos o categorías que integran ese personal ni las funciones que desarrollará el mismo; es menester que estos puestos y funciones estén definidas en cualquier otra norma que regula los servicios que prestan las aduanas, pues no es posible que dentro de este personal, se pueda incluir a cuanto funcionario desee la administración ni es admisible que se le pueda atribuir cuanta facultad o función considere la administración, primero, porque ello eventualmente crea una incertidumbre jurídica en contra de los gobernados y segundo, porque el conjunto de atribuciones que se desprenden de la parte orgánica de la Carta Magna y de las demás leyes que de ella derivan, revelan que son regladas expresamente, las disposiciones atinentes. Asimismo, en ninguna de las legislaciones invocadas, se desprende la existencia del puesto o categoría de ‘reconocedor aduanal’, como tampoco aparece que a tal categoría le corresponda la facultad de realizar el reconocimiento aduanero. En consecuencia, si de las leyes que rigen el funcionamiento de las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19818-4a3d2ee2/reconocimiento-aduanero-el-personal-habilitado-por-el-administrador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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