PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO RESPECTO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 177/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIO: ROBERTO MARTÍN CORDERO CARRERA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a una de las materias en que se especializa esta Sala, a precisar, la administrativa.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
En efecto, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los mencionados tribunales, los Magistrados que los integran, o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el caso, la denuncia de contradicción de tesis fue realizada por Salvador Mondragón Reyes, en su carácter de Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, quien resolvió el amparo en revisión 854/2005 y la inconformidad 1/2006, ambos con fecha veintiséis de septiembre de dos mil seis.
De ahí que si la denuncia fue realizada por uno de los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito que resolvió diversos asuntos materia de la posible contradicción, es evidente que la misma proviene de parte legítima.
TERCERO. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la inconformidad 4/2006, el primero de marzo de dos mil seis, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:
Inconformidad 4/2006.
"CUARTO. El agravio es infundado. La inconforme refiere de manera esencial en su único argumento, que no debió haberse tenido por cumplido el fallo protector, ya que para ese efecto y de conformidad al artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable debió nulificar el acto concreto de aplicación del artículo 32, fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil dos, y devolverle la cantidad que no pudo deducir en la declaración presentada por el ejercicio fiscal de dos mil tres, por concepto de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, con motivo de la prohibición que establecía ese precepto legal, en tanto que debe considerarse que fue declarada inconstitucional la disposición mencionada que es de carácter fiscal, por lo que es aplicable el criterio de rubro: ‘LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.’. Es infundado el agravio sintetizado anteriormente, por las consideraciones que se desarrollan a continuación: En el antecedente siete de la demanda de garantías, la quejosa expresó lo siguiente: ‘7. En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, el 16 de marzo de dos mil cuatro, mi mandante presentó ante la autoridad fiscal correspondiente la declaración del ejercicio fiscal de 2003, en la cual no consideró como partida deducible las cantidades erogadas por concepto de la participación de sus trabajadores en las utilidades repartidas en mayo de dos mil tres.’ (foja 5). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el amparo en revisión 1563/2004, interpuesto por Servicios Ford Credit, Sociedad Anónima de Capital Variable, el dieciséis de febrero de dos mil cinco, en el sentido de revocar la sentencia recurrida en la materia de la revisión en relación con su competencia legal y, en consecuencia, conceder el amparo solicitado en contra del acto reclamado, consistente en el artículo 32, fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil dos. De la lectura de la ejecutoria, en la parte que interesa, se desprende lo que se transcribe enseguida: ‘... En virtud de lo anterior, la concesión del amparo tiene como efecto la desincorporación de la esfera jurídica del quejoso, de la prohibición a que hace alusión la referida fracción XXV del numeral en estudio, con lo cual se permite la deducción de las cantidades entregadas por concepto de participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas, en los términos que señala el artículo 31, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se permite la deducción de las cantidades que a su vez sean ingresos en los términos del capítulo I del título IV de la ley multicitada. ... Consecuentemente, al haberse estimado fundado el segundo agravio expresado por la quejosa, y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal por lo que se refiere a la fracción XXV del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente para el año dos mil dos, para el efecto de que se le permita la deducción de las cantidades relativas a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se estima innecesario el estudio de los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador, ya que independientemente de lo que en ellos se precise, en nada variaría el sentido del presente fallo.’ (fojas 456 y 458). El artículo declarado inconstitucional por el Máximo Tribunal del país, dispone lo siguiente: ‘Artículo 32. Para los efectos de este título, no serán deducibles: ... XXV. Las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente o estén condicionadas a la obtención de ésta, ya sea que correspondan al trabajador, a miembros del consejo de administración, a obligacionistas o a otros.’. En esas condiciones, válidamente puede concluirse que, como lo afirmó el Juez Federal, para dar cabal cumplimiento a la sentencia en la cual se concedió el amparo, la responsable estaba obligada a realizar las dos conductas siguientes: 1. Emitir un pronunciamiento en el que se desincorporara de la esfera jurídica de la inconforme las reglas previstas en el artículo 32, fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil dos, y 2. Permitir a la quejosa deducir las cantidades relativas a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Ahora bien, a través del oficio 330-SAT-IV-6-13666, de dos de diciembre de dos mil cinco, la administradora de Apoyo Legal del Servicio de Administración Tributaria, remitió al juzgado el diverso oficio 330-SAT-IV-6-12668, de nueve de noviembre del año señalado, firmado por el administrador central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes, en ausencia de la administradora general de Grandes Contribuyentes, de cuyo contenido se advierte lo que se transcribe a continuación: ‘... esta Administración General de Grandes Contribuyentes y sus unidades administrativas, se abstiene de aplicarle a Servicios Ford Credit, S.A. de C.V., amparista beneficiada del fallo, el artículo 32, fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2002 y como consecuencia podrá deducir las cantidades relativas a la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas ...’ (fojas 648). Como se observa, la autoridad administrativa dio exacto cumplimiento al fallo protector, dado que en el último oficio relacionado cuya reproducción se efectuó, se advierte que la Administración General de Grandes Contribuyentes y sus unidades administrativas retiraron de la esfera jurídica de la inconforme la aplicación del artículo 32, fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil dos, y como consecuencia de ello, hizo la declaración respectiva para darle oportunidad de deducir las cantidades relativas a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa; por lo que el Juez Federal actuó debidamente al tener por cumplida la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal. No es obstáculo para concluir en la forma en que se ha hecho, el argumento de la inconforme en el sentido de que con el fin de dar cumplimiento al fallo protector, la autoridad responsable debió declarar nulo el acto de aplicación del artículo declarado inconstitucional y regresar la cantidad que no pudo deducir al presentar su declaración del ejercicio fiscal de dos mil tres, por concepto del impuesto sobre la renta. Efectivamente, el aspecto propuesto en el escrito de agravios escapa de los efectos para los cuales fue concedido el amparo, en virtud de que en los términos descritos con antelación, esos efectos únicamente consisten en desincorporar de la esfera jurídica del gobernado el artículo 32, fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil dos, y, en consecuencia, permitirle la deducción de las cantidades relativas a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, en la inteligencia de que no es factible declarar nulo el acto de aplicación del precepto normativo aludido, en atención a que se trata de la declaración presentada por la recurrente por el ejercicio fiscal de dos mil tres, respecto al impuesto sobre la renta, esto es, que de procederse de la manera pretendida en el escrito de agravios, se afectaría el cumplimiento dado por la contribuyente de la obligación prevista en el artículo 86, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; además, lo más importante es que la ocursante tiene la vía expedita para acudir ante la autoridad hacendaria competente para solicitar la devolución que estima tiene a su favor por no haber hecho la deducción de que se trata al presentar la declaración del ejercicio fiscal de dos mil tres, por concepto de la contribución multicitada, de conformidad al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, momento en el cual será examinada la procedencia de la solicitud; por tanto, el agravio resulta infundado. En las relatadas consideraciones, al carecer de razón la inconforme, procede declarar infundada la inconformidad."
La anterior resolución, motivó la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXIV, julio de 2006
"Tesis: I.7o.A.464 A
"Página: 1253
"PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXV, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE ESTABLECE QUE NO SON DEDUCIBLES LAS CANTIDADES QUE TENGAN TAL CARÁCTER. Conforme a la disposición legal aludida, no son deducibles las cantidades que tienen el carácter de participación en la utilidad del contribuyente o se encuentran condicionadas a su obtención, por corresponder ese derecho a los trabajadores, a miembros del consejo de administración, a obligacionistas o a otros. Ahora bien, en el supuesto de que sea impugnado el mencionado precepto normativo con motivo de su primer acto de aplicación -la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta- sin haberse realizado la deducción relativa a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa por la prohibición legal referida, y se conceda el amparo por considerarse inconstitucional la norma, los efectos del fallo protector estriban en desincorporar el precepto legal de la esfera jurídica de la parte quejosa a efecto de que pueda deducir las cantidades relacionadas con el concepto mencionado, sin que sea factible declarar nulo el acto de aplicación del precepto normativo impugnado, ya que de adoptarse esa decisión, se afectaría el cumplimiento dado por el contribuyente a la obligación prevista en el artículo 86, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Del mismo modo, tampoco es procedente ordenar a la responsable la devolución de las cantidades que el gobernado considere haber podido deducir en la hipótesis de que no existiera la prohibición prevista en el numeral impugnado, en tanto que su procedencia es un aspecto cuyo análisis corresponde a la autoridad fiscal, para lo cual el particular tiene la vía expedita para solicitarla de conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación."
CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, resolvió el amparo en revisión 854/2005 y la inconformidad 1/2006, ambos el veintiséis de septiembre de dos mil seis, que por su orden, en la parte que interesa, tienen las consideraciones siguientes:
Amparo en revisión 854/2005.
"TERCERO. No se transcribirán las consideraciones jurídicas que sirvieron de sustento a la sentencia combatida, ni los agravios expresados por la recurrente, por no ser necesario. Sin embargo, se agregan copias certificadas de la sentencia recurrida, dado que el original de los agravios expresados obran en el presente expediente. Como punto de partida, cabe destacar que no se examina el sobreseimiento en el juicio de amparo 605/2005-IV, respecto de los actos y autoridades señalados en el primer resolutivo de la sentencia en estudio, ya que tal aspecto fue resuelto por este tribunal, en la sesión celebrada el veintidós de marzo de dos mil seis. Los motivos de agravio expresados por la quejosa son: infundado uno, inoperantes otros, y fundado otro más. Antes de explicitar las razones que justifican tal conclusión, para mejor comprensión del asunto, conviene tomar en cuenta los siguientes antecedentes: 1. La quejosa demandó el amparo de la Justicia Federal, contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dos, específicamente su artículo segundo transitorio, fracción XIV, y contra el decreto que contiene la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, específicamente, el artículo 32, fracción XXV, por lo que se inició el juicio de garantías 605/2005-IV. 2. El dieciocho de noviembre de dos mil cinco, en el juicio de garantías 605/2005-IV, por una parte, se determinó la improcedencia del juicio, en relación con la autoridad señalada como ejecutora, y respecto del ejercicio fiscal relativo al dos mil tres, y en relación con el ejercicio fiscal relativo al dos mil cuatro, se determinó la inconstitucionalidad de las normas combatidas y se otorgó el amparo de la Justicia Federal. 3. Contra tal sentencia, la quejosa interpuso un recurso de revisión, al que se le asignó el expediente RP. 854/2005. Al resolverlo, el veintidós de junio de dos mil seis, este tribunal determinó dejar firme el sobreseimiento de juicio decretado en el primer resolutivo y cuarto considerando de la sentencia recurrida, sólo en cuanto a los preceptos controvertidos respecto del ejercicio fiscal de dos mil tres; no sobreseer el juicio en relación con la ejecución de las normas combatidas, respecto del ejercicio fiscal de dos mil cuatro; y dejar a salvo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la determinación de los efectos de la concesión del amparo, ya que se estimó que la determinación de los alcances de una sentencia que otorgue la protección de la Justicia Federal, es parte integral del estudio de constitucionalidad de la norma impugnada, por lo que en el recurso subsistía el problema de constitucionalidad. 4. El cinco de julio de dos mil seis, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordó la devolución del presente asunto a este tribunal, para su resolución. Una vez que hemos traído a colación los antecedentes del caso, se hace necesario precisar que la litis que subsiste en este recurso, se constriñe a determinar si los efectos del fallo protector recurrido fueron establecidos adecuadamente. Ahora bien, en los agravios relativos a los efectos del fallo protector, la quejosa y recurrente adujo lo siguiente: 1. Que se violaron los artículos 1o., 4o., 22, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Amparo, ya que si bien se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, los efectos de tal concesión no son claros y precisos, lo que pudiera motivar una inexacta interpretación de la protección concedida. 2. Que si bien fue correcto conceder el amparo y protección contra la norma reclamada, sin embargo, se omitió establecer que el efecto del fallo protector también era para que se declarara la desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa de la obligación y limitación establecida en el artículo segundo transitorio, fracción XIV, y para que se le restituyeran las cantidades que enteró en forma indebida, con motivo del cumplimiento de la norma reclamada. 3. Que se le debe restituir en el goce de las garantías individuales violadas hasta antes de la entrada en vigor de la ley reclamada, para que los artículos 32, fracción XXV y segundo transitorio, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil tres, no se le apliquen en el presente ni en el futuro, permitiendo así la deducción a la quejosa del cien por ciento, de las cantidades entregadas a los trabajadores por concepto de participación en las utilidades de la empresa, y para que se le devuelvan las cantidades que enteró en forma indebida. 4. Que de no aclararse que los efectos del fallo protector también deben incluir que no le sea aplicado el artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que se le restituyan todas las cantidades que aportó en forma indebida con motivo del cumplimiento de la ley, se podrían hacer nugatorios los efectos protectores del amparo que se le otorgó. 5. Que el efecto establecido en la sentencia recurrida (que en los términos precisados en el artículo 31, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se permite la deducción de las cantidades que a su vez sean ingresos en los términos del capítulo I del título IV de la ley multicitada, se permitiera a la quejosa la deducción de las cantidades entregadas por concepto de participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas), era incorrecto e impreciso, ya que la protección constitucional no debe depender del requisito de deducibilidad establecido en el artículo 31, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, puesto que éste se aplica para la deducción de sueldos y salarios. 6. En apoyo de sus argumentos, la quejosa invocó tres criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los rubros: ‘AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.’ y ‘LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS.’. Los motivos de agravio en los que la quejosa se inconformó con los efectos del fallo protector: son infundado uno, inoperante otro, y fundado uno más, como se explicará a continuación. En primer lugar, se debe precisar que, en relación con el ejercicio fiscal de dos mil tres, el fallo recurrido determinó el sobreseimiento del juicio, al estimar que respecto de tal ejercicio, la demanda de garantías resultaba extemporánea. Por tanto, en el sexto considerando de la sentencia en estudio se precisó que sólo se analizaría lo relativo al acto de aplicación concerniente al ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Asimismo, se debe tomar en cuenta que la sentencia en revisión determinó la inconstitucionalidad de los artículos 32, fracción XXV, así como el segundo transitorio, fracción XIV, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta combatidos. Así, en la parte que interesa, la sentencia en revisión formuló las siguientes consideraciones: 1. Que las erogaciones efectuadas por la empresa, con el propósito de pagar a sus trabajadores la cantidad correspondiente a su participación en las utilidades, impactaban negativamente el haber de la empresa, y que el artículo 32, fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al no permitir la deducción de tales erogaciones, impedía que se aplicara el gravamen con base en la capacidad contributiva real del patrón. 2. Que por ello, el artículo 32, fracción XXV, de la ley del impuesto relativo, afectaba la base gravable para efectos del impuesto sobre la renta, ya que no correspondía a la efectiva capacidad contributiva del sujeto pasivo de la relación tributaria, puesto que no le permitía efectuar una deducción lícita y que resultaba necesaria para efectos de calcular la base de dicho gravamen, porque tal precepto obligaba a determinar una utilidad que realmente no reportaba la operación del contribuyente, ya que los pagos que realizaba la empresa por participación de utilidades a los trabajadores, afectaban su capacidad económica y, por ende, su capacidad contributiva, y que por ello, al no permitirse la deducción de un concepto que impactaba la capacidad contributiva del causante y permitía una distribución más adecuada de las cargas fiscales entre los contribuyentes, se violentaba la garantía de proporcionalidad tributaria. 3. Que el hecho de declarar la inconstitucionalidad de la fracción XXV del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, salvaguardaba no sólo los derechos de las personas que realizaban tales erogaciones, sino también la institución misma del reparto de utilidades, ya que los pagos que se efectuaran por tal concepto, para ser deducibles, debían cumplir con los demás requisitos que marcaba la legislación fiscal aplicable, como ser efectivamente erogados y contar con los comprobantes respectivos, con lo que se conseguía certeza jurídica para los propios trabajadores. 4. Que el artículo segundo transitorio, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, referente al ejercicio de dos mil cuatro, que establecía la deducción del cuarenta por ciento de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, también violaba la garantía constitucional de proporcionalidad tributaria, porque la participación de utilidades constituía un impacto negativo en la utilidad bruta de la empresa, que afectaba su capacidad económica y contributiva, y, por tanto, el no deducir o deducir sólo un cuarenta por ciento, significaba impedir que se determinara la base gravable del impuesto, tomando en cuenta su verdadera capacidad contributiva. 5. Que, por tanto, la concesión del amparo tenía como efecto desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa la prohibición señalada en la fracción XXV del artículo 32 referido, y que por ello se le permitía deducir las cantidades entregadas por concepto de participación a los trabajadores en las utilidades de las empresas, en los términos señalados en el artículo 31, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se permite la deducción de las cantidades que a su vez sean ingresos, de acuerdo con el capítulo I del título IV del mismo ordenamiento. 6. Además, que se concedía el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de permitir a la contribuyente la deducción de las cantidades entregadas por participación a los trabajadores en las utilidades de la empresa, de forma total y no sólo por el cuarenta por ciento. A la luz de tales consideraciones y en relación con los motivos de inconformidad en estudio, es necesario formular las siguientes precisiones: a. La quejosa señaló que se omitió establecer que el efecto del fallo protector también era para que se declarara la desincorporación de la esfera jurídica de la quejosa de la obligación y limitación establecida en el artículo segundo transitorio, fracción XIV, y que de no aclararse que los efectos del fallo protector también deben incluir que no le sea aplicado el artículo segundo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se podrían hacer nugatorios los efectos protectores del amparo que se le otorgó. Tal motivo de agravio es infundado. En efecto, del fallo en revisión puede advertirse que sí se desincorporó de la esfera jurídica de la quejosa la obligación y limitación establecida en el artículo segundo transitorio, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, referente al ejercicio de dos mil cuatro, que establecía la posibilidad de deducción del cuarenta por ciento de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ya que como antes señalamos, la sentencia en estudio determinó que se concedía el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de permitir a la contribuyente la deducción de las cantidades entregadas por participación a los trabajadores en las utilidades de la empresa, de forma total y no sólo por el cuarenta por ciento. b. La quejosa manifestó que se le debe restituir en el goce de las garantías individuales violadas hasta antes de la entrada en vigor de la ley reclamada, para que los artículos 32, fracción XXV, y segundo transitorio, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil tres, no se le apliquen en el presente ni en el futuro, permitiendo así la deducción a la quejosa del cien por ciento de las cantidades entregadas a los trabajadores por concepto de participación en las utilidades de la empresa, y para que se le devuelvan las cantidades que enteró en forma indebida. Tal motivo de disenso resulta inoperante. Conviene reiterar que, como señalamos antes, en relación con el ejercicio fiscal de dos mil tres, se determinó el sobreseimiento del juicio, al estimarse que respecto de tal ejercicio, la demanda de garantías resultaba extemporánea, bajo los siguientes argumentos: 1. Que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advertía que el precepto tildado de inconstitucional se aplicó a la quejosa desde el dos mil tres, y que ésta consintió expresamente el acto reclamado, al promover la demanda de garantías fuera del plazo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo. 2. Que como la declaración anual presentada el treinta de marzo de dos mil cuatro, fue el primer acto de aplicación respecto del ejercicio fiscal de dos mil tres, a partir de tal fecha debió haberse inconformado con la vigencia de los artículos para el caso del ejercicio fiscal de dos mil tres. 3. Que no era obstáculo el que la quejosa afirmara que presentó su demanda hasta la entrada en vigor de la reforma al artículo tildado de inconstitucionalidad, ya que debió formular sus argumentos desde que realizó el primer acto de aplicación en relación con el ejercicio de dos mil tres. 4. En apoyo de tales argumentos, el fallo recurrido invocó tres tesis, emitidas por Tribunales Colegiados de Circuito, con los rubros: ‘ACTO RECLAMADO, FECHA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO. DEBE DEDUCIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL JUICIO AUN CUANDO SE HAYA MANIFESTADO UNA DISTINTA EN LA DEMANDA DE AMPARO.’, ‘ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.’ e ‘IMPROCEDENCIA.’. En razón de ello, en el sexto considerando de la sentencia en estudio se precisó que sólo se analizaría lo relativo al acto de aplicación concerniente al ejercicio fiscal de dos mil cuatro. Sin embargo, en su demanda de garantías, la quejosa insiste en que se le debe restituir en el goce de las garantías individuales violadas hasta antes de la entrada en vigor de la ley reclamada, para que los artículos 32, fracción XXV, y segundo transitorio, fracción XIV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil tres, no se le apliquen en el presente ni en el futuro, permitiendo así la deducción a la quejosa del cien por ciento, de las cantidades entregadas a los trabajadores por concepto de participación en las utilidades de la empresa, y para que se le devuelvan las cantidades que enteró en forma indebida, pero sin combatir las razones en que se apoyó la sentencia recurrida, para declarar tal sobreseimiento, en las que, se insiste, tal sentencia sostuvo que respecto del ejercicio fiscal de dos mil tres, la demanda de garantías resultaba extemporánea. Como se sabe, la litis en un recurso, se forma al confrontar los razonamientos en que se sustenta la resolución recurrida en los agravios expresados contra tales consideraciones. De esta manera, la parte recurrente tiene la oportunidad de exponer su postura a la luz de los motivos y fundamentos expuestos en el fallo combatido, que estima vulneraron sus garantías individuales, y de tal manera, posibilitar que tales motivos y fundamentos sean examinados. Así, cuando el argumento de la parte recurrente no controvierte los motivos y fundamentos en que se apoyó la sentencia recurrida, no resulta posible entrar a su estudio. Como en el presente recurso, la quejosa no combate los razonamientos expresados en el fallo recurrido para declarar el sobreseimiento del juicio respecto del ejercicio fiscal de dos mil tres, los argumentos en estudio resultan inoperantes. En la especie, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que determinó: ‘AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COM
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19920-8cdd008c/participacion-de-los-trabajadores-en-las-utilidades-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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