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Modo: Corpus Pro

SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO, ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS CON UN NOMBRAMIENTO TEMPORAL. NO GOZAN DE LA PRERROGATIVA DE PERMANENCIA EN EL EMPLEO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2006-SS. · Registro digital (IUS): 19908
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, , Pág. 1663.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 162/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIA: MA. DE LA LUZ PINEDA PINEDA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de posible contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, dado que el tema sobre el que versa la denuncia, corresponde a la materia de trabajo en cuyo conocimiento está especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la realizan los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver esta denuncia de contradicción de tesis, es necesario tener presente los antecedentes de los asuntos en los que se emitieron los criterios que se enuncian como opositores, así como la parte conducente de las consideraciones en que éstos se sustentan:

I. Los antecedentes y consideraciones que sirvieron de sustento a la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver por unanimidad de votos el amparo directo número 794/2005, en sesión del día catorce de agosto de dos mil seis, son los siguientes:

Antecedentes:

• José de Jesús Gómez Flores por escrito de fecha diecinueve de noviembre de dos mil tres demandó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco se le otorgue su nombramiento definitivo con los mismos derechos y prestaciones, así como las mismas condiciones del puesto que ocupaba antes de que se le notificara la terminación del nombramiento a pesar de subsistir la plaza que ocupaba, su reinstalación, el pago de salarios caídos o vencidos, incrementos salariales, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Dirección de Pensiones del Estado, etcétera, desde el momento en que se dio por terminado su nombramiento hasta su reinstalación (notificador asignado al área de Averiguaciones Previas, de la Subprocuraduría "C", de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco).

• Una vez integrados los autos del juicio laboral, la autoridad Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, dictó laudo en el que resolvió:

"PRIMERA. La parte actora José de Jesús Gómez Flores acreditó en parte sus acciones y la demandada Procuraduría General de Justicia del Estado probó parcialmente sus excepciones en consecuencia: SEGUNDA. Se condena a la demandada Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, a otorgar al actor José de Jesús Gómez Flores el nombramiento definitivo de notificador, así como a reinstalarlo en los mismos términos y condiciones que lo venía desempeñando, condenándosele asimismo a pagar al actor salarios vencidos, incrementos salariales, al entero de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, a la Dirección de Pensiones del Estado, al SEDAR y a todas las prestaciones a que tengo derecho, como aguinaldo, prima vacacional, desde el momento del alegado despido que le fue notificado el 16 de octubre de 2003 y hasta el momento que se le reinstale, ello de conformidad a lo expuesto en el considerando III de esta resolución. TERCERA. Se absuelve a la demandada Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, de hacer pago alguno al actor José de Jesús Gómez Flores en concepto de bono del servidor público y bono semestral, de conformidad a lo expuesto en el considerando III de esta resolución. CUARTA. Se ordena girar oficio a la Secretaría de Finanzas del Estado a fin de que informe a este tribunal los salarios e incrementos que se hubiesen otorgado al puesto del actor a partir del 16 de octubre de 2003 y hasta que se rinda el mismo, de conformidad a lo expuesto en el considerando III de esta resolución."

• No conforme con esta resolución, la parte demandada Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, promovió demanda de amparo, de la que tocó conocer por razón de turno al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quien lo tramitó con el número AD. 794/2005 y dictó sentencia el catorce de agosto de dos mil seis, en el sentido de negar el amparo.

Las consideraciones que sustentan este fallo son las siguientes:

"CUARTO. Los planteamientos de inconformidad que expone la entidad quejosa son infundados. En la exposición de conceptos de violación, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, básicamente sustenta la ilegalidad del laudo reclamado, porque estima incorrecto que el tribunal responsable, la hubiera condenado a otorgar nombramiento definitivo al tercero perjudicado y ordenado la reinstalación en el puesto que ocupaba, con las inherentes procedencias de las prestaciones accesorias, cuando éste, por ostentar un nombramiento supernumerario, no podía ser beneficiario al derecho de la inmovilidad que previene el artículo 7o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, de tal forma que, al término del mismo, el que se le diera de baja no implicaba el despido injustificado en que se sustentó la acción ejercitada, por lo cual, dicho reclamo resultaba improcedente. Fundamenta su inconformidad en diversas tesis bajo los rubros: ‘CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. UNA VEZ VENCIDO, EL LAUDO QUE CONDENA A LA REINSTALACIÓN ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS.’; ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO TEMPORALES.’; ‘TRABAJADORES DEL ESTADO A LISTA DE RAYA POR TIEMPO FIJO, TERMINACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO.’; ‘TRABAJADORES DEL ESTADO EVENTUALES, CUMPLIMIENTO DE LOS EFECTOS DE SU NOMBRAMIENTO.’; ‘EMPLEADOS PÚBLICOS, NOMBRAMIENTOS DE LOS. ES UN ACTO CONDICIÓN.’; y, ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, IMPROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA DEL NOMBRAMIENTO.’; así como la sentencia emitida dentro del amparo directo 192/2005 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Tercer Circuito, de la cual anexa copias simples. Sobre la base de los planteamientos de la parte quejosa, debe indicarse que contrario a lo que sostiene, la circunstancia de que en los nombramientos expedidos a favor del ahora tercero perjudicado, se hubiera asentado que tenían el carácter de provisionales, no hace inaplicable a favor de aquél, el derecho contenido por el artículo 7o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, puesto que uno de los principios básico sobre el cual descansan las relaciones laborales de los servidores públicos de la entidad federativa y los órganos de ésta, es el de congruencia entre las funciones que desempeñan y el nombramiento, que rige la relación de trabajo, de tal forma que, ha de considerarse que la naturaleza de la misma, se presume a través de dichas funciones, aun cuando en el nombramiento se señalen otras diversas o, incluso, en los casos en que eventualmente no existiera dicho nombramiento. En efecto, para arribar a la supracitada conclusión, basta leer el contenido de los artículos 16 y 17 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para advertir que los nombramientos que expidan las dependencias de Gobierno del Estado de Jalisco a los servidores públicos que se desempeñen en éstas, no son incondicionados respecto de su contenido, sino que se encuentran sujetos a ser congruentes con la naturaleza de la relación laboral que tutelan, para ello es pertinente llevar a cabo su transcripción, así como la de los artículos 2o., 3o., 7o., 16 y 17 vigentes de la ley señalada: ‘Artículo 2o.’ (se transcribe). ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 7o.’ (se transcribe). ‘Artículo 16.’ (se transcribe). ‘Artículo 17.’ (se transcribe). El enlace armónico de los preceptos en cita, permite concluir que si bien el acto jurídico que respalda la prestación del servicio público, es el nombramiento correspondiente, la existencia y naturaleza de la relación de servicio público, salvo los casos de excepción referentes a asesoría, consultoría y aquellos que presten servicios al gobierno, que no son las hipótesis en que se encuentra el tercero perjudicado, se presume del trabajo personal que se realice, de tal forma que el nombramiento respectivo debe ser congruente con dicha función y, en tal sentido, no basta con que se presente como prueba de la naturaleza de la relación el mismo, sino que debe de cumplir los motivos legales que supusieron su expedición. Bajo tales consideraciones, debe precisarse el alcance del artículo 7o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual estuvo vigente a la fecha en que se dieron los hechos motivo de la demanda laboral y no ha sufrido reforma, para poder estar en aptitud de verificar la vinculación con la condena impuesta en el laudo reclamado. Así, dicho precepto, con relación de la inamovilidad de los empleados al servicio de los entes públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, lo que presupone, es que lo serán en primer lugar, los que tengan nombramiento de base, pues por esa sola circunstancia alcanzan el derecho a la permanencia en el empleo; mientras que, los servidores públicos de nuevo ingreso adquieren el citado derecho después de transcurridos seis meses ininterrumpidos de servicios, sin nota desfavorable en su expediente. En este segundo caso, que es el que importa a los acontecimientos que dieron pauta al juicio de origen, es decir, respecto de los trabajadores de nuevo ingreso, la inamovilidad se adquiere por la sola circunstancia de haber trabajado seis meses ininterrumpidamente sin nota desfavorable, siempre que la función, congruente, con el contenido del nombramiento, lo permita, de tal forma que, concluido dicho plazo, el empleado que esté bajo dicho supuesto, adquiere el derecho correspondiente, por lo que, no es correcto que se dé por terminada la relación de trabajo en términos del artículo 22, fracción III, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios (por conclusión de la obra o vencimiento del término para el que fue contratado o nombrado el servidor), a menos que se demuestre la existencia de nota desfavorable o que, su nombramiento, así como las funciones que realice sean de las establecidas por el artículo 16, fracciones II a la V, de dicha ley. Ello se entiende así, porque la norma jurídica en estudio, protectora de los derechos de los trabajadores de base, al indicar que la inamovilidad se adquiere después de transcurridos los seis meses ininterrumpidos, impuso como requisito tanto para el trabajador como para la entidad que el primero laborara dicho lapso sin interrupción y a continuación si no existiera nota desfavorable, la segunda le reconociera el derecho, que es la interpretación correcta a dicha redacción, dado que si el legislador hubiera pretendido que la inamovilidad se adquiriera cuando el trabajador laborara un tiempo mayor de seis meses, así lo hubiera indicado expresamente. Ahora bien, la parte quejosa pretendió al contestar la demanda y lo reitera ahora en los conceptos de violación, que no existió el cese injustificado alegado porque la terminación de la relación de trabajo, se debió a que el nombramiento que regía la relación de trabajo, era el último que se le otorgó al trabajador, el cual fue como supernumerario y tuvo una vigencia del dieciséis de julio al quince de octubre de dos mil tres, por lo que una vez que había fenecido su vigencia, concluía la relación entre las partes. Sin embargo, dicha aseveración, en el caso, es inexacta, porque basta verificar las pruebas aportadas al juicio laboral, en particular los nombramientos que tuvo el tercero perjudicado entre el dieciséis de octubre de dos mil dos y el quince de octubre de dos mil tres, salvo el que debió corresponder del dieciséis de enero al quince de abril de dos mil tres, pero que fue admitida su existencia por la demandada al dar contestación a la demanda, para advertir que, el trabajador se vino desempeñando para la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en forma ininterrumpida desde la precisada primer fecha (dieciséis de octubre de dos mil dos), en la cual quedó admitido dentro del juicio laboral que ingresó, hasta la fecha en que se dio por concluida la relación de trabajo, siempre con el nombramiento de notificador. Ahora bien, según se puede constatar del contenido de los citados nombramientos, los mismos fueron extendidos bajo el carácter de provisionales por tres meses; empero, con independencia de que se advierte de la integridad de la demanda, así como de la contestación que hizo la entidad ahora quejosa, que desde el dieciséis de octubre de dos mil dos, hasta la fecha en que se pretendió dar por concluida la relación de trabajo, por haber fenecido el nombramiento, existió continuidad de dicha relación, requisito indispensable para que el servidor público adquiera inamovilidad cuando su función es de base, en el caso, el análisis de los nombramientos provisionales y/o supernumerarios ofrecidos como prueba, permiten advertir que el trabajador había adquirido tal derecho y, por ende, no podía ser dado de baja en términos de lo que dispone el artículo 22, fracción III, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, dado que su función no resultaba congruente con el carácter sostenido en los nombramientos. En efecto, ni el nombramiento supuestamente supernumerario que sirvió de base a la autoridad responsable para absolver a la entidad, ni los otros que le precedieron y que fueron aportados como pruebas, reúnen alguno de los requisitos establecidos por el artículo 16, fracciones II a la V, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, dado que, al tener este Tribunal Colegiado de Circuito, a la vista los citados documentos, se advierte que fueron otorgados de la siguiente forma: a) El primero, fue extendido para que se desempeñara como notificador del dieciséis de octubre de dos mil dos al quince de enero de dos mil tres, con carácter de provisional tres meses; además, en la parte final señala: ‘El suscrito hace constar que con esta fecha tomó posesión del empleo al que se refiere este nombramiento la persona a cuyo favor fue expedido, sustituyendo a: Lara Arellano José Iván, quien tuvo movimiento por: promoción con fecha: 16-sep-02 (firma ilegible) Lic. Erik Olivares Rodríguez coordinador administrativo.’ b) El segundo de los nombramientos aportados, que se entiende que fue el tercero que se le extendió al demandante por el mismo, del dieciséis de abril de dos mil tres al quince de julio siguiente, con carácter de provisional tres meses en la adscripción, en la parte final señala: ‘El suscrito hace constar que con esta fecha tomó posesión del empleo al que se refiere este nombramiento la persona a cuyo favor fue expedido, sustituyendo a: provisional 3 meses, quien tuvo movimiento por: con fecha (firma ilegible) Lic. Erik Olivares Rodríguez coordinador administrativo.’ c) Finalmente, el tercer nombramiento aportado, cuarto de los expedidos a favor del tercero perjudicado en el mismo cargo, con vigencia del dieciséis de julio de dos mil tres al quince de octubre siguiente, con carácter de provisional tres meses, al que se agrega la palabra ‘supernumerario’ en la misma adscripción, en la parte final señala: ‘El suscrito hace constar que con esta fecha tomó posesión del empleo al que se refiere este nombramiento la persona a cuyo favor fue expedido, sustituyendo a: provisional 3 meses, quien tuvo movimiento por: con fecha (firma ilegible) Lic. Erik Olivares Rodríguez coordinador administrativo.’. Así como puede advertirse, cada uno de los citados nombramientos le fueron expedidos al trabajador, el primero para sustituir a Lara Arellano José Iván, quien fue promovido y los posteriores, para sustituir al nombramiento extendido con anterioridad, de lo que se desprende que se pretendió que estos nombramientos eran provisionales supernumerarios; sin embargo, de su contenido se advierte que el coordinador general administrativo de la demandada, hizo constar, precisamente que primeramente se otorgó el encargo por promoción de quien lo desempeñaba y, con posterioridad, se extendieron nombramientos para sustituir a los anteriores, sin que en parte alguna de los mismos, se adviertan las actualizaciones de algunas de las hipótesis contenidas en el artículo 16, fracciones II a V, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, esto es: Que conforme a la fracción II se trate de un nombramiento interino, por ocupar plaza vacante por licencia del servidor público titular que no exceda de seis meses, dado que, desde el primer nombramiento otorgado, se advierte que quien le precedió en el encargo, fue promocionado. Que conforme a la fracción III el supuesto se da para otorgar nombramientos provisionales, cuando el nombramiento, se expida de acuerdo con el escalafón para ocupar plaza vacante por licencia del servidor público titular que exceda de seis meses, puesto que, también en el caso, la razón de ocupar el citado encargo, era la promoción del anterior titular y no la licencia solicitada y, lo que es más, no obstante que la plaza ocupada propiamente, se encontraba vacante en forma permanente, al trabajador se le dieron cuatro nombramientos supuestamente provisionales, cuando conforme al artículo 7o. transcrito, tenía derecho a la inamovilidad a los seis meses de ocupar el encargo, porque no se actualizaba la supuesta provisionalidad del nombramiento. En el caso, es obvio que la supuesta característica de trabajador supernumerario, que previene el artículo 6o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no se actualizaba conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del diverso artículo 16 dado que en el nombramiento, no se advierte que la plaza ocupada fuera por obra o por tiempo determinado; contrario a ello, debe precisarse que si a partir del dieciséis de octubre de dos mil dos, sustituyó a un funcionario que fue promovido a diverso puesto desde el dieciséis de septiembre anterior y si de acuerdo a las constancias procesales, el aviso de que a partir del dieciséis de octubre de dos mil tres causaba baja del puesto desempeñado, se le entregó el día tres de dicho mes y año, cuando se encontraba laborando, ello implicaba necesariamente que, aun después de dicha fecha subsistió el puesto. Aunado a lo anterior el ente público, al contestar la demanda, indicó que la terminación de la relación de trabajo se debió a que feneció el nombramiento que se le otorgó el dieciséis de julio de dos mil tres, sin que haya establecido, ni mucho menos probado, que en dicho lapso se hubiera asentado nota desfavorable en el expediente del trabajador, pero además, sin que hubiera negado que se desempeñaba en el mismo puesto, cuando menos desde el dieciséis de octubre de dos mil dos, de tal forma que ya había transcurrido el plazo para que alcanzara la inamovilidad prevista en el artículo 7o. de la ley de la materia. De lo expuesto, se concluye que el trabajador, laboró ininterrumpidamente para la demandada durante un año, ocupando una plaza, sin que ello se debiera a que sustituía a alguna persona que gozara de licencia o por tratarse de un trabajo eventual o de temporada o que realizara tareas temporales o que fuera becaria en términos del artículo 16, fracciones II a la V, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el cómputo del tiempo señalado resultaba apto para obtener la permanencia en el empleo. Sin que para ello, sea óbice la pretensión del quejoso, por cuanto a que el último nombramiento es el que rige la relación de trabajo, pues por encima del contenido de éste y de la designación que se dé para determinar la clase del nombramiento, debe atenderse, si se está en el supuesto que prevé la ley para que el puesto a ocupar, sea considerado como supernumerario, lo que no se da en el caso por las razones expuestas con anterioridad, y por el contrario está demostrado que el tercero perjudicado tiene, el derecho a la inamovilidad en el empleo que previene la ley burocrática del Estado, para los servidores públicos que hayan laborado cuando menos seis meses ininterrumpidos de servicios sin nota desfavorable, derecho que es irrenunciable en términos del artículo 11 de la ley en cita y que, por ende, no podía tenérsele por perdido por la firma de nombramientos de los cuales se advierte la intención por parte de la entidad de no respetárselo. Conclusión, la anterior, que conlleva a establecer que, si el ente demandado permitió que el actor trabajara ininterrumpidamente del dieciséis de octubre de dos mil dos al quince de octubre de dos mil tres, con el mismo cargo y categoría y no demostró que existiera nota desfavorable en el expediente de ésta, al haber transcurrido dicho lapso, en particular, los primeros seis meses, debió entender que el trabajador tenía derecho a la estabilidad en el empleo, al no hacerlo así y determinar dar por concluida la relación de trabajo en términos del artículo 22, fracción III, de la ley burocrática del Estado, incurrió en un cese injustificado del demandante. Tal consideración resulta más evidente, si se toma en cuenta que, como ya se apuntó, las normas laborales que derivan de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, tienden, en cumplimiento por lo dispuesto por los artículos 116, fracción VI, en relación con el 123, apartado B, de la Constitución General de la República, a proteger los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y, pretender que un órgano de gobierno pudiera otorgar indiscriminadamente, nombramientos por el lapso de tres meses, sin que a cambio de ello el trabajador obtuviera la seguridad de permanecer en un empleo digno, haría nugatorios sus derechos laborales. Luego, es incuestionable que no le asiste la razón a la entidad quejosa, al pretender que el tribunal responsable actuó inadecuadamente al determinar procedente la acción ejercitada por el demandante. De ahí que, el laudo reclamado no resulta violatorio de sus garantías individuales y, por ende, los motivos de inconformidad resultan infundados. Para lo expuesto, no resultan óbices las tesis en las que se sustenta la parte quejosa para apoyar sus conceptos de violación, dado que, de la atenta lectura de las que se aportan bajo los rubros ‘CONTRATO DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO. UNA VEZ VENCIDO, EL LAUDO QUE CONDENA A LA REINSTALACIÓN ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS.’; ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO TEMPORALES.’; ‘TRABAJADORES DEL ESTADO A LISTA DE RAYA POR TIEMPO FIJO, TERMINACIÓN DE SU NOMBRAMIENTO.’ y ‘TRABAJADORES DEL ESTADO EVENTUALES, CUMPLIMIENTO DE LOS EFECTOS DE SU NOMBRAMIENTO.’, se puede advertir que parten de la premisa básica de que los nombramientos o contratos otorgados, resultan congruentes con las funciones desempeñadas, circunstancia que difiere con el caso concreto. Por su parte, del contenido de la tesis ‘EMPLEADOS PÚBLICOS, NOMBRAMIENTOS DE LOS. ES UN ACTO CONDICIÓN.’, se advierte también la circunstancia de la congruencia del nombramiento con el puesto desempeñado, de tal forma que se específica que dicho nombramiento es un acto que fija los derechos y obligaciones del Estado y el empleado, sobre la base de las obligaciones legales preexistentes, de tal forma que, debe aceptarse que, si el mismo su límite es la ley, por ende, la naturaleza de su contenido ha de ser congruente con los lineamientos que la misma establece y, por tanto, si ésta da los parámetros por los cuales un nombramiento ha de ser considerado provisional, ellos han de cumplirse en relación con las funciones que desempeñe el trabajador. En cuanto a la tesis bajo el rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, IMPROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA DEL NOMBRAMIENTO.’, este Tribunal Colegiado de Circuito, la considera inaplicable, por las siguientes razones: la citada tesis, según se advierte del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, mayo de 2004, Novena Época, conformó la jurisprudencia III.1o.T. J/59, sostenida por el ahora Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, la cual finalmente quedó bajo el rubro y contenido que a continuación se transcriben: ‘TRABAJADORES POR TIEMPO DETERMINADO AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. AUNQUE SUBSISTA LA MATERIA QUE DA ORIGEN A SU NOMBRAMIENTO, ÉSTE NO PUEDE PRORROGARSE CON BASE EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe). En el caso concreto, el trabajador demandante no solicitaba la prórroga de su nombramiento, sino el reconocimiento de su derecho a adquirir la inamovilidad por tener más de seis meses ininterrumpidos en un puesto dentro de la dependencia demandada en el cual, por su naturaleza era susceptible de alcanzarse la base, de tal forma que, con independencia de que la redacción final de la supracitada tesis, pone de manifiesto la congruencia que debe existir entre el nombramiento y la función realizada al indicar que el nombramiento de los trabajadores por tiempo determinado, entendidos éstos en términos del artículo 16, fracción IV, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, es decir, para trabajadores eventuales o de temporada con fecha precisa de terminación, no puede prorrogarse, al tratarse de una hipótesis diversa, no es posible su aplicación en el caso concreto. En cuanto a la ejecutoria que acompaña la parte quejosa, relativa al juicio de garantías promovido en forma directa 192/2005 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este circuito, de la cual se advierte que dicho órgano jurisdiccional resolvió en un asunto sustancialmente idéntico, conceder el amparo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco porque los nombramientos analizados que se otorgaron a la parte actora, tercero perjudicada en dicho amparo directo, fueron otorgados como provisionales con una vigencia de tres meses cada uno de ellos, no obstante que se puede advertir de las transcripciones realizadas de los señalados nombramientos que, al igual que acontece en el caso en estudio, el primero fue otorgado con el carácter de provisional por tres meses del primero de noviembre de dos mil dos al treinta y uno de enero de dos mil tres, ‘... sustituyendo a: López Morales Julio quien tuvo movimiento por: suspensión indef. con fecha 27-sep-02 ...’; el segundo de ellos, de igual forma fue otorgado como provisional por tres meses, del primero de febrero al treinta de abril de dos mil tres, pero en el caso la razón del otorgamiento cambió, ya no para sostenerse la sustitución de un servidor público suspendido en forma definitiva, sino ‘... sustituyendo a: provisional 3 meses, quien tuvo movimiento por: con fecha:’ (sic); el tercero, también otorgado como provisional por tres meses, del primero de mayo al treinta y uno de julio de dos mil tres, justificando nuevamente la razón de su provisionalidad al señalar ‘... sustituyendo a: provisional 3 meses, quien tuvo movimiento por: con fecha:’ (sic) y; el cuarto, también otorgado como provisional por tres meses del primero de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil tres y conservando la justificante de su provisionalidad bajo la redacción: ‘... sustituyendo a: provisional 3 meses, quien tuvo movimiento por: con fecha:’ (sic). Como puede advertirse de lo anterior, en la sentencia del amparo directo 192/2005, resuelta por el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en sesión de ocho de junio de dos mil cinco, se sustentó un criterio contrario al que ahora se sostiene, pues en aquel caso, no obstante que el servidor público demandante, había laborado por más de seis meses, sin que se advirtiera nota desfavorable y sin que de los nombramientos que se le otorgaron por cuatro ocasiones distintas y consecutivas, se advierta que se encontraba en la hipótesis prevista por el artículo 16, fracción III, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios de haberse expedido dichos nombramientos de acuerdo al escalafón, para ocupar plaza vacante por licencia del servidor público titular que excediera de seis meses, se consideró que el contenido literal de dichos nombramientos en el sentido de que resultaban provisionales resultaba suficiente para entender que no tenía derecho a la inamovilidad que previene el artículo 7o., de la propia ley. Lo anterior pone en evidencia que en la sentencia del amparo directo 192/2005, resuelta por el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en sesión de ocho de junio de dos mil cinco, se sostiene un criterio respecto del cual este Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, no está de acuerdo, dado que, como ya se dijo, fue correcta la decisión del tribunal responsable al determinar procedente la acción ejercitada por el servidor público demandante en la medida de que, aun cuando los nombramientos otorgados a éste se extendieron con el carácter de provisional por tres meses, los mismos no son congruentes con la naturaleza del cargo que desempeñaba, porque no se estaba en el caso de sustituir a diverso servidor público cuya titularidad mantuviera por licencia en el cargo mayor a seis meses y, por el contrario, al haberse otorgado nombramientos que venían a sustituir a los anteriores que se le venían otorgando, se evidencia que se trata de una plaza permanente, la cual se encuentra vacante y, por ende, debe de reconocerse el derecho a la inamovilidad del

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19908-68ba53e2/servidores-publicos-al-servicio-del-estado-de-jalisco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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