PRIMA DE ANTIGÜEDAD. PARA CUANTIFICAR EL PAGO RELATIVO QUE PREVÉ LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA NO ES NECESARIA LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 182/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: ESTELA JASSO FIGUEROA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denunciante se encuentra legitimada, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que comparece con el carácter de quejosa en el amparo directo laboral 283/2006 y tercera perjudicada en el 284/2006, ambos del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, cuyo criterio se denuncia como contradictorio.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió en sesión de doce de abril de dos mil cinco, el amparo directo 59/2005-I, de cuyas consideraciones se desprende lo siguiente:
"QUINTO. Son fundados los conceptos de violación expresados por el quejoso. En efecto, la Junta responsable, en el laudo que constituye el acto reclamado, absolvió a la demandada Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, de otorgar al actor lo reclamado en su escrito inicial de demanda, consistentes en diferencias en el pago de la prima de antigüedad que asciende a la cantidad de $33,099.14 pesos moneda nacional, así como el pago de los intereses legales causados con motivo del juicio laboral que nos ocupa, pues la responsable concluyó que a la quejosa se le liquidó legalmente la prima de antigüedad a que tenía derecho en términos de la cláusula cuadragésima quinta de las condiciones generales del trabajo pactadas, es decir, su liquidación se llevó a cabo con base en el cálculo de la cantidad que constituye su salario correspondiente al nivel inmediato superior, concretamente el nivel 17, asimismo, refirió que la Ley del Servicio Civil no contempla o regula el salario con el cual se debe pagar la prima de antigüedad a los trabajadores, luego entonces, la responsable estableció que debe aplicarse supletoriamente lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con el artículo 12 de la Ley del Servicio Civil, de ahí que se haya tomado como base la cantidad que corresponde al doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación, es decir, la cantidad de $87.30 pesos moneda nacional, lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 162, fracción II, en relación con el artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo, aplicando la responsable en su resolución el criterio emitido por este Tribunal Colegiado en la tesis aislada número XV.1o.11 L, la cual aparece publicada en la página 691 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, junio de 1998, cuyo rubro es: ‘PRIMA DE ANTIGÜEDAD. PARA SU DETERMINACIÓN ES APLICABLE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SUPLETORIA A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL EN UNA RELACIÓN LABORAL REGULADA POR ESTA ÚLTIMA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA).’. Ahora bien, le asiste la razón al impetrante de garantías cuando alega que la responsable no analizó debidamente las condiciones generales de trabajo vigente al momento de la jubilación, pues, efectivamente, en la cláusula vigésima quinta se establece, en el capítulo de prima de antigüedad, que: ‘Cuando el trabajador se separe de su empleo voluntariamente, la autoridad pública le otorgará una prima de antigüedad consistente en el importe de quince días del salario que estaba devengando, por cada año de servicio efectivo laborado para la administración pública central, en los términos del artículo 36 de la Ley del Servicio Civil.’, de ahí que este Tribunal Colegiado aprecie incorrecto el argumento de la responsable, en el sentido de que la Ley del Servicio Civil no contempla o regula el salario por el que se debe pagar la prima de antigüedad a los trabajadores, pues es evidente que en las condiciones generales de trabajo que fueron pactadas con el Gobierno del Estado, en la cláusula vigésima quinta (foja 33 de los originales), se prevé que en tratándose de prima de antigüedad, debe estarse al salario integrado que establece el artículo 36 de la Ley del Servicio Civil, y no a la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, razón por la cual también le asiste la razón al impetrante cuando alega que resulta inaplicable la tesis aislada que cita la responsable, pues aun cuando fue emitida por este Tribunal Colegiado, lo cierto es que fue publicada en junio de mil novecientos noventa y ocho, es decir, con fecha anterior a las nuevas condiciones de trabajo que entraron en vigor en mayo de 2002, de ahí que el laudo que se reclama, resulte violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que prevén los artículos 14 y 16 constitucionales. También resulta fundada la inconformidad del quejoso en el sentido de que la responsable no analizó lo referente a lo manifestado por el impetrante en el escrito de ampliación de demanda, en donde dijo que también debía integrarse a su salario el pago de un bono por la cantidad de $500.00 pesos mensuales, que se adicionaban a su salario, en forma separada de la nómina, ya que se aprecia del laudo que se analiza, que la responsable no hizo pronunciamiento al respecto, lo que evidentemente genera perjuicio, al haberse establecido en apartados anteriores la procedencia del salario integrado para cuantificar el pago de la prima de antigüedad, razón por la cual se viola en perjuicio del quejoso la garantía de legalidad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 constitucionales. En las relacionadas condiciones, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el laudo que se reclama y dicte otro, en el que considere que el pago de la prima de antigüedad hecho al quejoso, debió hacerse con base a un salario integrado conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley del Servicio Civil, y, una vez hecho lo anterior, determine, con libertad de jurisdicción, la procedencia o no de las prestaciones reclamadas por el quejoso, y de igual forma, para que atienda a todas y cada una de las reclamaciones hechas, incluso, aquellas que se contienen en su escrito de ampliación de demanda."
El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió en sesión de veintinueve de enero de dos mil tres, el amparo directo 706/2002, bajo las consideraciones siguientes:
"QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa. En efecto, se afirma lo anterior, porque resulta inexacto que el laudo reclamado viole en perjuicio de las demandantes de garantías los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como los diversos dispositivos de la Ley del Servicio Civil que se invocan en la demanda de amparo. Pues, contrariamente a lo aseverado, el tribunal responsable correctamente determinó que la prima de antigüedad debió cubrirse a la actora en el juicio laboral en base al salario diario integrado, al resolverlo así y condenar a la demandada al pago de las diferencias reclamadas en base a dicho salario, apegó su actuación a derecho. Lo anterior es así, toda vez que de las diversas constancias que obran en los autos originales, se obtiene que María de los Ángeles Acuña promovió ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, el juicio laboral 268/2001, demandando al Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, reclamándoles el pago de la cantidad de $26,614.05 (veintiséis mil seiscientos catorce pesos con cinco centavos, moneda nacional), por concepto de diferencias a su favor habidas en la liquidación que se formuló con motivo de su jubilación. Por su parte, la demandada contestó la demanda instaurada en su contra, y aceptó haber pagado al actor la prima de antigüedad de acuerdo con el salario diario que indicó éste, y negó que se debiera cubrir tal prestación en base al salario integrado; observándose que la demandada no controvirtió el salario integrado precisado por el actor, pues no ofreció prueba alguna para ello. También, que las partes ofrecieron las pruebas de su intención que estimaron pertinente (sic) siguiéndose el juicio en todas sus etapas procesales, y el tribunal dictó el laudo reclamado, resolviendo que el actor probó los hechos constitutivos de la acción que ejercitó, y condenó a las demandadas al pago de la prestación demandada en el inciso a) de la demanda, consistente en las diferencias en el pago de la liquidación. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que al no controvertir las demandadas al salario diario integrado que afirma el actor se le cubría, entonces debe tenerse como cierto el mismo; además la Junta responsable, correctamente determinó que la prima de antigüedad se le pagó ilegalmente al trabajador con base en el salario diario, pues la misma se le debió cubrir tomando en cuenta el salario integrado precisado por el actor. Ello es así, toda vez que el artículo 51 fracción XI de la Ley del Servicio Civil dispone que: ‘Son obligaciones de las autoridades públicas a que se refiere el artículo primero de esta ley y los funcionarios de las dependencias oficiales; ... XI. Otorgar a los trabajadores el pago de una prima de antigüedad consistente en quince días de salario por cada año de servicios prestados cuando sean separados del empleo, independientemente de la justificación o injustificación de la separación. En caso de retiro voluntario para tener derecho al disfrute de esta prestación deberán tener por lo menos tres años de antigüedad del empleo ...’. Asimismo, el artículo 45 del citado cuerpo legal, establece que: ‘Para determinar el monto de las indemnizaciones, pensiones o jubilaciones que deban pagarle al trabajador o a sus beneficiarios, se tomará como base la cuota diaria exclusivamente correspondiente al día en que nazca el derecho a percibirlas ...’. Igualmente, el numeral 36 de la ley que se analiza, señala: ‘Salario es la retribución que debe pagar la autoridad pública correspondiente a los trabajadores por sus servicios, el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, quinquenios, habitación, primas, comisiones, complementos, honorarios, participaciones, prestaciones, que se entreguen al trabajador por su servicios ...’. En este orden de ideas, es claro que del análisis de los artículos 51, fracción XI y 45 de la Ley del Servicio Civil, sólo procede determinar el monto de las indemnizaciones, pensiones o jubilaciones con el salario de cuota diaria y como la prima de antigüedad no encuadra en ninguna de las hipótesis a que se refiere el segundo de los numerales, ya que la indemnización es el resarcimiento de un daño o perjuicio causado al trabajador por el patrón o alguna causa establecida en la ley, la pensión, es la consecuencia de que el trabajador se encuentra imposibilitado ya sea parcial o totalmente para prestar sus servicios; y la jubilación, es el pago efectuado al trabajador por el servicio prestado durante el tiempo que la ley establece, características de las cuales no participa la prima de antigüedad, pues ésta constituye un derecho autónomo para el trabajador, derivado del tiempo de duración de la relación laboral y, por lo mismo, como ya se dijo, esa prestación no se debe pagar con el salario de cuota diario, sino con el integrado, ya que no es una indemnización, pensión ni jubilación, por ello para determinar dicha prima de antigüedad, no procede tomar en cuenta el salario a cuota diaria. En cambio, según lo dispuesto por el artículo 36 de la referida Ley del Servicio Civil, si el salario se integra por la cuota diaria, así como gratificaciones, percepciones, quinquenios, habitación, primas, comisiones, complementos, honorarios, participaciones, prestaciones que se integren al trabajador; por ende, es claro que ese salario es el integrado, por comprender varias prestaciones a favor del empleado y, por lo mismo, es el que debe tomarse en cuenta para el pago de la prima de antigüedad. En este mismo sentido, se pronunció este órgano colegiado, al resolver los diversos juicios de amparo directo laborales 493/99 y 349/2001."
El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió en sesión de dieciocho de agosto de dos mil seis, los amparos directos 283/2006 y 284/2006, cuyas consideraciones dicen lo siguiente:
AD. 283/2006.
"QUINTO. Resultan infundadas las consideraciones que, a guisa de conceptos de violación, se acaban de transcribir. Para una mejor comprensión del asunto, cabe señalar que mediante escrito fechado el nueve de enero de dos mil cuatro, compareció Aydeé Loya Campaña ante el Tribunal de Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad y demandó del Ayuntamiento Constitucional de Mexicali, Baja California, las siguientes prestaciones: a) El pago de la cantidad de $26,993.71 (veintiséis mil novecientos noventa y tres pesos con setenta y un centavos moneda nacional), por concepto de diferencias a su favor con motivo de su jubilación, a partir del primero de octubre de dos mil tres; b) El pago de $3,751.44 (tres mil setecientos cincuenta y un pesos con cuarenta y cuatro centavos moneda nacional), por concepto de prima vacacional correspondiente al segundo periodo de 2003; c) El pago de la cantidad de $18,254.14 (dieciocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con catorce centavos moneda nacional), por concepto de aguinaldo anual del año dos mil tres. Admitida la demanda, la Junta responsable fijó el cinco de marzo de dos mil cuatro para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que hizo constar la asistencia de las partes, así como que no hubo arreglo conciliatorio. Seguidamente, la actora ratificó su demanda, en tanto que la demandada produjo la contestación correspondiente, ofreciendo las defensas y excepciones que estimó conducentes, luego, las partes ofrecieron las pruebas que consideraron oportunas y una vez desahogadas, la responsable dio término para alegar sin que ninguna de las partes ejerciera tal derecho, cerró la instrucción y con fecha dieciséis de febrero de dos mil seis, dictó el laudo que constituye aquí el acto reclamado. Ahora bien, alega la quejosa Aydeé Loya Campaña, que el laudo combatido infringió en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los diversos preceptos legales 11, 36 y 133 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, bajo la premisa de que la Junta responsable omitió hacer un análisis y razonamientos correctos, con lógica, de las pruebas de la parte demandada con base a las cuales esta última pretendió acreditar que le hizo el pago de las prestaciones a que se refirió en los incisos b) y c), de su demanda inicial (prima vacacional y aguinaldo proporcional, ambos del año dos mil tres), concluyendo, dice, que fue ‘endeble’ el argumento de la autoridad laboral en el sentido de que como no objetó la liquidación que obra a fojas 54 del expediente, procedía absolver al Municipio demandado del pago de las aludidas prestaciones; señalando, por otra parte, que la demandada admitió su antigüedad, así como su categoría y nivel salarial, por lo que no se le han pagado las prestaciones que reclamó; asimismo, hace mención de que se le pagaron veintiséis mil pesos menos por concepto de prima de antigüedad (cuestión dilucidada en el diverso amparo directo 284/2006, resuelto en esta misma fecha por encontrarse relacionado al presente) y que no se le hizo pago de ninguna otra prestación ‘aunque se indique en el documento’, por lo que no se acató el contenido de los artículos 133 de la Ley del Servicio Civil, en relación con el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo. Tales argumentaciones, como ya se indicó, devienen infundadas. En efecto, contrariamente a lo aseverado por la quejosa Aydeé Loya Campaña, el laudo reclamado de ninguna manera vulneró lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, ni los diversos preceptos de índole secundario que invocó en su demanda, puesto que fue dictado a verdad sabida y buena fe guardadas, apreciándose los hechos en conciencia sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, además, precisó los motivos y fundamentos que le sirvieron de sustento, con base a los cuales determinó la improcedencia de las prestaciones b) y c), descritas en antecedentes; siendo acertada la determinación que nos ocupa, en la medida en que, como lo sostuvo la autoridad laboral, ‘atendiendo a que la actora reclama como no pagadas las prestaciones denominadas prima vacacional y aguinaldo, aludiendo a la aplicación de las disposiciones de las condiciones generales de trabajo, siendo el caso que no fue señalada para su desahogo parte alguna de las mismas que tuvieran relación con dichas prestaciones, es por lo que esta autoridad habrá de tomar en consideración la documental que obra a fojas 54 de los autos, misma que no fue objetada en cuanto a su contenido y firma, a la cual se le da valor pleno, de cuyo contenido en la parte relacionada con las prestaciones que la actora reclama de los incisos b) y c), se considera que dicha reclamación es improcedente, toda vez que del contenido de dicha documental se advierte que la patronal pagó la parte proporcional de las prestaciones reclamadas, haciéndolo en los términos de la Ley del Servicio Civil, habiéndolo hecho la patronal para tales efectos aplicando la cuota diaria, cuestión no controvertida por la parte actora, que limita al pago de prima vacacional y aguinaldo, alegando que dichas prestaciones no le habían sido pagadas, por tanto, respecto de estas prestaciones deberá absolverse a la demandada’; de ahí que se desestime lo planteado. En mérito de lo anterior, ante lo infundado de los conceptos de violación analizados, no advirtiéndose suplencia de la queja que suplir oficiosamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede negar la tutela constitucional solicitada."
AD. 284/2006.
"QUINTO. Resulta sustancialmente fundado el único concepto de violación hecho valer por la parte quejosa Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, por conducto de su apoderado y representante legal, por las razones que enseguida se precisarán. Para una mejor comprensión del asunto, cabe señalar, que mediante escrito fechado el nueve de enero de dos mil cuatro, compareció Aydeé Loya Campaña ante el Tribunal de Arbitraje del Estado con residencia en esta ciudad y demandó del Ayuntamiento Constitucional de Mexicali, Baja California, las siguientes prestaciones: a) El pago de la cantidad de $26,993.71 (veintiséis mil novecientos noventa y tres pesos con setenta y un centavos moneda nacional), por concepto de diferencias a su favor con motivo de su jubilación, a partir del primero de octubre de dos mil tres; b) El pago de $3,751.44 (tres mil setecientos cincuenta y un pesos con cuarenta y cuatro centavos moneda nacional), por concepto de prima vacacional correspondiente al segundo periodo de 2003; c) El pago de la cantidad de $18,254.14 (dieciocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos con catorce centavos moneda nacional), por concepto de aguinaldo anual del año dos mil tres. Admitida la demanda, la Junta responsable fijó el cinco de marzo de dos mil cuatro para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en la que hizo constar la asistencia de las partes, así como que no hubo arreglo conciliatorio. Seguidamente, la actora ratificó su demanda, en tanto que la demandada produjo la contestación correspondiente, ofreciendo las defensas y excepciones que estimó conducentes, luego, las partes ofrecieron las pruebas que consideraron oportunas, y una vez desahogadas, la responsable dio término para alegar sin que ninguna de las partes ejerciera tal derecho, cerró la instrucción y con fecha dieciséis de febrero de dos mil seis, dictó el laudo que constituye aquí el acto reclamado. Ahora bien, alega medularmente el apoderado legal del Ayuntamiento quejoso, que le causó agravio el laudo reclamado, en virtud de que vulneró lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, al condenarse a su representado al pago de la cantidad de $26,993.71 (veintiséis mil novecientos noventa y tres pesos con setenta y un centavos moneda nacional), por concepto de pago de diferencias reclamado por la actora Aydeé Loya Campaña, en relación a la prima de antigüedad, ya que tal determinación tuvo como sustento el salario integrado que percibía aquélla, no obstante que de conformidad con el artículo 45 de la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, la citada prestación debió cubrirse con base a su salario por cuota diaria, transcribiendo al efecto el contenido de dicho numeral, señalando que lo anterior era consecuencia de su jubilación y que, por tanto, cobraba aplicación el citado precepto legal, concluyendo que le son favorables las consideraciones que se contienen en la sentencia dictada en un diverso juicio laboral ante la misma responsable, bajo el número 317/2002, al que remite en su libelo, al tópico que se analiza. Tales argumentaciones, como ya se indicó, devienen fundadas. En efecto, el laudo reclamado vulneró en perjuicio de la parte demandante las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en cuanto a que ilegalmente condenó al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, al pago de la prima de antigüedad en base al salario diario integrado que demandó Aydeé Loya Campaña, por contravenir lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con el artículo 45 de la Ley del Servicio Civil invocada. Lo anterior es así, por que el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, dispone: ‘Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las prestaciones mencionadas en el artículo 84 ...’. Asimismo, resulta importante destacar, que los artículos 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: ‘Artículo 49. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes: I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración las circunstancias del caso que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo; III. En los casos de trabajadores de confianza; IV. En el servicio doméstico; y V. Cuando se trate de trabajadores eventuales.’. El artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, establece que: ‘Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán: I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese prestado sus servicios; II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados; y III. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el importe de tres meses de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha del depósito hasta que se paguen las indemnizaciones.’. De lo anterior debe concluirse que la prima de antigüedad no es una prestación indemnizatoria, pues no está comprendida en los artículos 49 y 50 de la ley laboral, ni en el contrato colectivo de trabajo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, lo sustentado por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 27, que aparece publicada en la página 18 del Tomo V, parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice de 1995, Séptima Época, con el rubro y texto siguientes: ‘AGUINALDO, SALARIO BASE PARA LA CUANTIFICACIÓN DEL.’ (se transcribe). En la especie, cabe precisar que la prima de antigüedad es una prestación derivada de la relación de trabajo, existiendo características que la diferencian del salario, ya que mientras éste se cubre como contraprestación del servicio prestado, la prima de antigüedad se cubre en razón de tiempo de duración de la relación laboral, sin que sea relevante la manera como ha sido concluida la misma, de tal manera que no le son aplicables a su importe los mismos elementos estructurales del salario que se paga como contraprestación de un servicio, pues la prima de antigüedad se determina de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, que dice: ‘Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de conformidad con las normas siguientes: ... II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 486 ...’. En esta tesitura, de acuerdo con lo dispuesto por los dispositivos que se analizan, debe concluirse que fue incorrecta la consideración de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de condenar a la demandada al pago de la prima de antigüedad, en base al salario integrado, pues contravino lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, ya que, por exclusión, como las citadas prestaciones no son de las señaladas como indemnizatorias, debió calcularse su pago con base al salario nominal; y al no apreciarlo así, la Junta responsable violó en perjuicio de la institución quejosa las garantías de seguridad jurídica y legalidad, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Consecuentemente, procede otorgar la tutela constitucional solicitada por el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, para el efecto de que la Junta responsable, dejando intocado el sentido del laudo impugnado, modifique sólo la condena al pago de la prima de antigüedad, y siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, determine que el pago de esa prestación debe pagarse al trabajador con base en el salario nominal y no en forma integrada, como erróneamente lo determinó. El anterior criterio ha sido sustentado por este Tribunal Colegiado al resolver los diversos juicios de amparo directo en materia laboral números 105/2000, 546/2001, 675/2001, 861/2002, 130/2005, 652/2005, 529/2005-3 y 6/2006."
CUARTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia número P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Para determinar si se cumple con los requisitos de la jurisprudencia citada y así establecer la existencia de la contradicción de tesis que se denuncia, es necesario tomar en cuenta los elementos considerados por los Tribunales Colegiados para resolver, así como realizar una síntesis de las ejecutorias respectivas.
De las copias certificadas remitidas por los respectivos Tribunales Colegiados al presente expediente, se desprende que en los respectivos juicios laborales, los actores trabajadores expresaron como hechos en su demanda laboral, que demandaban del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en un caso y, en otros, del Ayuntamiento de Mexicali, del referido Estado, el pago de diferencias a su favor con motivo de su liquidación por jubilación, ya que en cuanto al concepto de prima de antigüedad la demandada les debió cubrir con base en un salario ordinario y no con base en la cuota diaria.
En los respectivos juicios ordinarios, también aparece que la parte demandada al contestar la demanda, negó acción y derecho a la parte actora para demandar el pago de las diferencias, pues señaló que el accionante recibió en forma correcta el pago de la prima de antigüedad, para lo cual se tomó en consideración el salario por cuota diaria sin integrar prestaciones adicionales, y a partir de ello, el Tribunal de Conc
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19927-38e2194a/prima-de-antiguedad-para-cuantificar-el-pago-relativo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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