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Modo: Corpus Pro

INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS FISCALES QUE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS TRIBUTOS. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS PERMITIDOS Y CONCURSOS. BASE, TASA, MOMENTO DE CAUSACIÓN Y FORMA DE PAGO DEL IMPUESTO PREVISTO EN LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS PERMITIDOS Y CONCURSOS. OBJETO DEL IMPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 156-8 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS, JUEGOS PERMITIDOS Y CONCURSOS. SUJETOS DEL IMPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 156-8 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 181/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19458
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Abril de 2006, , Pág. 372.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 181/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y TERCERO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.

SECRETARIOS: FERNANDO SILVA GARCÍA Y PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, en virtud de que las ejecutorias de las cuales deriva la denuncia, corresponden a la materia administrativa, en cuyo conocimiento está especializada esta Segunda Sala, razón por la cual el asunto es de su competencia originaria.

SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues se formuló por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, ya que establecen que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sostengan tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, pueden denunciar la contradicción, entre otros, los Magistrados que los integren.

TERCERO. Antes de resumir las posiciones interpretativas de los Tribunales Colegiados de Circuito, es pertinente transcribir el precepto legal que, de manera central, ha dado lugar a la denuncia de contradicción de tesis en análisis.

Ley de Hacienda del Estado de Baja California (publicada en el Periódico Oficial No. 37, de fecha 31 de diciembre de 1972, sección XIII, tomo LXXIX).

"Artículo 156-8. Están obligados al pago del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos permitidos y concursos que se celebren en el Estado, las personas físicas o las morales que organicen loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas permitidas y concursos de toda clase, aun cuando por dichos eventos no se cobre cantidad alguna que represente el derecho a participar en los mismos.

"Asimismo quienes obtengan los premios derivados o relacionados con las actividades de juegos con apuestas permitidas.

"Para efectos de este capítulo, cuando en el mismo se haga mención a juegos con apuestas, se entenderá que incluye a las apuestas permitidas, así como a los establecimientos o agencias que reciban información con fines de lucro, en los que se apuesten sobre carreras de caballos, galgos o cualquier otro evento.

"El pago de este impuesto no libera de la obligación de obtener los permisos o autorizaciones correspondientes."

La interpretación del artículo 156-8 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, dio lugar a la denuncia de contradicción de tesis, a partir de las siguientes dos posiciones interpretativas:

Posición 1

El Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió el amparo directo número 202/2005, promovido por Hipódromo de Agua Caliente, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión ordinaria de siete de septiembre de dos mil cinco, por unanimidad de votos, en el sentido de amparar a la quejosa con base en las siguientes consideraciones:

• De la interpretación estricta del artículo 156-8 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, puede sostenerse que las personas que solamente operan: "establecimientos o agencias que reciban información con fines de lucro, en los que se apuesten sobre carreras de caballos, galgos o cualquier otro evento", no son sujetos del impuesto que dicha legislación prevé, puesto que dicho tributo únicamente está dirigido a quienes directamente organicen el evento o la actividad sobre la que recae la apuesta.

• El único hecho generador regulado por la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, es la organización de eventos sobre los que recaen apuestas, por lo que el tercer párrafo del artículo 156-8 de tal legislación no podría interpretarse en el sentido de que introduce una actividad gravada diversa a la que menciona el primer párrafo.

• Que no es posible equiparar las "apuestas permitidas" a los "establecimientos o agencias que reciban información con fines de lucro", y estimar que son términos que quedan incluidos dentro de los "juegos con apuestas", porque esas tres definiciones ("juegos con apuestas", "apuestas permitidas" y "establecimientos o agencias que reciban información con fines de lucro") son cosas diferentes e independientes entre sí.

• La consideración de que el tercer párrafo de la legislación local de mérito que establece que los contribuyentes que operen: "establecimientos o agencias que reciban información con fines de lucro, en los que se apuesten sobre carreras de caballos, galgos o cualquier otro evento" son causantes del impuesto, es violatoria de garantías, máxime que la aplicación de las normas de carácter tributario debe ser estricta cuando la sola literalidad de dichas normas ofrece una respuesta correcta.

Por otro lado, y tomando como premisa dichas conclusiones, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito consideró también que la Ley de Hacienda del Estado, en relación con el artículo 7o. de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de 2004, no establece la tasa, el momento de causación ni la forma del pago del tributo para el grupo de contribuyentes al que pertenece la quejosa, que resultan ser las personas que operan "establecimientos o agencias que reciban información con fines de lucro", tomando en cuenta que la legislación de mérito sólo se refiere al momento de causación del impuesto para quienes organicen juegos permitidos con apuestas.

Posición 2

El Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió el amparo directo administrativo 422/2004, promovido por Libros Foráneos, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil cuatro, por mayoría de votos, en el sentido de negar el amparo a la quejosa, con base en las siguientes consideraciones:

• De acuerdo a una interpretación lógica y congruente del artículo 156-8 de la Ley de Hacienda, el pago del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, juegos permitidos y concursos que se realicen en el Estado, está a cargo de las personas físicas o morales que organicen loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas permitidas, así como concursos de toda clase, incluyendo a las empresas que se dediquen a captar apuestas, es decir, a los establecimientos o agencias que reciban información con fines de lucro, en los que se apuesten sobre carreras de caballos, galgos o cualquier otro evento.

• Que la actividad de la accionante consistente en la captación de apuestas es equiparable a la organización de juegos con apuestas permitidas.

Por otra parte, y tomando como premisa dichas conclusiones, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito estimó que si bien el artículo 156-8 de la Ley de Hacienda del Estado no contiene en su redacción los elementos esenciales del tributo, éstos se desprenden de una interpretación extensiva de los artículos 156-10, 156-11 y 156-12 de dicha legislación, en relación con el artículo 7o. de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de 2004.

CUARTO. De conformidad con lo señalado en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197-A de la Ley de Amparo, que regulan específicamente la hipótesis de tesis contradictorias entre Tribunales Colegiados de Circuito, este Alto Tribunal ha señalado que para que exista contradicción de tesis, es menester que se actualicen los siguientes supuestos:

• Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;

• Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

• Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Lo anterior ha sido sustentado en la jurisprudencia de esta Segunda Sala, número 2a./J. 94/2000, publicada en la página 319, Tomo XII, noviembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."

Este Alto Tribunal observa que sí existe contradicción de tesis, toda vez que los Tribunales Colegiados de Circuito, a partir de la interpretación del artículo 156-8 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, llegaron a conclusiones opuestas en lo relativo a la determinación del método de interpretación adecuado para desentrañar su sentido, así como en lo relativo al sujeto, objeto y demás elementos esenciales del impuesto que dicho numeral regula.

En efecto, en primer lugar, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió que los elementos esenciales del impuesto previsto en el artículo 156-8 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, deben desprenderse a partir de una interpretación estricta de dicho numeral, al considerar que la aplicación de las normas de carácter tributario debe ser exacta cuando la sola literalidad de dichas normas ofrezca la solución del caso. En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito desentrañó los alcances del mencionado dispositivo legal, de entrada, a partir de una interpretación lógica y congruente, por lo que implícitamente consideró que las normas que versan sobre los elementos esenciales de los tributos pueden interpretarse a través de cualquier método de interpretación jurídica, en orden a llegar a descifrar su correcto significado.

En segundo término, mientras el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió que el artículo 156-8 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California establece que las personas que solamente operan "establecimientos o agencias que reciban información con fines de lucro, en los que se apuesten sobre carreras de caballos, galgos o cualquier otro evento", no son sujetos del impuesto que dicha legislación prevé; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió que dicho numeral incluye como sujetos del impuesto a las empresas que se dediquen a captar apuestas, es decir, a los establecimientos o agencias que reciban información con fines de lucro, en los que se apuesten sobre carreras de caballos, galgos o cualquier otro evento.

En tercer lugar, mientras el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió que el artículo 156-8 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, establece que el objeto del impuesto lo constituye la organización de alguna de las actividades descritas en el primer párrafo de dicho precepto, sin contemplar como objeto del tributo a la recepción de información con fines de lucro en los establecimientos en que se apueste sobre carreras de caballos, galgos o cualquier otro evento; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito resolvió que dicho numeral sí establece como objeto del impuesto la recepción de información con fines de lucro, en los establecimientos en que se apueste sobre carreras de caballos, galgos o cualquier otro evento, al estimar que la actividad de la accionante consistente en la captación de apuestas es equiparable a la organización de juegos con apuestas permitidas.

En cuarto y último término, y tomando como premisa dichas conclusiones, el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito consideró que, en todo caso, la Ley de Hacienda del Estado, en relación con el artículo 7o. de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de 2004, no establecen la base, la tasa, el momento de causación ni la forma del pago del tributo para el grupo de contribuyentes al que pertenece la quejosa, que resultan ser las personas que operan "establecimientos o agencias que reciban información con fines de lucro"; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito estimó que si bien el artículo 156-8 de la Ley de Hacienda del Estado no contiene en su redacción los elementos esenciales del tributo, éstos se desprenden de una interpretación extensiva de los artículos 156-10, 156-11 y 156-12 de dicha legislación, en relación con el artículo 7o. de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal de 2004.

De dicha exposición se advierte la existencia de contradicción de tesis sobre los temas enunciados, de lo que resulta necesario determinar:

1. Si al momento en que el juzgador debe aplicar una norma tributaria que prevea elementos esenciales de las contribuciones debe partir, de manera ineludible, de una interpretación literal y estricta de su contenido cuando ésta ofrezca una solución, o bien, si es posible realizar una lectura del dispositivo legal, de entrada, a partir de cualquier método de interpretación jurídica que sea idóneo para descifrar el contenido de la norma respectiva.

2. Si son sujetos pasivos del impuesto previsto en el artículo 156-8 de la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, las personas que, en estricto sentido, organizan el evento o la actividad sobre la que recae la apuesta, o si también quienes operan "establecimientos o agencias que reciban información con fines de lucro, en los que se apuesten sobre carreras de caballos, galgos o cualquier otro evento".

3. Si el objeto del tributo lo constituye únicamente la organización de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase; o también la recepción de información con fines de lucro, en los que se apuesten sobre carreras de caballos, galgos o cualquier otro evento.

4. Si la legislación del Estado de Baja California establece la base, la tasa, el momento de causación y la forma del pago del tributo para los "establecimientos o agencias que reciban información con fines de lucro".

QUINTO. El primer punto de contradicción precisa que este Alto Tribunal deba definir la forma en que deben operar interpretativamente los juzgadores al momento en que se ven en la necesidad de aplicar una disposición fiscal que prevea los elementos esenciales de una contribución.

A ese respecto, esta Segunda Sala ha establecido que los elementos esenciales de las contribuciones son de aplicación estricta, pero que ello no significa que el intérprete no pueda acudir a los diversos métodos que permiten conocer la verdadera intención del creador de aquellas disposiciones, cuando de su análisis literal se genere incertidumbre sobre su significado:

Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002, tesis 2a./J. 133/2002, página 238.

"CONTRIBUCIONES. LAS DISPOSICIONES REFERENTES A SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AUNQUE SON DE APLICACIÓN ESTRICTA, ADMITEN DIVERSOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN PARA DESENTRAÑAR SU SENTIDO. El hecho de que el legislador haya establecido que las disposiciones fiscales que prevén elementos esenciales, como son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a ésta, son de aplicación estricta, no significa que el intérprete no pueda acudir a los diversos métodos que permiten conocer la verdadera intención del creador de aquellas disposiciones, cuando de su análisis literal en virtud de las palabras utilizadas, sean técnicas o de uso común, se genere incertidumbre sobre su significado, ya que el efecto de lo ordenado por el legislador es obligar a aquél a que realice la aplicación estricta de la respectiva hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho que coincidan con lo previsto en ella, una vez desentrañado su alcance."

Este Alto Tribunal observa que el problema jurídico que debe resolverse a partir del primer punto de contradicción está íntimamente conectado con la tesis de jurisprudencia antes transcrita.

Sin embargo, el problema jurídico es distinto, y en cierta medida más específico que el que ha sido resuelto a través de dicho criterio, que llega a traducirse en una continuación del mismo.

El problema jurídico no consiste ahora en determinar si es posible la utilización de los métodos de interpretación jurídica tratándose de los elementos esenciales del tributo, sino en determinar el alcance y la forma operativa de esa permisión para los juzgadores, considerando que las posiciones de los Tribunales Colegiados han puesto de manifiesto que todavía existen puntos inciertos a ese respecto.

Concretamente, se trata de determinar si el juzgador, al momento de definir los elementos esenciales del tributo, debe interpretar la norma, ineludiblemente, a partir de su sentido literal cuando éste ofrezca una solución (cualquiera que sea), de tal forma que sólo deba apartarse de ese sentido gramatical cuando la lectura respectiva genere incertidumbre; o bien, si el juzgador puede apartarse del sentido literal y resolver el asunto, de entrada, a partir de cualquier método de interpretación reconocido por la ciencia jurídica.

Pese a que la materia de la contradicción ha tenido como origen la interpretación de un concreto sistema de tributación local, el problema jurídico antes descrito trasciende a dicha esfera estatal, tomando en cuenta que para resolver esa cuestión no solamente es preciso acudir a la legislación del Estado de Baja California, si se considera que dicho tópico jurídico presenta una relación indisoluble con distintos principios constitucionales.

Por ende, este Alto Tribunal, con el objeto de resolver de manera integral ese punto de contradicción, abordará el tema jurídico desde una perspectiva general, principalmente atendiendo a la normativa constitucional aplicable.

El derecho comparado ha puesto de manifiesto que la idea de una teoría específica de la interpretación de las normas fiscales encontró su base en la concepción de la materia tributaria como un ámbito singular en los ordenamientos jurídicos.

La noción de una singularidad de las leyes tributarias en el mundo del derecho ha sido durante muchos años una communis opinio entre los juristas.

La configuración de un poder tributario como categoría especial, desconociendo que dicho poder no es más que el ejercicio del Poder Legislativo en materia tributaria, o la negación de que el ordenamiento tributario pueda configurar de manera autónoma sus propios conceptos, no constituyen más que dos testimonios significativos de una generalizada resistencia a admitir que la materia fiscal es un simple ámbito más del derecho público.

Parte de la doctrina ha apuntado que los viejos tópicos consagrados en el ordenamiento romano, revigorizado con la recepción operada en Bolonia, junto con una concepción patrimonialista de la hacienda pública, condujeron a la formulación de una teoría interpretativa de las normas tributarias que defendía, como un axioma, el principio de literalidad y su interpretación restrictiva. Concretamente, se entendía que, en esta materia, debían aplicarse criterios específicos diferentes de los aplicables en la interpretación de las restantes normas jurídicas, debido a su originaria y especial naturaleza jurídica.

Desde cierta óptica, es representativa de dichas ideas la siguiente tesis de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Quinta Época. Instancia: Sala Auxiliar. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXIII, página 799.

"LEYES FISCALES, INTERPRETACIÓN DE LAS. De acuerdo con la doctrina jurídica no es posible interpretar la norma tributaria sino respetando la voluntad de la ley, que se traduce en la creación de la figura jurídica tributaria; si ésta no ha sido perfilada claramente, entonces debe afirmarse que el tributo no existe, pues la interpretación debe ser estricta en cuanto a la existencia de la situación jurídica sujeta al tributo; tal principio ha sido aceptado por nuestra legislación, toda vez que el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación previene que las normas de derecho tributario, que establezcan cargas a los particulares, serán de aplicación restrictiva."

A ese respecto, la doctrina jurídica ha establecido que a principios del siglo XX, los exponentes de esa concepción consideraban a las normas tributarias como fruto de la supremacía del poder político. Se consideraba que el Estado, en esa esfera, no estaba sujeto más que por sus propios criterios discrecionales: la norma tributaria no era más que una norma excepcional de poder.

La superación de esa añeja concepción se ha hecho coincidir con la aparición, en el año de 1932, de una obra fundamental para el derecho tributario (Vanoni. Naturaleza e Interpretación de las Leyes Tributarias), que asentó el movimiento renovador de los estudios tributarios, a partir de la reivindicación de la juridicidad de las normas de esa índole (Véase, entre otros, Martín Queralt, Juan; Lozano Serrano, Carmelo; Tejerizo López, José M.; Casado Ollero, Gabriel. Curso de Derecho Financiero y Tributario, 16a. ed. Madrid, Tecnos, 2005, p. 169. También en Pérez De Ayala José; González, Eusebio. Derecho Tributario I. Salamanca. Plaza Universitaria Ediciones, 1994, p. 163.)

Para afirmar esa juridicidad se parte de que la norma tributaria es un mandato con eficacia social organizadora, en el que concurren los caracteres propios de toda norma jurídica, es decir:

a) La existencia de una voluntad, proveniente del o de los órganos a quienes las normas sobre la producción normativa hayan atribuido facultades de creación del derecho.

b) El nacimiento de una obligación (positiva o negativa) o una autorización, vinculadas a una determinada situación de hecho.

c) La imposición de una determinada sanción a aplicar en los supuestos de incumplimiento del mandato normativo.

Si la norma tributaria es norma jurídica, no tiene más singularidad que la que le confiere su propio contenido, de lo que deriva que, en principio, los métodos a utilizar en su interpretación deban ser los mismos que son aplicables, con carácter general, en la interpretación de cualesquiera otras normas.

Esa conclusión encuentra todavía mayor sustento tratándose de la interpretación jurisdiccional de las leyes tributarias, si se toma en cuenta que los órganos competentes constitucionalmente para decir el derecho en materia fiscal son los órganos jurisdiccionales y no el legislador.

La interpretación jurídica ha sido objeto de una evolución que se inició con la concepción tradicional que, en Europa, llegó al extremo de prohibir a los Jueces que interpretasen las disposiciones legislativas, las que debían aplicar de manera mecánica, ya que establecer su significado correspondía en último grado al órgano legislativo que las había expedido.

En ese sentido, especialmente tuvieron gran peso las ideas expresadas por Carlos Luis de Secondat, barón de Montesquieu, en su obra clásica El Espíritu de las Leyes, en el sentido de que: "... los Jueces de la nación, como es sabido, no son ni más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma ...", consecuente con lo anterior, estimaba que de los tres poderes, "el juzgar es casi nulo ...", lo que equivalía a sostener que no era un verdadero poder.

Con la obra codificadora de los comienzos del siglo XIX se creyó llegado a la perfección el terreno legislativo, se pensó que el juzgador estaba obligado a aplicar la ley en sus términos, de manera que sólo en los casos excepcionales en que existiera duda sobre su alcance, se le otorgaba, con renuencia, la facultad de interpretarla.

La realidad se ha encargado de desvanecer esa ilusión, comenzándose a superar la figura del juzgador como un aplicador automático de las disposiciones legislativas, a la manera de una verdadera máquina silogística.

La doctrina contemporánea es casi unánime en subrayar que no es posible la aplicación textual de una norma jurídica a los casos concretos de la experiencia, sin que previamente se hubiese interpretado.

El acto de aplicación presupone el conocimiento de la regla que se trata de aplicar y, por ende, la indispensable labor de interpretación.

La aplicación de la norma jurídica tiene normalmente su premisa indispensable en la interpretación, en virtud de que su correcta inteligencia garantiza también la recta aplicación de la norma al caso concreto.

La función judicial es una actividad dinámica, puesto que la aplicación de las disposiciones normativas abstractas a los casos concretos de la realidad, forzosamente tiene que presuponer una labor interpretativa, indispensable para adecuar el mandato genérico a las modalidades específicas, infinitamente variables, de la práctica.

La experiencia ha evidenciado que el Juez no puede materialmente limitarse a interpretar y aplicar el derecho a través de un silogismo simple o silogismo judicial, cuya premisa mayor está constituida por la norma abstracta en su apreciación textual, la premisa menor por los supuestos de hecho, y la conclusión por la aplicación del mandato legal al caso particular.

Los órganos jurisdiccionales aplican el derecho dentro de la sociedad, no fuera de ella, de lo que deriva que, de hecho, la decisión jurisdiccional no pueda constituir una simple aplicación mecánica del derecho, si se toma en cuenta que no consiste solamente en una constatación de éste que nada agregue al orden jurídico.

Aceptar lo contrario llevaría a confundir lo abstracto con lo concreto y desconocer el movimiento dialéctico que opera por el fenómeno de la concreción de las normas. Si la tesis (norma abstracta), produjera una antítesis (norma concreta), y la síntesis no fuera otra cosa que el regreso a la tesis original, carecería de significación jurídica calificar a la jurisdicción como una de las funciones materiales del Estado, en tanto que nada estaría aportando ni en lo abstracto ni en lo concreto. Lo cierto es que al pasar de la antítesis a la síntesis se produce una nueva situación jurídica, diferente de la inicial, porque la sentencia no es idéntica a la norma en que se funda, al interpretarla y, en ocasiones, integrarla.

Esa línea de pensamiento es acorde a la jurisprudencia de este Alto Tribunal que a continuación se transcribe:

Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, abril de 1991, tesis 3a./J. 18/91, página 24.

"LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA. Si bien es cierto que la interpretación y aplicación de las normas impositivas es estricta, también es cierto que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento estricto de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretación, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra índole, y un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en función a los demás ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico; sin que ello implique que en materia impositiva una interpretación estricta pero al fin y al cabo interpretación, vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistemática no viola el principio de interpretación y aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, constitucional."

También es citable la siguiente tesis de este Alto Tribunal:

Séptima Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación,Volumen 82, Tercera Parte, página 31.

"LEYES FISCALES QUE IMPONEN CARGAS A LOS PARTICULARES, INTERPRETACIÓN DE. En el artículo 11 del Código Fiscal vigente, que dispone la aplicación estricta de las normas tributarias que señalan cargas a los particulares, se abandonó el principio de aplicación ‘restrictiva’ del precepto relativo del código anterior, y actualmente el intérprete debe buscar un equilibrio entre los intereses de los particulares y los del Estado, utilizand

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19458-9bdb4ea1/interpretacion-de-las-normas-fiscales-que-establecen-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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