PREDIAL. EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO OTORGADO CONTRA EL ARTÍCULO 21 BIS-8 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 206/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, PRIMERO Y SEGUNDO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIA: PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente legalmente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero y cuarto, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de veintiuno de junio de dos mil uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve siguiente, en virtud de que se trata de la denuncia de una posible contradicción de criterios propios de la materia fiscal, la cual se encuentra inmersa en la materia administrativa que es de especialidad de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo cual se estima que corresponde a ésta su resolución.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, órgano jurisdiccional que dictó las sentencias correspondientes a los amparos en revisión números de expedientes 434/2005 y 692/2005, cuyas consideraciones estima están en contradicción con lo sostenido por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos de la misma materia y circuito en las ejecutorias dictadas por el primero de los citados órganos jurisdiccionales en los expedientes números 255/2005, 294/2005 y, por lo que hace al segundo de los órganos jurisdiccionales mencionados, la sentencia dictada en el amparo en revisión número de expediente 95/2005.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, resolvió el amparo en revisión administrativa 434/2005-I, promovido por José Luis Barragán Villarreal, en sesión de catorce de octubre de dos mil cinco, fallado por unanimidad de votos, con voto concurrente del señor Magistrado Jesús R. Sandoval Pinzón, en el siguiente sentido:
"PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Barragán Villarreal, contra las autoridades responsables señaladas y por los actos reclamados descritos en el resultando único de la presente ejecutoria. La protección constitucional se concede para los efectos precisados en la parte in fine del considerando último de este fallo."
La parte medular de las consideraciones que sostuvo dicho órgano colegiado, son las siguientes:
"QUINTO. No serán objeto de estudio en la presente ejecutoria, los agravios que hace valer el secretario de finanzas y tesorero municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, en virtud de que el recurso de revisión por él interpuesto debe desecharse por las razones que a continuación se precisan. La parte quejosa en la demanda de amparo, reclamó de las autoridades responsables Congreso del Estado de Nuevo León, gobernador del Estado, secretario general de Gobierno, secretario de finanzas y tesorero general del Estado, la inconstitucionalidad de los actos inherentes al proceso legislativo que dio origen a los decretos de creación y de reformas a la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León y de la Ley del Catastro local, específicamente en cuanto a los artículos 21 bis-2, 21 bis-8 y 21 bis-9, del primer ordenamiento legal, y 5o. del segundo. Asimismo, de la autoridad responsable ejecutora secretario de finanzas y tesorero municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, impugnó los actos de aplicación de las leyes y decretos combatidos, tales como ‘la determinación, cobro y recepción de pago del impuesto predial que se reclama ...’ correspondiente al ejercicio de dos mil cinco por los inmuebles de su propiedad identificados con los expedientes catastrales 16-053-005, 16-053-006, 16-053-008, 16-053-009, 16-053-010, 16-053-013, 16-053-014, 16-053-016, 16-053-020, 16-053-026, 16-053-029, 16-053-032, 16-053-043, 16-053-045, 16-053-047, 16-053-049. Del análisis a los conceptos de violación esgrimidos por la impetrante, se observa, que éstos los dirige a combatir la inconstitucionalidad de los preceptos aludidos, sin hacer valer reclamo alguno con respecto a vicios propios de los actos de ejecución de tales preceptos que imputara a la autoridad recurrente, sino que su impugnación la hizo depender de la correspondiente a los ordenamientos legislativos controvertidos y, por tanto, es de concluirse que se señalaron como tales sólo para evidenciar el primer acto concreto de aplicación de estos últimos, necesario para acceder a la vía extraordinaria. El a quo al dictar la sentencia que se pretende someter a revisión, declaró la inconstitucionalidad del artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, porque consideró que tal precepto infringía el principio tributarios de equidad contenidos (sic) en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La concesión de la protección constitucional fue con respecto a los actos de expedición, promulgación, publicación y refrendo de los decretos combatidos, y para el efecto de que ‘mientras esté vigente en su forma actual la disposición tributaria que ha sido declarada inconstitucional, el quejoso tribute y le sea determinado el impuesto predial conforme a la tasa general dispuesta en el primer párrafo del artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda, de dos (2) al millar, respecto de los predios sin construcción propiedad del impetrante de amparo, y en su caso, le sea devuelta por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, la cantidad que la quejosa haya enterado por concepto de impuesto predial de terrenos baldíos excediendo la referida tasa de dos (2) al millar’ (efectos contra los que la parte quejosa se inconforma en el recurso que en esta misma ejecutoria se resuelve). Como se ve, la protección constitucional se concedió en cuanto a los actos inherentes al proceso legislativo del decreto reclamado a las autoridades ordenadoras, esto es, Congreso, gobernador constitucional, secretario general de Gobierno y secretario de finanzas y tesorero general, responsable del Periódico Oficial de Gobierno, todos del Estado de Nuevo León, y se hizo extensiva la concesión a la autoridad ejecutora secretario de finanzas y tesorero municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, que interpone el presente recurso como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad del artículo impugnado, y únicamente en lo que respecta a sus actos de aplicación. De lo que se sigue, que al haberse concedido el amparo con motivo de la inconstitucionalidad de la ley y no por vicios propios de los actos de aplicación, es claro que la sentencia recurrida no afecta directamente el acto que se reclamó de la autoridad ejecutora secretario de finanzas y tesorero municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, por lo que carece de legitimación para promover el medio de defensa de mérito. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, en un juicio de garantías en contra de una ley o reglamento local o municipal en el que el Juez de Distrito concedió la protección constitucional por considerar inconstitucional el precepto legal combatido, las únicas autoridades que pueden interponer recurso de revisión, son las expedidoras o promulgadoras de la ley o quien represente a estas últimas en los términos de las disposiciones de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, entre las que no se encuentra la citada autoridad secretario de finanzas y tesorero municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, ya que en términos del artículo 85 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, es el gobernador del Estado el que promulga las leyes. A más de lo anterior, no puede considerarse que la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad del precepto legal combatido afecte directamente el acto que se reclamó de la precitada autoridad ya que, como se dijo, la protección constitucional se otorgó por considerarse que el numeral impugnado antes referido era contrario a un precepto constitucional, y no porque los actos de aplicación atribuidos a la recurrente adolecieran de vicios propios. De ahí que es inconcuso que las únicas autoridades que podrían expresar agravios en contra de la sentencia de amparo, serían las autoridades responsables de quienes emanó la norma legal declarada inconstitucional. De lo que se colige, que al haberse concedido el amparo con motivo de la inconstitucionalidad del numeral descrito, y no por vicios propios de los actos de aplicación, es claro que la sentencia recurrida no afecta directamente el acto que se reclamó de la autoridad ejecutora recurrente por lo que es evidente que carece de legitimación para promover el actual medio de defensa y, por ende, el mismo debe desecharse. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página ciento sesenta y uno, Volúmenes 145-150, Primera Parte de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: ‘REVISIÓN. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMIDAD PARA INTERPONERLA, EN RELACIÓN AL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD.’ (se transcribe). Lo decidido no varía, ni aun considerando que en los agravios que se plantean por la actual recurrente, se hicieren valer causas de improcedencia del juicio de amparo, pues con independencia de ello, lo primero que debe verse a efecto de dar curso a un medio impugnativo enderezado contra una sentencia como la de trato, y en su caso, atender a tales planteamientos, es la legitimación de la parte inconforme para solicitar su revisión. Apoya a lo antes expuesto, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior conformación, publicada en la página trescientos cincuenta y cinco, Volúmenes 217-228, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘REVISIÓN. LAS AUTORIDADES EJECUTORAS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA EN AMPARO CONTRA LEYES, AUN CUANDO SÓLO INVOQUEN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe). No es óbice a lo anterior, que por acuerdo de presidencia de nueve de septiembre de dos mil cinco se haya determinado que este Tribunal Colegiado asume competencia para emitir el fallo respectivo, toda vez que las determinaciones contenidas en tales autos constituyen un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las facultades que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que son resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente y, por ende, no causan estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva su competencia, así como la procedencia de la demanda de amparo o del recurso previamente admitidos por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, en plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto. Resulta de aplicación exacta al caso, la tesis de este Tribunal Colegiado número IV.3o.A.4 K, publicada en la página 1680 del Tomo XX, correspondiente al mes de julio de 2004, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: ‘AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO.’ (se transcribe). En consecuencia, procede el desechamiento del recurso interpuesto por la citada autoridad municipal. SEXTO. No será materia de estudio en la presente ejecutoria, el sobreseimiento que decretó el a quo en su resolutivo primero, regido por los considerandos tercero y quinto, por lo que hace a: a) Los actos reclamados al director de catastro en el Estado de Nuevo León, por sí y en su carácter de presidente de la Junta Central Catastral, por cuanto negó la actuación imputada, sin que fuera desvirtuada dicha negativa por la quejosa; b) Por lo que se refiere al artículo 21 bis-8, en sus párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, decretado en virtud de que siendo una norma de carácter heteroaplicativa, correspondía a la parte quejosa acreditar la actualización de los supuestos jurídicos en ellos previstos, mediante actos concretos de aplicación, lo cual no aconteció en el caso; y, c) En lo tocante a los artículos 21 bis-9, fracciones II, III, V, VI, VIII, IX, X y XI de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, que se dictó por no hacer valer la quejosa en su contra, concepto de violación alguno. Asimismo, no será materia de la presente ejecutoria la negativa del amparo que estableció el Juez de Distrito en el punto resolutivo segundo, consideraciones que le dan origen y dejó plasmadas en el considerando séptimo, únicamente en cuanto a la inconstitucionalidad reclamada de los artículos 21 bis-2 y 21 bis-9, fracción IV, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León y 5o. de la Ley del Catastro estatal. Por último, tampoco se entrará al análisis de lo establecido por el a quo en el considerando segundo, en cuanto a la delimitación o precisión de los actos reclamados en la vía de amparo biinstancial. Lo anterior es así, debido a que tales determinaciones no aparecen combatidas por parte legítima, en cuya virtud, deben quedar firmes. Fía lo así considerado, la jurisprudencia 3a./J. 7/91, perteneciente a la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legible en la página sesenta, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que prescribe: ‘REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.’ (se transcribe). SÉPTIMO. En el presente considerando se dará contestación a los agravios vertidos por el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León. En su agravio primero, la recurrente afirma que, en relación con el artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, no existe algún perjuicio a los intereses jurídicos de la parte quejosa, por lo que al actualizarse las causales de improcedencia previstas en las fracciones V y VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debió decretar el sobreseimiento del juicio de garantías. Al respecto, la recurrente realiza diversos comentarios que, aduce, tanto la doctrina como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han establecido respecto de las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas; asimismo, reproduce los preceptos de la Ley de Amparo que estima conducentes y relacionados con el interés jurídico para la procedencia del juicio de amparo. Las afirmaciones previamente reseñadas, en principio devienen inoperantes al no controvertir quien recurre, los motivos y fundamentos legales con base en los cuales se desestimó por el a quo, en el considerando sexto de la sentencia impugnada, la actualización de la causal de improcedencia que ve a la ausencia de interés jurídico de la parte quejosa para promover el juicio de amparo. En efecto, sostuvo el a quo, en relación con la causal de improcedencia expuesta, entre otros, por el gobernador del Estado de Nuevo León en su informe justificado, en el sentido de no existir un acto concreto de aplicación de las normas reclamadas y que, por ende, la parte quejosa no contaba con interés jurídico para promover el juicio de garantías, que era infundada, toda vez que del análisis al artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo así como de la doctrina jurisprudencial, se conocía que era presupuesto, para la procedencia de la acción de amparo, que el acto o ley reclamados causaran un perjuicio al quejoso o agraviado. Que en la especie, el peticionario del amparo allegó al juicio de garantías copias certificadas de los recibos oficiales de pago del impuesto predial cuestionado correspondiente a los predios baldíos ubicados en el Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, expedidos a su favor el veintiocho de enero de dos mil cuatro, con los que acreditaba el acto de aplicación del gravamen, así como la afectación de las normas combatidas, que al no ser impugnados ni objetados por las autoridades responsables, conducía a considerar que sí contaba con interés jurídico para acudir a la instancia constitucional, al demostrar el quejoso el acto concreto de aplicación del tributo reclamado, así como la consiguiente afectación a su interés jurídico. En apoyo a su determinación el a quo invocó la jurisprudencia número 1/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.’. Consideraciones que al no ser impugnadas en forma alguna por la revisionista, hacen manifiesta la inoperancia de sus manifestaciones, acorde con la tesis de jurisprudencia XIX.2o. J/5, Gaceta Número 85, página 95, de la Octava Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito; consultable en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, tesis 595, página 395, que a la letra dispone: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. EN EL RECURSO DE REVISIÓN.’ (se transcribe). No obstante ello, su pretensión deviene infundada, ya que contrario a lo afirmado por la responsable recurrente, en el caso no operan las causas de improcedencia que invoca. En efecto, el dispositivo 73 de la ley de la materia, en sus fracciones V y VI, prevé lo siguiente: (se transcribe). Al respecto, conviene precisar la procedencia del juicio de amparo contra normas generales, partiendo de un análisis diverso a la naturaleza de éstas para así determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse. En ese ámbito se clasifican de la siguiente forma: Leyes autoaplicativas: que se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna. Dichos ordenamientos pueden reclamarse en dos distintos momentos: el primero, dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entran en vigor, según lo previsto en el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo; y, el segundo, dentro de los quince días siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas en el artículo 21 de la legislación de la materia. Leyes heteroaplicativas: que se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. Las mismas pueden impugnarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, que es dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Esto es, sólo puede cuestionarse su constitucionalidad ante la actualización de su primera aplicación concreta y real en perjuicio del gobernado, y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Esta limitante se explica en razón de que la sentencia que se dicte en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, y en relación con todos los actos posteriores de materialización, ya que no puede aceptarse la procedencia de tantos juicios de amparo contra una ley, cuantos actos de concreción existen en su perjuicio, a fin de evitar la litispendencia y la discordancia de sentencias y, especialmente, para obtener el respeto de la cosa juzgada. Refleja lo anterior, la jurisprudencia número 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, Tomo VI, julio de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’ (se transcribe). En el caso, el peticionario de garantías impugnó, a más de otros preceptos de carácter secundario, el 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios de los Estados de Nuevo León, otorgándole el carácter de heteroaplicativo, por lo que dedujo la vía constitucional a partir de un acto específico de aplicación que, acorde con su dicho, tuvo lugar el veintiocho de enero de dos mil cinco, cuando compareció a la Tesorería de San Pedro Garza García, Nuevo León, y cubrió el pago correspondiente al impuesto predial a su cargo respecto de los bienes inmuebles que refiere en su demanda de amparo. Frente a dichas afirmaciones, lo trascendental es dilucidar que efectivamente haya acaecido el señalado primer acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, que irrumpiera en la esfera jurídica del quejoso y que lo legitimara para gestionar en su favor el amparo y protección de la Justicia de la Unión, de conformidad con lo previsto en el precepto 114, fracción I, de la ley de la materia y en la jurisprudencia 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos treinta y cinco, Tomo XII, agosto de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que informa: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.’ (se transcribe). Del análisis a las constancias procesales que obran en el sumario principal 347/2005, en particular de los recibos de pago con números de folio 475939, 475940, 475941, 475942, 475943, 475944, 475945, 475946, 475947, 475948, 475949, 475950, 475951, 475952, 475953, 475955, emitidos por la Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, por concepto de pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil cinco, respecto a los bienes inmuebles correspondiente a los expedientes catastrales 16-053-005, 16-053-006, 16-053-008, 16-053-009, 16-053-010, 16-053-013, 16-053-014, 16-053-016, 16-053-020, 16-053-026, 16-053-029, 16-053-032, 16-053-043, 16-053-045, 16-053-047, 16-053-049, con fecha de recepción todos de veintiocho de enero de dos mil cinco, documentos que gozan de pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia, se advierte que la parte quejosa acudió el día mencionado ante la Tesorería Municipal de Monterrey, y efectuó el pago del impuesto predial combatido concerniente al ejercicio fiscal de dos mil cinco, respecto del bien inmueble consignado en el expediente catastral antes referido. Lo anterior demuestra que, en oposición a lo alegado en vía de agravios, el quejoso sí acreditó en juicio el primer acto de aplicación en su perjuicio del artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda Municipal local, en el que se determina la tasa aplicable a la base del impuesto predial, ya sea para los predios con construcción, o bien, para los terrenos baldíos, por lo que, en esa virtud, es inconcuso que al clasificar los bienes y determinar el importe del tributo en comentario, la autoridad municipal receptora tuvo que materializar en forma indefectible la aplicación de tal disposición normativa, originando además un impacto en la esfera jurídica de la parte quejosa. De ahí que no se actualicen las causas de improcedencia aducidas y el agravio resulte infundado. En su segundo agravio, la recurrente asevera, que es ilegal la resolución que por este medio controvierte, debido a que el juzgador declaró la inconstitucionalidad del artículo 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, sin fundamentar o motivar su decisión, dado que no existe, aduce, un razonamiento lógico-jurídico que explique detalladamente las causas que lo condujeron a pronunciarse sobre la supuesta inequidad de tal norma, sino únicamente apreciaciones dogmáticas que no integran supuesto alguno previsto constitucional o legalmente. Agrega, que con independencia de lo anterior, la estimación del Juez de Distrito es inexacta, porque si bien es cierto que en el precepto en cita se establece una tasa distinta para los predios baldíos según su ubicación, así como para los predios con un área de construcción, lo cierto es que es erróneo sostener que tal situación provoca inequidad, ya que aun cuando el sujeto de la contribución (persona física o moral) se encuentra en una misma categoría, no ocurre lo mismo con el objeto (predio), pues la tasa dependerá de las características particulares de cada inmueble, es decir, sus dimensiones y si se trata de un lote baldío o con construcción, y que tampoco puede decirse que la base de la contribución (valor catastral) siempre debe ser la misma, pues el valor por metro cuadrado varía en determinados Municipios y, por tanto, resulta obvio que con el fin de respetar el principio de equidad tributaria, el legislador estableció distintas tasas en atención al sujeto, objeto y a la base de la contribución. Tales motivos de inconformidad son infundados. Esto es así, pues del examen a las consideraciones jurídicas que sirven de sustento a la sentencia debatida, se observa que no es cierto que el Juez de Distrito otorgara la protección de la Justicia Federal sin fundamentar y motivar su decisión, toda vez que los razonamientos que al efecto expuso, amén de ser acordes a derecho, cumplen cabalmente con tales requisitos constitucionales. Se dice lo anterior, ya que el resolutor de primer grado expuso inicialmente, luego de reproducir los artículos 21 bis, 21 bis-1 y 21 bis-8 de la ley hacendaria municipal, qué constituía el objeto del impuesto predial y quiénes eran los sujetos de dicho tributo, así como qué debía entenderse por objeto y sujeto como elementos de una relación tributaria. Explicó el alcance jurídico que tienen los principios de equidad y de proporcionalidad, tratándose del pago de tributos. Luego, aseguró que el dispositivo sujeto a estudio se aparta de tales máximas, en la medida de que las cuotas diferentes que establece y que obligan a pagar mayor tasa del impuesto predial a quienes son propietarios o poseedores de predios baldíos ubicados en la zona metropolitana, en relación con aquellos que se encuentran fuera de esa superficie, coloca al quejoso en un plano de desigualdad, pues establece una doble tasa para una misma categoría de contribuyentes, sin que para ello exista una justificación legal, ya que en ambos casos la causa generadora del tributo lo es la propiedad o posesión del terreno baldío y la base gravable lo constituye ese derecho; que aunado a lo anterior, con dicha doble tasa, no se atiende a la capacidad contributiva de los gobernados. Para apoyar sus consideraciones citó la tesis de rubro: ‘PREDIAL. EL ARTÍCULO 21 BIS-8 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD.’. Como se dijo, dichos argumentos legales son aptos para advertir que el Juez de Distrito sí fundó y motivó su resolución, y además se tornan sustancialmente válidos para soportar la concesión del amparo ahora discutida por la autoridad disconforme, pues como se aprecia, con el fin de sustentar la razón de su razonamiento, el a quo, después de acudir a la transcripción de los artículos 21 bis, 21 bis-1, y 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, precisó que el objeto del impuesto predial lo constituía tanto la propiedad como la posesión de los inmuebles baldíos ubicados en los distintos Municipios de esa entidad federativa. Asimismo, que por sujetos del tributo se deben comprender tanto los propietarios como los poseedores de dichos inmuebles. En efecto, precisó el Juez de Distrito, que para poder estar en aptitud legal de determinar si el numeral controvertido resultaba o no ser violatorio de los principios de proporcionalidad y de equidad tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, era preciso acudir a lo que debía entenderse por objeto y sujeto como elementos de una relación tributaria, precisando para cada caso lo que debía entenderse por cada uno de dichos conceptos, lo que hacía incuestionable que el precepto 21 bis-8 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, era violatorio de los principios de equidad y de proporcionalidad tributarios. Cierto, contrariamente a lo afirmado por la autoridad impugnante, dicho dispositivo sí transgrede los aludidos postulados constitucionales al no existir justificante alguna para estimar que los propietarios o poseedores de predios baldíos ubicados dentro o fuera de los Municipios que comprenden a la zona metropolitana de este Estado, se encuentren en situación tributaria distinta en cuanto al motivo de causación de los demás propietarios o poseedores de predios también baldíos ubicados en los demás Municipios que conforman a esta entidad federativa. Esto se afirma, en virtud de que en ambos casos, la causa generadora del tributo lo es la propiedad o la posesión del terreno baldío de que se trate y la base gravable lo constituye precisamente ese derecho (propiedad o posesión). Además, con esa doble tasa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19453-fcea8060/predial-efecto-de-la-concesion-del-amparo-otorgado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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