ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIGENTE EN 2003 Y 2004, QUE ESTABLECE EL IMPUESTO RELATIVO, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA, ÚNICAMENTE POR CUANTO HACE A LOS TRABAJADORES A QUE SE REFIERE EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO OTORGADO EN CONTRA DEL ARTÍCULO 28 BIS-1, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: DAVID RODRÍGUEZ MATHA.
CONSIDERANDO:
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito resolvió negar el amparo solicitado al considerar que los artículos impugnados no eran violatorios del artículo 31, fracción IV, constitucional; en este sentido se transcribe únicamente lo aducido por dicho órgano jurisdiccional en el amparo en revisión 72/2005, en virtud de que en los amparos en revisión 686/2004 y 752/2004 se sustentaron similares consideraciones.
"Amparo en revisión 72/2005.
"QUINTO. Por falta de impugnación quedará intocada la determinación del Juez Federal que sobreseyó en el juicio de garantías, respecto del presidente municipal y el síndico segundo, ambos en representación del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, quienes negaron la existencia de los actos reclamados, sin que los quejosos desvirtuaran dicha negativa.
"SEXTO. Los agravios que formula la autoridad recurrente Gobernador Constitucional del Estado, son en parte infundados y, en otra, fundados, con base en las consideraciones siguientes:
"Del contenido integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la discusión y aprobación de los artículos 28 bis y 28 bis-1 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, por la omisión del Ayuntamiento de Santa Catarina a dar cumplimiento al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal y al segundo transitorio del decreto que reformó el referido artículo 115, mediante publicación de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, amén de que en el proceso legislativo se omitió aprobar las tasas y tarifas aplicables para el cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles en el plazo de un año, contado a partir de la reforma al mencionado artículo 115, fracción IV, así como la omisión de reformar los artículos 28 bis y 28 bis-1 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, para adecuarlos a lo dispuesto a dicho precepto y fracción.
"El Juez de Distrito al resolver en definitiva, determinó, en lo que es materia, otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, por estimar que el artículo 28 bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, no se ajustaba a lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna.
"Ahora, aduce la autoridad recurrente en el primer agravio, que el a quo debió advertir oficiosamente que en el caso se actualizaban las causas de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, porque aun en el supuesto de que la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, no contemple un procedimiento a través del cual los Ayuntamientos propongan al Congreso del Estado, las cuotas y tarifas aplicables al impuesto sobre adquisición de inmuebles, ello no perjudica a la quejosa, sino al Ayuntamiento del Municipio correspondiente; máxime que, la Constitución Política de esta entidad federativa regula la manera en que la autoridad pública (como los Ayuntamientos), pueden proponer al legislador lo que considere necesario para reformar una ley o bien, modificarla.
"Son infundados los argumentos de la revisionista, en virtud de que tratándose de amparo contra leyes, para acreditar la afectación a la esfera jurídica del quejoso, sólo es necesario ubicarse en el supuesto previsto por la ley impugnada, por lo que si en el caso, se reclamó como heteroaplicativa la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, y concretamente los artículos 28 bis y 28 bis-1; por lo que, para justificar el interés jurídico, es suficiente que la impetrante demuestre haber efectuado el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, situación que aconteció en el caso, porque a foja 15 del expediente de amparo, se encuentra el recibo oficial expedido por la Tesorería Municipal de Santa Catarina, Nuevo León, a favor de Juan Pablo Raigosa Treviño, relativo al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, fechado el uno de septiembre de dos mil cuatro, respecto del inmueble cuyo expediente catastral ahí se indica, con lo que se demuestra el primer acto concreto de aplicación de la ley tachada de inconstitucional.
"Sirven de apoyo a lo expuesto, las jurisprudencias 176 y 179, sustentadas por el Tribunal Pleno de la Corte Suprema del país, consultables en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo I, Materia Constitucional, páginas 176 y 179, del tenor literal siguiente: ‘INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES.’ (se transcribe).
"‘INTERÉS JURÍDICO, COMPROBACIÓN DEL.’ (se transcribe).
"De igual forma, es inoperante la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 107, fracción II, de la Carta Magna, toda vez que la omisión de proponer al Congreso del Estado las tablas de valores y las tasas para el cobro del impuesto sobre adquisiciones de inmuebles por parte del Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León; no tiene como consecuencia inmediata y necesaria la inconstitucionalidad del artículo 28 bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, porque dicha potestad otorgada a los Municipios no es obligatoria ni trasciende al proceso legislativo y, en todo caso los conceptos de violación esgrimidos en torno a la omisión que se comenta son inoperantes y de ningún modo generan el sobreseimiento del juicio; porque de cualquier forma el gravamen subsiste así como las tablas de valores y las tasas propuestas y aprobadas en años anteriores y en base a ellas se cobró el impuesto al quejoso quien sí tiene interés en combatir por estas razones el gravamen de que se trata. Luego, no se actualiza la causal propuesta por la autoridad.
"Las anteriores ideas están inmersas en la jurisprudencia por contradicción de tesis que se invocará posteriormente.
"No existiendo ninguna otra causal de improcedencia hecha valer por la recurrente; procede examinar los agravios vinculados con el fondo del amparo; lo que se hará enseguida.
"SÉPTIMO. En el punto tres del primer agravio, se esgrime que la resolución recurrida es ilegal, en la medida en que declaró la inconstitucionalidad del numeral 28 bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, con base en una interpretación equívoca del artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna.
"Que lo anterior es así, debido a que del citado dispositivo constitucional, armonizado con las disposiciones transitorias segunda y quinta del decreto de reformas, publicadas el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve al indicado artículo 115, así como del precepto 119 de la Constitución Local y del tercero transitorio del decreto que adecuó esta última disposición a las reformas de la Ley Suprema; se advierte que corresponde a los Ayuntamientos ‘proponer’ a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria; de tal suerte que la omisión de los Ayuntamientos de proponer esos elementos del tributo (en caso de que hubiere acontecido), no implica que el Congreso del Estado no haya respetado las cuotas y tarifas del impuesto sobre adquisición de inmuebles, porque es finalmente la Legislatura Estatal a quien le corresponde aprobar, mediante una norma de carácter general, las cuestionadas cuotas y tarifas, a fin de respetar el principio de legalidad que rige en materia tributaria; en otras palabras, se reitera que la facultad de los Ayuntamientos para proponer al Congreso las tablas de valores y tarifas, es solamente eso, una atribución y no una obligación imperativa e ineludible.
"Añade la inconforme, que si bien es cierto que con motivo de la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, la Legislatura Local realizó adecuaciones a la Constitución del Estado y a la Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León, ello no implica que el Congreso Local tuviese que adecuar las tasas aplicables para el cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles, puesto que la interpretación sistemática de las reformas, revela que la Constitución General de la República, otorgó a las Legislaturas Locales, en coordinación con los Municipios, la facultad de realizar las adecuaciones correspondientes a las tasas que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, cuando así lo determinaran las propias legislaturas y los Municipios ‘en caso’ de que lo consideraran necesario. En ese sentido, alega la recurrente, si el Congreso del Estado de Nuevo León y los Municipios, una vez realizadas las adecuaciones a los valores unitarios de suelo y construcciones, no estimaron necesario adecuar las tasas aplicables para el cobro del impuesto sobre adquisición de inmuebles, por considerar que no se provoca inequidad o desproporcionalidad alguna con el aumento de valor, ninguna violación a lo establecido por el artículo 115 constitucional, se produjo.
"Las argumentaciones anteriores son esencialmente fundadas.
"El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por el que se reformó el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, así como el artículo quinto transitorio, textualmente dice:
"‘Artículo 115.’ (se transcribe).
"Como se ve, la reforma constitucional del precepto y numeral transitorio reproducidos, otorgan a los Ayuntamientos la facultad de proponer a las Legislaturas de los Estados de la República las cuotas y tarifas aplicables, así como las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria de su respectiva circunscripción territorial (entre las que se encuentra el impuesto sobre adquisición de inmuebles); dicha facultad municipal es concomitante con la potestad del Congreso del Estado de hacerse cargo de esa proposición y aprobarla de estimarlo necesario.
"Lo anterior permite establecer que esa facultad de proponer es ‘discrecional’ y se estableció en beneficio de los Ayuntamientos y, además, mediante ella, el Poder Reformador no otorgó a los Municipios la atribución en materia tributaria, sino que ésta sigue correspondiendo, fundamentalmente, a los Congresos Locales en términos de los artículos 31, fracción IV, 116 y 124 de la Carta Magna.
"En otras palabras, esas facultades municipales, se enfatiza, no son más que de ejercicio discrecional; esto es, que el Municipio puede presentarlas, ambas, o bien, una sola, o puede o no presentar ninguna, de acuerdo con la situación real que se viva en el Municipio, de modo que la referida facultad discrecional no interviene en el proceso legislativo que sigue correspondiendo al Poder Legislativo Estatal, ni es una iniciativa de ley.
"Por consiguiente, la circunstancia de que en el caso el Ayuntamiento de Santa Catarina, Nuevo León, haya omitido proponer al Congreso del Estado la base o tasas del impuesto sobre adquisición de inmuebles de dos mil cuatro, que rige en ese Municipio, no trasciende a la esfera jurídica de los gobernados ni, en el caso, genera a la quejosa una violación al proceso legislativo vinculado con el artículo 28 bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado. De manera similar ocurre cuando el Congreso, Federal o Local, no acoge una iniciativa de ley.
"Las consideraciones expuestas, encuentran apoyo en la jurisprudencia 1/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de dieciocho de enero de dos mil cinco, con motivo de la contradicción de criterios 45/2004, entre el sustentado por este Primer Tribunal Colegiado y el Tercero, ambos en Materia Administrativa de este Circuito, en la que si bien se dilucidó lo relativo a la omisión señalada en cuanto al impuesto predial, lo ahí resuelto es aplicable al caso por analogía, en atención a que ambos gravámenes son contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, sobre las cuales las reformas constitucionales mencionadas otorgan a los Ayuntamientos la facultad de proponer a las Legislaturas Estatales las cuotas y tarifas aplicables, así como las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que sirvan de base para su cobro. La tesis jurisprudencial aludida, está publicada en el Tomo XXI, enero de 2005, página 6, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y es del tenor literal siguiente: (se transcribe).
"Así las cosas, al resultar fundado el agravio examinado, lo que procede es revocar la sentencia que se revisa y acorde con lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, es examinar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.
"OCTAVO. La parte quejosa esgrimió como conceptos de violación los siguientes: (se transcribe).
"NOVENO. No será materia de estudio lo que se aduce en el inciso A) del único concepto de violación ya que este tribunal en el considerando que precede se ocupó de ello y estimó que los argumentos del quejoso, acogidos por el Juez Federal, son contrarios a la interpretación correcta del artículo 115, fracción V, de la Constitución Federal y sus reformas; por lo que al ser fundado el agravio hecho valer por la autoridad recurrente se revocó la sentencia que se revisa.
"Ahora, en los incisos B), C) y D) del único concepto en análisis, se aprecia que los quejosos sostienen la inconstitucionalidad de los artículos 28 bis y 28 bis-1 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado porque transgreden los principios tributarios de legalidad, equidad y proporcionalidad; en atención a que la fracción VI del precepto citado en segundo lugar otorga a los burócratas federales, estatales y municipales, el beneficio de pagar la tarifa especial de siete cuotas por las primeras 7,500 cuotas del valor gravable, si se trata de terrenos y, por las primeras 15,000 cuotas, si se trata de una vivienda y que por el excedente se pagará el 2%.
"El dispositivo legal cuestionado, a la letra dice:
"‘Artículo 28 bis-1.’ (se transcribe).
"De la norma transcrita se advierte, dice el quejoso, que el impuesto sobre adquisición de inmuebles se cubrirá a una tarifa única especial por cada inmueble equivalente a 7 cuotas, cuando la adquisición sea realizada por trabajadores al servicio de la Federación, Estado o Municipios, con independencia de que estén o no sindicalizados, siempre y cuando el bien inmueble objeto del tributo vaya a destinarse o se destine a vivienda y no sea propietario o poseedor de otro bien inmueble en esta entidad federativa. Asimismo, el dispositivo legal señala que se cubrirá la referida tarifa de siete cuotas, en las adquisiciones de terrenos cuyo valor base del impuesto sea menor a 7,500 cuotas y, tratándose de vivienda, cuando el valor base del gravamen sea inferior a 15,000, porque en caso contrario, esto es, en caso de que los inmuebles excedan los parámetros descritos, por la parte excedente deberá cubrirse de acuerdo con la tasa prevista por el artículo 28 bis de esa propia ley, es decir, aplicando el 2% al valor gravable del inmueble.
"Pues bien, opuestamente a lo esgrimido por los quejosos el referido ordinal no viola los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad contemplados por el artículo 31, fracción IV, de la Ley de Leyes; porque el legislador se encuentra constitucionalmente facultado para establecer distintos tipos de contribuyentes y darles un trato diferente a cada uno, con tal de que la distinción se apoye en datos generales y objetivos y no en el capricho y arbitrariedad de la autoridad legislativa.
"La equidad tributaria, como garantía individual, no se traduce necesariamente en una igualdad real de todos los seres humanos, sino que el Poder Constituyente, se refiere a la igualdad jurídica traducida en el derecho de todos los gobernados a recibir idéntico trato siempre y cuando se ubiquen en situación similar de hecho. Entender el principio en examen sin ningún matiz como pretenden los quejosos podría dar lugar a injusticias que, lejos de respetar ese principio lo violarían.
"Estos aspectos han sido recogidos por la tesis P./J. 41/97 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, junio de 1997, página 43, que dice: ‘EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS.’ (se transcribe).
"En el caso de trato ha de quedar bien claro que el tributo materia de examen, en los artículos impugnados, no regula exenciones absolutas, como sí lo hacía el artículo 109, fracción XI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el dos mil dos; por lo que no aplica la jurisprudencia que al respecto invocan los quejosos. Además, la aplicación de la tesis P./J. 41/97 del Tribunal Pleno antes citada, viene a corroborar el criterio de este cuerpo colegiado en el sentido de considerar que los artículos 28 bis y 28 bis-1, no son violatorios del principio constitucional de equidad tributaria, en virtud de que no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable, siendo que ésta en el caso sí la hay, porque además de atenderse a la capacidad contributiva del sujeto de la relación tributaria, la diferencia de trato obedece a un fin extrafiscal, como se verá a continuación.
"El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dice:
"‘Artículo 4o.’ (se transcribe).
"Del párrafo quinto del numeral preinserto, se advierte que el Constituyente Permanente estableció, dentro del capítulo de garantías individuales, el derecho de toda familia a gozar de una vivienda digna y decorosa, estableciendo que, para alcanzar tal cometido, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios.
"Ahora, para descubrir el verdadero sentido del precepto de la ley reclamada, este Tribunal Colegiado estima oportuno examinar dicho normativo a través del método de interpretación teleológico que deriva del análisis de la exposición de motivos que precedieron a la reforma que sufrió dicha disposición y que dio origen a la tarifa especial cuestionada.
"Sirve de apoyo a lo dicho, los criterios sostenidos por el Tribunal Pleno y Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, en la tesis aislada P. XXVIII/98 y jurisprudencia 2a./J. 133/2002, publicadas en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, materia constitucional, abril de 1998, página 117 y Tomo XVI, materia administrativa, diciembre de 2002, página 238, del tenor literal siguiente: ‘INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.’ (se transcribe).
"‘CONTRIBUCIONES. LAS DISPOSICIONES REFERENTES A SUS ELEMENTOS ESENCIALES, AUNQUE SON DE APLICACIÓN ESTRICTA, ADMITEN DIVERSOS MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN PARA DESENTRAÑAR SU SENTIDO.’ (se transcribe).
"Al respecto, la exposición de motivos de la ley que se reclama, establece literalmente: (se transcribe).
"Luego, si bien el artículo reclamado establece una tasa especial para las adquisiciones de inmuebles que realicen los sujetos que describe -no aplicable al universo de adquirentes de bienes de esa misma naturaleza- tal circunstancia no contraviene el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, pues en casos como el que regula el precepto reclamado, es justo, razonable y equitativo que un trabajador, ya sea de la Federación, Estado o Municipio, que adquiere un inmueble con la única finalidad de destinarlo a vivienda y, consecuentemente, constituir un patrimonio familiar, reciba un trato distinto (hasta cierto punto benéfico), en comparación con otros causantes, pues dicho trato desigual busca apoyar el derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, consagrado en el párrafo quinto del artículo 4o. constitucional.
"Así, ese tratamiento diferente constituye el instrumento y/o apoyo necesario que busca contribuir a la solución del problema de la vivienda y, en consecuencia, hacer efectiva la garantía del derecho a la habitación que tienen todos los mexicanos, lo cual, representa un fin extrafiscal de naturaleza socioeconómica.
"Sobre el particular tiene aplicación la jurisprudencia 18/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, junio de 1991, página 52, del tenor literal siguiente:
"‘CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES.’ (se transcribe).
"De igual manera, sirve de apoyo por analogía y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia P./J. 60/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo IV, octubre de 1996, página 99, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: ‘PREDIAL. EL PÁRRAFO TERCERO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 149 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA AL ESTABLECER DIVERSOS FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO ATENDIENDO A LA FINALIDAD A QUE SE DESTINE EL INMUEBLE.’ (se transcribe).
"Resulta de suma importancia destacar que aun el trato diferencial del que se ha dado noticia, encierra ciertas limitantes para su aplicación, pues el texto del artículo 28 bis-1, fracción VI, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, que prevé ese tratamiento distinto, no es ilimitado, sino que restringe el empleo de la tasa única especial de siete cuotas al cumplimiento de determinadas condiciones.
"En efecto, dicha tarifa única especial se aplicará a los trabajadores federales, estatales o municipales que adquieran inmuebles, siempre y cuando se colmen los siguientes requisitos:
"a) El inmueble objeto del impuesto vaya a destinarse a vivienda;
"b) No sea propietario o poseedor de otro bien inmueble en el Estado;
"c) Si se adquiere un terreno, el valor base del impuesto sea inferior a 7,500 cuotas, pues de lo contrario, por el valor excedente, será aplicable la tasa general del 2% sobre el valor gravable del inmueble, a que se refiere el artículo 28 bis de ese mismo cuerpo legal;
"d) Si se adquiere una vivienda, el valor base del impuesto sea de hasta 15,000 cuotas, pues de no ser así, sobre el excedente se aplicará la tasa indicada en el inciso anterior.
"Por tanto, si por una parte el legislador está autorizado a utilizar las disposiciones que imponen contribuciones no sólo como meros instrumentos de recaudación para sufragar los gastos públicos, sino también como una útil herramienta que facilita el cumplimiento de objetivos sociales y, por otra, ese trato distintivo encierra en sí mismo las limitantes apuntadas, queda claro que el legislador no actuó caprichosamente, pues condicionó el trato benéfico a la reunión de ciertos requisitos. Además, una prueba clara de que la pretensión de ese tratamiento favorable es alcanzar un objetivo social, lo constituye el hecho de que la tarifa aludida sólo pueda aplicarse si no se es propietario o poseedor de otro inmueble, con lo cual, automáticamente se elimina la posibilidad de que el sujeto adquiera inmuebles como inversión o bien, para obtener un lucro.
"Además, el trato diferencial no incluye a la alta burocracia federal, estatal o municipal, porque obviamente un delegado estatal de cualquier dependencia federal, un presidente municipal, un secretario general de Gobierno, un oficial mayor, un Magistrado o un Juez, sólo por citar algunos ejemplos, pagan el impuesto conforme a la regla general establecida en el 28 bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, es decir 2% sobre el valor que resulte mayor entre el de operación y el catastral, sobre el excedente de las 7,500 cuotas tratándose de terrenos o de 15,000 cuotas, si se trata de vivienda. Pero no sólo ello, sino que en el primer párrafo del artículo 28 bis-1 de la legislación supracitada, también se beneficia a cualquier adquirente de viviendas cuyo valor gravable no exceda de 25 cuotas elevadas al año, siempre que se trate de personas físicas y no posea otro bien raíz en el Estado, a quienes se aplica una tasa de 2% sobre el valor del inmueble, después de reducirlo en 15 cuotas elevadas al año.
"Todo este sistema, como bien se señala en la exposición de motivos de la ley en examen, contempla un trato diferencial para quienes se encuentran en situaciones sociales, económicas o laborales diferentes; de tal manera que se colman los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad exigidos por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, por lo que los artículos impugnados no violan los citados principios constitucionales pues el legislador local atiende a cada categoría de contribuyente y reconoce sus características objetivas; sus capacidades económicas y operativas las cuales motivan una regulación distinta y otorgan un trato desigual a sujetos desiguales, en la medida en que, si bien son causantes del mismo tributo; el Congreso del Estado ha considerado que poseen características propias suficientes para clasificarlos en distintas categorías con regímenes diversos.
"No debe olvidarse que en el caso no se trata de trabajadores de empresa, sino de un profesionista y una ama de casa, a quienes se les aplicó el tributo en examen. A mayor abundamiento, el artículo 123 constitucional, apartado A, fracciones IX y XI, permite a los obreros participar en las ganancias de la empresa y además obliga a los patrones a proporcionarles vivienda cómoda e higiénica; obligación que también implica el pago del tributo en examen; lo que no sucede con la burocracia federal, estatal o municipal; por lo que se justifica el trato diferencial.
"Cabe precisar que la existencia de estos fines extrafiscales no puede contravenir los principios de legalidad, equidad, proporcionalidad y destino al gasto público que establece el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que se constituyen en elementos que permiten un análisis más completo de las disposiciones fiscales y brindan al órgano de control constitucional un parámetro válido para realizarlo.
"Bajo ese orden de ideas, al haberse constatado que en el caso, el fin extrafiscal perseguido por el legislador al otorgar una tarifa especial a ciertos contribuyentes del mismo impuesto, se facilita el estudio de la garantía de equidad tributaria y se llega a la conclusión de que, en este caso, ese fin extrafiscal concuerda con la interpretación que de dicha prerrogativa fundamental ha hecho nuestro más Alto Tribunal constitucional, por lo que no existe la violación a la fracción IV del artículo 31 de la Ley Fundamental.
"Asimismo, conviene agregar que la parte quejosa no acreditó en el presente asunto estar en condiciones similares a las excepciones consignadas en el precepto impugnado, verbigracia que el inmueble sería dedicado a vivienda y que los quejosos fueran trabajadores de alguna empresa; pues en la escritura que aportaron al juicio constitucional, se advierte que Juan Pablo Raigosa Treviño es abogado postulante, mientras que Alejandrina Garza González se dedica a las labores del hogar.
"Acerca de los temas anteriormente resueltos, este Tribunal Colegiado se pronunció en similares términos al resolver el amparo en revisión 686/2004, por unanimidad de votos (con salvedades del Magistrado Edgar Humberto Muñoz Grajales), en sesión del veinticuatro de enero de dos mil cinco.
"Asimismo, en el inciso e) de los conceptos de violación, los quejosos, esencialmente aducen que los artículos 28 bis y 28 bis-1 de la ley tachada de inconstitucional, permiten a la autoridad exactora fijar la base del tributo y por ello, queda a su arbitrio determinar uno de los elementos de ese gravamen pues en la ley impugnada no están consignados en forma expresa y clara el sujeto, el objeto, la base y la tasa o tarifa, amén de que la base del impuesto es el valor gravable y para determinarlo se establece que éste será el que resulte mayor del valor de operación o el valor catastral, sin que se indique de qué forma se determinará el valor catastral o de dónde se obtendrá, o de qué forma y qué conceptos serán los utilizados para determinar el valor de operación, que con ello, según los quejosos, la autoridad elige cuál valor será tomado en cuenta para calcular el monto del impuesto, lo que viola el principio de proporcionalidad y se les deja en estado de indefensión al no tener la posibilidad de conocer de forma cierta y exacta cómo cubrir sus obligaciones, para lo cual invoca la tesis aislada de diverso órgano colegiado, cuyo rubro dice: ‘IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, VIGENTE EN EL AÑO DOS MIL UNO, QUE LO PREVÉ, ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA PORQUE NO DETERMINA QUÉ AUTORIDAD REALIZARÁ LOS ESTUDIOS DE LOS VALORES COMERCIALES QUE CONSTITUYEN UN ELEMENTO DE LA BASE GRAVABLE DE DICHO TRIBUTO.’
"Este cuerpo colegiado con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19138-176a642a/adquisicion-de-inmuebles-el-articulo-28-bis-1-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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