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Modo: Corpus Pro

FERROCARRILEROS JUBILADOS. PARA TODO LO RELACIONADO CON LOS INCREMENTOS DE SU PENSIÓN, DEBE ESTARSE A LO PACTADO EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19002
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 551.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 29/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el veintisiete de enero de dos mil cinco el amparo directo DT. 21243/2004, promovido por Ferrocarriles Nacionales de México, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Son infundados, inoperantes y finalmente fundados, los anteriores conceptos de violación.

"...

"En cambio, es sustancialmente fundado lo alegado en parte del décimo tercer concepto de violación, en el sentido de que ‘... resolución que resulta totalmente ilegal e incongruente, porque de realizar el debido análisis del convenio de 30 de octubre de 1999 habría determinado que si en la cláusula tercera del convenio de 30 de septiembre de 1999 se pactó que la empresa y sindicato convienen que las pensiones que reciben los jubilados del organismo, serán incrementadas a partir del 1o. de junio de 1999 en un 4.16%, que sumado al 10.84% de aumento concedido a dichas pensiones a partir del 1o. de enero de 1999, da como resultado que las pensiones jubilatorias son incrementadas en un porcentaje igual al otorgado a los salarios tabulados de los trabajadores sindicalizados en servicio activo. Y si el propio actor reconoció que mi mandante le otorgó el incremento del 10.84% a partir del mes de enero de 1999, toda vez que hizo suyos los extremos de las inspecciones ofrecidas por la quejosa en su escrito de pruebas y reconocido además que se le otorgó el incremento del 4.16% a partir del 1o. de junio de 1999, entonces con ello debió resolverse que dicho actor sí recibió el incremento del 15% que reclama. Por otra parte, cabe hacer notar a este H. Tribunal que la base de la reclamación del tercero perjudicado es el convenio de 30 de junio de 1999, donde se pactó el incremento del 15% a los salarios tabulados de los trabajadores sindicalizados en servicio activo, respecto del cual pretenden sea extensivo al personal jubilado de la empresa demandada como lo es el actor laboral, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 353 del contrato colectivo de trabajo para el bienio 1992-1994, sin embargo, cabe destacar que el reclamante realiza una interpretación aislada del convenio de referencia, porque únicamente refiere que si al personal activo le fue otorgado el incremento del 15%, entonces éste debe otorgarse también a los jubilados, en razón de que a éstos únicamente se les asignó el incremento del 4.16%, pero con su actual pretender pasa por alto el contenido íntegro o total del convenio que nos ocupa, en especial de la cláusula tercera, en la que se precisa que efectivamente empresa y sindicato convinieron que las pensiones que reciben los jubilados del organismo serían incrementadas a partir del 1o. de junio de 1999 en un 4.16%, donde también se dispuso en forma clara y precisa que dicho porcentaje del 4.16% sumado al 10.84% de aumento concedido a dichas pensiones a partir del 1o. de enero de 1999, da como resultado que las pensiones jubilatorias son incrementadas en un porcentaje igual al otorgado a los salarios tabulados de los trabajadores sindicalizados en servicio activo, es decir, en un 15%. Quedando así de manifiesto que el actor realiza una interpretación aislada del contenido de la cláusula tercera del convenio de 30 de junio de 1999, y por ello pretende la nulidad de dicha disposición contractual, lo que desde luego es improcedente porque la interpretación y aplicación de la cláusula y en general del convenio debe realizarse en forma íntegra, pues no es posible reclamar, por una parte, la aplicación del referido convenio en cuanto a su cláusula segunda, donde se establece el incremento del 15%, y por otra, pretender la nulidad de la cláusula tercera, donde se establece la forma y términos en que fue aplicado ese incremento al personal jubilado. Por ello, la naturaleza de los incrementos del 10.84% a que se refiere el convenio de 30 de junio de 1999, no es diversa como indebidamente lo indica la responsable, porque precisamente se pactó el convenio en los términos anotados a efecto de respetar el derecho de los jubilados de percibir el incremento del 15% que se asentó en la cláusula segunda para los trabajadores en servicio activo y se precisó la forma y términos en que se otorgaba dicho incremento al personal jubilado, sin embargo, el tercero perjudicado pretende de manera dolosa un doble pago en perjuicio de la parte que represento, porque a pesar de que reconoce le fue otorgado a partir del 1o. de enero de 1999 el incremento del 10.84% pactado en el convenio de 30 de junio de 1999, también pretende el pago del mismo incremento a partir del 1o. de junio de 1999, lo que rompería en todo caso el principio de igualdad que refiere el reclamante, entre los trabajadores activos y jubilados.’

"Se afirma lo anterior, porque si bien es cierto lo sostenido por la Junta responsable respecto a que el porcentaje del 10.84% otorgado a los trabajadores jubilados el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, tiene diversa naturaleza, dado que el mismo fue otorgado a los trabajadores jubilados conforme a la inflación determinada por el índice de precios al consumidor dados a conocer por el Banco de México, sin embargo, de ello no se sigue que no se haya dado fiel cumplimiento al contenido de la cláusula trescientos cincuenta y tres del contrato colectivo de trabajo vigente durante la época en que fue jubilado el actor.

"En el caso particular, el accionante J. Moisés Benjamín Camarillo Chamorro, reclamó de Ferrocarriles Nacionales de México, el exacto y fiel cumplimiento de la cláusula trescientos cincuenta y tres (353) del contrato colectivo de trabajo vigente del primero de octubre de mil novecientos noventa y dos al treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, pues manifestó que fue jubilado en diciembre de mil novecientos noventa y dos, es decir, durante la vigencia de ese pacto colectivo.

"La referida cláusula contractual establece:

"‘Las partes convienen que a partir del 27 de septiembre de 1984, los futuros aumentos de tipo general al tabulador que se otorguen en los salarios de los trabajadores en servicio, se harán extensivos al personal jubilado.’

"La lectura de esta convención permite, pues, el aumento de las pensiones jubilatorias a la par que a los trabajadores en activo, siempre que sean de tipo general al tabulador.

"Esto significa que el actor por haberse jubilado durante la vigencia de la cláusula trescientos cincuenta y tres, en cada ocasión que haya aumentos de tipo general del tabulador a los salarios de los trabajadores en activo, recibirá un porcentaje igual.

"Por consiguiente, como atinadamente lo señala la quejosa, lo estipulado en dicha cláusula sí se cumplió, pues al revisarse la contratación colectiva el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, empresa y sindicato pactaron en la cláusula tercera del convenio de treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, se advierte lo siguiente:

"‘Tercera. Toda vez que a la fecha no ha sido formalizado el fondo de jubilaciones a que se refiere la cláusula 36 del contrato colectivo de trabajo, empresa y sindicato convienen que las pensiones que reciben los jubilados del organismo, serán incrementadas a partir del día primero de junio de mil novecientos noventa y nueve en un 4.16% (cuatro punto dieciséis por ciento), que sumado al 10.84% (diez punto ochenta y cuatro por ciento) de aumento concedido a dichas pensiones a partir del día primero de enero de mil novecientos noventa y nueve, da como resultado que las pensiones jubilatorias son incrementadas en un porcentaje igual al otorgado a los salarios tabulados de los trabajadores sindicalizados en servicio activo.’

"En consecuencia, si el actor percibió el incremento del diez punto ochenta y cuatro por ciento (10.84%) en enero de mil novecientos noventa y nueve, lo que quedó demostrado con la propia confesión de la parte actora al hacer suyos los extremos que se pretendían acreditar con las inspecciones ofrecidas por la parte demandada (foja ciento tres), y luego, en junio de ese mismo año, por convenio celebrado entre la empresa demandada y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, se le volvió a incrementar su jubilación en un cuatro punto dieciséis por ciento (4.16%), lo que sumado hace un total de quince por ciento (15%), se está cumpliendo con lo dispuesto por la cláusula trescientos cincuenta y tres del contrato colectivo de trabajo que estaba vigente cuando el actor se jubiló, como lo es respetar su derecho a recibir el mismo incremento que los trabajadores en activo.

"Es importante señalar que no debe soslayarse que lo que se pretende en la cláusula trescientos cincuenta y tres en comentario, es dar un trato igual en aumentos de porcentajes en las prestaciones salariales, tanto al personal en servicio como al jubilado; luego, si no se acreditó que el personal de servicio haya recibido un aumento en porcentaje mayor al del personal jubilado, sino por el contrario, se constató que al personal jubilado, primeramente, en el mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, se le otorgó un aumento del 10.84%, no así al personal en servicio, sin embargo, posteriormente y para lograr esa igualdad, mediante convenio de treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, se aumentó 15% al personal en servicio y 4.16% al jubilado (cantidad que sumada al porcentaje otorgado en enero, suma 15%), de tal manera que ambas categorías tuvieran un 15% de aumento en sus percepciones; en tales condiciones, se colige que la empresa demandada sí cumplió con lo estipulado en la multicitada cláusula trescientos cincuenta y tres del contrato colectivo de trabajo vigente del primero de octubre de mil novecientos noventa y dos al treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro y, por tanto, al no haberlo estimado así la Junta responsable, con su proceder produjo un laudo violatorio de garantías.

"Así las cosas, es dable convenir que el laudo reclamado vulnera las garantías de legalidad y certeza jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, por todo lo cual debe concederse a la peticionaria de garantías, la protección de la Justicia Federal que solicita para el efecto de que la Junta responsable:

"a) Lo deje insubsistente;

"b) Dicte otro laudo; y,

"c) Determine que la parte demandada sí cumplió con lo dispuesto por la cláusula 353 del contrato colectivo de trabajo vigente del primero de octubre de mil novecientos noventa y dos al treinta de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, y así resuelva lo que corresponda."

De la ejecutoria transcrita, derivó la tesis aislada TC013094.9LA1, pendiente de publicación, que dice:

"FERROCARRILES NACIONALES DE MÉXICO. CLÁUSULA 353 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EN EL BIENIO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. La cláusula trescientos cincuenta y tres del contrato colectivo de trabajo, establece: ‘Las partes convienen que a partir del 27 de septiembre de 1984, los futuros aumentos de tipo general al tabulador que se otorguen en los salarios de los trabajadores al servicio, se harán extensivos al personal jubilado’. De lo anterior se desprende que los aumentos que reciban los trabajadores en servicio se aplicarán en la misma proporción, a la pensión que perciban los trabajadores jubilados, siempre que sean de tipo general al tabulador. Luego, si el trabajador jubilado reclama los incrementos otorgados al personal en activo, con apoyo en la mencionada cláusula, pero si consta en autos que previo a estos aumentos recibió un incremento a su pensión jubilatoria, por diversa causa, en tal virtud, es correcto que empresa y sindicato en la revisión del contrato colectivo de trabajo convengan que los jubilados reciban una compensación de incrementos, pues la suma de ésta con el incremento previamente otorgado, da como resultado que las pensiones jubilatorias sean incrementadas en un igual porcentaje al otorgado a los trabajadores sindicalizados en servicio activo, con lo cual se cumple con la finalidad perseguida en la norma contractual en comento, que es la igualdad en aumentos de porcentajes en las prestaciones salariales, tanto al personal en servicio como al jubilado, siendo tal convención lícita, pues no se contraría disposición alguna."

CUARTO. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el veinticinco de marzo de dos mil cuatro, el amparo directo DT. 4481/2004, promovido por Buenrostro Cadena Abad y/o Abad Buenrostro Cadena, determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Es fundado y suficiente lo argumentado por el solicitante de amparo en el cuarto concepto de violación, para conceder el amparo solicitado.

"Esgrime el quejoso que la Junta responsable en forma incorrecta determina que es improcedente la acción del actor respecto al ajuste de la pensión jubilatoria en base al incremento del 15% otorgado a los trabajadores en servicio, según convenio de fecha treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, de conformidad con la cláusula 396 vigente en mil novecientos noventa y nueve a septiembre de mil novecientos noventa y dos, considerando que como el propio actor lo refiere, la vigencia del contrato colectivo antes señalado, concluyó en septiembre de mil novecientos noventa y dos, lo cual resulta incorrecto, pues la vigencia del mismo no le quita los derechos que adquirió, siendo inaplicable al respecto la cláusula 36 del contrato colectivo de trabajo del treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, ya que ésta se aplica en su perjuicio en forma retroactiva.

"Se afirma que lo anterior es sustancialmente fundado, por las razones que enseguida se expresan.

"En primer lugar, cabe señalar que interpretar un contrato colectivo de trabajo implica desentrañar el sentido y significado de la voluntad de los contratantes (sindicato y empresa), a efecto de determinar la común intención de las partes y fijar su alcance en los diversos aspectos que pudieran dar lugar a conflictos.

"Para una mejor comprensión del presente asunto, es preciso señalar que el actor, aquí quejoso, en su escrito inicial de demanda, señaló que fue jubilado en marzo de mil novecientos noventa y dos, cuestión que no fue materia de controversia; por tanto, le fue aplicable para tal efecto el contrato colectivo de trabajo vigente del primero de octubre de mil novecientos noventa al treinta de septiembre de mil novecientos noventa y dos, el cual contiene la cláusula 396.

"Ahora bien, el texto de la cláusula materia de controversia, es del tenor literal siguiente: ‘Cláusula 396. Las partes convienen que a partir del 27 de septiembre de 1984, los futuros aumentos de tipo general al tabulador que se otorguen en los salarios de los trabajadores en servicio, se harán extensivos al personal jubilado.’ (foja 41).

"Del texto se desprende, sin lugar a dudas, que la disposición concede a favor de los jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México una prestación extralegal porque no deriva de la ley, sino de la contratación colectiva, y la misma es exigible en los términos pactados por las partes, es decir, está sujeta a lo expresamente pactado por éstas; en tal virtud, la disposición de referencia cuyo contenido es categórico y no deja duda sobre la intención de los contratantes, según se advierte de los términos claros que fueron empleados en su redacción, debe interpretarse de acuerdo al sentido literal de lo estipulado en la misma, o sea, que es necesario que se incrementen en forma general, por cualquier motivo, los salarios y prestaciones de los trabajadores en activo, para que proceda el aumento respectivo de las pensiones de cualquier jubilado en los términos previstos en la citada disposición contractual.

"Por tanto, como acertadamente se afirma, es incorrecta la determinación de la Junta responsable en el sentido de declarar improcedente la acción del actor, considerando que: ‘... En virtud que corresponde a la parte actora acreditar la procedencia de la acción y a la empresa le corresponde acreditar la procedencia de sus excepciones y en relación al ajuste de la pensión jubilatoria que reclama en base al incremento del 15% a efecto de cumplir con lo establecido en la cláusula 396 vigente de 1990 a 1992, en el mes de septiembre por lo cual aun cuando aporta como prueba dicha cláusula en la que fundó su pretensión, donde se establece que los futuros aumentos de tipo general que se otorguen a los salarios a trabajadores en servicio a partir del 27 de septiembre de 1984, serán extensivos al personal jubilado como se aprecia de autos; sin embargo, no le favorece toda vez que dejó de ser vigente, además que el incremento que demanda no se encuentra pactado en dicho contrato colectivo ...’ (foja 87).

"Lo anterior es así, ya que se reitera, al ser la jubilación una prestación extralegal eminentemente contractual, en virtud de los acuerdos contenidos en los contratos colectivos en los que se precisa el sistema para obtenerla y se señalan los requisitos, condiciones y limitaciones, debiendo estarse a lo expresamente pactado en las disposiciones correspondientes. En ese orden de ideas, debe decirse que de constancias de autos no se desprende la existencia de disposición contractual que determine modificación alguna a dicha cláusula, por lo que debe estarse a lo expresa y únicamente pactado por las partes en el contrato colectivo de trabajo, esto es, que los jubilados tienen derecho a los ‘... futuros aumentos de tipo general al tabulador que se otorguen en los salarios de los trabajadores en servicios ...’.

"Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que en el mes de enero de mil novecientos noventa y nueve se haya dado un incremento del 10.84% y que se pretenda sumar dicho aumento al otorgado el treinta de junio del año en mención, que fue del 4.16%, para que con ello se pretenda dar cumplimiento a lo determinado en la multirreferida cláusula 396, como lo pretendió hacer valer la empresa demandada y que fue considerado en dichos términos por la Junta responsable, ya que como ha quedado señalado con anterioridad, se debe estar a lo expresa y únicamente pactado por las partes, sin que se advierta de autos modificación alguna a la cláusula en cuestión, o que para dar cumplimiento a la misma se deberían sumar los incrementos otorgados en diversas fechas.

"En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo combatido y, en su lugar, emita uno nuevo en el que considere la aplicación de la cláusula 396 del contrato colectivo de trabajo vigente del primero de octubre de mil novecientos noventa al treinta de septiembre de mil novecientos noventa y dos y hecho lo cual, resuelva conforme a derecho proceda.

"Dados los efectos para los que se concede el amparo, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación, en los que se pretende demostrar que sigue vigente la cláusula 396 del contrato colectivo de trabajo antes mencionado.

"Lo anterior con apoyo en la tesis de jurisprudencia número ciento sesenta y ocho, visible en la página ciento trece del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, del rubro y contenido siguientes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae como consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos.’."

QUINTO. Atendiendo a los relatados antecedentes, corresponde ahora dilucidar si existe o no la contradicción de tesis denunciada. Para tal fin, resulta conveniente precisar qué requisitos o presupuestos esenciales deben concurrir para que jurídicamente dicha contradicción realmente se configure.

Al respecto, cabe hacer alusión a la jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se reproduce:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76).

De acuerdo con lo dispuesto en la jurisprudencia aludida, los requisitos que determinan la existencia de una contradicción de tesis son los siguientes:

a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y,

c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

Pues bien, en cuanto al primer supuesto se advierte que ante los dos Tribunales Colegiados de Circuito se plantearon cuestiones jurídicas esencialmente iguales, pues en ambos casos los actores son trabajadores ferrocarrileros jubilados, los que demandaron, esencialmente, que se les aplicaran, respectivamente, las cláusulas 353 y 396 de los contratos colectivos de trabajo, vigentes en 1992-1994 y 1990-1992, en el sentido de que cada vez que haya un incremento de tipo general al tabulador que se otorgue en los salarios de los trabajadores en servicio, le deberá ser extensivo al personal jubilado.

Por tanto, en ambas hipótesis aparece un común denominador, esto es, la pretensión de que son aplicables las cláusulas 353 y 396 de los contratos colectivos de trabajo celebrados entre el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana y Ferrocarriles Nacionales de México, vigentes en los periodos antes mencionados.

Sin embargo, ambos órganos adoptaron criterios discrepantes, pues mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito estableció que si un trabajador jubilado reclama los incrementos al personal en activo con apoyo en la cláusula 353, pero si en autos consta que, previo a estos aumentos, recibió un incremento a su pensión por diversas causas, es correcto que tal incremento se sume a otro ocurrido cuando se aumentó el salario a los trabajadores en activo, pues la suma de ambos da como resultado que las pensiones jubilatorias sean incrementadas en igual porcentaje al otorgado a los trabajadores en activo, con lo que se cumple con la finalidad perseguida en la norma contractual en comento, sin que se contraríe disposición alguna; en cambio, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito concluyó que la cláusula 396 es categórica en cuanto que debe interpretarse de forma literal, o sea, que es necesario que se incrementen los salarios de los trabajadores en activo para que proceda el aumento respectivo de las pensiones de los jubilados, por lo que un incremento a estas últimas en diversa fecha no implica que se trate de un aumento de los previstos en la citada cláusula contractual.

En cuanto al segundo requisito para la existencia de la contradicción de tesis, es obvio que también ocurre, puesto que ambos criterios se razonan en la parte considerativa de las respectivas sentencias, la discrepancia, por tanto, no se limita a los resolutivos.

Finalmente, ambos criterios se sustentan en los mismos elementos, esto es, el examen de las cláusulas 353 y 396 de los contratos colectivos aludidos que están redactadas exactamente en los mismos términos.

Procede, por tanto, decidir cuál es el criterio que debe prevalecer.

SEXTO. El punto a dilucidar en la presente contradicción de tesis, consiste en determinar si el aumento del 10.84% que se dio al personal pensionado en el mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, conforme a la inflación determinada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, sumado al 4.16% que se otorgó mediante convenio celebrado el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, forma parte del aumento general al tabulador del 15% que se otorgó en los salarios de los trabajadores en servicio en ese mismo convenio, conforme a lo dispuesto en las cláusulas 396 y 353 de los contratos colectivos de trabajo, correspondientes a los bienios 1990-1992 y 1992-1994, respectivamente, o si por el contrario, dicho aumento no debe tomarse en consideración para efectos del cumplimiento de tales cláusulas.

SÉPTIMO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer el criterio sustentado en esta resolución, que se aparta de lo que, respectivamente, sostuvieron los Tribunales Colegiados contendientes.

Ello, con apoyo en la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, visible en el Número 74, página 19, febrero de mil novecientos noventa y cuatro, tesis 4a./J. 2/94, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO. La finalidad perseguida por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al otorgar competencia a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cuál tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar la seguridad jurídica; tan importante y trascendental propósito se tornaría inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está obligada, inexorablemente, a decidir en relación con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar que ambas son incorrectas o jurídicamente insostenibles. Por consiguiente, la Suprema Corte válidamente puede acoger un tercer criterio, el que le parezca correcto, de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema, lo que es acorde, además, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto indican que la Sala debe decidir ‘... cuál tesis debe prevalecer’, no, cuál de las dos tesis debe prevalecer."

Al respecto, conviene precisar que el tema a dilucidar en la presente contradicción de tesis consiste en determinar si el aumento del 10.84% que se dio al personal pensionado en el mes de enero de mil novecientos noventa y nueve, conforme a la inflación determinada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, sumado al 4.16% que se otorgó mediante convenio celebrado el treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, forma parte del aumento general al tabulador del 15% que se otorgó en los salarios de los trabajadores en servicio en ese mismo convenio, conforme a lo dispuesto en las cláusulas 396 y 353 de los contratos colectivos de trabajo, correspondientes a los bienios 1990-1992 y 1992-1994, respectivamente, o si por el contrario, dicho aumento no debe tomarse en consideración para efectos del cumplimiento de tales cláusulas.

En este sentido, se toma en consideración que en los procedimientos de trabajo de los cuales derivan los juicios de amparo directo que participan en la presente contradicción de tesis, los actores demandaron el cumplimiento de las siguientes prestaciones:

El exacto y fiel cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo vigentes en los bienios mil novecientos noventa a mil novecientos noventa y dos, y mil novecientos noventa y dos a mil novecientos noventa y cuatro, específicamente en lo que se refiere a sus cláusulas 396 y 353, respectivamente.

Como consecuencia de lo anterior, también demandaron el incremento salarial a partir del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, consistente en un 10.84% de incremento de pensión jubilatoria, en razón de que el aumento del personal en activo fue del 15% y el que ilegalmente se asignó a los pensionados fue únicamente del 4.16%.

Y, finalmente, la nulidad del convenio de treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, celebrado entre la empresa demandada Ferrocarriles Nacionales de México y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, en especial su cláusula tercera, por contener renuncia de derechos de los trabajadores ferrocarrileros jubilados.

Como hechos fundatorios de la demanda, los actores expresaron lo siguiente:

Que obtuvieron el beneficio de la jubilación durante la vigencia de los citados contratos colectivos de trabajo.

Que mediante convenio de treinta de junio de mil novecientos noventa y nueve, celebrado entre la parte patronal y el sindicato, se otorgó un aumento general a los trabajadores

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19002-56f17c8c/ferrocarrileros-jubilados-para-todo-lo-relacionado-con-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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