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Modo: Corpus Pro

INFONAVIT. LA INSCRIPCIÓN DEL INMUEBLE A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO DESIGNADOS POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, PUEDE HACERSE ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD SIN NECESIDAD DE FORMALIZAR LA ADJUDICACIÓN RESPECTIVA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA. INFONAVIT. LA ADJUDICACIÓN DEL INMUEBLE A FAVOR DE LOS BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO, DESIGNADOS POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, DA LUGAR A SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD POR VIRTUD DE LA FUERZA LEGAL DEL LAUDO QUE ASÍ LO ORDENA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19057
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, , Pág. 545.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 39/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito al resolver el juicio de amparo directo DT. 15842/2004 promovido por Remedios Mejía Cortés, determinó conceder el amparo solicitado, apoyándose en síntesis, en las consideraciones siguientes:

• Que la Junta responsable no estuvo en lo correcto al haber absuelto al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de la adjudicación y escrituración del inmueble respecto del cual le fue otorgado el crédito correspondiente al extinto trabajador.

• Que la Ley Federal del Trabajo, en sus artículos 137, 139, 140, 145, en su primer párrafo y 152 disponen que el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas; que la ley que crea dicho organismo regulará los procedimientos y formas conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad habitaciones y obtener los créditos; que los créditos que se otorguen por el organismo estarán cubiertos por un seguro, para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del citado organismo derivadas de esos créditos; y, que los trabajadores tendrán derecho a ejercitar ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje las acciones individuales y colectivas que deriven del incumplimiento de las obligaciones impuestas en este capítulo.

• Que los artículos 501, en su fracción II y 503, en su fracción I, de la Ley Federal del Trabajo establecen que para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos.

• Que el artículo 115 de la propia Ley Federal del Trabajo dispone que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio.

• Que por su parte, el artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en sus párrafos primero, sexto y séptimo previene que los créditos que el instituto otorgue a los trabajadores estarán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del instituto derivados de esos créditos y que los trabajadores acreditados podrán manifestar expresamente su voluntad ante el instituto, en el acto del otorgamiento del crédito o posteriormente, para que en caso de muerte, la liberación de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existan a favor del instituto, así como la adjudicación del inmueble libre de aquéllos, se haga en beneficio de las personas que designen conforme a lo que señala el artículo 40 de esta ley, con la prelación ahí establecida cuando así lo haya manifestado expresamente el trabajador, con sólo las formalidades previstas en el penúltimo párrafo del artículo 42 de esta misma ley y la constancia que asiente el instituto sobre la voluntad del trabajador y los medios con que se acrediten la capacidad e identidad de los beneficiarios y que en caso de controversia, el instituto procederá exclusivamente a la liberación referida y se abstendrá de adjudicar el inmueble; que los Registros Públicos de la Propiedad correspondientes deberán efectuar la inscripción de los inmuebles en favor de los beneficiarios, cancelando en consecuencia la que existiere a nombre del trabajador y los gravámenes o limitaciones de dominio que hubieren quedado liberados.

• Que la prestación que reclamó la actora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deriva de la relación laboral del extinto trabajador y acorde a los principios del derecho laboral, que tienden a proteger a los legítimos beneficiarios de dicho trabajador por causa de su fallecimiento, ya que éstos no cuentan con más medios económicos que el de la remuneración directa y accesoria, salarios y prestaciones económicas, derivadas del trabajo de aquél, y por lo mismo, para reclamarlas no pueden esperar la dilatada tramitación de un juicio sucesorio, que además exige gastos casi inaccesibles a la gran mayoría de los dependientes de un obrero, por lo que la costumbre en un principio, ha exigido, llenando una laguna de la ley que no se consideren como bienes hereditarios, las prestaciones que se derivan de un contrato de trabajo y en la actualidad se encuentra plasmado en el invocado artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo, por su parte la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su artículo 53 la competencia de las Juntas para conocer de esos juicios; es decir, que son los propios ordenamientos legales ya invocados los que se encargan de establecer los procedimientos y mecanismos para que se reconozca a los dependientes económicos o beneficiarios, derecho para exigirlas y percibirlas acudiendo para tal efecto al procedimiento laboral.

• En tal virtud, es inexacto lo razonado por la responsable en el sentido de que deben dejarse a salvo los derechos de la actora para que los deduzca en la vía procesal procedente, pues si la demandante acudió ante la Junta responsable para que se le reconociera el carácter de única y legítima beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral de su extinto esposo, y si fue declarada como única y legítima beneficiaria, ello hace procedente la liberación de los gravámenes del crédito de vivienda otorgado al trabajador fallecido, así como la adjudicación y escrituración correspondiente a su favor, sin necesidad de tramitar el juicio sucesorio, puesto que basta que en el juicio laboral se acredite la calidad de beneficiaria del extinto trabajador y que no existió controversia sobre ese derecho, para que prospere tal pretensión, y al no haberlo estimado y resuelto así, la Junta responsable violó en perjuicio de la quejosa el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo y por consiguiente las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

• Concedió el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y dicte otro en el que siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, establezca que si la actora fue declarada como única y legítima beneficiaria de los derechos laborales del extinto trabajador Óscar Tello Guardado, ello trae como consecuencia no solamente la liberación, sino también la adjudicación y escrituración a favor de la demandante del bien objeto del crédito de vivienda otorgado a dicho trabajador.

CUARTO. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver el amparo directo DT. 16424/2004 (823), interpuesto por María Alejandrina Cortés Vargas, determinó conceder el amparo, apoyándose en lo conducente, en las siguientes consideraciones:

• Que en los casos de muerte de un trabajador y conforme a lo previsto por los artículos 501, fracción I, 502 y 503 de la Ley Federal del Trabajo, cuando existe una reclamación relacionada con créditos para vivienda otorgados por el instituto demandado, los beneficiarios del de cujus tienen el derecho de optar por intentar el recurso de inconformidad ante el propio organismo, que prevé el artículo 52 antes mencionado, o acudir directamente ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a deducir sus derechos, o bien ante los tribunales competentes (en materia civil), como lo dispone el diverso numeral 53, motivo por el cual fue contrario a derecho que la responsable se negara a resolver sobre la adjudicación y escrituración de referencia conforme a derecho procediera, con el argumento de que se trataba de cuestiones que debían tramitarse en un juicio sucesorio de materia civil, pues en todo caso debió resolver tales cuestiones conforme a lo mandado expresamente por el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, por ser el que regula lo anterior.

• Que si bien es cierto que el artículo 51 de la ley del instituto, en su primer párrafo sólo dispone que los créditos otorgados a los trabajadores estarán cubiertos por un seguro de muerte que libere a los beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del organismo derivados de esos créditos, no menos exacto es que en el párrafo sexto también se establece que los trabajadores acreditados podrán designar beneficiarios para que en caso de muerte se les libere de las mismas.

• Que aunque no se está en el supuesto de que el trabajador haya designado en vida como beneficiaria a su esposa ante el instituto, no puede soslayarse que esta falta de designación de beneficiaria en forma personal y directa, está sustituida por la resolución de la Junta conforme a las obligaciones que tiene asignadas al respecto por los artículos 501, fracción I, 502 y 503 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que si la actora ejerció su derecho de acudir ante dicha autoridad jurisdiccional para tal efecto, de acuerdo con lo previsto por el artículo 53 de la ley del instituto, resulta incuestionable que aquélla no sólo debió declararla legítima beneficiaria del de cujus y ordenar la liberación del crédito, sino que también debió condenar a la adjudicación del inmueble en su favor, no así a la escrituración, por no regularlo así expresamente el artículo 51 de la ley del instituto, como sí sucede en el caso de la adjudicación.

• La adjudicación sí procede, en razón de que no obstante lo previsto en la parte final del párrafo sexto del artículo 51 de la ley del instituto, resulta que el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo dispone expresamente que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los litigios, sin necesidad de juicio sucesorio.

• Lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el solo efecto de que la Junta responsable dicte otro laudo en el que manteniendo el sentido condenatorio del anterior y siguiendo los lineamientos contenidos en esta ejecutoria, condene también al demandado a la adjudicación del inmueble en favor de aquélla.

QUINTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia número P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."

Los anteriores requisitos se encuentran satisfechos, pues en ambos casos, por demanda presentada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se solicitó la declaración a favor de las actoras como únicas y legítimas beneficiarias de los derechos derivados de la relación de trabajo de los extintos trabajadores, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la liberación del crédito que le fuera otorgado al trabajador, así como la adjudicación de la vivienda respectiva y la escrituración correspondiente.

La autoridad responsable dictó los laudos correspondientes en los que declaró como beneficiaria del trabajador fallecido a cada una de las actoras, condenó al instituto demandado a la liberación total del crédito y absolvió al propio instituto de la adjudicación y escrituración de la vivienda, considerando que el artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece que en casos de controversia el instituto procederá a la liberación y se abstendrá de adjudicar el inmueble, aunado a que el mismo pertenece a la masa hereditaria que quedará sujeto a una cuestión sucesoria.

Contra dichas resoluciones las actoras interpusieron juicios de amparo directo, de los que por razón de turno correspondió conocer a los tribunales cuyos criterios contienden en el presente asunto y los que resolvieron con base en los razonamientos señalados en los resultandos tercero y cuarto que anteceden.

Sobre tales antecedentes, aparece de las resoluciones pronunciadas por los mencionados Tribunales Colegiados, que en los casos sometidos a su consideración, el Segundo en Materia de Trabajo del Primer Circuito, básicamente sostiene que si la actora fue declarada como única y legítima beneficiaria, ello hace procedente la adjudicación y escrituración correspondiente del bien inmueble a su favor, sin necesidad de tramitar el juicio sucesorio, puesto que basta que en el juicio laboral se acredite la calidad de beneficiaria del extinto trabajador y que no existió controversia sobre ese derecho, para que prospere tal pretensión.

En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, estimó que si la actora ejerció su derecho de acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de acuerdo con lo previsto por el artículo 53 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, resulta incuestionable que aquélla no sólo debió declararla legítima beneficiaria del de cujus y ordenar la liberación del crédito, sino que también debió condenar a la adjudicación del inmueble en su favor, no así a la escrituración, por no regularlo así expresamente el artículo 51 de la ley del instituto, como sí sucede en el caso de la adjudicación.

En consecuencia, el punto jurídico materia de la presente contradicción de tesis consiste en determinar si efectuada la declaración de beneficiarios por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y, en consecuencia, la adjudicación de la vivienda obtenida con un crédito concedido al trabajador fallecido, procede o no la escrituración correspondiente al traslado de dominio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, párrafo sexto, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

SEXTO. Este órgano colegiado considera que respecto del problema jurídico planteado, debe prevalecer con carácter jurisprudencial, el criterio que a continuación se desarrolla.

De los antecedentes narrados respecto de las ejecutorias de que se trata, aparece que por demanda presentada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se solicitó la declaración en favor de las actoras como únicas y legítimas beneficiarias de los derechos derivados de la relación de trabajo de los extintos trabajadores, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la liberación del crédito que le fuera otorgado al trabajador y, como consecuencia, la adjudicación de la vivienda respectiva y la escrituración correspondiente, con base en lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Por su parte, el demandado Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ha contestado las respectivas demandas, señalando la improcedencia de la adjudicación y escrituración de la vivienda afirmando, especialmente, que el inmueble pertenece a la masa hereditaria de la sucesión de los bienes del extinto trabajador, por lo que adjudicar y escriturar a favor de persona alguna, habrá de hacerse hasta en tanto se sustancie el juicio sucesorio correspondiente, lo que debe hacerse por la vía civil, aclarando, además, que el instituto no es propietario del bien de referencia sino que sólo ha intervenido como acreedor hipotecario.

Igualmente, señala que los artículos 145 de la Ley Federal del Trabajo y 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no disponen que el instituto tenga la obligación de otorgar tales prestaciones, por lo que carece de fundamento para acceder a las pretensiones de los demandantes.

En relación con lo anterior, esta Segunda Sala ha hecho pronunciamiento en lo que se refiere a la adjudicación de la vivienda a los beneficiarios del trabajador fallecido, considerando su procedencia, según criterio establecido en la jurisprudencia 2a./J. 191/2004, que enseguida se cita:

"INFONAVIT. LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DA LUGAR A LA ADJUDICACIÓN DEL INMUEBLE ADQUIRIDO POR EL TRABAJADOR FALLECIDO CON UN CRÉDITO OTORGADO POR AQUEL INSTITUTO. De la exposición de motivos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como de sus reformas, se advierte la preocupación del legislador por el establecimiento de un seguro que cubra las obligaciones contraídas por los trabajadores al obtener créditos para vivienda, en caso de incapacidad total permanente o de muerte, así como la conveniencia de que los beneficiarios del trabajador fallecido obtengan directamente y en forma simplificada la titulación de la vivienda objeto del crédito otorgado, incorporando así el sentido social del derecho sucesorio que opera en materia laboral, sin necesidad de tramitar un juicio de esa naturaleza, y que las controversias que se presenten entre ese instituto y los trabajadores o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En esa virtud, si bien es cierto que el penúltimo párrafo del artículo 51 de la ley citada prevé que los trabajadores acreditados podrán manifestar expresamente su voluntad en el acto del otorgamiento del crédito o posteriormente, para que en caso de su muerte, la liberación de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existan a favor del citado instituto, así como la adjudicación del inmueble libre de aquéllos, se haga a favor de los beneficiarios designados por el trabajador, también lo es que ante la falta de tal designación, tanto la liberación de gravámenes como la adjudicación de la vivienda se hará a la o las personas que acrediten el carácter de beneficiarios en el orden de prelación señalado en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, por disposición del último párrafo del artículo 193 de la Ley del Seguro Social, al cual remite el artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de ahí que una vez realizada la declaratoria de beneficiarios por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como consecuencia directa e inmediata procede la adjudicación del inmueble. Lo anterior, con independencia de que deberá atenderse en cada caso en particular a las disposiciones aplicables según la fecha en que cada crédito fue otorgado." (Tesis 2a./J. 191/2004, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, diciembre de 2004, página 388).

En ese tenor, con motivo del procedimiento sucesorio especificado y regulado por la Ley Federal del Trabajo, la parte actora en dichos juicios, ha demandado como consecuencia necesaria de la adjudicación del bien inmueble de que se trate, la escrituración correspondiente; y si bien no ha sido expresado más apoyo legal de la pretensión que lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo cierto es que atendiendo a las disposiciones que en la materia de bienes inmuebles prevé el Código Civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Estados, debe entenderse que tal petición se refiere al otorgamiento de la escritura pública respectiva para formalizar el acto traslativo de dominio, es decir, de la adjudicación resultado de la declaración de beneficiarios en la sucesión laboral.

En este contexto, debe atenderse a lo dispuesto en el referido artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuyo penúltimo párrafo remite a lo dispuesto en el diverso artículo 42 de la misma ley, el cual, en su redacción original de mil novecientos setenta y dos, no prevenía ninguna excepción a la regla general prevista en la legislación civil, pues su texto era:

"Artículo 42. Los recursos del instituto se destinarán:

"I. Al otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de depósitos constituidos a su favor en el instituto. El importe de estos créditos deberán aplicarse:

"a) A la adquisición en propiedad de habitaciones,

"b) A la construcción, reparación, ampliación o mejoras, de habitaciones, y

"c) Al pago de pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores;

"II. Al financiamiento de la construcción de conjuntos de habitaciones para ser adquiridas por los trabajadores, mediante créditos que les otorgue el instituto.

"Estos financiamientos sólo se concederán por concurso tratándose de programas habitacionales aprobados por el instituto y que se ajusten a las disposiciones aplicables en materia de construcción.

"El instituto en todos los financiamientos que otorgue para la realización de conjuntos habitacionales, establecerá la obligación para quienes los construyan, de adquirir con preferencia, los materiales que provengan de empresas ejidales, cuando se encuentren en igualdad de calidad y precio a los que ofrezcan otros proveedores.

"Los trabajadores tienen derecho a ejercer el crédito que se les otorgue, en la localidad que designen;

"III. Al pago de los depósitos que le corresponden a los trabajadores en los términos de ley;

"IV. A cubrir los gastos de administración, operación y vigilancia del instituto, en los términos del artículo 10 fracción VI;

"V. A la inversión en inmuebles estrictamente necesarios para su (sic) fines, y

"VI. A las demás erogaciones relacionadas con su objeto."

No obstante, la reforma a dicho precepto, vigente a partir de noviembre de mil novecientos ochenta y uno, fue significativa en lo que se refiere a las formalidades de las operaciones y contratos que se celebren para la adquisición de vivienda mediante un crédito del instituto, según se advierte del proceso legislativo que provocó tales reformas.

Es necesario, para partir de un contexto adecuado de interpretación, retomar los antecedentes legislativos de la original Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del que pueden destacarse los argumentos que se citan a continuación:

"Cámara de Origen: Diputados

"Exposición de motivos

"México D.F., a 28 de marzo de 1972

"Iniciativa del Ejecutivo

"Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

"...

"Una vez aprobada y promulgada la reforma a la fracción XII del apartado A del artículo 123 de la Constitución General de la República, se hacía necesario suscitar de inmediato la atención del Congreso para que tuviese a bien ocuparse de los instrumentos jurídicos que harán posible llevar a la práctica los propósitos de solidaridad social contenidos en el nuevo texto constitucional.

"...

"El texto de la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional en vigor, prescribe que el organismo cuya creación se propone esté integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones. Disposición que obedece, en gran medida, al hecho de que el Fondo Nacional de la Vivienda se instituye como un mecanismo de solidaridad social, de carácter nacional.

"...

"Por otra parte, si bien la tutela de los derechos de los trabajadores en la relación obrero patronal corresponde inicialmente a sus organizaciones, cuando se establece un sistema generalizado y obligatorio, compete al Estado el deber de implantar los mecanismos que permitan la adecuada protección de las garantías de todos los trabajadores, vigilar su cumplimiento y administrar las instituciones correspondientes.

"...

"En virtud de que el precepto constitucional a cuya reglamentación corresponde la presente iniciativa, determina que en esta ley deben de regularse las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores puedan adquirir en propiedad habitaciones, el proyecto establece un régimen flexible que, tomando debidamente en cuenta la equidad en la aplicación de los recursos y su adecuada distribución geográfica, permite al instituto asignarlos al otorgamiento de los diversos tipos de créditos que puede conceder, considerando, entre otros elementos de juicio, la procedencia de las aportaciones, la demanda y las necesidades de habitación en las diversas zonas del país y la factibilidad de realizar los proyectos correspondientes.

"...

"La expedición de este instrumento viene a complementar, en la esfera legislativa la creación de las bases institucionales para afrontar globalmente el problema de la vivienda de los trabajadores en los términos previstos por la reforma a la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional.

"Se trata de establecer un sistema de solidaridad social que conjugue la obligación de todos los patrones de la República y sume igualmente los derechos de todos los trabajadores para resolver, con posibilidad de éxito, un problema que se consideraba de muy difícil solución si se le hacía frente, como estaba previsto hasta ahora, en el ámbito de cada empresa.

"...

"Hechas las anteriores consideraciones, el Ejecutivo a mi cargo estima que la creación del instituto constituye un paso firme, dotado de una enorme potencialidad para resolver eficazmente el problema de la vivienda, tal como se lo propuso en su programa de trabajo el Gobierno de la República. ..."

A su vez, en el proceso legislativo de la reforma de mil novecientos ochenta y uno, la iniciativa del Ejecutivo sostuvo:

"Fecha de publicación: 13/11/1981

"Categoría: Decreto

"Proceso legislativo: Exposición de motivos

"Cámara de Origen: Diputados

"Exposición de motivos

"México D.F., a 3 de septiembre de 1981

"Iniciativa del Ejecutivo

"CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados.

Presentes.

"En sesión efectuada en esta fecha por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión y de conformidad con el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turno a esa H. Cámara de Diputados, la iniciativa de adiciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, presentada por el ciudadano José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

"Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

"México, D. F., a 23 de julio de 1981.

"Por los CC. Secretarios, el Oficial Mayor, licenciado Arturo Suárez Luna.

"Escudo Nacional. Presidencia de la República.

"CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Presente.

"A partir de las reformas introducidas en el artículo 123 constitucional y a la Ley Federal del Trabajo y con la expedición de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ‘Infonavit’ en 1972, se estableció un sistema de solidaridad social para cumplir con el objetivo que se propuso el Constituyente de 1917 de dotar a los trabajadores de una vivienda cómoda e higiénica.

"Ha sido preocupación fundamental del Ejecutivo a mi cargo hacer accesible el derecho de los trabajadores a una vivienda digna y por ello se han adoptado las medidas tendientes a resolver el problema habitacional que aqueja a los sectores de menores ingresos. Como parte de esta política resulta indispensable apoyar y estimular los programas que desarrolla el Infonavit, toda vez que el sistema de financiamiento que opera tiene su origen en una obligación constitucional y habida cuenta del crecimiento de la demanda de vivienda por parte del sector social que atiende dicha institución.

"La elevación de los costos de construcción y de la tierra durante los últimos años, ha incidido desfavorablemente en la capacidad de financiamiento de habitaciones por el organismo mencionado. Además ha provocado que en algunas regiones de la República no esté ya en posibilidades de atender a los trabajadores que reciben el salario mínimo. Todo ello, hace necesario que se tomen medidas adicionales a los estímulos que se han decretado para viviendas de interés social, que permitan reducir los costos reales de las habitaciones destinadas a ser adquiridas por los trabajadores, en especial por aquellos que reciben el salario mínimo.

"Es conveniente,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19057-97b2adc7/infonavit-la-inscripcion-del-inmueble-a-favor-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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