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INFONAVIT. LA DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS POR LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DA LUGAR A LA ADJUDICACIÓN DEL INMUEBLE ADQUIRIDO POR EL TRABAJADOR FALLECIDO CON UN CRÉDITO OTORGADO POR AQUEL INSTITUTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2004-SS. · Registro digital (IUS): 18644
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO Y DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Febrero de 2005, , Pág. 688.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 150/2004-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO Y DÉCIMO TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó, al resolver el juicio de amparo directo DT-6386/2004 promovido por María Juana Barrón Rangel, con fecha del día cinco de agosto de dos mil cuatro, negar el amparo solicitado apoyándose, en síntesis, en las consideraciones siguientes:

• Que es correcta la determinación de la Junta responsable al haber declarado a la quejosa y a su menor hija como legítimas beneficiarias del trabajador fallecido, y condenado al instituto demandado a la liberación total del crédito a favor de las beneficiarias señaladas, absolviéndolo de la escrituración y adjudicación del inmueble, fundándose en que no se satisfacían los requisitos del artículo 51 de la ley del instituto demandado, en el sentido de que no existía la manifestación expresa del extinto trabajador para la adjudicación correspondiente.

• Que del contexto integral del párrafo sexto del artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se aprecia que debe constar expresamente la voluntad del trabajador acreditado de legar a favor de determinadas personas, los beneficios de la liberación de gravámenes de la vivienda, así como la consecuente adjudicación.

• Para que proceda la adjudicación del inmueble adquirido mediante el crédito para la vivienda en términos del artículo 51 de la ley en comento, es indispensable que el trabajador acreditado haya designado beneficiarios, ya sea al momento en que se le otorgó el crédito o con posterioridad, puesto que el propio párrafo sexto remite al penúltimo párrafo del artículo 42 de la misma ley, que establece los requisitos mediante los cuales el acreditado deberá expresar su voluntad; además de que también exige que se acredite la identidad y capacidad de los beneficiarios designados.

• Que el citado párrafo del artículo en comento señala que la designación de beneficiarios que el trabajador haga de manera expresa se hará conforme a la prelación que establece el artículo 40 de la propia ley, el cual fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de enero de mil novecientos noventa y siete, de donde se aprecia que no prevé orden de prelación alguna, sino que se refiere a la transferencia de los fondos de la subcuenta de vivienda a las Administradoras de Fondos para el Retiro para la contratación de la pensión correspondiente o su entrega al trabajador o a sus beneficiarios.

• Por tanto, como no existe orden de prelación en el citado artículo 40, se reafirma que el instituto sólo se encuentra obligado, en términos del sexto párrafo del artículo 51 de la ley en comento, a adjudicar el bien inmueble a determinada persona, si ésta fue designada de manera expresa por el trabajador como beneficiaria de ese derecho, por lo que resulta jurídicamente ineficaz el párrafo sexto del artículo 51 de la citada ley, en la parte en que se remite a aquel precepto.

• No puede considerarse que a falta de designación expresa de beneficiarios por parte del trabajador a que se refiere el artículo 51, el instituto deba adjudicar el inmueble a la persona o personas que haya designado la Junta como beneficiarios de los derechos laborales del trabajador fallecido, en virtud de que la finalidad que persigue dicho precepto legal es la de facilitar los trámites ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de adjudicación y escrituración a las personas que hayan sido expresamente designadas beneficiarios por el trabajador fallecido; pero a falta de esa designación, el bien inmueble pasa a formar parte de la masa hereditaria, y su adjudicación y escrituración deben regirse conforme a las reglas del derecho común para no afectar derechos de terceros.

CUARTO. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver los amparos directos DT. 2913/2004 interpuesto por María de los Ángeles Oria Celis y DT. 4513/2004 interpuesto por Ricarda González González, determinó conceder el amparo apoyándose, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:

• Que es fundado el concepto de violación por lo que hace a la adjudicación del bien inmueble en controversia, en virtud de que la acción principal intentada en el juicio laboral fue en el sentido de que la autoridad declarara a la actora como única y legítima beneficiaria de los derechos derivados de la relación laboral de su esposo, así como que el instituto demandado reconociera dicha declaración de beneficiaria (inciso a); además de lo anterior, en el inciso b) del proemio de la demanda reclamó la liberación a favor de la actora, en su carácter de única y legítima beneficiaria, del crédito para vivienda que le fue otorgado al hoy extinto trabajador y como consecuencia la adjudicación y escrituración en su favor de la vivienda respectiva, y la Junta responsable al dictar el laudo impugnado designó a la actora como legítima beneficiaria de los derechos laborales reclamados, y como consecuencia de tal declaratoria, la autoridad condenó al instituto demandado a reconocer la declaración de beneficiario en términos de esa resolución y, por ende, a la liberación en beneficio de dicha beneficiaria del crédito que se otorgó al fallecido trabajador para obtener la vivienda, pero no obstante lo anterior, la autoridad absolvió al instituto hoy tercero perjudicado de la reclamación consistente en la adjudicación del inmueble en cita.

• Que la prestación reclamada deriva de un derecho laboral en virtud de que el artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, específicamente en los artículos 136 y 137, establece que es obligación de los patrones proporcionar habitación a sus trabajadores, obligación que es satisfecha mediante las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, las cuales son administradas por el instituto; este organismo sustituye a los patrones en el cumplimiento de dicha obligación, mediante el establecimiento de un sistema de financiamiento que permite otorgar a los trabajadores crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad sus habitaciones; y el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo establece quiénes son los beneficiarios legales de los trabajadores.

• Que de conformidad con el artículo 152 en relación con el 115, ambos de la Ley Federal del Trabajo, se colige que los trabajadores o, en su caso, los beneficiarios de los derechos laborales de éstos, tienen derecho para acudir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje a ejercer las acciones individuales que deriven del incumplimiento de obligaciones.

• Que el artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establece dos supuestos para liberar al trabajador de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio derivados de la concesión de un crédito. El primero, previsto en el primer párrafo de la norma, en el que tal beneficio opera de inmediato cuando existe el reconocimiento de una incapacidad permanente total, cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la produjo, por ser una prestación concomitante a tal declaración. El segundo, previsto en el párrafo quinto del mismo precepto, se actualiza para los casos de reconocimiento de una incapacidad permanente parcial del cincuenta por ciento o más o del estado de invalidez definitivo, en el que para liberar al acreditado se requiere demostrar no ser sujeto de una nueva relación de trabajo por un periodo mínimo de dos años, lapso durante el cual se gozará de una prórroga sin causa de interés para el pago de su adeudo.

• Por tanto, la liberación inmediata o condicionada de obligaciones o limitaciones inherentes al crédito de vivienda depende de la gravedad de la incapacidad determinada al trabajador, y tratándose de la total permanente basta para su otorgamiento la sola demostración de que se reconoció ese estado de salud, para que el inmueble pase a formar parte del patrimonio del trabajador, libre de todo gravamen, por lo que es una prestación directa o indirecta que se actualiza en alguno de los siguientes supuestos: a) cuando se cubre el crédito otorgado; b) cuando se sufre alguna incapacidad en los términos detallados anteriormente y; c), a favor de los beneficiarios cuando fallece el trabajador, ya que en cualquiera de las hipótesis mencionadas se incorpora como prestación de carácter social al patrimonio, según sea el caso, del trabajador o de sus beneficiarios.

• Que lo fundado del alegato radica en que de la lectura del laudo se advierte que la Junta consideró que aun cuando el párrafo sexto del artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé la liberación de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existan a favor del citado instituto y la adjudicación del inmueble libre de gravámenes en beneficio de las personas que designa el trabajador, lo cierto era que desde el punto de vista de la autoridad, del texto del artículo citado se desprendía que para que operara la adjudicación del inmueble, se requería la actualización de los supuestos que contemplaba el penúltimo párrafo del artículo 42 de la ley en cita.

• Que la Junta responsable con base en lo previsto por el artículo 51 en relación con el diverso 42 de la ley del instituto demandado estimó que para la procedencia de la adjudicación a favor de la beneficiaria, era requisito indispensable la voluntad fehaciente de designación en tal sentido, por lo que según el criterio de la Junta, al no haberse satisfecho tal requisito, procedía la absolución sobre el reclamo de adjudicación, apreciación de la autoridad que es violatoria de garantías.

• Que del primer párrafo del artículo 51 de la ley en cita, en que se prevé la liberación de los créditos que el instituto otorgue a los trabajadores o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del instituto derivados de esos créditos, serán cubiertos por un seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte.

• Que el penúltimo párrafo del artículo 51 del ordenamiento aludido, dispone que los trabajadores acreditados "podrán" manifestar expresamente su voluntad ante el instituto, en el acto del otorgamiento del crédito o posteriormente para designar a sus beneficiarios. Asimismo, en la última parte del párrafo en cita se establece que en caso de controversia, el instituto procederá exclusivamente a la liberación referida y que se abstendrá de adjudicar el inmueble.

• Que la Junta responsable al resolver sobre la adjudicación del bien inmueble en disputa, en forma ilegal consideró que la actora no había acreditado la designación en los términos previstos por el penúltimo párrafo del artículo 51 de la ley del instituto demandado, en relación con lo dispuesto por el artículo 42 de dicho ordenamiento, ya que, precisamente, el motivo del juicio que la actora sometió a la jurisdicción de la autoridad fue originado por la falta de esa designación expresa del extinto trabajador, tanto como beneficiaria, como para que se adjudicara el inmueble a su favor; por ello, acudió ante la autoridad laboral para que seguido el procedimiento especial, la declararan beneficiaria en términos de la fracción I del artículo 503 de la Ley Federal del Trabajo.

• Que la consecuencia directa e inmediata de la declaración de beneficiaria que se tramitó ante la Junta laboral, una vez que se liberaron de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existían a favor del instituto demandado, es declarar procedente la adjudicación del inmueble liberado, pues no compareció a juicio ninguna otra persona a deducir su derecho para ser designada como legítima beneficiaria de los derechos laborales derivados de la muerte del trabajador, ya que entender el artículo 51 de la ley en comento, de la manera en que lo interpretó la Junta, llevaría al extremo de que al no haberse designado como beneficiaria tampoco procedería dicha designación por parte de la autoridad, por no haberse cumplido con lo previsto por el penúltimo párrafo del precepto aludido en relación con el diverso 42 del mismo ordenamiento, situación que es inadmisible, primero, porque como el precepto lo indica, se trata de una facultad optativa de los trabajadores asegurados designar a sus beneficiarios en el acto de otorgamiento del crédito o posteriormente, tan es así que por esa razón se emplea el vocablo "podrán" manifestar expresamente su voluntad, sin que por la circunstancia de que no hayan hecho tal designación se entienda que quede limitado o coartado el derecho de los beneficiarios, quienes con fundamento en los artículos 501 y 503 de la Ley Federal del Trabajo, tienen expedito su derecho para acudir a la autoridad competente a deducir lo que a sus intereses convenga, pues, una vez agotada la jurisdicción y ante la falta de controversia en la designación de beneficiaria (que es una de las condicionantes que podía impedir la adjudicación), lo que procedía, una vez liberado el crédito, era la adjudicación del inmueble a favor de la única persona que acreditó el carácter de beneficiaria del extinto trabajador, ya que no se trata de una prestación autónoma, sino que se vincula estrechamente al ser consecuencia directa e inmediata de la declaración de beneficiaria; por lo que al no apreciarlo así la autoridad, violó en perjuicio de la quejosa las garantías individuales que invocó en su demanda de amparo.

• Que la autoridad laboral apreció en forma ilegal la disposición contenida en el penúltimo párrafo del artículo 42 de la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues en él se prevé, entre otras cuestiones, que los contratos y operaciones relacionados con los inmuebles del instituto "podrán" hacerse constar en documentos privados, ante dos testigos e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, con la constancia del registrador sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes.

• Es decir, el legislador estableció un registro de inmueble sencillo, expedito y sin mayor trámite que el de la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, mediante documento privado, ante dos testigos; en consecuencia, si el artículo 51 de la ley en cita establece que los trabajadores acreditados podrán manifestar expresamente su voluntad ante el instituto, en caso de otorgamiento del crédito o posteriormente, para que en caso de muerte la liberación y adjudicación del inmueble se haga en beneficio de la persona o personas que designen, es incuestionable que en el caso a estudio, debido a que no existía esa designación, es por lo que se acudió a juicio, razón por la que no puede obligar la autoridad a que se cuente con la formalidad prevista por el penúltimo párrafo del artículo 42, lo cual corrobora la idea de que al haberse demostrado la procedencia de declaración de legítima beneficiaria de los derechos laborales derivados de la muerte del trabajador, aunado al hecho de que no existió controversia en tal declaratoria, lo procedente era que la autoridad laboral, además de la declaración de beneficiaria a favor de la actora, también estableciera la procedencia de la adjudicación del inmueble materia de la acción, ya que si no fuera así ningún efecto práctico tendría la sola declaración de beneficiaria, si se le obligara a la actora a agotar diferentes instancias para obtener una prestación derivada eminentemente de la relación de trabajo.

Dicho criterio dio origen a la tesis cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:

"Novena Época

"Instancia: Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XX, julio de 2004

"Tesis: I.13o.T.85 L

"Página: 1734

"INFONAVIT. LA DECLARACIÓN NO CONTROVERTIDA DE BENEFICIARIO DE LOS DERECHOS LABORALES DERIVADOS DEL FALLECIMIENTO DE UN TRABAJADOR, DA LUGAR A LA ADJUDICACIÓN Y ESCRITURACIÓN DEL INMUEBLE. El penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dispone: ‘Los trabajadores acreditados podrán manifestar expresamente su voluntad ante el instituto, en el acto del otorgamiento del crédito o posteriormente, para que en caso de muerte, la liberación de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existan a favor del instituto, así como la adjudicación del inmueble libre de aquéllos, se haga en beneficio de las personas que designen conforme a lo que señala el artículo 40 (sic) de esta ley, con la prelación ahí establecida cuando así lo haya manifestado expresamente el trabajador, con sólo las formalidades previstas en el penúltimo párrafo del artículo 42 de esta misma ley y la constancia que asiente el instituto sobre la voluntad del trabajador y los medios con que se acrediten la capacidad e identidad de los beneficiarios. En caso de controversia, el instituto procederá exclusivamente a la liberación referida y se abstendrá de adjudicar el inmueble.’. Por otra parte, el artículo 42 del mismo ordenamiento se refiere, en general, a la forma en que el instituto destinará los recursos asignados, y en su penúltimo párrafo, dispone: ‘Los contratos y las operaciones a que se refiere el párrafo anterior, así como la constitución del régimen de propiedad en condominio de los conjuntos que financie el instituto podrán hacerse constar en documentos privados, ante dos testigos, e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad que corresponda, con la constancia del registrador sobre la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes.’. Por ende, si el motivo de un juicio laboral sometido a la jurisdicción de la autoridad fue originado por la falta de esa designación expresa del extinto trabajador, a fin de que se hiciera la declaración de beneficiaria, tal efecto jurídico conlleva la procedencia de la adjudicación y escrituración del inmueble, por ser una consecuencia directa e inmediata de tal declaratoria."

QUINTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia número P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que son: a) que en las ejecutorias materia de contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y, c) que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.

Para determinar si se cumplen tales requisitos, es necesario realizar una síntesis de las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados contendientes en las ejecutorias respectivas.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DT. 6386/2004, consideró los siguientes elementos.

1. Por demanda presentada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, María Juana Barrón Rangel, con el carácter de cónyuge supérstite del trabajador Ernesto Alberto Botello Buendía y en representación de su menor hija, solicitó la declaración en su favor como únicas y legítimas beneficiarias de los derechos derivados de la relación de trabajo del extinto trabajador y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la liberación del crédito que le fuera otorgado al trabajador, así como la escrituración y adjudicación de la vivienda.

2. La autoridad responsable dictó laudo en el que declaró como beneficiarias del trabajador fallecido a la actora y a su hija, y condenó al instituto demandado a la liberación total del crédito y dejó a salvo los derechos de la actora para solicitar la adjudicación y escrituración de la vivienda, estimando que no se dan los presupuestos del artículo 51, párrafo sexto, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues se requiere que el trabajador acreditado manifieste expresamente ante el instituto el nombre de las personas beneficiarias, lo que no se demostró.

3. Contra dicha resolución la actora interpuso juicio de amparo directo, del que por razón de turno correspondió al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que con fecha cinco de agosto de dos mil cuatro, resolvió negar el amparo solicitado con base en los razonamientos señalados en el resultando tercero de este fallo.

Por otra parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo DT. 2913/2004 y DT. 4513/2004, tuvo en cuenta los elementos siguientes:

1. Por demanda presentada ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, María de los Ángeles Oria Celis y Ricarda González González, respectivamente, solicitaron la declaración en su favor como únicas y legítimas beneficiarias de los derechos derivados de la relación de trabajo de los extintos trabajadores Víctor Manuel Mondragón Leos y Jorge López Colmenares, respectivamente, y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la liberación del crédito que le fuera otorgado al trabajador, así como escrituración y la adjudicación de la vivienda.

2. La autoridad responsable dictó laudos en los que declaró como beneficiaria del trabajador fallecido a cada una de las actoras y condenó al instituto demandado a la liberación total del crédito y dejó a salvo los derechos de las actoras para solicitar la adjudicación de la vivienda, estimando que no se dan los presupuestos del artículo 51, párrafo sexto, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pues se requiere que el trabajador acreditado manifieste expresamente ante el instituto el nombre de las personas beneficiarias, lo que no se demostró.

3. Contra dichas resoluciones las actoras interpusieron juicios de amparo directo, de los que por razón de turno correspondió al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que con fecha treinta y uno de marzo de dos mil cuatro y veinticinco de marzo del mismo año, resolvió conceder el amparo solicitado con base en los razonamientos señalados en el resultando cuarto de este fallo.

Sobre tales antecedentes, aparece de las resoluciones pronunciadas por los mencionados Tribunales Colegiados, que en los casos sometidos a su consideración, el primero de ellos básicamente sostiene que en virtud de la modificación del artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, éste ya no prevé orden de prelación para la designación de beneficiarios, por lo que resulta jurídicamente ineficaz el párrafo sexto del artículo 51 de la citada ley, en la parte en que se remite a aquel precepto, de manera que no puede considerarse que a falta de designación expresa de beneficiarios por parte del trabajador, el instituto deba adjudicar el inmueble a la persona o personas que haya designado la Junta como beneficiarios, en virtud de que la finalidad que persigue dicho precepto legal es la de facilitar los trámites ante el instituto, sobre la adjudicación y escrituración a las personas que hayan sido expresamente designadas beneficiarios por el trabajador fallecido; pero a falta de esa designación, el bien inmueble pasa a formar parte de la masa hereditaria, y su adjudicación y escrituración deben regirse conforme a las reglas del derecho común.

En cambio, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito estimó que la consecuencia directa e inmediata de la declaración de beneficiarios que se tramitó ante la Junta laboral, una vez que se liberaron de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio que existían a favor del instituto demandado, es declarar procedente la adjudicación del inmueble liberado, ya que entender el artículo 51 de la ley en comento, de la manera en que lo interpretó la Junta, llevaría al extremo de que al no haberse designado beneficiarios, tampoco procedería dicha designación por parte de la autoridad, por no haberse cumplido con lo previsto por el penúltimo párrafo del precepto aludido, en relación con el diverso 42 del mismo ordenamiento, situación que es inadmisible, porque como el precepto lo indica, se trata de una facultad optativa de los trabajadores asegurados designar a sus beneficiarios, sin que por la circunstancia de que no hayan hecho tal designación se entienda que quede limitado o coartado el derecho de los beneficiarios, quienes con fundamento en los artículos 501 y 503 de la Ley Federal del Trabajo, tienen expedito su derecho para acudir a la autoridad competente a deducir lo que a sus intereses convenga, considerando que no se trata de una prestación autónoma, sino que se vincula estrechamente al ser consecuencia directa e inmediata de la declaración de beneficiarios, ya que si no fuera así ningún efecto práctico tendría dicha declaración, si se les obligara a agotar diferentes instancias para obtener una prestación derivada eminentemente de la relación de trabajo.

Por tanto, esta Segunda Sala estima que mientras el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito realizó sus consideraciones a partir del análisis del artículo 51 y la remisión que éste hace al diverso artículo 40; el Décimo Tercer Tribunal Colegiado las hizo en razón de la remisión que el propio artículo 51 hace al artículo 42; sin embargo, ambos Tribunales Colegiados hicieron pronunciamiento específico sobre los efectos que produce la falta de designación de beneficiarios al no verse satisfecho el presupuesto del párrafo sexto del actual artículo 51 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de manera que sus conclusiones resultaron contradictorias en tanto el primero de los mencionados determinó que es indispensable que el trabajador acreditado haya designado beneficiarios y, en consecuencia, no puede considerarse que a falta de esa designación el instituto deba adjudicar el inmueble a las personas que haya designado la Junta como beneficiarios de los derechos laborales del trabajador fallecido; y por su parte, el diverso órgano colegiado concluyó que como consecuencia directa e inmediata de la declaración de beneficiarios que se tramitó ante la Junta laboral, debía declararse procedente la adjudicación del inmueble liberado, esto es, sin haber analizado el artículo 40 de la indicada ley, por lo que debe estimarse, de manera implícita, que éste dispone la declaración de beneficiarios.

Lo antes dicho encuentra apoyo en las tesis que ha sustentado esta Segunda Sala, cuyos rubros, textos y datos de identificación, a continuación se transcriben.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE SU ANÁLISIS AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE Y CUANDO EL SENTIDO DE ÉSTE PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE. El hecho de que uno de los criterios divergentes materia de la contradicción de tesis denunciada, sea implícito, no impide que pueda analizarse y resolverse la contradicción planteada, pero para que la divergencia tenga jurídicamente los mismos efectos que un desacuerdo expreso al resolver cuestiones esencialmente iguales, se requiere que el sentido atribuido al criterio tácito sea indubitable." (Tesis 2a. LXXVIII/95, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, septiembre de 1995, página 372).

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE DE MANERA IMPLÍCITA CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO EXPRESA CONSIDERACIONES RESPECTO DEL CRITERIO CUESTIONADO, PERO ARRIBA A UNA CONCLUSIÓN DIVERSA DE LA QUE ESTABLECE EL OTRO TRIBUNAL SOBRE EL MISMO PROBLEMA JURÍDICO. Aun cuando uno de los Tribunales Colegiados de Circuito no exponga en la ejecutoria respectiva las consideraciones en que sustenta el criterio jurídico materia de la contradicción de tesis, ésta existe en forma implícita si tal ejecutoria contiene elementos suficientes para establecer un criterio contrario al del otro Tribunal Colegiado, pues si bien es cierto que la divergencia de criterios debe darse en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas en las sentencias, ello no obsta para determinar que sí existe contradicción y decidir cuál tesis debe prevalecer, cuando los órganos jurisdiccionales arriban a conclusiones diversas respecto de la sustancia de un mismo problema jurídico, mientras no se trate de aspectos accidentales o meramente secundarios, ya que para dilucidar cuál tesis ha de prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente, un criterio diverso sobre la misma cuestión jurídica." (Tesis 2a. XXVIII/2002, Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, marzo de 2002, página 427).

En consecuencia, el punto jurídico materia de la presente contradicción de tesis consiste en determinar si ante la falta de designación expresa de beneficiarios, como lo requiere lo dispuesto en el artículo 51, párrafo sexto, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es suficiente la declaración que de los mismos efectuó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en términos de la Ley Federal del Trabajo, para determinar que a ellos corresponde la adjudicación de la vivienda obtenida con un c

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18644-d63f2ae3/infonavit-la-declaracion-de-beneficiarios-por-la-junta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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