OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA NEGATIVA A SEÑALAR NUEVA FECHA PARA QUE SE REALICE LA REINSTALACIÓN DERIVADA DEL FORMULADO EN EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 179/2006-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. El Tribunal Colegiado denunciante se encuentra legitimado, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT. 13963/2006, promovido por Martín Pérez Villavicencio, determinó conceder el amparo solicitado apoyándose, en lo que al presente asunto importa, en las consideraciones siguientes:
• Que el quejoso aduce que se violaron sus garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque habiendo aceptado el ofrecimiento de trabajo que le hizo el patrón, la Junta mediante proveído de seis de junio de dos mil cinco señaló las once horas del trece de julio de ese mismo año, para que se llevara a cabo la diligencia de reinstalación, ordenándole que se presentara ante el fedatario con dos horas de anticipación, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le tendría por inconforme con el ofrecimiento de trabajo, por lo que incorrectamente el actuario de la Junta levantó un acta a las diez de la mañana, cuando su obligación era levantarla a las nueve de la mañana, no obstante eso, afirma el solicitante del amparo que estuvo presente a las nueve, por tanto, solicita que se lleve a cabo su reinstalación.
• Que el tribunal del conocimiento advirtió que se había cometido en perjuicio del impetrante de garantías una violación a las leyes del procedimiento que afectó sus defensas y trascendió al resultado del fallo, en términos de la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo.
• Que lo dispuesto en la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo no debe interpretarse en el sentido de que la analogía anunciada en ese precepto se encuentra comparando la violación de que se trate específicamente con alguna en especial de las que en él se prevén, sino que tal disposición debe entenderse en el sentido de que debe acudirse para calificar la naturaleza de esta infracción al procedimiento y a las características esenciales que en relación a ella establecen los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Carta Magna y 158 de la Ley de Amparo, es decir, que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo.
• Que en esa virtud, fue ilegal el proceder de la Junta del conocimiento, porque al emitir el acuerdo por el que se le tiene por no interesado en dicho ofrecimiento de trabajo no toma en cuenta que el trece de julio de dos mil cinco el actuario levantó su razón hasta las diez horas, cuando mediante proveído de seis de junio de dos mil cinco la responsable señaló las once horas del trece de julio del mismo año para que tuviera verificativo la reinstalación, ordenándole al actor que se presentara con dos horas de anticipación, esto es, a las nueve horas; luego, el deber del actuario era vocear al trabajador a partir de las nueve de la mañana y de levantar la constancia respectiva sobre la incomparecencia del mismo a la hora fijada previamente y no a las diez, como lo hizo.
• El proceder de la Junta de tener por no interesado al actor con el ofrecimiento de trabajo hecho por el patrón hace que se actualice una violación procesal en términos de la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo, que lo deja sin defensa, toda vez que perdió su derecho a ser reinstalado y trasciende al resultado del laudo, ya que si se tuviera al actor aceptando tal oferta y se llevara a cabo la diligencia de reinstalación sin contratiempos, se variarían totalmente las cuestiones de fondo en relación con las prestaciones, indemnizaciones y demás conceptos reclamados en el juicio y si, por otra parte, en la diligencia aludida ocurrieran incidencias que impidieran concretar la reinstalación ofrecida y aceptada o no se hiciera en los términos ofrecidos, esto desde luego también traería consecuencias jurídicas que incidirían en la calificación de la oferta de trabajo, por lo que se estima que se infringieron las leyes del procedimiento y, como consecuencia, las garantías individuales del quejoso que requiere para ser reparadas que se señale nuevo día y hora para realizar ese acto procesal.
CUARTO. Las consideraciones en que se apoyó el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver por unanimidad de votos el amparo directo DT. 10486/97, promovido por Fernando Salvador Silva, determinó negar el amparo solicitado apoyándose, en lo que al presente asunto importa, en las consideraciones siguientes:
• Que el quejoso aduce que aun cuando no acudió a la reinstalación ofrecida en audiencia, lo cierto es que de la constancia que corre agregada fuera de las fojas correspondientes al expediente se presume que fue elaborada y maquinada para afectar sus intereses y más aún que no aparece nombre de persona cierta que firme al calce tal constancia y que por no encontrarse foliada no puede formar parte de dicha instrumental, por lo que la autoridad responsable viola los principios de seguridad y legalidad jurídica a que deben ajustarse todas y cada una de sus actuaciones, resultando una franca violación a los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo y al 785 de la ley invocada.
• Que las violaciones relativas a la reinstalación derivada del ofrecimiento de trabajo y, en el caso, si el actor solicitó se señalara nueva fecha para tal reinstalación y la autoridad responsable le negó esa petición, son inatendibles, pues las mismas no encuadran en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, en cuanto se refieren a violaciones a las leyes que rigen el procedimiento, puesto que la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna que regule la figura del ofrecimiento de trabajo que, por el contrario, ésta deriva de la jurisprudencia de rubro y texto: "DESPIDO. NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.", y sus consecuencias en cuanto al propio procedimiento concierne deben ser impugnadas, en su momento, mediante juicio de amparo indirecto como actos dictados dentro del procedimiento y que son de imposible reparación, conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que la incomparecencia del trabajador en la fecha fijada para su reinstalación tuvo como consecuencia directa que la Junta le negara el derecho a fijar nueva fecha para dicha reinstalación ofrecida por la empresa, de manera que esa situación no podrá en forma alguna ser retomada ni considerada en el laudo que se dictare al resolver la controversia, sino que sólo se ocuparía, como en la especie aconteció, de calificar el ofrecimiento de trabajo, por tanto, este Tribunal Colegiado se ve imposibilitado jurídicamente para hacer pronunciamiento al respecto.
Dicha ejecutoria dio origen a la tesis aislada que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1850, de rubro y texto:
"REINSTALACIÓN. EN CONTRA DE LA NEGATIVA DE LA JUNTA RESPONSABLE DE FIJAR NUEVA FECHA PARA QUE AQUÉLLA SE LLEVE A CABO, MOTIVADA POR LA INCOMPARECENCIA DEL TRABAJADOR EN LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA TAL EFECTO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si se combate en amparo la negativa de la Junta responsable de fijar nueva fecha para la reinstalación del trabajador, motivada por su incomparecencia en la primera fecha señalada para tal efecto, debe estimarse que tal violación no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, pues la Ley Federal del Trabajo no contiene disposición alguna que regule la figura del ofrecimiento de trabajo, ya que ésta deriva de la jurisprudencia número 158, sustentada por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia del Trabajo, página 107, con el rubro: ‘DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA.’. En consecuencia, la negativa de señalamiento de nueva fecha para que se realice la reinstalación, con todas sus consecuencias, debe ser impugnada mediante juicio de amparo indirecto, por constituir un acto dictado dentro del procedimiento que es de imposible reparación, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"Nota: La anterior tesis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 509, con el rubro: ‘REINSTALACIÓN DERIVADA DEL OFRECIMIENTO DE TRABAJO, VIOLACIONES EN LA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO.’, fue modificada para que guardara fidelidad con el texto de la ejecutoria emitida por el tribunal respectivo, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución dictada el 13 de agosto de 2004 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 48/2004-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Sexto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, para quedar como aquí se establece."
QUINTO. Como cuestión previa, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia número P./J. 26/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Para determinar si se cumple con los requisitos de la jurisprudencia citada y así establecer la existencia de la contradicción de tesis que se denuncia, es necesario realizar una síntesis de los elementos considerados por los Tribunales Colegiados en las ejecutorias respectivas:
a) El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DT. 13963/2006, estimó que el proceder de la autoridad responsable teniendo por no interesado al actor con el ofrecimiento de trabajo hace que se actualice una violación procesal en términos de la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo, que lo deja sin defensa, toda vez que perdió su derecho a ser reinstalado y trasciende al resultado del laudo, ya que si se tuviera al actor aceptando tal oferta y se llevara a cabo, sin contratiempos, la diligencia de reinstalación, se variarían totalmente las cuestiones de fondo en relación con las prestaciones, indemnizaciones y demás conceptos reclamados en el juicio, y si en la reinstalación ocurrieran incidencias que impidieran concretar la reinstalación ofrecida y aceptada o no se hiciera en los términos ofrecidos, también tendrían consecuencias jurídicas en la calificación de la oferta de trabajo, por lo que estima que se infringieron las leyes del procedimiento que requiere la reposición del procedimiento.
b) En cambio, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito estimó que las violaciones relativas a la reinstalación derivadas del ofrecimiento del trabajo, al no encuadrar en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, deben ser impugnadas en amparo indirecto como actos dictados dentro del procedimiento y que son de imposible reparación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la citada Ley de Amparo, dado que la incomparecencia del trabajador en la fecha fijada para su reinstalación tuvo como consecuencia directa que la Junta le negara el derecho a fijar nueva fecha para tal reinstalación, de manera que esa situación no podrá en forma alguna ser retomada ni considerada en el laudo que se dictare al resolver la controversia, sino que sólo se ocuparía, como sucedió, de calificar el ofrecimiento de trabajo; por tanto, consideró inatendibles los conceptos de violación relativos y negó el amparo.
Por tanto, se advierte que existe la contradicción de tesis denunciada, en virtud de que las conclusiones a las que respectivamente llegaron los tribunales contendientes resultan evidentemente encontradas, no obstante que en esencia analizaron supuestos jurídicos similares, que se reducen a la negativa a señalar nueva fecha para que se realice la reinstalación derivada del ofrecimiento de trabajo formulado en el juicio, aun cuando en el primero de los supuestos el resultado fue tener por no interesado al trabajador con tal ofrecimiento, dado que existió, en consecuencia, una negativa tácita a señalar esa nueva fecha; pues mientras el primero de los tribunales mencionados determinó la procedencia del amparo directo para el análisis de las violaciones alegadas, en términos de lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Amparo; el diverso tribunal sostuvo la inoperancia de los argumentos vertidos en la demanda de garantías, por no tratarse de violaciones procesales previstas en el precepto legal en mención y, por el contrario, estimó que debió promoverse amparo indirecto por tratarse de violaciones procesales de imposible reparación, conforme al artículo 114, fracción IV, de la propia ley.
En ese orden de ideas, la materia de la contradicción consiste en determinar si contra la negativa a señalar nueva fecha para que se realice la reinstalación derivada del ofrecimiento de trabajo formulado en el juicio, procede el amparo directo por tratarse de violaciones procesales análogas a las previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, o procede juicio de amparo indirecto, por estimarse violaciones al procedimiento de imposible reparación, conforme a la fracción IV del artículo 114 de la propia ley.
SEXTO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que sustenta esta Segunda Sala, que coincide con el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de conformidad con los argumentos siguientes:
En principio, deben tomarse en cuenta las consideraciones que sostuvo esta Segunda Sala al resolver la diversa contradicción de tesis 81/99, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, fallada el siete de abril de dos mil, dado que de éstas derivó la jurisprudencia 2a./J. 44/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, mayo de 2000, página 135, que dice:
"OFRECIMIENTO DE TRABAJO. LA OMISIÓN DE LA JUNTA DE ACORDARLO O DE REQUERIR AL TRABAJADOR PARA QUE MANIFIESTE SI LO ACEPTA O LO RECHAZA, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE DA LUGAR A CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO. Como el ofrecimiento de trabajo tiene el efecto jurídico de revertir la carga de la prueba respecto de la existencia del despido, cabe considerar que la omisión de la Junta a acordar sobre el ofrecimiento y de requerir al trabajador para que manifieste si lo acepta o lo rechaza, es una violación procesal análoga a las previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, cuando afecta las defensas de las partes en el juicio laboral y trasciende al resultado del fallo, dado que con dicha omisión se deja de atender un aspecto procesal relevante, como es la determinación de a quién corresponde la carga de la prueba, lo que puede originar un laudo incongruente y dejar a las partes en estado de inseguridad al no conocer su situación en el momento procesal oportuno, si se toma en cuenta que es la conducta de las partes en torno a la oferta del trabajo lo que permite saber quién debe probar, así como el objeto de la prueba. La necesidad de explicitar o aclarar la situación procesal de las partes se funda, además, en la interpretación del artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, en cuanto conduce a estimar que una vez que se produce la instancia de parte, la Junta tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, a fin de evitar prácticas viciosas, como la de considerar que el patrón desistió del ofrecimiento que hizo al trabajador porque no lo reiteró, o que el trabajador no tiene interés en la reanudación de la relación de trabajo porque nada dijo al respecto, cuando ni siquiera hay seguridad de que se enteró del ofrecimiento, prácticas que se agravan porque la Ley Federal del Trabajo no establece recursos ordinarios dentro del procedimiento para subsanarlas. Asimismo, del artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que es a los presidentes de las Juntas y a los auxiliares a quienes toca vigilar que se tomen las medidas necesarias para lograr que los juicios no queden inactivos y se provea lo que conforme a la ley corresponda, de manera que cuando la omisión de mérito deje en inseguridad a las partes y ello trascienda al resultado del laudo, debe concederse el amparo a fin de que se reponga el procedimiento, ya que las partes en el juicio laboral no deben resentir la desatención de las Juntas."
Las consideraciones conducentes son:
"... debe tomarse en consideración que el ofrecimiento de trabajo es una figura sui generis, caracterizada por la proposición del patrón al trabajador para que continúe con la relación laboral y que, cuando es de buena fe, tiene el efecto jurídico de revertir la carga de la prueba respecto de la existencia del despido, por lo que debe hacerse en la etapa de demanda y excepciones de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, que es el momento en que se fija la controversia; cabe concluir, por tanto, que la omisión por parte de la Junta de acordar sobre ese ofrecimiento y de requerir al trabajador para que manifieste si lo acepta o rechaza, es una violación análoga a las previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo, cuando afecta las defensas de las partes en el juicio laboral y trasciende al resultado del fallo, dado que en dicha omisión se deja de atender un aspecto procesal relevante, como es la determinación de a quién corresponde la carga de la prueba, lo que puede originar un laudo incongruente y dejar a las partes en estado de inseguridad al no conocer en el momento procesal oportuno, si se toma en cuenta que es la conducta de las partes lo que permite saber quién debe probar, así como el objeto de la prueba.
"Sólo con el propósito de abundar sobre la trascendencia de la omisión de acordar sobre el ofrecimiento de trabajo y de requerir al trabajador para que exprese si lo acepta o lo rechaza, resulta pertinente tener en cuenta que tal ofrecimiento supone el ejercicio de una acción y la oposición de cierta defensa, por lo que es un elemento relevante en la integración de la controversia y la carga de la prueba, dado que según se previene en los artículos 840, 777 y 880, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, la litis en el juicio laboral se integra con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio, además de que las partes deben ofrecer sus pruebas en relación con los hechos controvertidos.
"Por otro lado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 873 y 875 de la Ley Federal del Trabajo, el proceso laboral se concreta en la celebración de una audiencia dividida en tres etapas: de conciliación; de demanda y excepciones; y de ofrecimiento y desahogo de pruebas. Por lo mismo, la correcta sustanciación del proceso laboral requiere la precisión de los actos procesales que integran cada etapa y la decisión oportuna por parte de las Juntas de las incidencias que surjan en ellas, puesto que una vez concluida cualquier etapa, no será posible regresar a ella, como se advierte de los artículos 876, 878, 879, 880, 881, 884 y 885 de ese ordenamiento.
"De esto se sigue que como la Junta tiene la rectoría del proceso laboral, pues le corresponde el conocimiento y resolución de los conflictos del trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 604 y 621 de la Ley Federal del Trabajo, y además la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, según se prevé en el artículo 685 de esa ley, es que antes de declarar concluida cualquier etapa debe examinarla con pulcritud y ordenar las medidas pertinentes, a fin de depurar el procedimiento y evitar la omisión de resoluciones o actos que se traduzcan en violaciones procesales que afectan las defensas de las partes y trasciendan al resultado del fallo, como la omisión de acordar sobre el ofrecimiento de trabajo hecho por el patrón al trabajador o de requerirlo para que exprese si acepta o rechaza ese ofrecimiento.
"Esto porque de ningún modo se puede considerar que la falta de insistencia por parte del patrón para que la Junta acuerde sobre el ofrecimiento que hizo al trabajador, implica que desistió de él y que esto basta para que no opere la reversión de la carga de la prueba, porque si bien, por una parte en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo se consagra el principio de instancia de parte, en virtud del cual la actividad jurisdiccional en materia de trabajo requiere el impulso de parte interesada, por la otra, en términos de ese mismo precepto, como ya se vio, las Juntas tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr esos fines; en tanto que la interpretación armónica de ese precepto conduce a estimar que una vez que se produce la instancia de parte, la Junta, como rectora del proceso laboral, tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, sin esperar una nueva instancia del interesado, dado que esto sería contrario a los fines indicados. Por tanto, nada autoriza a considerar, de manera fundada, que el patrón desistió del ofrecimiento que hizo al trabajador para que se reintegre al trabajo o que no tiene ya interés en la reanudación de la relación de trabajo, cuando que tal interés quedó de manifiesto desde que hizo ese ofrecimiento y debe estimarse que subsiste mientras no exista manifestación expresa o indubitable en contrario.
"Tampoco se puede estimar que se consintió tácitamente la violación procesal, derivada de la omisión de la Junta de acordar sobre el ofrecimiento de trabajo hecho por el patrón al trabajador, y de requerir a éste para que expresara si aceptaba o rechazaba el trabajo, habida cuenta que la Ley Federal del Trabajo no establece recursos ordinarios dentro del procedimiento para subsanar esa omisión.
"Es más, en el artículo 771 de la Ley Federal del Trabajo se señala que los presidentes de las Juntas y los auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar el laudo respectivo; de lo que se deduce que no es a las partes a quienes les corresponde vigilar que se tomen las medidas necesarias para lograr ese fin, por lo que no es debido estimar que las partes en el juicio laboral deben resentir la desatención de las Juntas.
"Conforme a lo anterior, se debe concluir que la omisión de la Junta de acordar sobre el ofrecimiento de trabajo hecho por el patrón al trabajador y de requerirlo para que manifieste si lo acepta o rechaza, es una violación procesal comprendida en la fracción XI del artículo 159 de la Ley de Amparo.
"Para explicar lo anterior, debe tenerse en cuenta que el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción III, inciso a), establece:
"‘Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes:
"‘...
"‘III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"‘a) Contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellas o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; siempre que en materia civil haya sido impugnada la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. Estos requisitos no serán exigibles en el amparo contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia.’
"Por su parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en los artículos 158 y 159, establecen la procedencia del juicio de garantías en contra de actos judiciales, en amparo directo en los siguientes términos:
"‘Artículo 158. El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.
"‘Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto de juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa.
"‘Cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.’
"‘Artículo 159. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso:
"‘I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;
"‘II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate;
"‘III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley;
"‘IV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;
"‘V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;
"‘VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley;
"‘VII. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las prueban ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos;
"‘VIII. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda alegar sobre ellos;
"‘IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de providencias que afecten partes sustanciales de procedimiento que produzcan indefensión de acuerdo con las demás fracciones de este mismo artículo;
"‘X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o cuando el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte expresamente para proceder;
"‘XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito según corresponda.’
"De lo precedente se advierte que los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158 de la Ley de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19989-c08e6724/ofrecimiento-de-trabajo-la-negativa-a-senalar-nueva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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