COSTO DE LO VENDIDO. LOS ARTÍCULOS 29, FRACCIÓN II, Y DEL 45-A AL 45-I DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y TERCERO TRANSITORIO, FRACCIONES DE LA IV A LA IX, Y XI, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMÓ Y ADICIONÓ AQUÉLLA, VIGENTES A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005, SON DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA. COSTO DE LO VENDIDO. LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA REFORMADOS Y ADICIONADOS MEDIANTE EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1o. DE DICIEMBRE DE 2004, QUE ESTABLECEN DICHA DEDUCCIÓN, CONSTITUYEN UN SISTEMA JURÍDICO INTEGRAL DE CARÁCTER AUTOAPLICATIVO, POR LO QUE ES INNECESARIO QUE EL GOBERNADO SE SITÚE EN CADA UNA DE LAS HIPÓTESIS QUE LO CONFORMAN PARA RECLAMARLO EN AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 27/2005-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO, CUARTO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIO: ROLANDO JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero fracción VI del Acuerdo Plenario 5/2001 de fecha veintiuno de junio de dos mil uno.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la hizo la Magistrada presidenta del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien tiene facultad para eso, de conformidad con el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
TERCERO. A fin de estar en posibilidad de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
A. Los antecedentes y consideraciones que sirvieron de sustento al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veintisiete de abril de dos mil cinco la improcedencia administrativa RA. 136/2005, en lo que interesa conocer, son los siguientes:
1. Icontech Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentó demanda de amparo reclamando la inconstitucionalidad de los artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B, 45-C, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H, 45-I y 123, fracción II, así como el artículo tercero transitorio fracciones IV, V a IX y XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado uno de diciembre de dos mil cuatro y vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco.
Lo anterior al considerar que tales disposiciones -por ser de carácter autoaplicativo- desde el inicio de su vigencia la obligan:
• a no deducir la compra de mercancías sino el costo de las mismas en el ejercicio en que acumulen los ingresos que derivan de la enajenación de los bienes de que se trate.
• a valuar los inventarios que tengan conforme a los métodos de primeras entradas primeras salidas (PEPS), últimas entradas primeras salidas (UEPS), costo identificado, promedio y detallista.
• a no considerar los inventarios que tenga hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, para determinar el costo de lo vendido en el dos mil cinco, debiéndose aplicar el método PEPS hasta que se agoten, a menos de que considere a dicho inventario como una partida acumulable de acuerdo al índice de rotación de los inventarios correspondiente al periodo de dos mil dos al dos mil cuatro, o en un lapso menor, cuando se hayan iniciado actividades con posterioridad al dos mil dos, siendo el plazo máximo de acumulación de doce años, conforme a los porcentajes establecidos en las disposiciones que se combaten.
• a determinar los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, considerando el monto del inventario acumulable de cada año, en doceavas partes, y
• a realizar un inventario físico de existencia al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, pudiéndose optar por utilizar el que hubiera realizado hasta en los treinta días anteriores, debiendo valuar dicho inventario con el método PEPS.
2. La Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que conoció del asunto en el expediente número 275/2005-A, con fecha ocho de febrero de dos mil cinco desechó la demanda de garantías por no existir acto concreto de aplicación de las normas impugnadas, al considerar que son de naturaleza heteroaplicativa.
3. Inconforme la quejosa interpuso recurso de revisión y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de veintisiete de abril del año en curso confirmó la resolución impugnada que desechó la demanda de garantías. Lo anterior, en términos de las consideraciones medulares que se sintetizan a continuación:
a) Los preceptos legales son de naturaleza heteroaplicativa ya que requieren de un acto de aplicación para que ocasionen un perjuicio en la esfera de derechos de la quejosa y por otro lado, contrario a sus manifestaciones, la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada.
b) Respecto a los artículos 29, fracción II y 45-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se limita la aplicación de la ley a las deducciones que podrán realizar los contribuyentes, entre otros, al costo de lo vendido, el cual se deducirá en el ejercicio que se acumulen los ingresos derivados de la enajenación de los bienes que se trate, respecto al costo de las mercancías que integren el inventario final del ejercicio se determinará conforme al sistema de costeo absorbente, sobre la base de costos históricos predeterminados, cuando el costo se aplique determinando el sistema de costeo directo y en todo caso el costo se deducirá en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos que se deriven de la enajenación de los bienes de que se trate; y tratándose de la aplicación del sistema de costeo directo con base en costos históricos se deberán considerar para determinarlo la materia prima consumida, la mano de obra y los gastos de fabricación que varíen en relación con los volúmenes producidos, siempre que se cumpla con lo dispuesto por el reglamento; de tal suerte que para que se actualicen las hipótesis de los preceptos legales, se requiere que se deduzca el costo en el ejercicio fiscal en el que se acumulen los ingresos.
c) Lo mismo acontece en los numerales 45-B y 45-C de la Ley del Impuesto sobre la Renta; el primero dispone que cuando los contribuyentes realicen actividades comerciales que consistan en la adquisición y enajenación de mercancías, considerarán únicamente dentro del costo lo siguiente: I. El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto de las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, efectuados en el ejercicio; y II. Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser enajenadas. Pero cuando realicen actividades distintas el segundo de los artículos invocados establece que sólo considerarán dentro del costo: I. Las adquisiciones de materias primas, productos semiterminados o productos terminados, disminuidas con las devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre los mismos, efectuados en el ejercicio; II. Las remuneraciones por la prestación de servicios personales subordinados, relacionados directamente con la producción o la prestación de servicios; III. Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones, directamente relacionados con la producción o la prestación de servicios; IV. La deducción de las inversiones directamente relacionadas con la producción de mercancías o la prestación de servicios, calculada conforme a la sección II, del capítulo II, del título II de esta ley, siempre que se trate de bienes por los que no se optó por aplicar la deducción a que se refieren los artículos 220 y 221 de dicha ley.
d) Además, cuando los conceptos a que se refieren las fracciones anteriores guarden una relación indirecta con la producción, los mismos formarán parte del costo en proporción a la importancia que tengan en dicha producción y para determinar el costo del ejercicio, se excluirá el correspondiente a la mercancía no enajenada en el mismo, así como el de la producción en proceso, de tal suerte que para que se actualicen las hipótesis señaladas con antelación, se requiere se haga el cierre del ejercicio de que se trate.
e) Los numerales 45-D y 45-E del ordenamiento legal en cita establecen, respectivamente, que los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, determinarán el costo de las mercancías conforme a lo establecido en dicha ley, que tratándose del costo de las mercancías que reciban en el extranjero, estarán a lo dispuesto en el artículo 31, fracción XV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuando realicen enajenaciones a plazo o celebren contratos de arrendamiento financiero y opten por acumular como ingreso del ejercicio, los pagos efectivamente cobrados o la parte del precio exigible durante el mismo, deberán deducir el costo de lo vendido en la proporción que represente el ingreso percibido en dicho ejercicio, respecto del total del precio pactado o de los pagos pactados en el plazo inicial forzoso, según se trate, en lugar de deducir el monto total del costo de lo vendido al momento en el que se enajenen las mercancías, en ambos casos, para que se den los supuestos de las normas legales en cita se requiere que la deducción del costo represente el ingreso percibido en el ejercicio fiscal correspondiente.
f) El artículo 45-F dispone que para determinar el costo de lo vendido de la mercancía, se deberá aplicar el mismo procedimiento en cada ejercicio durante un periodo mínimo de cinco ejercicios y sólo podrá variarse cumpliendo con los requisitos que se establezcan en el reglamento; por su parte el numeral 45-G del mismo ordenamiento legal establece que los contribuyentes podrán optar por cualquiera de los métodos de valuación de inventarios, como son: I. Primeras entradas primeras salidas (PEPS); II. Últimas entradas primeras salidas (UEPS); III. Costo identificado; IV. Costo promedio; y V. Detallista; que cuando se opte por utilizar alguno de los métodos anteriores se deberá utilizar el mismo durante un periodo mínimo de cinco ejercicios fiscales, de tal suerte que para que se actualice la hipótesis del precepto legal, se requiere que durante la vigencia de la ley se haya aplicado uno de los métodos señalados, pues cuando con motivo de un cambio en el método de valuación de inventarios se genere una deducción, ésta se deberá disminuir de manera proporcional en los cinco ejercicios siguientes.
g) Tocante a los artículos 45-H y 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta resulta que cuando los contribuyentes se encuentren obligados a presentar dictamen de los estados financieros, deberán informarlo en la declaración del ejercicio; y cuando con motivo de la prestación de servicios proporcionen bienes, sólo se podrán deducir éstos en el ejercicio en el que se acumule el ingreso, de tal suerte que para que se actualicen las hipótesis de los preceptos legales, para la deducción del costo de las mercancías durante la vigencia de la ley se requiere que se haya informado de los estados financieros en el ejercicio fiscal correspondiente, o que se hayan adquirido con motivo de la prestación de servicios.
h) Finalmente, en términos del artículo 123 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resulta que cuando las personas físicas obtengan ingresos por actividades empresariales o servicios profesionales, podrán efectuar las deducciones de las adquisiciones de mercancías, así como de materias primas, productos semiterminados o terminados, que utilicen para prestar servicios, para fabricar bienes o para enajenarlos, no así respecto a los activos fijos, los terrenos, las acciones, partes sociales, obligaciones y otros valores mobiliarios, los títulos valor que representen la propiedad de bienes, excepto certificados de depósito de bienes o mercancías, la moneda extranjera, las piezas de oro o de plata que hubieran tenido el carácter de moneda nacional o extranjera ni las piezas denominadas onzas troy, a cuyo efecto se requiere para que se actualicen las hipótesis del precepto legal, que durante la vigencia de la ley se hayan adquirido las mercancías cuya deducción se permite para el desarrollo de las actividades empresariales o servicios profesionales, pues de ello depende el nacimiento de la obligación del contribuyente de observar las reglas mencionadas.
i) Del texto de los artículos 45-A y 45-H de la Ley del Impuesto sobre la Renta se desprende que el costo de las mercancías que se pretenda deducir por el contribuyente se realizará en el ejercicio en el que se acumulen los ingresos, así como que tratándose de la obligación de presentar dictámenes de los estados financieros éstos se informaran en la declaración del ejercicio fiscal, de ahí que al no haberse comprobado en la especie la existencia de tales ejercicios donde se apliquen las normas de ese tipo, válidamente puede concluirse que las hipótesis legales de que se tratan no otorga a los artículos impugnados el carácter de norma jurídica autoaplicativa.
j) De tal suerte que para que se surtan los supuestos normativos contenidos en los preceptos tildados de inconstitucionales, se requiere la existencia del acto de aplicación a través de los ejercicios fiscales correspondientes, en consecuencia, al haber reclamado los artículos 29, fracción II, 45-A a 45-I y 123, fracción II, así como el artículo tercero transitorio fracciones IV, V a IX y XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cuatro, se hace evidente que la Juez procedió acertadamente al concluir que en la especie se actualizó la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que no se demostró la existencia del acto jurídico al cual están sujetas las mismas, motivo por el cual, también fue correcto el sobreseimiento en el juicio decretado con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la misma ley.
k) Ello es así, en atención a que los artículos 21, 22, 73, fracciones VI y XII, así como el 14, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de garantías cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza, esto es, si por su sola entrada en vigor afectan la esfera jurídica del gobernado (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas).
• En el primer caso, es suficiente que el gobernado se ubique en el supuesto previsto en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad para que esté en posibilidad de promover el juicio de garantías dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto u ordenamiento jurídico que se reclame, en términos de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo; en tanto que, en el segundo caso, es indispensable la realización de un acto de aplicación concreto y actual de la disposición reclamada que imponga la observancia del mandato legal, mismo que puede provenir de la autoridad o de los propios particulares, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, conforme a la regla establecida en el artículo 21 de la ley de la materia.
• Al hablar de normas autoaplicativas se trata de aquellas que desde el momento en que entra en vigor, una parte de la misma, o incluso todas las partes que la conforman, adquieren obligatoriedad y pueden ser aplicadas, sujetando al gobernado a estarse a una condición jurídica concreta, creada, transformada o extinguida por la propia disposición, caso en el cual suele decirse que se está ante una ley autoaplicativa.
• El concepto de individualización incondicionada no se concreta sólo a establecer una clara distinción entre una ley de carácter autoaplicativo y una heteroaplicativa, sino que profundiza aún más al definir la manera en que el perjuicio ocasionado por la norma autoaplicativa se concreta en la esfera de los derechos de los gobernados, pues acorde a las consideraciones que se contienen en esa tesis, el perjuicio de las normas autoaplicativas surgirá cuando desde que entran en vigor y aun antes de ser aplicadas, sujetan al gobernado a estarse a una condición jurídica concreta creada, transformada o extinguida por la propia disposición.
• Este órgano jurisdiccional colige que el perjuicio que ocasiona la norma autoaplicativa, el agravio personal y directo, surge formalmente desde que la ley, por su sola expedición, creó, modificó o extinguió una condición jurídica concreta de los gobernados que se encuentran en determinado supuesto previamente establecido en la propia norma, o los obligó a hacer, no hacer o a dejar de hacer, mientras que tratándose de una norma heteroaplicativa, dicho perjuicio sólo se origina con posterioridad al hecho de que se lleve a cabo el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales.
l) No es óbice para concluir en la forma en que se ha hecho, las pruebas documentales ofrecidas por la quejosa, consistentes en el testimonio notarial número 26,700 de fecha ocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que contiene la constitución de la sociedad denominada ICONTECH mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable y el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de donde se desprende que tiene como objeto el diseño de máquinas electromecánicas, desarrollo de programas de cómputo para aplicaciones administrativas, contables y fiscales, programas de cómputo para aplicaciones en procesos productivos, de mantenimiento de maquinaria, de control y automatización de procesos, la prestación o contratación de servicios de asesoría y consultoría técnica, tecnológica y científica, compra y venta de maquinaria, etcétera; copia del pasaporte a nombre de Juan Eduardo Balandrano Rojas y de las credenciales para votar del Instituto Federal Electoral a nombre de Elías Tercero González Brizuela, José Luis Guadalupe Balandrano Rojas, René Ricardo Cárdenas Manzano, Marco Paulo González Brizuela, Gabriel Jacobo Cruz; la cédula de identificación fiscal del servicio de administración tributaria a nombre de González Brizuela Elías Tercero, Juan Eduardo Balandrano Rojas, y Jacobo Cruz Gabriel; formulario de registro de aumento o disminución de obligaciones fiscales de las personas físicas Elías González Brizuela, Juan Balandrano Rojas, René Cardeña Manzano, Marco González Brizuela, Gabriel Jacobo Cruz y Balandrano Rojas José Luis, correspondientes al año de mil novecientos noventa y nueve; así como los formularios de cambio de domicilio fiscal de la empresa quejosa presentado el veintinueve de septiembre del año dos mil y la solicitud de reexpedición de la cédula fiscal sin sello de presentación ante la autoridad exactora, cuya valoración omitió la Juez Federal, en tanto que ese material probatorio no acredita que se haya materializado la deducción de los costos de las mercancías enajenadas y las que integren el inventario final del ejercicio fiscal, ni tampoco el sistema aplicado para realizar tales deducciones a la cual está condicionada la actualización de los supuestos contenidos en las normas legales atacadas.
B. Los antecedentes y consideraciones relativas a la ejecutoria de seis de abril de dos mil cinco, dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la improcedencia RA. 119/2005, que interesan al caso, son los siguientes:
1. Manitogo Refrigeración, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal, reclamó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro, específicamente en cuanto al capítulo II, de las deducciones, sección III del título II denominado del "costo de lo vendido" que comprende los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil cinco.
2. La Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que registró el asunto con el número 162/2005, por auto de quince de febrero de dos mil cinco desechó la demanda presentada por notoriamente improcedente, al estimar que las normas reclamadas tienen naturaleza heteroaplicativa, condición en la que era necesario demostrar el primer acto de aplicación de las mismas, lo que no hizo la parte quejosa.
3. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión -y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de seis de abril de dos mil cinco, revocó la resolución impugnada, sosteniendo al efecto, lo que a continuación se precisa:
a) Son esencialmente fundados los argumentos, en atención a que los artículos tildados de inconstitucionales (45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil cinco) son de naturaleza autoaplicativa.
• El artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que la procedencia del juicio de amparo indirecto ante Juez de Distrito contra leyes federales y locales, tratados internacionales y reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados o por el jefe del Distrito Federal, u otros reglamentos, decretos y acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio personal y directo al quejoso. Además, la procedencia del amparo contra leyes implica diferenciar entre normas que por su sola entrada en vigor causen un perjuicio a los gobernados, de aquellos ordenamientos que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte a los particulares, a fin de determinar el momento de su impugnación.
• Por su parte, el artículo 73, fracción VI, de la citada ley distingue las leyes, tratados y reglamentos que por su sola expedición inciden en la esfera jurídica de los particulares, de aquellas que para realizar la afectación de los gobernados requieren un acto posterior de autoridad; además, prevé que para la procedencia del juicio de garantías, es necesario que desde la vigencia de la norma, el gobernado se coloque en el supuesto normativo que le obligue a hacer o dejar de hacer, sin exigir un acto posterior de autoridad.
b) A fin de dilucidar si una ley es o no autoaplicativa debe tomarse en cuenta si el gobernado está en condiciones de realizar o no determinados actos y comprobar si el texto legal, desde su entrada en vigor, impone una obligación de hacer, no hacer o dar que genere un agravio personal y directo al gobernado. Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la jurisprudencia número P./J. 55/97, que aparece publicada en la página 5 del Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor literal: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."
c) La idea anterior se puede resumir de la siguiente manera: la ley es de naturaleza autoaplicativa cuando reúne los siguientes elementos:
• que por su sola expedición sea de observancia obligatoria y cause perjuicio real en la esfera jurídica del gobernado, y
• que no sea necesario un acto posterior de autoridad o del propio particular, para que se coloque en la hipótesis normativa que lo obligue.
En tanto que, la ley es de naturaleza heteroaplicativa cuando al inicio de su vigencia, el particular no se coloca en la situación establecida por la norma, sino que requiere de un acto posterior de aplicación de la autoridad o propio del particular, para que se encuentre obligado a hacer o dejar de hacer y será entonces cuando afecte su esfera jurídica.
En ese orden de ideas, queda manifiesto que la acción de amparo requiere de una parte agraviada por la violación de un derecho fundamental tutelado mediante una garantía y la existencia de un perjuicio; de ahí que cuando se dan ambos supuestos, se legitima al gobernado para promover el juicio de garantías.
d) De las constancias que obran en autos, se advierte que la quejosa, hoy recurrente, es una empresa que inició labores el cinco de abril de mil novecientos setenta y seis y se dedica al comercio y la industria en general; en especial a la fabricación, comercio y reparación de toda clase de equipos de refrigeración, según consta en la copia certificada de la escritura pública número cincuenta mil ochocientos treinta y seis, de cuatro de marzo de mil novecientos setenta y seis, otorgada ante el licenciado Fausto Rico Álvarez, notario público número seis del Distrito Federal. La quejosa exhibe copia de la declaración de impuestos por medios electrónicos del ejercicio de dos mil tres, que determina el resultado fiscal del ejercicio, disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas que establece el artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para obtener la base del tributo a la que le aplica la tasa correspondiente.
f) La quejosa impugnó los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de diciembre de dos mil cuatro, que entró en vigencia el uno de enero de dos mil cinco.
• Al respecto, debe destacarse que la obligación establecida en los numerales referidos no está condicionada a actos cuyo ejercicio dependa de la voluntad de los contribuyentes, ya que en términos del decreto reclamado las personas morales podrán deducir el costo de lo vendido y no así las adquisiciones que realicen, esto es, no es potestad de las personas morales el elegir si deducirán el monto de las adquisiciones o el costo de lo vendido, sino que, por el simple hecho de ser personas morales, podrán deducir el costo de lo vendido, sin que tengan que efectuar actos que dependan de su voluntad para actualizar en su perjuicio las hipótesis contenidas en el decreto reclamado, ya que invariablemente deberán deducir únicamente el costo de lo vendido.
• En este orden de ideas, en el entendido además que las normas tributarias de carácter sustantivo son ex lege, en tanto la vinculación y obligaciones surgen directamente de lo prescrito en la norma relativa, resulta que los artículos transcritos en líneas precedentes, establecen un nuevo régimen o sistema de deducciones a cargo de los contribuyentes -personas morales-, que las obliga a determinar el costo de las mercancías que se enajenen y las que integren el inventario final del ejercicio, conforme al sistema de costeo absorbente sobre la base de costos históricos a predeterminados, entre otras cosas; por lo que, si la quejosa, como persona moral que realiza actividades comerciales, efectúa deducciones por las compras que realiza conforme al artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es decir, desde que son compradas y, desde la vigencia de los artículos reclamados lo podrá hacer, en su caso, hasta que las materias primas sean vendidas, es evidente que se está en presencia de normas de naturaleza autoaplicativa, porque la obliga a sujetarse a un régimen fiscal en materia de deducciones, desde el momento de su vigencia y, por ende, afecta su interés jurídico.
g) Resulta incuestionable que los artículos 45-A a 45-I de la Ley del Impuesto sobre la Renta son de naturaleza autoaplicativa, porque el sistema creado en dichos preceptos genera a cargo de la quejosa, desde el uno de enero del año dos mil cinco en que entraron en vigor, una carga u obligación que modifica el régimen de deducciones en materia de "costo de lo vendido", ya que la obligación -de deducir conforme al nuevo régimen y condiciones- surge en forma automática con su sola entrada en vigor, causando un perjuicio real en la esfera jurídica del gobernado, sin que sea necesario un acto posterior para que se coloque en la situación prevista por la norma.
Brinda apoyo a la anterior conclusión, por el criterio que la informa, la jurisprudencia 9/2003, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 74 del Tomo XVII, mayo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor literal: "IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA."
C. Por lo que corresponde a los antecedentes y razonamientos del fallo pronunciado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el diecisiete de marzo de dos mil cinco la improcedencia RA. 91/2005, cabe destacar lo siguiente:
1. Almacenes DC, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante, reclamó el decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y establecen diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de diciembre de dos mil cuatro y vigente a partir del primero de enero de dos mil cinco, específicamente sus artículos 29, fracción II, 45-A, 45-B, 45-C, 45-D, 45-E, 45-F, 45-G, 45-H, 45-I y 255 (sic) de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su artículo 3o. transitorio, fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX y XI.
2. La demanda se turnó al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal cuya titular, por acuerdo de once de febrero de dos mil cinco la registró con el número de expediente 144/2005-A y la desechó por notoriamente improcedente, al estimar que los artículos reclamados no tienen carácter de autoaplicativos sino heteroaplicativos, que requieren, por ende, de un acto concreto de aplicación, que no se acredita en el caso.
3. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con fecha diecisiete de marzo de dos mil cinco dictó sentencia revocando la resolución impugnada, al tenor de las consideraciones que enseguida se indican:
a) De los preceptos transcritos se desprende
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19935-83850721/costo-de-lo-vendido-los-articulos-29-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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