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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 28 BIS-1, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE LO REGULA, AL OTORGAR UN TRATO DISTINTO A LOS TRABAJADORES DE LA FEDERACIÓN, ESTADO Y MUNICIPIOS, RESPECTO DE LOS DEMÁS CONTRIBUYENTES, SIN QUE EXISTA UNA JUSTIFICACIÓN OBJETIVA Y RAZONABLE, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 700/2004. · Registro digital (IUS): 18773
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: HÉCTOR SALOMÓN CHAPA GARCÍA.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, , Pág. 1198.

AMPARO EN REVISIÓN 700/2004. HÉCTOR SALOMÓN CHAPA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Antes de proceder al estudio del fondo del asunto, es imperativo para este Tribunal Colegiado, erigido en órgano de control constitucional, emprender el análisis de las causas de improcedencia alegadas por las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes con justificación cuyo estudio omitió analizar el Juez de Distrito; ello en atención a que tal aspecto constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, según lo dispone el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Sobre el particular se invoca la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número novecientos cuarenta, se localiza en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, del tenor siguiente:

"IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."

Las autoridades responsables secretario de Finanzas y tesorero y directora de Ingresos del Municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, al rendir su informe con justificación, alegan que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, ya que la quejosa pagó ante la caja recaudadora de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal el impuesto sobre adquisición de inmuebles de manera voluntaria y no mediante requerimiento o cobro coactivo, por lo que, aduce, se trata de un acto consentido.

No le asiste la razón a la responsable, pues contrario a lo que afirma, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia que invoca.

Cierto, el cumplimiento de una norma de carácter fiscal por parte de los sujetos del impuesto es imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, luego, el pago de una contribución realizado de manera lisa y llana, no constituye manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento expreso de la norma que la contiene, máxime si el quejoso combatió dicha ley a través del juicio de garantías, pues tal actitud denota su inconformidad con la norma fiscal.

Resulta de exacta aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 68/97, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, página 92, de la literalidad siguiente:

"LEYES, AMPARO CONTRA. EL PAGO LISO Y LLANO DE UNA CONTRIBUCIÓN NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA LEY QUE LA ESTABLECE. Si el quejoso presenta la demanda de amparo en contra de una ley tributaria dentro del plazo legal, computado a partir de que realizó el pago de la contribución en forma lisa y llana, ello no constituye la manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento por parte de los contribuyentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de una coacción, por lo que la promoción del juicio de amparo correspondiente, refleja la inconformidad del peticionario de garantías con el contenido de la ley impugnada."

Precisado lo anterior, y por las mismas razones que sustentaron el examen preferente de la causa de improcedencia omitida por el resolutor federal, previo al análisis del fondo del asunto, se procede al estudio de los agravios alegados por la autoridad recurrente referentes a la existencia de causas de improcedencia en el juicio de amparo.

La autoridad recurrente alega que la sentencia recurrida contraviene lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo, porque no obstante que las causales de improcedencia deben examinarse de oficio, el a quo no advirtió que en el caso particular se concreta la que prevé el numeral 73, fracción XVIII, con relación a los diversos 76 y 80, todos de la misma legislación, toda vez que el quejoso fue omiso en señalar como acto reclamado el precepto de la Ley de Catastro local que sirve para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles.

Al respecto, precisa que el impuesto sobre adquisición de inmuebles se determina, liquida y paga aplicando la tasa que corresponda a la base del impuesto (artículo 28 bis de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León), y ésta será la que resulte mayor entre el valor de la compra y el valor catastral del inmueble, conforme al procedimiento inmerso en el artículo 17 de la Ley de Catastro; por tanto, dice, al no haber señalado como acto reclamado a la Ley de Catastro del Estado, "... la cual es también el fundamento de los actos de autoridad que se tildan de inconstitucionales ...", resulta improcedente el juicio de amparo, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 32/97, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE DOS NORMAS DISTINTAS QUE LO FUNDAMENTAN. ES IMPROCEDENTE SI SÓLO SE IMPUGNÓ UNA DE ELLAS, CUANDO EL ACTO SUBSISTE APOYÁNDOSE EN LA OTRA NORMA QUE NO SE COMBATIÓ."

El agravio de previa reseña es infundado, como se demuestra con las argumentaciones subsecuentes.

La jurisprudencia número 2a./J. 32/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reproducida por la autoridad inconforme, es del tenor literal siguiente:

"AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE DOS NORMAS DISTINTAS QUE LO FUNDAMENTAN. ES IMPROCEDENTE SI SÓLO SE IMPUGNÓ UNA DE ELLAS, CUANDO EL ACTO SUBSISTE APOYÁNDOSE EN LA OTRA NORMA QUE NO SE COMBATIÓ. Cuando se reclama un acto de autoridad que se funda en dos ordenamientos distintos y sólo se impugna uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que, aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, sería imposible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, siempre y cuando el acto reclamado subsista con el solo apoyo del diverso ordenamiento que no se combatió."

Tal criterio jurisprudencial contempla un supuesto de improcedencia en el juicio de garantías, derivado de relacionar el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con el diverso 80 de la propia legislación, el cual se concreta cuando el acto de aplicación invocado para impugnar una ley, se fundamenta en dos o más cuerpos de leyes, y sólo se controvierte uno de ellos, de tal manera que aun en el evento de concederse la tutela federal por aquél, sería imposible restablecer a la parte quejosa en el uso y goce del derecho subjetivo público transgredido, dado que el acto reclamado surtiría todos sus efectos legales con sustento en el ordenamiento legal que no se impugnó.

En el caso, la autoridad discrepante alega la materialización de esa causa de improceder, en virtud de que el impetrante no reclamó la Ley de Catastro del Estado, a pesar de que, arguye, es parte de la fundamentación del acto que reclamó, en cuanto prevé el procedimiento para obtener la base del impuesto aplicable a la adquisición de inmuebles (artículo 17).

Como se dijo, tal afirmación deviene infundada, pues el acto que en la especie se reclama y se designa como primero de aplicación de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, consistente en el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, llevado a cabo el seis de abril de dos mil cuatro, de modo alguno puede subsistir con el único apoyo de la legislación de catastro (único caso en el que se actualizaría la causa de improcedencia en comentario), toda vez que la existencia de dicho tributo, así como la tasa y tarifa aplicables -cuyos conceptos participan de la característica de esenciales-, se contemplan en los dispositivos 28 bis y 28 bis-1 de la primera ley en cita, por lo que, al concederse el amparo con relación a aquéllos, sí sería posible resarcir al quejoso en el disfrute de sus garantías individuales transgredidas.

Por tales razones, es indiscutible que no tiene concreción al asunto particular la jurisprudencia de consulta anterior y, por ende, tampoco la causal de improcedencia que en ella se consigna, lo cual torna en infundados los agravios que descansan en una postura contraria.

Posteriormente, la autoridad revisionista sostiene que el juzgador federal al dictar la sentencia debatida, no atendió a las reglas previstas en los artículos 77, fracción I, y 78 de la Ley de Amparo, pues concedió el amparo en beneficio del quejoso bajo la premisa de que el artículo 28 bis-1 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado transgrede el principio de equidad tributaria, pero lo hizo sin que se haya justificado mediante medio de prueba idóneo que esa vulneración fuera verídica, es decir, no realizó ninguna valoración de pruebas que le permitiera arribar a tal conclusión.

Es infundado el argumento sintetizado, toda vez que basta imponerse de las consideraciones que el Juez de Distrito vertió para sustentar la declaratoria de inconstitucionalidad de los preceptos 28 bis y 28 bis-1 de la Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León, para percatarse que su resolución se apoyó sólo en reflexiones de tipo jurídicas, que no requirieron del examen de prueba material alguna, antes bien, únicamente de la confrontación entre el mandato constitucional inmerso en el artículo 31, fracción IV, de la Ley Fundamental, y los supuestos normativos que prevén las disposiciones secundarias en mención, sujetándose a la causa de pedir contenida en la demanda inicial, lo cual le permitió concluir que aquéllas no respetan el principio de equidad que toda ley de carácter fiscal debe observar.

En esa virtud, no existe la irregularidad que se arroga al resolutor federal, pues acorde a la materia objeto de análisis, que no incidió en la comprobación de algún hecho en específico, sino sólo en un análisis constitucional, eran innecesarios el ofrecimiento y valoración de elementos demostrativos, para la emisión de la sentencia constitucional; por ello, es que no puede prosperar la inconformidad que al respecto se introduce.

En diverso apartado, la autoridad disidente argumenta que el Juez de Distrito realizó una apreciación equivocada de los artículos 28 bis y 28 bis-1 de la ley de hacienda municipal local ya que, señala, a fin de cumplir con los lineamientos constitucionales contenidos en el precepto 31, fracción IV, del Pacto Federal, se crearon las categorías previstas en el artículo 28 bis-1 de la legislación impugnada, las cuales otorgan un trato desigual a los desiguales, por lo que sí existe justificación objetiva y razonable para el tratamiento diferente, pues la función de los trabajadores al servicio de la Federación, Estados o Municipios es regulada por el artículo 123, apartado B y en el caso del Estado por la Ley del Servicio Civil, mientras que para los demás empleados su relación obrero patronal se regula por lo establecido por el apartado A del mencionado precepto, por lo que la situación jurídica laboral es distinta.

Además de que las prestaciones que perciben los trabajadores del servicio público son distintas que las que reciben los trabajadores de la iniciativa privada, que reciben mejores beneficios económicos, por lo que explica lo que debe entenderse y cuando se incumple el principio de equidad tributaria, y que la motivación de la tarifa única especial que establece el precepto combatido, radica en que las circunstancias bajo las que se pagará el impuesto relativo encuentran justificación objetiva en que los sujetos a que el numeral se refiere, no se encuentran en una misma situación jurídica y social respecto de la generalidad de los contribuyentes.

Agrega, que la existencia de diversas cuotas se encuentra plenamente justificada por situaciones objetivas respecto de sujetos indeterminados, porque, aduce, la mayoría de los sujetos contenidos en los supuestos del artículo 28 bis-1, son personas morales bajo el régimen de asociaciones civiles que no perciben beneficio económico con la realización de su objeto social, por lo que su finalidad no es de lucro, y que por su parte, las adquisiciones previstas en las fracciones III, IX, XII, XIII y XIV, no reflejan una fuente de riqueza, puesto que la adquisición de un inmueble no obedece a un acto voluntario, sino a uno de naturaleza familiar o judicial, y en lo referente a la fracción VI, reitera, los servidores públicos son tratados de una forma desigual dado que su situación laboral es distinta, aunado a que tratándose de inmuebles que excedan las quince mil cuotas se aplicará la tasa prevista en el artículo 28 bis.

Por último, aduce que de la interpretación de los numerales que estatuyen el impuesto sobre adquisición de inmuebles se advierte que el sujeto pasivo tributa en proporción directa a su capacidad contributiva, por las razones que al respecto precisa, por lo que no infringe el principio de proporcionalidad tributaria.

Es infundado el agravio, como se demuestra enseguida.

Del examen a los razonamientos jurídicos que el Juez de Distrito esgrimió para sustentar la declaratoria de inconstitucionalidad que ahora se cuestiona, se aprecia que éste inició su estudio apegándose en forma estricta a la litis constitucional, es decir, al análisis de los numerales 28 bis y 28 bis-1 de la Ley de Hacienda para los Municipios de Nuevo León, de acuerdo al planteamiento de impugnación contenido en el libelo de garantías, atinente a la vulneración del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

Luego, estableció el alcance legal de esa máxima constitucional, para luego verificar si se apegaban a él las citadas normas de carácter secundario que prevén el impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles, concluyendo en sentido negativo.

En esa virtud, se coincide con aquél en torno a que los dispositivos legales en controversia quebrantan el principio de equidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, lo cual origina que la sentencia impugnada no pueda ser revocada, como se solicita por la autoridad disconforme.

Cierto, la parte quejosa señaló en su demanda inicial, a más de otras cuestiones y en lo que trasciende a esta ejecutoria, que el artículo 28 bis-1 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, en estrecha relación con el diverso 28 bis del propio ordenamiento, infringe el principio de equidad previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, porque otorga a los burócratas federales, estatales y municipales el beneficio de pagar el impuesto sobre adquisición de inmuebles aplicando una tarifa especial disminuida de siete cuotas, lo que significa que se da un trato preferencial e inequitativo a dichos sujetos en relación con el resto de los contribuyentes, cuando se encuentran en idéntica situación jurídica frente a la norma, sin que exista una razón objetiva y razonable que lo justifique.

Como se dijo, este Tribunal Colegiado comparte el criterio asumido por el resolutor federal al decretar que el artículo 28 bis-1 impugnado infringe el principio de equidad tributario contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, al otorgar un trato distinto a sujetos del tributo que se encuentran en una misma situación frente a la ley, sin que exista en el propio ordenamiento legal o en la exposición de motivos del decreto que lo creó, una justificación objetiva y razonable para tal tratamiento desigual.

Para evidenciar lo anterior y, en consecuencia, lo infundado de los argumentos esgrimidos por la recurrente al respecto, se expresan las siguientes consideraciones.

En principio, y dado que el asunto versa sobre la violación al principio de equidad contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conviene precisar el alcance de tal principio tributario.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece:

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"...

"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en múltiples criterios jurisprudenciales que el principio de equidad tributaria radica medularmente en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que, en consecuencia, deben recibir un mismo trato, lo que a su vez implica que las normas tributarias deben tratar de manera desigual a los que se encuentren en una situación diversa.

Así, el principio de equidad obliga a que no exista distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales, sin que haya, para esto, una justificación objetiva y razonable. El valor superior que persigue el principio de equidad consiste en evitar que existan normas que, destinadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan desigualdad como efecto de su aplicación, al generar un trato distinto en situaciones análogas o al propiciar efectos iguales sobre sujetos que se ubican en situaciones dispares.

El propio Tribunal Pleno ha sostenido, además, que para cumplir con el principio de equidad tributaria, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales.

Los conceptos antes expuestos se encuentran, entre otros, en los siguientes criterios jurisprudenciales que enseguida se transcriben:

"EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica."

Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, junio de 1997. Tesis P./J. 42/97. Página 36.

"EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la necesidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circunstancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional."

Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, junio de 1997. Tesis P./J. 41/97. Página 43.

"IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa, implicando, además, que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría, y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales."

Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XI, marzo de 2000. Tesis P./J. 24/2000. Página 35.

Precisado lo anterior, resulta oportuno reproducir los artículos 28 bis y 28 bis-1, fracción VI, de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.

"Artículo 28 bis. Están obligados al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, las personas físicas o morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del Estado, así como los derechos relacionados con los mismos, a que este impuesto se refiere. Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, el impuesto se calculará aplicando la tasa del 2% al valor gravable del inmueble.

"Para los efectos de esta ley, se considera base del impuesto el valor gravable del inmueble, que será el que resulte mayor entre el de operación y el consignado en el certificado de valor actual real, que al efecto expida la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado."

"Artículo 28 bis-1. En la adquisición de viviendas cuyo valor más alto en los términos del artículo 28 bis-3, fracción I, no exceda de 25 cuotas elevadas al año y siempre que el adquirente sea persona física y no posea otro bien raíz en el Estado, cubrirá el impuesto aplicando la tasa del 2% al valor del inmueble, después de reducirlo en 15 cuotas elevadas al año.

"El impuesto sobre adquisición de inmuebles se cubrirá a una tarifa única especial por cada inmueble equivalente a 7 cuotas, en los siguientes casos:

"...

"VI. En las adquisiciones que realicen los trabajadores al servicio de la Federación, Estado o Municipio, independientemente que estén o no sindicalizados, siempre y cuando el inmueble objeto del impuesto vaya a destinarse o se destine a vivienda y no sea propietario o poseedor de otro bien inmueble en el Estado. En los casos de trabajadores casados bajo el régimen de sociedad conyugal, la tarifa especial también operará al 100%.

"En estos casos cubrirán la tarifa referida, en las adquisiciones de terrenos cuyo valor base del Impuesto sea inferior a 7,500 cuotas y en casos de vivienda hasta de 15,000 cuotas, en caso contrario por el valor excedente será cubierto conforme a lo dispuesto por el artículo 28 bis."

De lo transcrito se aprecia que el artículo 28 bis estatuye un impuesto a las personas físicas y morales que adquieran los inmuebles que al respecto precisa, y los derechos con ellos relacionados, que se calculará aplicando la tasa del dos por ciento al valor gravable del inmueble.

Por su parte, el artículo 28 bis-1, en su fracción VI, establece, en lo que interesa, que el impuesto sobre adquisición de inmuebles se cubrirá a una tarifa única especial por cada inmueble equivalente a siete cuotas (días de salario mínimo general vigente en la entidad), cuando las adquisiciones de inmuebles las realicen los trabajadores al servicio de la Federación, Estado o Municipio, sindicalizados o no, siempre que el inmueble vaya a destinarse o se destine a vivienda, no sea propietario o poseedor de otro bien inmueble en el Estado, y que tratándose de terrenos, el valor base del impuesto sea inferior a siete mil quinientas cuotas y, de vivienda, hasta de quince mil cuotas, y que por el valor excedente se cubrirá la tarifa establecida en el artículo 28 bis.

Como se ve, la fracción VI en estudio otorga un trato distinto a sujetos del impuesto, como lo son los trabajadores al servicio de la Federación, Estado o Municipios, sindicalizados o no, y los demás contribuyentes que adquieran inmuebles en los términos establecidos en el artículo 28 bis, y que no se encuentren en alguna de las demás hipótesis de tarifa única especial que prevé el artículo 28 bis-1.

Lo anterior, debido a que tratándose de trabajadores al servicio de la Federación, Estado o Municipios que adquieran inmuebles en los términos precisados en el precitado numeral, cubrirán por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles una tarifa única especial de siete cuotas y, tratándose de los demás adquirentes de inmuebles, deberán cubrir, en términos del artículo 28 bis, la cantidad que resulte de aplicar la tasa del dos por ciento al valor gravable del inmueble, lo que denota un tratamiento desigual entre los citados sujetos del tributo.

Ahora, debe precisarse que si bien el que la ley establezca distintas categorías de contribuyentes a los que otorgue un trato fiscal distinto no infringe, por sí solo, el principio de equidad tributaria, también es cierto que para no vulnerar tal principio es necesario que la creación de tales categorías en ley se sustente en bases objetivas que justifiquen el trato distinto entre una y otra categoría de contribuyentes, como podrían ser, por ejemplo, razones económicas, sociales, de política fiscal o extrafiscal.

En ese orden de ideas, para determinar si la fracción VI del artículo 28 bis-1 respeta el principio de equidad tributaria, es necesario analizar si existen bases objetivas que justifican esta desigualdad, para lo cual debe precisarse si los trabajadores al servicio de la Federación, Estado o Municipios y los demás contribuyentes que adquieran inmuebles en los términos establecidos en el artículo 28 bis se encuentran en la misma hipótesis de causación del impuesto y, por tanto, se ubican en un supuesto genérico igual o, por el contrario, guardan una situación distinta.

Del análisis integral a los nueve artículos que conforman al Capítulo I Bis denominado "impuesto sobre adquisición de inmuebles", de la citada Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, se concluye que los trabajadores al servicio de la Federación, Estado o Municipios y los demás contribuyentes que adquieran inmuebles en los términos establecidos en el artículo 28 bis se ubican en la misma hipótesis de causación del impuesto reclamado, ya que ambos se ubican por igual en el supuesto normativo contenido en el primer párrafo del artículo 28 bis consistente en la adquisición de inmuebles que consistan en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el territorio del Estado de Nuevo León.

Lo anterior demuestra que los trabajadores al servicio de la Federación, Estado o Municipios y los demás contribuyentes que adquieran inmuebles en los términos establecidos en el artículo 28 bis se encuentran en igualdad frente a la ley tributaria en estudio, por lo que deben encontrarse sometidos al mismo régimen tributario.

Sin que el capítulo referido contemple numeral alguno que justifique tal desigualdad, o que prevea algún grupo, categoría o clasificación especial en la que hubiera ubicado a los trabajadores al servicio de la Federación, Estado o Municipios, de lo que se sigue, que no establece una base objetiva que justifique el tratamiento distinto entre ambos sujetos del impuesto.

Además de que la exposición de motivos d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18773-8d4f6cdd/impuesto-sobre-adquisicion-de-inmuebles-el-articulo-28 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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