PRUEBAS DEL OFENDIDO. SU DESECHAMIENTO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. OPORTUNIDAD PARA IMPUGNARLO.
AMPARO EN REVISIÓN 71/2004.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Resulta innecesario transcribir y analizar los agravios expresados en esta instancia, toda vez que el juicio de amparo de referencia, efectivamente, es improcedente, pero esto por las razones que serán precisadas a continuación.
El Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en la resolución recurrida, decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo 1017/2003, promovido por ... contra las autoridades y por los actos que se precisaron en el resultando primero de este fallo, al considerar el a quo que la petición de garantías respectiva es improcedente, en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 10, ambos de la Ley de Amparo.
Para concluir de esa manera el a quo consideró que los actos reclamados no son de aquellos contra los que la parte ofendida en el procedimiento penal pueda promover juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, toda vez que no se trata de actos que emanen de un incidente de reparación o de responsabilidad civil, ni de aquellos que surgen dentro de un procedimiento penal, que se relacionan inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a dicha reparación o responsabilidad, ni de una resolución del Ministerio Público que confirma el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.
El Juez de Distrito de referencia también consideró el hecho de que si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, los actos reclamados en el presente asunto tampoco tienen esa naturaleza.
En esta instancia, la recurrente sostiene que la resolución del a quo es contraria a derecho, porque no se analizó cada uno de los actos reclamados, de manera que no se cumplió con la finalidad del juicio de garantías, pues no se tuvo en cuenta que es un derecho de la parte ofendida en el procedimiento penal que el Ministerio Público le reciba elementos de prueba.
La inconforme añade que tal resolución le causa perjuicio, porque contrariamente a lo señalado por el Juez de Distrito los actos reclamados sí son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que es obligación de la Procuraduría General de Justicia del Estado la investigación y persecución de los delitos, por lo que la negativa a desahogar pruebas en la indagatoria correspondiente es violatorio de garantías.
La parte quejosa señala también que la resolución impugnada carece de la debida fundamentación y motivación, toda vez que no se analizó la constitucionalidad de los actos reclamados ni se estudiaron las pruebas anexadas a los informes justificados.
En ese contexto, debe decirse que es correcto el sobreseimiento decretado en la resolución recurrida, pero por las razones que serán expuestas en esta ejecutoria.
El artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo dispone:
"Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observaran las siguientes reglas:
...
"III. Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido el juicio de amparo en los casos del artículo 37, para sobreseer en él en la audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concediendo o negando el amparo."
Conforme a dicho dispositivo jurídico, este Tribunal de Circuito, al conocer del recurso de revisión interpuesto contra una resolución dictada en un juicio de amparo, si considera infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito o por la autoridad que conozca o hubiese conocido de ese juicio, por la que se decretó el sobreseimiento en tal asunto en la audiencia constitucional respectiva, podrá confirmar tal sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal.
Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, noviembre de 1999
"Tesis: P./J. 122/99
"Página: 28
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.-Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
En la especie ... esto es, la quejosa en el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente toca, es la parte ofendida en el procedimiento penal en que se originaron los actos reclamados, de manera que, efectivamente, puede promover el juicio de garantías en los casos que señala el artículo 10 de la ley de la materia.
Sin embargo, este Tribunal de Circuito, de manera reiterada, ha sostenido el criterio en el sentido de que de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 10, fracción III y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, el desechamiento de pruebas de la parte ofendida, dentro de la etapa de averiguación previa, podrá ser combatido cuando se promueva el juicio de garantías contra la resolución de inejercicio de la acción penal o del desistimiento de ésta, por ser las mismas las que realmente pueden causarle algún perjuicio, ya que de otra manera se propiciaría el abuso del propio juicio y la multiplicación innecesaria de asuntos de esa naturaleza, en detrimento de la garantía de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional.
Los artículos 10 y 114 de la Ley de Amparo disponen:
"Artículo 10. La víctima y el ofendido, titulares del derecho de exigir la reparación del daño o la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, podrán promover amparo:
"I. Contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil;
"II. Contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal y relacionados inmediata y directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén afectos a la reparación o a la responsabilidad civil; y,
"III. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional."
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:
"I. Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso;
"II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
"En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea promovido por persona extraña a la controversia.
"III. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido.
"Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.
"Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben;
"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación;
"V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería;
"VI. Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y III del artículo 1o. de esta ley.
"VII. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional."
Sobre el particular, este Tribunal de Circuito emitió la tesis siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVIII, septiembre de 2003
"Tesis: IV.1o.P.10 P
"Página: 1422
"-De una interpretación armónica y sistemática de los artículos 10, fracción III y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta que el desechamiento de pruebas del ofendido, dentro de la etapa de la averiguación previa, debe ser combatida cuando se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de la resolución de inejercicio de la acción penal o su desistimiento, por ser éstas las que realmente pueden depararle perjuicio. En efecto, sostener lo contrario implicaría propiciar el abuso del juicio de amparo y la multiplicación innecesaria de asuntos, en detrimento de la garantía de justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional."
Para concluir de esa manera, este órgano jurisdiccional consideró el hecho de que no es procedente promover juicio de amparo contra cada acto de autoridad que se pronuncie en la averiguación previa, en que se afecten derechos intraprocesales o adjetivos de la parte ofendida, ya que los mismos pueden ser reparados si la misma obtiene una resolución favorable a sus intereses, como lo sería el ejercicio de la acción penal respectiva, de manera que si esto no ocurre y en cambio se decreta el inejercicio o el desistimiento de dicha acción, contra la determinación que apruebe la opinión correspondiente podrá promoverse el mencionado juicio de garantías.
Al caso es aplicable igualmente, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 38/2001
"Página: 5
"AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA.-De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio."
En ese contexto, en la especie, debe reiterarse el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional en la ejecutoria de referencia, toda vez que la parte quejosa reclama la abstención de las responsables de realizar investigaciones, diligencias o recabar pruebas para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los denunciados en la averiguación previa correspondiente, así como el acuerdo de diez de mayo del año dos mil tres, en el que la agente del Ministerio Público investigador en Averiguaciones Previas de lo Penal número ... del Primer Distrito Judicial del Estado, negó lo solicitado por la querellante, en el sentido de que se enviaran oficios a diversas autoridades a fin de obtener datos con motivo de los hechos investigados, de manera que igualmente se trata de aspectos intraprocesales o adjetivos, que pueden ser reparados si la parte ofendida obtiene una resolución favorable a sus intereses.
Así las cosas, por las razones expuestas con antelación, es procedente confirmar la resolución recurrida y decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo promovido por ...
En consecuencia, con apoyo en el artículo 184, fracción II, de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la resolución recurrida.
SEGUNDO.-Se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo 1017/2003, promovido por ... contra las autoridades y por los actos que se precisaron en el resultando primero de este fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al tribunal de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito por unanimidad de votos de los Magistrados: licenciados Ramón Ojeda Haro (ponente), María Luisa Martínez Delgadillo y del licenciado Francisco Ángel Rangel Mendoza, secretario de tribunal en funciones de Magistrado autorizado en acuerdo de fecha dieciocho de mayo del año en curso, dictado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18193-ac00cbc8/pruebas-del-ofendido-su-desechamiento-en-la-averiguacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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