VIOLACIONES PROCESALES. SI SE ALEGAN COMO AGRAVIO EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTENTADO CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE AL DE LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL.
AMPARO EN REVISIÓN 41/2004.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Son inoperantes en una parte e infundados en otra, los agravios esgrimidos por el recurrente, como se demostrará a continuación.
En principio, es menester indicar que si bien es cierto que las causales de improcedencia del juicio de garantías deben estudiarse preferentemente a cualquier otra cuestión por ser de orden público y análisis oficioso, ya sea que lo aleguen o no las partes, también lo es que por razón de técnica, es necesario abordar en primer término, el agravio propuesto por el recurrente, en el que alega una violación al procedimiento consistente en el desechamiento del incidente de objeción de documento propuesto por el quejoso, aquí recurrente, previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues de ser fundada la violación alegada y con la tramitación del incidente en cuestión se desvirtuara la causal de improcedencia advertida por el Juez de Distrito a quo, ello conduciría a revocar la sentencia impugnada y ordenar la reposición del juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Al respecto, el inconforme aduce que el desechamiento del incidente de objeción de documento, respecto del contrato de arrendamiento base de la acción en el juicio natural, que propuso por escrito presentado minutos antes de la celebración de la audiencia constitucional, bajo el argumento de que su admisión y tramitación en nada variaría el sentido del fallo y, en cambio entorpecería la pronta y expedita administración de justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, transgrede en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la citada Carta Fundamental, así como los numerales 153, 174, 191 y 192 de la Ley de Amparo, en virtud de que el artículo 153 citado, establece la obligación del Juez de Distrito de suspender la audiencia constitucional para continuarla dentro de diez días, si al presentarse un documento por alguna de las partes, la otra lo objetare de falso; por tanto, no es potestativo del juzgador llevar a cabo la suspensión de la audiencia, pues la ley no lo deja a su criterio, sino que le impone la obligación de hacerlo, y si la objeción se estimare improcedente o infundada, ello sólo podría ser materia de la multa prevista en el último párrafo del artículo 153 de la ley de la materia, pero no de un desechamiento inmediato del incidente y que, no obstante lo anterior, celebró la audiencia y dictó sentencia cuando el juicio aún no guardaba estado para ser resuelto.
Refiere también que la actuación del juzgador federal le causa perjuicio, porque no solamente se le está negando un medio de impugnación que la ley le concede, bajo el pretexto de una pronta y expedita impartición de justicia sino que, además, se le deja en estado de indefensión porque como supuso que al objetar de falso un documento se abriría el incidente respectivo, suspendiendo la audiencia constitucional, tal y como la ley lo establece, dejó de asistir a su celebración a fin de presentar a los atestes que declararían dentro de la prueba testimonial que ofreció.
Adicionalmente, manifiesta que el juzgador de garantías prejuzga sobre cuestiones que desconoce, pues determina el desechamiento del incidente de objeción de documento, bajo el argumento de que en nada variaría el sentido del fallo, lo que es ilegal, puesto que para saber si un incidente repercute o no en la solución de un juicio, primero debe tramitarse y resolverse aquél, que lo contrario implica una denegación de justicia, pues se traduce en la ilegal práctica prohibida constitucionalmente bajo el nombre de "absolución de la instancia", considerando que no habiéndose ejecutado debidamente la sentencia del juicio de origen, al no haberse otorgado por escrito el contrato de arrendamiento, menos puede ejecutarse el lanzamiento que en cumplimiento de dicho contrato pretendiera hacerse, que es lo que se reclamó en el juicio de amparo.
En primer lugar, deviene inoperante el argumento del recurrente, en relación con la transgresión de los artículos constitucionales que contienen garantías individuales, que aduce perpetró en su agravio el Juez de Distrito, en virtud de que las garantías individuales son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo gobernado, quien tiene la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la acción constitucional de amparo que se ejerce ante los juzgados y tribunales de la Federación, a quienes se encomienda en su carácter de resolutores de amparo, dirimir esta clase de controversias; así, los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, ejercen la función de control constitucional, dictando determinaciones de cumplimiento obligatorio y obrando para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su responsabilidad, por la investidura que les da la ley; ahora bien, aun cuando en contra de algunas de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su caso, con amplias facultades, incluso, de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Es por lo anterior, que en el recurso de revisión no es dable técnicamente analizar los agravios en los que se aducen violaciones a las garantías individuales por parte del juzgador de amparo, pues admitir lo contrario implicaría ejercer un medio de control constitucional sobre otro de constitucionalidad, habida cuenta que se estaría tratando al Juez de Distrito como autoridad responsable, desvirtuando la naturaleza jurídica del juicio de amparo.
Cobra aplicación en la especie, la jurisprudencia P./J. 2/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional."
Por otro lado, y en torno a la violación de los artículos 174, 191 y 192 de la Ley de Amparo aducida por el recurrente, debe decirse que esa manifestación no puede tenerse como agravio, habida cuenta que por tal debe entenderse la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; al expresarse el motivo de inconformidad debe precisarse cuál es la parte de la sentencia o auto que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto por el cual fue infringido, por ende, si el recurrente únicamente se limitó a referir los preceptos que, a su juicio, fueron transgredidos por el juzgador federal, debe decirse que dicha afirmación no resulta apta para ser tomada en consideración; menos aún cuando es claro que esos dispositivos del invocado cuerpo normativo no cobraban aplicación, pues el artículo 174 se refiere a la suspensión en amparo directo, y el asunto que se revisa fue un amparo biinstancial y la alegación del recurrente nada tiene que ver con la suspensión; el diverso numeral 191, alude a la lista de los asuntos vistos por las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que, desde luego, tampoco debía ser observado por el Juez Federal a quo; y, finalmente, el 192 establece la obligatoriedad de la jurisprudencia emitida por el más Alto Tribunal de la Nación o por los Tribunales Colegiados de Circuito, así como su formación, pero no se vierte argumento alguno que demuestre la transgresión de tal precepto por parte del Juez de Distrito; en consecuencia, se reitera, la manifestación del recurrente en torno a la supuesta violación de tales disposiciones de la Ley de Amparo, no puede tenerse como agravio.
Cobra aplicación, en el caso particular, la jurisprudencia VI.2o. J/84, integrada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en Materia Civil, ahora resuelve, consultable en la página 317, Tomo VI, Segunda Parte-1, de julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Se entiende por agravio la lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por consiguiente, al expresarse cada agravio, debe el recurrente precisar cuál es la parte de la sentencia que lo causa, citar el precepto legal violado y explicar el concepto por el cual fue infringido, no siendo apto para ser tomado en consideración, en consecuencia, el agravio que carezca de esos requisitos."
El resto de los motivos de inconformidad relacionados con la violación procesal alegada por el inconforme, resultan infundados y, para así considerarlo, debe precisarse que si bien es cierto que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley de Amparo, la sustanciación del incidente de objeción de documentos obliga al Juez de Distrito a suspender la audiencia constitucional, con la finalidad de recibir y desahogar las pruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado, respecto del cual y únicamente para los efectos de ese juicio de amparo debe pronunciarse al dictar sentencia, también lo es que cuando el juzgador advierte que el juicio de garantías debe sobreseerse al actualizarse una causal de improcedencia, resulta ociosa la tramitación del incidente de objeción de documento si el mismo no está destinado a desvirtuar el motivo o causa de improcedencia que en el juicio se actualice, pues como acertadamente lo sostuvo el juzgador de amparo, el pronunciamiento que se hiciere en relación con el documento objetado, no variaría el sentido del fallo, habida cuenta que de cualquier manera el juicio constitucional debía ser sobreseído.
Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 70/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 38/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, principalmente en la parte en la que admite que resulta ocioso tramitar el incidente de objeción de documento, si el juicio de amparo necesariamente debe sobreseerse, criterio que se encuentra publicado en la página 250, Tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "FALSEDAD DE DOCUMENTOS. SI LA OBJECIÓN PROVIENE DE LA RESPONSABLE DEBE ABRIRSE EL INCIDENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO AUN CUANDO AQUÉLLA NIEGUE EL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS PARA DESVIRTUAR DICHA NEGATIVA. De lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Amparo se desprende que, durante el trámite del juicio de garantías, es factible la sustanciación de un incidente con la finalidad de que se provea lo conducente respecto a la objeción de falsedad de documentos, situación que obliga al Juez de Distrito a suspender la audiencia constitucional, con la finalidad de recibir y desahogar las pruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado, respecto del cual y únicamente para los efectos de ese juicio de amparo debe pronunciarse al dictar la sentencia de fondo; sin embargo, cuando el Juez advierta que el acto reclamado fue negado y que el quejoso no ofreció pruebas para desvirtuar el informe justificado, resulta ociosa la tramitación de aquel incidente, pues el juicio deberá sobreseerse necesariamente por inexistencia del acto reclamado en términos del artículo 74, fracción IV, de la citada ley. Por lo contrario, si el quejoso ofrece pruebas para desvirtuar la negativa del acto, el juzgador debe abrir el referido incidente en el momento de la audiencia constitucional, y proveer lo conducente sobre las pruebas que ofrezca la autoridad responsable para probar la falsedad del documento objetado, en relación con determinadas causas de improcedencia, como la falta de interés jurídico, pues la autoridad responsable está en posibilidad de acreditar que el quejoso no tiene dicho interés, de manera que aun cuando haya quedado probado el acto, podría darse el caso de sobreseer en el juicio, si aquél no se demostró."
Ahora bien, del examen del escrito presentado por el quejoso, aquí recurrente, a las nueve horas con tres minutos, del día veintidós de diciembre de dos mil tres, mismo que obra a fojas de la mil seiscientos noventa y cuatro a la mil seiscientos noventa y seis, tomo tres, del expediente de amparo cuya sentencia se revisa, se advierte que el objetante adujo, en síntesis, que el Juez responsable había condenado a la parte demandada en el juicio de origen ********** a otorgar por escrito el contrato de arrendamiento celebrado en su carácter de arrendataria, con ********** en su carácter de arrendador, el día uno de junio de mil novecientos noventa y seis, en relación con el local comercial ubicado en la casa marcada con el número ********** de la avenida ********** colonia ********** de esta ciudad, dentro de los tres días siguientes a que causara ejecutoria la sentencia, apercibiéndola que en caso de no hacerlo, el Juez firmaría en su rebeldía; que por otra parte, mediante auto de veinticinco de febrero de dos mil dos, el citado juzgador hizo efectivo el apercibimiento aludido, y señaló las nueve horas del día quince de marzo del indicado año, para que tuviera verificativo la diligencia de otorgamiento y firma de contrato de arrendamiento por la propia autoridad judicial, en rebeldía de la demandada; y, finalmente, que de las constancias del expediente, se observaba que el contrato de arrendamiento exhibido por triplicado por el actor, no había sido firmado por la autoridad judicial que, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 153 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, objetaba dicho contrato de arriendo, a fin de tener la oportunidad procesal de rendir la prueba pericial en documentoscopía que acreditara su objeción, esto es, que el mencionado acuerdo de voluntades no había sido firmado por el Juez de lo Civil.
Por último, en el agravio que se examina, el recurrente expuso básicamente que lo que pretendía, al plantear la incidencia en cuestión, era demostrar ante el juzgador de distrito que el acto reclamado, por virtud del cual se le pretende desposeer del local comercial materia del juicio natural, no puede llevarse a cabo, porque no puede ser ejecutada la sentencia dictada en ese procedimiento, al carecer de la firma de la parte arrendataria, el contrato cuyo otorgamiento por escrito y terminación fue el objeto de esa litis, ya que el Juez responsable no lo había firmado en rebeldía de la demandada.
Partiendo de las bases anteriores, esta potestad federal arriba a la conclusión de que el incidente de objeción de documento formulado por el quejoso, ahora recurrente, de ninguna manera desvirtuaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la ley de la materia, advertida por el Juez de Distrito, que lo condujo a sobreseer en el juicio de amparo, con apoyo en el diverso numeral 74, fracción III, del mismo ordenamiento legal, sino que tendía directa e inmediatamente a acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado, misma que no podía ser abordada por el Juez Federal a quo, por virtud del sentido de la sentencia que emitió, ya que el sobreseimiento decretado en un procedimiento judicial, implica su terminación sin resolver la controversia de fondo. En consecuencia, debe indicarse que estuvo en lo correcto el referido juzgador federal al desechar por improcedente la incidencia planteada, toda vez que su tramitación y resolución, en nada hubiera variado el sentido del fallo constitucional, consistente en el sobreseimiento en el juicio de garantías, máxime si su sustanciación distraería recursos materiales y humanos de manera innecesaria, contrariando la garantía individual de la pronta y expedita impartición de justicia, consagrada en el artículo 17 constitucional, en perjuicio no únicamente de las partes que litigaron en el proceso constitucional de que se trata, sino también de los demás gobernados cuyos juicios de garantías se tramitan en el propio Juzgado de Distrito.
Habiendo resultado infundada la violación procesal aducida por el inconforme, se examinarán a continuación los agravios relacionados con la causa de improcedencia advertida por el Juez de Distrito a quo.
El revisionista expresa que es ilegal la sentencia recurrida, en virtud de que el Juez de garantías no analizó adecuadamente las constancias de autos pues, de haberlo hecho, habría advertido que dentro del interdicto para retener la posesión número ********** al cual le asignó valor probatorio pleno, con fecha seis de febrero de dos mil tres, se desahogó una prueba testimonial a cargo de los señores ********** y ********** con la cual se demostraba fehacientemente que es poseedor del local comercial materia de la litis; que por lo anterior, contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, en autos sí se encontraba demostrado su interés jurídico, ya que la testimonial es la prueba idónea para demostrar la posesión y, por ende, resultaba falso que se actualizara la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo.
No le asiste la razón al inconforme y, para así determinarlo, debe señalarse que contrario a lo que manifiesta, el Juez de Distrito a quo sí examinó las copias certificadas del interdicto para retener la posesión, número de expediente ********** del índice del Juzgado Sexto de lo Civil de esta ciudad, a las cuales efectivamente les asignó valor probatorio pleno, por tratarse de una prueba documental pública, fundando sus consideraciones en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2o., e indicando que ese medio probatorio sólo acreditaba que ante el Juez Sexto de lo Civil de este distrito judicial, el quejoso había promovido un interdicto de retener la posesión, pero no que tuviera la posesión legal del inmueble.
Valoración que resulta correcta, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129 del código adjetivo civil federal aludido, son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; y que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes; y resulta incuestionable que las copias que certifica el secretario de acuerdos de un Juzgado de lo Civil, de las constancias que obran en un expediente judicial, cumple con todas las características de un documento público, al ser expedidas por un funcionario judicial, que de conformidad con el artículo 73, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, se encuentra facultado para hacerlo; de ahí que las copias certificadas mencionadas fueran consideradas como documento público y, por tanto, valoradas como tal.
Por otro lado, según lo preceptúa el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado; de manera que las copias certificadas en cuestión únicamente prueban lo afirmado por la autoridad judicial que efectuó la certificación, misma en la que se señala que dentro del expediente ********** del índice de ese juzgado, obraban las constancias que se agregaron, las cuales se encuentran foliadas, rubricadas y entreselladas; y si bien es verdad que dentro de esas constancias aparece en las fojas de la dieciocho, vuelta, a veinte, frente, del tomo uno, del expediente de amparo, la declaración de los testigos; también lo es que de las propias copias certificadas no se desprende que esa probanza ya haya sido valorada por el juzgador ante el cual se desahogó y, por tanto, tal documental sólo hace prueba plena que ante el juzgador de lo civil se efectuaron esas manifestaciones, pero de ninguna manera prueba la veracidad de las mismas; consecuentemente, no deja de ser una declaración hecha por particulares, carente de valor probatorio como testimonial, en la instancia constitucional, como erróneamente lo pretende el ahora recurrente.
Ciertamente, no obstante que en ese procedimiento judicial se haya desahogado una prueba testimonial, en la que los atestes declararon que el promovente del interdicto estaba en posesión del inmueble, lo cierto es que de las citadas copias certificadas no se desprende que la autoridad judicial del conocimiento hubiere efectuado la valoración de la referida prueba, y que ya hubiera dictado sentencia en ese procedimiento, pronunciándose en relación con la posesión que el promovente adujo le estaba siendo perturbada por su contraparte, por tanto, las copias certificadas en cuestión, como atinadamente lo sostuvo el Juez de Distrito, sólo acreditan que el quejoso promovió el interdicto para retener la posesión y que el mismo se está tramitando ante el Juez de lo Civil antes mencionado, pero no que esté en posesión legal del inmueble materia de la litis en el juicio de origen.
Asimismo, debe agregarse que el impetrante del amparo, ahora inconforme, no puede pretender que la prueba testimonial desahogada ante la autoridad judicial común, sea valorada como tal dentro del juicio de amparo, dado que el juicio de garantías es un procedimiento constitucional autónomo, cuya materia es distinta a lo que se cuestiona en los juicios del orden común, y las reglas que rigen el procedimiento igualmente son diversas.
En otro argumento, el revisionista aduce que el Juez de Distrito señaló que no había prueba de que existiera posesión legal, lo cual era incorrecto, pues sólo debía demostrarse la posesión del inmueble, y no su legalidad o su origen.
Lo anterior también deviene infundado, ello es así, en virtud de que la posesión protegida por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la que define el derecho común; empero, aun cuando es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones respectivas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2002, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 17/91, consultable en la página 5, Tomo XV, febrero de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS.-En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común."
En consecuencia, no basta la simple detentación de la cosa, para que la transgresión al artículo 14 constitucional pueda ser alegada por el gobernado que acude ante la Justicia Federal a promover un juicio de amparo, sino que es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Y a esta posesión es a la que se refirió el Juez de Distrito en la sentencia sujeta a revisión. Además, con base en los razonamientos anteriores cabe agregar que, en todo caso, la testimonial a que alude el inconforme no acredita la posesión legal que tuviera respecto del inmueble en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21303-28473307/violaciones-procesales-si-se-alegan-como-agravio-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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