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Modo: Corpus Pro

ALIMENTOS PROVISIONALES. PARA SU OTORGAMIENTO NO SÓLO DEBE ACREDITARSE EL PARENTESCO DEL MENOR CON EL DEUDOR, SINO TAMBIÉN QUE QUIEN LOS RECLAMA EN SU REPRESENTACIÓN TIENE SU GUARDA Y CUSTODIA. EXCEPCIÓN A LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 9/2005 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). ALIMENTOS PROVISIONALES. PARA SU OTORGAMIENTO NO SÓLO DEBEN ACREDITARSE LOS ELEMENTOS OBJETIVOS O MATERIALES DEL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE VERACRUZ, SINO TAMBIÉN EL NORMATIVO O FUNCIONAL (QUE EL CÓNYUGE QUE LO SOLICITE EN REPRESENTACIÓN DEL MENOR TENGA SU CUSTODIA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 41/2006. · Registro digital (IUS): 19550
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, , Pág. 1137.

AMPARO EN REVISIÓN 41/2006.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Devienen fundados y suficientes los agravios esgrimidos para revocar la sentencia sujeta a revisión, en razón de las siguientes consideraciones.

Antes de precisar el porqué de la calificativa apuntada, pertinente resulta dejar establecidas ciertas circunstancias de hechos acaecidas durante la tramitación del juicio.

a) Por escrito presentado el primero de julio de dos mil cinco, la tercera perjudicada en representación de su menor, demandó del quejoso aquí recurrente, el pago de una pensión provisional y, en su momento, definitiva no menor del cincuenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que percibe éste en su centro de trabajo (fojas 25 a 28).

b) Admitida que fue la demanda en el mismo día de su presentación, el Juez del conocimiento decretó como pensión provisional un cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones que recibe el recurrente (foja 45).

c) Inconforme con lo ahí determinado ... al dar contestación a la demanda instaurada en su contra, interpuso recurso de reclamación, argumentando que ninguna relación tiene con su contraria, además que como obra en autos desde el seis de septiembre de dos mil cuatro, se decretó a su favor la guarda y custodia del menor por lo que procedía cancelar lo decretado (fojas 48 a la 55).

d) Por resolución de veinticinco de octubre de dos mil cinco, el Juez del conocimiento determinó declarar procedente la reclamación intentada por el demandado y redujo el monto inicialmente decretado a un diez por ciento, resolución que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo (fojas 74 a 76).

e) Inconforme con lo determinado ... acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, tocando conocer por razón de turno al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado con residencia en Boca del Río Veracruz. Seguido el juicio por sus causes legales el dieciséis de diciembre de dos mil cinco, determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada con base en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, en el sentido de que en la reclamación no se pueden cancelar los alimentos provisionales (fojas 82 a 97).

Precisado lo anterior, debemos indicar que fundados resultan los agravios plasmados por el inconforme en el sentido de que el criterio del encargado del despacho no es aplicable al caso, como enseguida se verá:

En primer lugar, hay que precisar que los alimentos provisionales sí pueden cancelarse en reclamación, cuando no se cumpla con los requisitos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.

Los alimentos provisionales como toda medida cautelar deben de aplicárseles los presupuestos procesales que requieran éstos para su otorgamiento, conceptos que en el caso del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz están plasmados en el artículo 210 que determina que se podrán otorgar "... cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor ...", esto es, se establece en dicho precepto, de una forma tasada, quiénes están en el supuesto de obtener alimentos provisionales, por estar demostrado en esos casos que ocurren a juicio con una pretensión fundada de inicio, que permite a quien esté en esos supuestos a recibir alimentos desde la presentación de la demanda y no esperar el dictado de la sentencia de fondo para estar en condiciones de que se le otorguen.

En ese orden de ideas, no acreditando que quien solicita la medida provisional de alimentos está en las hipótesis del referido artículo 210, esto es que sea pariente o cónyuge del demandado, o si ocurriendo con ese carácter no lo demuestra, con las copias certificadas de las actas del Registro Civil correspondientes, es factible que se puedan cancelar los mismos por no haberse demostrado los presupuestos para su otorgamiento, de conformidad con el siguiente criterio:

"No. de registro 345556

"Quinta Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: XCVII

"Página: 1100

"ALIMENTOS, DERECHO A PERCIBIRLOS. (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS). Aun cuando es cierto que el artículo 1384 del Código de Procedimientos Civiles, vigente en el Estado, establece que sobre cuestiones de alimentos, no se permitirá ninguna discusión respecto del derecho a percibirlos, sino que cualesquiera reclamación que se suscite, se resolverá en juicio ordinario, también lo es que sobre ese precepto debe imperar lo ordenado por los artículos 1372 y 1374 del mismo ordenamiento, que establecen que para decretar alimentos provisionales a quien tenga derechos para exigirlos, se necesita: que se acredite plenamente el título en cuya virtud se pidan y que cuando los alimentos se pidan por razón de parentesco, deberán presentarse los documentos que prueben que el interesado se encuentra en los casos señalados en los artículos del 207 al 210, 3324 y relativos del Código Civil (que tratan sobre la cuestión de quienes son los obligados a dar los alimentos), lo que quiere decir, manifiestamente, que la autoridad jurisdiccional tiene obligación primordial, al recibir la solicitud de alimentos provisionales, de estudiar y ver la legitimidad del derecho de la persona, de quien demanda los alimentos; en otras palabras, la autoridad judicial debe examinar si los documentos sobre los que se basa la petición de alimentos, acreditan suficientemente el derecho para pedirlos, y es evidente que el acreedor alimentista no ha justificado su derecho, si el acta en que se basaba la razón de pedirlos, o sea el parentesco con el deudor alimentista, no estaba justificado en autos, por las irregularidades que objetivamente se presentaban ya que no aparece firmada por el Juez del Registro Civil, sino por persona que se dice encargada provisionalmente de la oficina, y a mayor abundamiento en esa misma acta, se hace aparecer al tercer perjudicado como la persona que solicitó el registro de la quejosa, como su hija, sin que aparezca la firma de dicho tercero, con la circunstancia notoria de que se dice que se ignoran los abuelos paternos, y claro está que al repudiarse el acta de referencia, por no llenar los requisitos de la ley, el tribunal de alzada, no estaba haciendo otra cosa, sino cerciorándose y dictaminando, no sobre una controversia establecida entre partes, sino lisa y llanamente estableciendo que el acreedor alimentista, al tenor del artículo 1372 ya mencionado, no había acreditado suficientemente el derecho de percibir alimentos provisionales." (Lo subrayado es propio).

Ahora bien ¿por qué de la gama de sujetos que pueden solicitar alimentos, como lo pueden ser, entre otros casos, los hijos no reconocidos, o un concubino, el artículo 210 de referencia, no los incluye?; en el primer caso, por no tener el acta correspondiente y, en el segundo, por no tener el carácter de parientes en esa relación, y sólo se refiere a los parientes o cónyuge que acrediten con las copias certificadas del estado civil pues, ya se dijo, quien solicita alimentos provisionales debe contar con una prueba preconstituida, que son las que existen antes del inicio del proceso pero, además, dichas pruebas deben tener, en el caso del referido artículo 210, la presunción legal a su favor, al requerir que el acreditamiento sea con las copias certificadas del estado civil. Lo anterior resulta claro, pues las actas del Registro Civil son auténticos títulos probatorios del parentesco o del vínculo matrimonial, por lo que quien la presente, para solicitar alimentos provisionales, tiene a su favor una prueba preconstituida de su buen derecho para obtenerlas.

En cambio ¿por qué no podrían obtener alimentos provisionales una concubina o un hijo no reconocido?; a lo que se contesta: porque no cuenta a su favor con una prueba preconstituida que acredite su buen derecho, lo que no quiere decir que no pueda obtener sentencia favorable en el fondo, ya que pudieran acreditar, dentro del juicio, con pruebas que construyan durante el juicio lo fundado de su pretensión; esto es, si el hijo no reconocido demuestra con una prueba de ADN la paternidad de quien solicitó alimentos, podrá obtener los alimentos en definitiva; así como, si la concubina logra acreditar su situación con las pruebas correspondientes, en los casos que la ley especifica para esa hipótesis, los obtendrá.

Con lo anterior, se puede concluir que, por regla general, la materia de la reclamación, tratándose de alimentos provisionales, lo constituye el determinar si, en el caso de la legislación de Veracruz, está demostrado el parentesco o el vínculo matrimonial con las actas del Registro Civil correspondiente y que cuando eso no se demuestra, se pueden cancelar.

Ahora, así planteado el asunto, circunscrito a la sola redacción del precepto legal, podría establecerse que sólo cuando no se presenten las actas del Registro Civil, podría cancelarse la medida, lo cual ubicaría la actualización de la jurisprudencia cuya localización y contenido son del tenor siguiente:

"No. de registro 178961

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXI, marzo de 2005

"Tesis: 1a./J. 9/2005

"Página: 153

"PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles de la citada entidad federativa dispone que en los casos en que se reclamen alimentos, en el auto en que se dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, el Juez podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia puede ser provisional o definitiva, y se presenta en dos etapas procedimentales: la primera se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; mientras que la segunda se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador está en mejores condiciones de normar su criterio. Por tanto, tomando en cuenta que la finalidad de la pensión alimenticia consiste en proporcionar al acreedor los medios necesarios para subsistir, la reclamación que se interponga en contra del auto que la fija de manera provisional jamás podrá tener el alcance de cancelarla o dejarla insubsistente, pues dado el escaso término establecido en la ley para su trámite y resolución, es evidente que el juzgador difícilmente podría contar en ese lapso con el material probatorio suficiente para decidir el derecho que le asiste al acreedor alimentario, quien puede demostrar durante el juicio su derecho a recibir los alimentos, desvirtuando los motivos aducidos para pedir su cancelación o cesación."

Ahora bien, para lo que más adelante se expondrá, y a fin de establecer la aplicación del anterior criterio al caso concreto que se analiza, como se establece en la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALIMENTOS, DERECHO A PERCIBIRLOS. (LEGISLACIÓN DE ZACATECAS).", se estima procedente traer a colación los argumentos expresados por la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada al resolver el expediente varios 7/2005-PS, relativo a la solicitud de aclaración de la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 9/2005, en la que se concluyó:

"... Aunado a lo anterior, esta Primera Sala, estima que los motivos por los cuales el promovente solicita la aclaración de la jurisprudencia de referencia, constituyen propiamente problemas de aplicación de la propia jurisprudencia, porque en el ejemplo invocado por el promovente, si un Juez de manera indebida, sin haberse acreditado con las actas del Registro Civil, el vínculo de parentesco que supuestamente une al acreedor con el deudor alimentario, otorga una pensión alimenticia provisional, en contravención a lo dispuesto por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, la jurisprudencia de mérito, no resultaría aplicable, porque ésta parte de la premisa de que la pensión alimenticia provisional se otorgó cumpliéndose plenamente con los requisitos exigidos por el citado numeral, en cuanto a que se demostró plenamente con las actas del registro civil correspondiente el vínculo de parentesco que une al deudor con el acreedor alimentarios. En esas condiciones, lo procedente es que esta Primera Sala se niegue a aclarar de oficio el texto de la tesis jurisprudencial número 1a./J. 9/2005, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, página 153, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia el día veintiséis de enero de dos mil cinco, con motivo de la contradicción de tesis número 108/2004-PS. ..."

Del contenido de lo transcrito se corrobora, entonces, que los alimentos provisionales sí pueden cancelarse en la reclamación, en principio, conforme a los razonamientos hasta aquí expresados, cuando no se reúnen los requisitos que contempla el numeral 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; sin embargo, se considera que sí pueden presentarse otros supuestos en los que, aun como en el caso, presentadas las actas del Registro Civil, es factible, cancelar la medida cautelar de alimentos por presentarse otros aspectos, que inciden en la procedencia de la medida y en la propia subsistencia o el solo derecho a recibir los alimentos que no deben verse menoscabados por acciones que carecen de un sustento fáctico respecto a la finalidad de los alimentos; así, como premisa, se hará un estudio teleológico de la citada norma, que consiste en descubrir la finalidad del precepto, partiendo de que las normas son un medio para cumplir un fin y no una mera operación de subsunción.

Ahora bien, atendiendo a la naturaleza y finalidad de la institución de los alimentos provisionales que contempla el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que son conocidos por la doctrina moderna procesal como proceso cautelar innovativo, que consiste en anticipar resultados que si recayesen en el momento normal, perderían en todo o en parte su eficacia; esto es, la medida cautelar a estudio consiste precisamente en una decisión anticipada y provisional del tema de fondo, que en este caso resulta en fijar una pensión alimenticia destinada a durar hasta el momento en que esta regulación provisional de la relación controvertida se sobreponga a la regulación de carácter estable que se puede conseguir a través del más corto proceso ordinario, partiendo tal medida en función de peligro en el retardo de la decisión del fondo del asunto.

Todo lo hasta aquí planteado, permite establecer que los alimentos provisionales sí pueden cancelarse en la reclamación si no se reúnen los requisitos que contempla el numeral 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz; sin embargo, atendiendo a la teoría general del proceso y a los presupuestos procesales de la acción, así como a la naturaleza jurídica de la institución de los alimentos que debe analizarse en su contexto jurídico esencial de la subsistencia de quién o para quién se solicite la medida provisional, y en este segundo supuesto, que otro solicita, en ejercicio de la patria potestad, se estima que la petición debe estar en concordancia con otras instituciones jurídicas y no sólo en el acreditamiento de la filiación, sino que se inmiscuyen los aspectos relativos a la guarda y custodia, como se infiere y puede correlacionarse con los contenidos de los artículos 345, 346, 351 y 352 el Código Civil de la entidad, mismos que establecen lo siguiente:

"Artículo 345. En los casos previstos en los artículos 305 y 306, cuando por cualquiera circunstancia deja de ejercer la patria potestad alguno de los padres, entrará a ejercerla el otro."

"Artículo 346. Los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que, por ésta, exista peligro para éstos. No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de oposición, a solicitud de cualquiera de ellos, el Juez resolverá lo conducente en atención al interés superior del menor. Sólo por mandato judicial podrá limitarse, suspenderse o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial."

"Artículo 351. A las personas que tienen al menor bajo su patria potestad o custodia, incumbe la obligación de educarlo convenientemente. Cuando llegue a conocimiento de los consejos locales de tutela o de cualquier autoridad administrativa que dichas personas no cumplen con la obligación referida, lo avisarán al Ministerio Público para que promueva lo que corresponda."

"Artículo 352. Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la patria potestad o tengan menores bajo su custodia, tienen la facultad de corregirlos y la obligación de observar una conducta que sirva a éstos de buen ejemplo. La facultad de corregir no implica infligir al menor actos de fuerza que atenten contra su integridad física o psíquica en los términos de lo dispuesto por el artículo 254 Ter de este código."

De ellos se desprende que la obligación derivada de la patria potestad, referente a los alimentos, se vincula al aspecto relativo a la guarda y custodia de los menores, esto, obviamente para garantizar que los mismos sean proporcionados a quien los necesita y se tenga la certeza de que les serán suministrados por quien así lo pide, lo cual, de no ejercer la guardia y custodia, se desviaría el destino para el cual, en el caso de decisión judicial, van enfocados, así, si bien es cierto que si quienes solicitan alimentos, en términos del artículo 210 del código de proceder de la materia, acreditan con el acta de nacimiento el parentesco con el deudor, se les deben de otorgar, también lo es que ello parte de que si lo hacen por medio de un representante, éste actúe en su beneficio y que éste tiene la custodia, pero no cuando a quien se le solicitan (deudor) tenga al menor bajo su custodia, como en el caso, virtud a una decisión judicial (fojas 61 y 62 del juicio de amparo, expediente 1718/04 del índice de la responsable), de donde es dable establecer, sin prueba en contrario que los alimentos se están proporcionando directamente y, por otro lado, quien acude en representación de un menor a solicitar alimentos y se demuestra que no tiene la custodia, entonces, no acredita la legitimación para solicitar la medida cautelar, pues si bien la patria potestad legitima, también lo es que ésta debe ser plena, y si de autos quedó establecido que no tiene la guarda y custodia del menor por el que solicita alimentos es claro que, en ese sentido, el destino de éstos ya no es con el propósito de que el menor los reciba y se beneficie, por el contrario, se merma la capacidad de quien, hasta el momento procesal que se analiza, lo tiene bajo su guarda y custodia, y es preponderantemente, por el interés superior del menor, que ello no ocurra, a lo cual se atiende en términos de la tesis:

"No. de registro 191496

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, julio de 2000

"Tesis: 2a. LXXV/2000

"Página: 161

"MENORES DE EDAD O INCAPACES. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PROCEDE EN TODO CASO, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.-Los Jueces Federales tienen el deber de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o de los agravios respectivos, siempre que esté de por medio, directa o indirectamente, el bienestar de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quienes promuevan el juicio de amparo o el recurso de revisión, toda vez que el interés jurídico en las cuestiones que pueden afectar a la familia y principalmente en las concernientes a los menores y a los incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, ya que su voluntad no es suficiente para determinar la situación de los hijos menores; por el contrario, es la sociedad, en su conjunto, la que tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Lo anterior, debido a que el propósito del Constituyente y del legislador ordinario, plasmada en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, constitucional y 76 Bis, fracción V y 91, fracción VI, de la Ley de Amparo, y de las interpretaciones realizadas por la Suprema Corte fue tutelar el interés de los menores de edad y de los incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, incluso hasta el grado de hacer valer todos aquellos conceptos o razones que permitan establecer la verdad y lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Luego, no hay excusa tocante a la materia ni limitante alguna para la intervención oficiosa y obligada de las autoridades jurisdiccionales en esta clase de asuntos, pues la sociedad y el Estado tienen interés en que los derechos de los menores de edad y de los incapaces queden protegidos supliendo la deficiencia de la queja, independientemente de quienes promuevan en su nombre o, incluso, cuando sin ser parte pudieran resultar afectados por la resolución que se dicte."

Luego, y como quedó precisado líneas arriba la actora en el juicio natural y como representante del menor, y solamente en ese análisis de procedencia de la medida cautelar, no participa de la apariencia del buen derecho pues, con independencia de lo que se resuelve en definitiva, al menos para alimentos provisionales, no tiene legitimación en el proceso ni en la causa, pues con base a lo anteriormente indicado respecto a tales figuras, si bien es cierto que ésta promueve con una representación -madre del menor-, lo que implica que tendría la custodia y reclama alimentos para que éste los reciba por su conducto, lo cierto es que su contraria desvirtúa tal circunstancia con medio de prueba que acredita que la guarda y custodia del infante la detenta él, lo cual no aparece desvirtuado en el estadio procesal que se analiza, por el contrario, al contestar la reclamación, acepta el hecho, sin que la legalidad de la resolución que decretó la custodia sea materia del juicio de amparo.

Por todo lo anterior, es de concluirse, que al caso no es aplicable la jurisprudencia de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO PUEDE CANCELARSE EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", ya precisada, lo cual se determina por las consideraciones anotadas, y atento al contenido de la diversa jurisprudencia:

"No. de registro 191112

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XII, septiembre de 2000

"Tesis: P./J. 88/2000

"Página: 8

"JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO.-Las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y las que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones, debe estimarse que la sola transcripción de las tesis jurisprudenciales no es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional, sino que es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, su aplicabilidad al caso concreto independientemente de que, de ser necesario, el juzgador complemente la aplicación de los criterios jurisprudenciales en que se apoye, con razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de la referida garantía constitucional."

De lo antes dicho se puede desprender que los alimentos provisionales que se solicitan para un menor por medio de su representante deben tener como finalidad que estén directamente encaminados a satisfacer las necesidades más apremiantes de éste, luego, si de autos se advierte que quien solicitó los alimentos provisionales tiene la representación del menor, por ser su madre, pero no tiene la custodia y, por el contrario, el deudor alimentario tiene la posesión del menor, y la accionante no alega que no obstante que, aun cuando viva el menor con su padre, éste no se los esté proporcionando en todos sus rubros, entonces es claro que de otorgarse la medida cautelar solicitada por ésta, el destino de los alimentos provisionales no tendrían al menor como su destinatario. Por lo tanto, no se estaría cumpliendo con la finalidad de la misma y, en consecuencia, al no cumplirse en este supuesto el fin de la norma, se puede decir que no se cumplen sus elementos, lo que trae como consecuencia que se deban cancelar.

De ahí que como se advierte de las constancias que integran el juicio de amparo a que este toca se contrae tenemos, que si bien es cierto que ... en representación de su menor ... reclamó del inconforme el pago de una pensión provisional y en su momento definitiva sólo para este último, no debe perderse de vista, que una vez que su contraria da contestación a la demanda e interpone recurso de reclamación en contra de lo determinado como pensión provisional, acompañó constancia que demuestra que el seis de septiembre de dos mil cuatro, dentro del juicio 1718/2004, se decretó el depósito del menor a favor del quejoso y de otra persona, sin que la madre del menor hubiere ofrecido probanza que desvirtuara lo contrario, circunstancia que fue tomada en consideración por el resolutor de primer grado para resolver de la forma en que lo hace.

De ahí que en el presente caso, sí pueda operar la cancelación de la medida inicialmente fijada, sin que lo determinado vaya en contra del criterio determinado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -no cancelación de alimentos provisionalmente- por la circunstancia de que lo ahí establecido, no debe ser genérico para todas las cuestiones de alimentos provisionales, ya debe tomarse en cuenta que para que se den los supuestos procesales del artículo 210 citado deben cumplir los fines de éste.

Lo anterior es así, por la circunstancia de que el menor se encuentra bajo la guarda y custodia del impetrante del amparo, luego resulte lógico que de negarse el amparo quien recibiría el porcentaje decretado -diez por ciento-, es la tercera perjudicada que intenta la acción de alimentos, con lo cual no se alcanzaría el fin que persigue la medida cautelar en comento.

Debe acotarse que la presente resolución no contraviene la jurisprudencia relativa a que estando acreditados los elementos del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no se deben cancelar pues, desde la perspectiva de la mayoría, las normas no sólo tienen elementos objetivos o materiales, sino que también contienen elementos normativos o teleológicos. En otras palabras, las normas pueden describir una conducta para llegar al fin que teleológicamente se le encomendó, esto es, su finalidad, pero la realidad ofrece multiplicidad de conductas que objetivamente podrían adecuarse a dicha descripción, pero que en esencia no cumplan con el fin de la norma. Por lo tanto, se deben determinar cuáles de esas conductas son las que cumplen con la función de la norma y cuales no, lo cual viene a ser también un elemento de cada disposición.

Ahora bien, en el caso concreto, si bien aparecen demostrados los elementos objetivos o materiales del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por estar acreditado el parentesco del menor y del padre, con el acta de nacimiento respectiva, también lo es que no quedó demostrado el elemento normativo o funcional de dicha norma, que lo es que el menor disfrute de los alimentos provisionales durante la tramitación del juicio correspondiente, ya que si la madre no tiene la custodia, es claro que la pensión no cumple su finalidad si ésta se le diera a la actora.

En ese orden de ideas, no acreditándose la finalidad de la medida provisional de alimentos, es factible que se puedan cancelar los mismos. De ahí que, es de considerar que el presente controvertido, resulte una excepción más a la no cancelación de alimentos provisionales.

Sentado lo anterior, lo procedente es revocar la sentencia sujeta a revisión y conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que, tomando en consideración lo aquí expuesto, se dicte otra.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 89, 90, 91 y demás

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19550-005b2713/alimentos-provisionales-para-su-otorgamiento-no-solo-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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