PRUEBAS EN LOS JUICIOS DE LO FAMILIAR. SU OFRECIMIENTO CORRESPONDE A LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).
AMPARO EN REVISIÓN 406/2006.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Son infundados los agravios expresados.
En efecto, aducen los revisionistas que el Juez de Distrito a quo dejó de analizar los derechos de los menores de edad involucrados, porque si bien la autoridad responsable reiteradamente adujo que no debía suspenderse el derecho de convivencia y visita entre el tercero perjudicado y sus hijos, dentro de las instalaciones del colegio donde éstos estudian, ya que ... no ha perdido la patria potestad sobre sus descendientes, lo cierto es que tal visión de las cosas es ilegal, toda vez que en el juicio de origen no se cuestiona ese derecho y, por tanto, el pronunciamiento al respecto no motiva la resolución reclamada.
Que el Juez de Distrito tampoco examinó que la autoridad responsable debió allegarse de las pruebas necesarias para emitir el auto de diecisiete de mayo de dos mil seis, conforme a lo dispuesto en el artículo 1105 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla anterior, lo que no hizo y, por ende, dicho auto es ilegal, pues a través del ejercicio de tal facultad advertiría que la convivencia entre el hoy tercero perjudicado y los menores de que se trata resulta nociva para éstos.
Que la autoridad de garantías tampoco tuvo en cuenta que al dictarse el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil seis, estaba pendiente de resolverse la queja Q. 32/2006, radicada en este Tribunal Colegiado, la que mediante ejecutoria de siete de septiembre de la mencionada anualidad la declaró infundada, por lo que con mayor razón se imponía que el Juez de primera instancia se allegara de pruebas diversas al auto de once de mayo de dicha época, que reanudó el régimen de convivencia entre ... y los infantes involucrados, ya que esta última resolución no había quedado firme por encontrarse sub júdice, en función de la referida queja; circunstancia que, por otra parte, implica que el acto reclamado carezca de motivación, porque conforme a lo expuesto, pasó por alto que el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil seis, se apoyó en un acto judicial cuya legalidad estaba pendiente de decidirse.
A este respecto, añaden los inconformes que cuando la autoridad responsable emitió el referido auto de diecisiete de mayo del año en cita, conocía la existencia del recurso de queja antes identificado, por lo que no estaba en condiciones de soportar dicho acuerdo en un proveído que no tenía firmeza, pero sobre todo, señalan que el Juez de Distrito inadvirtió que el ocho de agosto de la época mencionada sobreseyó en el juicio de amparo 823/2006, promovido por los mismos interesados contra el acuerdo de once de mayo de dos mil seis, argumentando la existencia del recurso de queja Q. 32/2006, el que le impedía pronunciarse respecto del fondo del asunto, ya que la ejecutoria que se emitiera en ese medio de impugnación podría tener el efecto de revocar o nulificar el acto que ahí se reclamó; lo que dicen los discrepantes, robustece su reclamo en el sentido de que no debió dictarse el proveído de diecisiete de mayo siguiente, ya que se encontraba pendiente la decisión terminal sobre la legalidad del auto de once de mayo del año mencionado.
En otro aspecto, alegan los revisionistas que aun cuando el acto reclamado efectivamente se encuentra fundado, carece de motivación, porque la autoridad responsable se pronunció "más" a los derechos del hoy tercero perjudicado y no a los derechos de sus menores hijos ya que, conforme lo han insistido, existen pruebas en el expediente natural que revelan el estado psicológico de los niños, el cual puede verse quebrantado por la convivencia con su padre; reiterando que el Juez de la primera instancia ordinaria no se allegó de mayores pruebas para asumir que asiste derecho a ... de convivir con sus descendientes.
Que el fallo que se revisa es incongruente, porque el Juez de Distrito se contradice al establecer, en lo conducente: "... Asimismo, es importante resaltar que el auto de diecisiete de mayo del año en curso, que fue impugnado por la aquí quejosa, por el medio ordinario de defensa previsto en la ley aplicable al caso, sólo otorga al tercero perjudicado un permiso tanto para pedir informes escolares de sus menores hijos, como para que pueda ver a éstos en los eventos o actividades que se desarrollen en dicho lugar; lo cual denota que en dicho proveído no se restablece el derecho de convivencia, sino que fueron en el de once de mayo de dos mil seis, pues el de diecisiete de mayo de dos mil seis, sólo es una consecuencia, por lo que los agravios y las pruebas se deben hacer valer en contra del auto de once de mayo de dos mil seis ..."
Tales consideraciones, en opinión de los inconformes, son incongruentes, habida cuenta que el Juez Federal los obligó a "consentir" actos emanados de la autoridad responsable, aun cuando existen violaciones a sus garantías individuales, al ser el auto de diecisiete de mayo de dos mil seis consecuencia de la resolución de once de mayo anterior, contra la que en todo caso, según el juzgador de amparo, deben enderezar los argumentos y ofrecer las pruebas conducentes para desvirtuarla lo que, indican los promoventes, lesiona sus derechos constitucionales.
De igual modo, manifiestan que la sentencia que se revisa es contradictoria porque, por un lado, al abordar el alegato de los quejosos en el orden de que el tercero perjudicado faltó al respeto a la institución donde estudian los infantes de que se trata, el Juez de amparo sostuvo que no tiene facultades para otorgar o suspender el derecho de convivencia y las condiciones en que éste deba ejercerse, porque en todo caso, ello es materia de la litis en el juicio de origen y, por otro, aducir que la protección que la ley otorga a los intereses de los niños es de gran relevancia, pues son preponderantes los valores esenciales de la familia y la protección de los intereses superiores de los infantes, ya que el contacto entre éstos y sus progenitores constituye un aspecto de suma importancia que en la integración del concepto de la familia, en la etapa de la vida que cursan, cimienta de modo trascendental esa concepción fundamental en la sociedad que la ley protege y tiende a conservar, por lo cual es indispensable que las resoluciones que se emitan en este tipo de conflictos consideren todos los medios convictivos que obren en el juicio, siempre decidiéndose lo más conveniente para los niños.
Sobre el particular, afirman los inconformes que tales estimaciones no corresponden a lo sucedido, porque la autoridad responsable olvidó ejercer la facultad para allegarse pruebas necesarias y sólo entonces determinar lo más favorable a los infantes involucrados; máxime que existen constancias que demuestran el estado psicológico de ... lo que conlleva a concluir que el contacto de éste con sus descendientes les produciría daño grave a los niños, a pesar del tratamiento especializado por el que han pasado el que, además, se vería afectado si se olvida examinar todas las pruebas aportadas al sumario natural, encontrándose de este modo demostrado que la autoridad responsable no ha proveído lo correspondiente para la protección de los intereses superiores de los infantes.
Para mejor apreciación del asunto, conviene tener presente los siguientes datos que se desprenden de las actuaciones respectivas:
a) Mediante resolución de once de mayo de dos mil seis, y en cumplimiento a la ejecutoria dictada por este Tribunal Colegiado el veinte de abril del mismo año, en el recurso de revisión R. 72/2006, deducido del juicio de amparo 8/2006, ventilado ante el propio juzgado federal a quo que emitió el fallo que ahora se revisa, el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad de Puebla, emitió un proveído que en la parte conducente señala: "Se ordena la reanudación del régimen de convivencia controlada, previamente concedido entre el señor ... y sus menores hijos ... en las instalaciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Municipio de Puebla, en un horario comprendido de las diez treinta a las doce treinta horas, los días sábados de cada semana ... No es óbice para reanudar el régimen de convivencia el resultado de la audiencia verificada el veintiocho de septiembre del mes y año en curso, pues del examen de las constancias de autos advertimos que: 1. En el libelo inicial, la señora ... esencialmente alude al deterioro de la relación marital entre los hoy contendientes que la llevó a separarse del domicilio familiar y desde ahí a los niños, poniéndose de acuerdo con su contrario para poder visitarlos, sin que ello hubiera sido posible por las interferencias y amenazas desplegadas por éste, que finalmente impidiera la convivencia entre ella y los infantes; que además ... desatendió a los infantes. Esto es, ningún dato específico que implique un grave riesgo en la salud física, psicológica y emocional de los hijos por convivir con su progenitor, en los términos de auto de nueve de mayo de dos mil cinco. 2. Obra en el principal el oficio PDMMF/2291/2004, por el cual el Procurador de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, presentó las valoraciones psicológicas practicadas a los litigantes así como a sus menores hijos ... en cuyas conclusiones el especialista encargado de practicarlos expuso que ... es una persona sana pero con inestabilidad emocional, probablemente provocada por la separación de sus padres, en tanto que el niño presentó los mismos rasgos, pues tiene el ideal de que su familia permanezca unida, advirtiéndose del rubro ‘observaciones’ la sugerencia del especialista en el sentido de que tanto los padres como los hijos se sometan a tratamiento psicológico particular, para que se integren ambos padres a fin de que puedan llegar a acuerdos y con ello se obtenga una convivencia sana, ya que para los niños tanto la figura materna como la paterna, son significativas y tienen vínculos afectuosos importantes con ellos. 3. En el cuaderno de pruebas de la parte actora, obran los dictámenes aportados por peritos en psicología de la oferente, de su contraparte y del tercero en discordia, esto es, la doctora ... el psicólogo ... y la psicóloga ... ninguno de los cuales arroja datos indicativos de que la convivencia entre ... y sus menores hijos sea nociva para éstos, en los términos precisados en el auto de nueve de mayo de dos mil cinco, opiniones periciales que, independientemente del valor probatorio que se les otorgue al momento de resolverse en definitiva como en derecho corresponde, por ahora son valiosos para pronunciarse sobre el régimen de convivencia en cuestión. De esta suerte, tomando en consideración que al tenor de los artículos 605 Bis y 637 del Código Civil, es deber del juzgador privilegiar el derecho de los menores a convivir con sus padres, como lo robustece el contenido del artículo 293 del mismo ordenamiento, derecho que sólo puede impedirse, suspenderse o perderse por mandato judicial fundado en justa causa, cabe entonces concluir que la manifestación aislada de ... en diligencia de veintiocho de septiembre del dos mil cinco, por cuanto a que la figura paterna les inspira temor, no es bastante para suspender la convivencia, tanto menos cuanto que como se ha dicho, existen opiniones técnicas que no revelan que ... representa un riesgo para la salud física, emocional o psicológica de sus hijos, por convivir con éstos, en los términos del auto de nueve de mayo del año dos mil cinco."
b) Por acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil seis, la autoridad responsable determinó lo siguiente: "... Agréguese a sus autos lo de cuenta para que surta sus efectos legales procedentes y visto su contenido, con fundamento en los artículos 54, 58, fracción VI, 70, 1102, 1103 y 1004 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, tomando en consideración que previo estudio de las actuaciones se desprende que no se ha privado de la patria potestad al ocursante ... aunado a que la presente controversia trata sobre guarda y custodia, así como derecho de convivencia; por lo tanto, como lo solicita el referido promovente, gírese atento oficio al director general o representante legal del colegio ... para que permita al ocursante el acceso a las instalaciones de esa institución educativa a fin de pedir los informes escolares de los menores ... asimismo, deberá permitir que en los diferentes eventos o actividades que se desarrollen con motivo de sus cursos escolares, estar presente el señor ... apercibiéndole que de no dar fiel cumplimiento a lo antes ordenado se hará acreedor a una medida de apremio ..."
c) Contra el referido auto de diecisiete de mayo de dos mil seis, los aquí amparistas promovieron recurso de revocación, en el que en lo sustancial alegaron que dicha actuación resultaba contraria al acuerdo de nueve de mayo de dos mil cinco, que determinó que el demandado únicamente podía pedir informes a la institución educativa donde estudian sus hijos, pero no tener reuniones con ellos; que el Juez natural no tomó en cuenta las observaciones realizadas por el director de esa escuela así como las valoraciones psicológicas que obraban en autos respecto a que ... había mostrado conductas inadecuadas, sobrepasando los límites del respeto hacia los directivos, maestros y demás personal del colegio ... que se dejaron de considerar las constancias que integran al sumario natural, entre ellas, diversas valoraciones psicológicas de las cuales se desprendía que la conducta del demandado era nociva para tener una relación personal con sus menores hijos, los que habían sido víctimas de maltrato físico y emocional por su progenitor; que también se soslayó la diligencia de veintiocho de septiembre de dos mil cinco, en la que los menores manifestaron no querer ver al enjuiciado, haciéndose evidente su temor hacia él; que mediante proveído de treinta de septiembre del mismo año, se ordenó suspender la convivencia entre ... y los infantes; que el Juez primario pasó inadvertidas numerosas constancias que revelaban lo perjudicial que resultaría la presencia física del padre en los menores; que el auto en cuestión no se encontraba debidamente motivado, ya que se concretaba a establecer que el juicio de origen no versaba sobre la pérdida de la patria potestad y que implícitamente soslayaba que en el procedimiento familiar, por ser de orden público, el Juez debía atender siempre a la verdad real y no a la formal; que existía un cúmulo de elementos allegados al sumario que debían ser justipreciados, de los que se colegía que si el demandado asistía al colegio de los menores a los eventos culturales, era obvio que tendría relación interpersonal con ellos, lo que les afectaría, según lo indicado en los dictámenes psicológicos aportados en el litigio, de modo que debía negarse la petición de ... y, por ende, limitar la autorización de éste a solicitar informes académicos de sus hijos, ya que su sola presencia física implicaba daño emocional a los niños; que era procedente la revocación del auto de diecisiete de mayo del año de dos mil seis, a fin de evitarles maltrato emocional nocivo para su desarrollo, el que además, provocaría retroceso en el avance obtenido como resultado de las terapias psicológicas a las que habían tenido que asistir.
d) A través del fallo de once de agosto de dos mil seis, el Juez responsable resolvió el recurso de revocación antes identificado. Dicha resolución judicial constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. Las consideraciones en que se sustentó tal determinación, básicamente estribaron en que de las constancias judiciales se advertía que el diecisiete de mayo de dos mil seis, se permitió a ... el acceso a las instalaciones del colegio ... para que solicitara informes escolares de sus menores hijos, así como a efecto de asistir a los eventos o actividades que se desarrollaran con motivo de sus cursos escolares, lo anterior, tomando en consideración que el litigio versaba sobre la guarda, custodia, visita y convivencia entre el antes nombrado y los menores y que el enjuiciado no había perdido la patria potestad; que también se desprendía que mediante proveído de once de mayo de dos mil cinco, se limitó la injerencia de dicho demandado en la mencionada institución educativa, a solicitar informes académicos de sus descendientes.
Asimismo, sostuvo que contrario a lo esgrimido por los inconformes, no se había actuado contra constancias, en virtud de que cada acuerdo pronunciado se dictó atendiendo a las circunstancias imperantes en su momento, por lo que si bien en el proveído últimamente indicado, se estableció que ... únicamente podía acudir a la escuela donde estudiaban los menores a pedir informes de orden académico, ello obedecía a que en el mismo acuerdo se decretaron las visitas controladas entre el demandado y los niños, asegurando de ese modo el derecho de éstos a convivir con su padre.
Agregó que no obstante, en la fecha en que se dictó el auto recurrido, el enjuiciado no había podido tener contacto con los infantes, por diversos motivos, lo que se desprendía de autos, de manera que dicho acuerdo tendía a asegurar el derecho superior de los menores a convivir con su ascendiente, aunque en circunstancias particulares, esto es, en el colegio donde éstos estudiaban, sobre todo porque, en efecto, de constancias se desprendía el deterioro de la relación interpersonal entre ellos, lo que orillaba a tomar medidas necesarias para restaurarla de modo paulatino en beneficio de los infantes, lo anterior, en ejercicio de las facultades otorgadas en los artículos 293 y 637 del Código Civil para el Estado de Puebla. También sostuvo que negar tal convivencia, haría cada vez más grande el distanciamiento hasta ese entonces existente entre ... y los menores, lo que afectaba de manera profunda su relación afectiva, por lo que la medida adoptada en el auto de diecisiete de mayo de dos mil seis, permitiría que en un ambiente conocido y vigilado por la institución educativa a la que asistían, empezaran a tener contacto nuevamente con el enjuiciado, atendiendo al derecho superior de los niños a convivir con su progenitor, aunado a que éste no había perdido la patria potestad.
De igual modo, indicó que debía tenerse en cuenta lo prescrito en los numerales 597 y 605 Bis del código sustantivo civil local; el primero, en cuanto al derecho de los padres a convivir con sus hijos y estar al pendiente de su educación, por lo que el enjuiciado debía tener acceso a los informes académicos de sus descendientes y asistir a los eventos culturales en que participaran y, el segundo, referido a que aun cuando los que ejercen la patria potestad no tuvieren la custodia o guarda de los menores, conservan los derechos de vigilancia y convivencia con sus descendientes, salvo orden de autoridad judicial que suspendiera o extinguiera ese derecho, por lo que en el caso el acuerdo impugnado se ajustaba a derecho, ya que no existía una determinación judicial de tal naturaleza.
Finalmente, indicó el Juez responsable que, contrariamente a lo aseverado por los entonces inconformes, lo relativo a la convivencia, visita y correspondencia entre ... y sus menores hijos, fue resuelto el once de mayo de dos mil seis, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por este Tribunal Colegiado en el toca de revisión número 72/2006, en la que se señaló que no existía razón bastante para impedir la mencionada convivencia. Con base en las anteriores consideraciones, el juzgador de primer grado, confirmó el auto de diecisiete de mayo de dos mil seis.
En ese contexto, expresan los revisionistas que el Juez de Distrito a quo dejó de analizar los derechos que tiene todo menor de edad, ello, al exponer que la autoridad responsable consideró que ... no ha perdido la patria potestad sobre los menores ... ya que alegan los inconformes, el juicio natural no versa sobre esa materia y, por tanto, en el auto de diecisiete de mayo de dos mil seis, no debió declararse cuestión alguna sobre la patria potestad, lo que fue reclamado por los quejosos, sin que estudiaran en su conjunto los conceptos de violación relativos.
No asiste razón a los impetrantes en lo que al efecto arguyen, toda vez que de la lectura de los conceptos de violación vertidos en el ocurso constitucional, se desprende que básicamente impugnaron la emisión del auto de diecisiete de mayo de dos mil seis, por estar pendiente de resolución un recurso de queja enderezado por ... contra el defectuoso cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este órgano colegiado en el recurso de revisión R. 72/2006, y porque, en su opinión, la autoridad responsable no examinó todas las pruebas allegadas al sumario para autorizar las visitas del tercero perjudicado a sus hijos dentro de las instalaciones del colegio donde éstos estudian, máxime que mediante auto de treinta de septiembre de dos mil cinco se ordenó suspender la convivencia entre el demandado y los infantes.
Sin embargo, para nada los solicitantes del amparo impugnaron ante el órgano de control constitucional que la autoridad responsable declaró o se pronunció respecto de la patria potestad de ... en el fallo reclamado, fuera de lo que constituye la litis en el juicio natural; antes bien, por el contrario, apoyaron los argumentos vertidos en la demanda de garantías en el hecho de que si bien el enjuiciado no había perdido la patria potestad, ello no bastaba para concederle la convivencia con sus hijos, por diversos motivos, pero no rebatieron que la patria potestad que ejerce ... no ha sido materia de contienda.
Esto es, el Juez de Distrito a quo no olvidó estudiar algún concepto de violación planteado en la demanda de amparo en la tesitura que los promoventes indican, sin embargo, conviene decir que de la lectura del fallo reclamado no se desprende algún pronunciamiento constitutivo o declarativo respecto de la patria potestad que el aquí tercero perjudicado ejerce sobre sus descendientes, sino únicamente el razonamiento de que ... no la ha perdido y, por tanto, es factible que pueda convivir con ellos, bajo las condiciones que de la propia resolución se desprenden.
También es importante mencionar que como los inconformes lo señalan, la patria potestad que ejerce el aquí tercero perjudicado sobre sus descendientes, no es materia de debate en la contienda original, por lo que lógicamente ese derecho no ha sido afectado ni suspendido y, en consecuencia, no resulta ilegal que la autoridad responsable lo haya considerado como dato relevante en la apreciación del conflicto sobre el derecho de convivencia y correspondencia entre ... y los infantes involucrados, en la medida que el Juez de primera instancia expresó como parte de los razonamientos integrantes de la resolución reclamada, que la patria potestad otorga el derecho y el deber de los padres para estar al pendiente de la educación de sus hijos, lo que incluye solicitar los informes académicos que correspondan a sus estudios y asistir a los eventos culturales dentro de las instalaciones de la institución en la que los efectúan; es decir, no se pronunció sobre un aspecto fuera de la litis, sino que lo que hizo fue tomar en consideración un hecho que se ajusta a las constancias de autos que es, precisamente, que ... no ha perdido la patria potestad (porque el debate no versa sobre ese punto), sin que lo último entrañe una declaración sustantiva al respecto. Consecuentemente, no existe la irregularidad que los revisionistas plantean en el agravio que se examina.
Por otro lado, tampoco es fundado que el Juez de Distrito a quo haya pasado por alto que la autoridad responsable dejó de ejercer la facultad de allegarse pruebas necesarias para emitir el auto de diecisiete de mayo de dos mil seis, contemplada en el artículo 1105 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla abrogado, a fin de apreciar si la convivencia entre ... y sus descendientes, dentro de las instalaciones del colegio en que éstos estudian, puede representar un riesgo para la salud física o psicológica de los niños.
Se dice que no es acertado tal señalamiento de los revisionistas porque, en primer lugar, de la lectura de la demanda de amparo correspondiente, no se advierte que los quejosos hayan impugnado o reclamado que la autoridad responsable dejó de ejercer la facultad consignada en el artículo 1105 de la codificación adjetiva civil en cita sino, en todo caso, que dicho Juez no valoró las pruebas aportadas a la contienda, motivo por el que el Juez de garantías no estaba en posibilidad de resolver un aspecto que no le fue planteado, esto es, que no constituyó tema en los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo; sin que sea óbice a lo anterior que en el presente asunto puedan verse afectados intereses de menores, porque en casos como el de la especie, la suplencia de la queja deficiente únicamente puede verificarse a partir de lo manifestado en los conceptos de violación, de manera que si no se expone, aunque sea de manera mínima, un razonamiento determinado, el juzgador no se encuentra en aptitud de resolver sobre cuestiones ajenas a lo vertido en la demanda de garantías.
En segundo lugar e independientemente de lo sostenido, debe decirse que el Juez de Distrito no soslayó el reclamo de los quejosos en el orden de que la autoridad responsable no estudió las pruebas allegadas al litigio natural. Así es, lo que advirtió el juzgador de garantías es que el auto de diecisiete de mayo de dos mil seis, recurrido por los interesados a través del recurso de revocación cuya resolución constituye el acto reclamado en la presente causa de amparo, no decretó el derecho de convivencia entre ... y sus hijos, sino que únicamente versó sobre la posibilidad de que aquél pueda pedir informes escolares de dichos infantes y acudir a eventos o actividades que se desarrollen dentro de la escuela donde estudian, por lo que la pretensión de los inconformes de demostrar que no debe permitirse la convivencia del tercero perjudicado con los niños, ello a través de las pruebas que dicen inestudiadas por el Juez natural, en todo caso, debían plantearla contra el auto de once de mayo del mismo año en el que, en efecto, se restableció el régimen de convivencia que previamente había sido suspendido, por lo que las pruebas encaminadas a acreditar una excepción a ese derecho, son ajenas al acto reclamado, cuya materia se limitó a examinar una actuación que es una mera consecuencia del proveído mencionado en último término.
En este orden de ideas, es cierto y correcto lo que el a quo federal indicó, ya que los medios convictivos que los quejosos dicen pasados por alto por el Juez natural, precisamente en el auto de diecisiete de mayo de dos mil seis, y en la resolución reclamada, en realidad, como ellos mismos lo manifiestan, están destinados, según su enfoque, a acreditar lo que estiman una causa justa para suspender o impedir, de manera absoluta, la convivencia entre ... y sus hijos, todo lo cual pone de manifiesto que efectivamente dichas pruebas tienen objeto relacionado con el auto de once de mayo de dos mil seis, en que se restableció el régimen de convivencia del tercero perjudicado con sus descendientes y no con el posterior acuerdo de diecisiete de los mismos mes y año, ni con el fallo de once de agosto de esa época que resolvió el recurso de revocación interpuesto por los amparistas objeto de este juicio de garantías, ya que en tales auto y sentencia no se concedió el derecho de convivencia, sino que partieron del que ya había sido restablecido anteriormente; de ahí que no se aprecie lesión a los derechos de los quejosos derivada del proceder adoptado por el Juez de Distrito sobre el particular.
Como quiera que sea, debe precisarse que si bien el artículo 1105 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta uno de diciembre de dos mil cuatro, bajo cuya vigencia se tramitó la contienda natural, establece que en los negocios familiares el Juez del conocimiento podrá ordenar la recepción de cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes, con la finalidad de investigar la verdad real, ello no significa que los contendientes puedan obligar o compeler al juzgador a ejercer esa facultad, pues aceptar lo contrario evidentemente desnaturalizaría el arbitrio judicial inmerso en el precepto en comento pero, además, tampoco el dispositivo debe interpretarse en el sentido de eximir a los litigantes de ofrecer y perfeccionar las pruebas que estimen necesarias para demostrar sus derechos, en la medida que entenderlo de otro modo conduciría a que la autoridad jurisdiccional supliera el interés de los litigantes en el negocio judicial respectivo.
Tiene aplicación a lo anterior, la tesis 248, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, mismo que ya especializado en materia civil, ahora resuelve, publicada en la página 748, Tomo XIV, julio de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "PRUEBAS EN LOS JUICIOS DE LO FAMILIAR. SU OFRECIMIENTO CORRESPONDE A LAS PARTES. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que el artículo 1105 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, establece que: ‘El Juez tendrá en los procedimientos a que se refiere este libro, amplias facultades para investigar la verdad real y podrá ordenar la recepción de cualquier prueba aunque no la ofrezcan las partes’, cierto es también que la facultad que dicha disposición concede a los jueces no se extiende al grado de suplir a las partes en el ofrecimiento de pruebas, pues es carga procesal sólo de las partes."
Ahora bien, tampoco es fundado lo que alegan los recurrentes en el orden de que el Juez de Distrito actuó incorrectamente al no considerar fundados los conceptos de violación en los que plantearon que el multicitado auto de diecisiete de mayo de dos mil seis, es ilegal, ya que se apoyó en un acuerdo (el de once de los mismos mes y año) que en ese entonces se encontraba sub júdice, por estar pendiente de resolución el recurso de q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20082-61ca8195/pruebas-en-los-juicios-de-lo-familiar-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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