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Modo: Corpus Pro

MEDIDA DE APREMIO. SI LA NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO SE HACE SIN MEDIAR EL PLAZO DE TRES DÍAS ENTRE LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO QUE DEBE CUMPLIMENTARSE Y EL MOMENTO EN QUE DEBE SATISFACERSE AQUÉL, LA QUE SE IMPONGA RESULTA VIOLATORIA DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 166/2006. · Registro digital (IUS): 19966
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Febrero de 2007, , Pág. 1812.

AMPARO EN REVISIÓN 166/2006.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los agravios hechos valer resultan infundados en parte, y fundados en otra, aunque suplidos en su deficiencia, y suficientes para conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, de conformidad con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 34, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, que es del siguiente tenor literal: "ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado diversos criterios procesales y sustantivos en torno a la imposición del arresto como medida de apremio, cuando se impugna en el juicio de garantías, bajo la consideración fundamental de que si bien dicho acto es de naturaleza formalmente civil, de conformidad con la autoridad jurisdiccional que lo ordena, también ha atendido, de manera preponderante, al estado de privación de la libertad personal del gobernado a que se expone con su ejecución, privación que se ha estimado como de protección superior, jurídica y axiológicamente. Por tanto, como la suplencia de la queja deficiente en materia penal, prevista en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, opera aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del quejoso, siendo su finalidad proteger la libertad personal y otorgar seguridad jurídica a los gobernados, a través del dictado de una resolución de amparo que examine, de manera completa y acuciosa, el acto mediante el cual se ha ordenado dicha privación de la libertad, debe concluirse que en los juicios de amparo en que aparezca como acto reclamado la imposición del referido arresto como medida de apremio, deberá suplirse la queja deficiente aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios del afectado, con fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del invocado precepto legal, que resulta aplicable a los actos reclamados en materia civil."

Aduce el disconforme, en primer lugar, que el acuerdo emitido durante la celebración de la audiencia constitucional, a través del cual le fue desechada la ampliación de la demanda que propuso, deviene contrario a derecho, pues el Juez Federal a fin de justificar dicha determinación adujo que la solicitud de ampliación aludida no encuadraba en ninguno de los supuestos de procedencia correspondientes, en virtud de que no podía aceptarse que los nuevos actos reclamados hubieran sido conocidos por él a partir de la lectura de las constancias del informe justificado rendido por la responsable, dado su carácter de parte actora en el juicio natural, por lo que, se infería que siempre había tenido conocimiento de lo actuado en él.

Insiste en que resulta desacertado tal argumento, pues dice que no por el hecho de ser parte en un juicio, ya se está en posibilidad de conocer todo lo actuado en él, porque ello ocurre una vez que las autoridades judiciales notifican las resoluciones en alguna de las formas previstas por la legislación procesal y como en el caso lo que se pretendía impugnar mediante la ampliación de demanda fue el auto de trece de enero de dos mil seis y la indebida notificación de éste y del posterior acuerdo de veintitrés de enero, porque fueron realizadas en un domicilio que no fue señalado para tal efecto, era evidente que el desechamiento de la ampliación que solicitó no sólo era contrario a derecho, sino al sentido común.

Que las notificaciones de los acuerdos que antecedieron al auto originalmente reclamado, esto es, la orden de arresto, fueron verificadas en un domicilio que en forma arbitraria señalaron los que habían sido sus abogados patronos, después de renunciar al patrocinio, por lo que tuvo oportunidad de conocer tales proveídos, hasta que la responsable emitió su informe con justificación.

Que, además, en la ampliación desechada propuso nuevos conceptos de violación respecto del acto originalmente reclamado, es decir, la orden de arresto dictada en su contra, porque tuvo conocimiento del auto en que le fue impuesta, reitera, cuando tuvo a su alcance el informe justificado, lo cual tampoco fue tomado en consideración por el Juez Federal.

Se dice que son infundados los motivos de inconformidad reseñados, toda vez que, tal como lo dilucidó el Juez Federal, en la especie, no se actualiza alguno de los supuestos de procedencia de la ampliación de demanda, referentes a que del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, o cuando éste por cualquier medio, tiene conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados; ya que, al tener el aquí disconforme el carácter de parte actora en el juicio donde se emitió la orden de arresto reclamada, es claro que estaba en aptitud de conocer tanto lo actuado en él, como por las autoridades que hubieren intervenido para el dictado y ejecución de cada uno de los proveídos y resoluciones que lo conformaron, por tanto, es insostenible que hubiera tenido conocimiento de nuevos actos atribuibles a nuevas autoridades, así como de nuevas cuestiones relacionadas con la orden de arresto originariamente impugnada, a partir de que tuvo a su alcance las constancias del informe justificado, porque en su calidad de parte actora, amén de que tenía total acceso al expediente de origen, tenía la carga de estar pendiente del mismo y, en ese tenor, de promover los recursos y medios ordinarios de defensa respecto de las determinaciones que le causaran algún perjuicio.

Sin que sea obstáculo para lo anterior, lo argüido por el disconforme en cuanto a que si no tuvo conocimiento de los actos que incluyó en su escrito de ampliación de demanda, ello fue en virtud de que tales actos no le fueron notificados debidamente, esto es, en el domicilio que él fijó para recibir notificaciones, por lo que, también había propuesto la acción constitucional en contra de las aludidas notificaciones; puesto que, como ya se dijo, el hoy inconforme no sólo tenía el deber de estar pendiente de la evolución del juicio generador de los actos en reclamo, sino de la forma en que el mismo se estaba desarrollando, para el caso de que alguno de los acuerdos pronunciados en el mismo le irrogara algún perjuicio, o bien, su correspondiente notificación, controvertirlo mediante los recursos y medios ordinarios de defensa previstos en la legislación procesal civil de esta entidad federativa, previo a la interposición del juicio de garantías, por ende, si como ahora manifiesta el disconforme, los proveídos que impugnó a través de la ampliación de demanda le fueron notificados en un domicilio diverso al que él señaló para tal efecto, es inconcuso que, en todo caso, tal argumentación debió hacerla valer mediante el incidente de nulidad de notificaciones; de ahí que resulte indudable que lo resuelto por el Juez de Distrito respecto a la ampliación de demanda fue adecuado.

En el mismo orden de ideas, el disconforme sostiene que las consideraciones que apoyan la sentencia recurrida resultan contrarias a derecho, pues el Juez Federal a fin de negarle la protección federal, adujo que la notificación del apercibimiento de arresto le había sido comunicada con toda oportunidad, porque se había realizado en el domicilio que él había fijado para tal efecto; sin embargo, dice, ello es incorrecto, toda vez que el lugar donde aquélla se verificó, corresponde al domicilio que fijaron los abogados que renunciaron a ser sus patrocinadores, por lo que éstos no estaban legitimados para indicar dónde debían practicársele las subsecuentes notificaciones; y el Juez natural sólo aceptó lo aducido por los aludidos abogados, sin precisar cuál debía ser el domicilio donde tendría que ser notificado, y que no existe precepto legal alguno que respalde lo expuesto por el Juez Federal, respecto a que la renuncia de los abogados patronos obliga a que las restantes notificaciones deban realizarse en el domicilio señalado en el escrito inicial, por lo que la única posibilidad consistía en que se le hubiera requerido para que señalara tanto un nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones como un nuevo abogado patrono, apercibido que de no hacerlo las mismas se le harían por lista y se le designaría un abogado de oficio, por ende, insiste, el apercibimiento de arresto no le fue notificado correctamente; que la aseveración del Juez Federal en el sentido de que aun cuando la persona con quien se entendió la diligencia de notificación, hubiera manifestado que la persona buscada ya no vivía en el lugar donde la misma se verificó, de todas suertes la notificación debía tenerse por bien practicada, dado que en autos no existía la sustitución de dicho domicilio para recibir notificaciones, si bien era adecuada, también lo era que en el caso se había cambiado varias veces el domicilio para recibir notificaciones; de ahí que resultaba desacertada la afirmación del resolutor de amparo tocante a las resoluciones que antecedieron el decreto de arresto controvertido.

Sobre el particular debe decirse que, contra lo aseverado por el disconforme, el domicilio donde se llevó a cabo la notificación del proveído en el que se le apercibió del arresto controvertido, sito en la Calle Treinta y Cinco Poniente, número setecientos dos, de la colonia Gabriel Pastor, de esta ciudad, sí fue determinado por el Juez natural por auto de siete de febrero del actual, para que en dicho lugar se le hicieran las subsecuentes notificaciones personales, atento a la renuncia de sus abogados patronos, señalando que dicho domicilio correspondía a la residencia particular del entonces actor (foja 255), de donde se colige que el señalamiento del aludido domicilio no fue una decisión caprichosa del Juez de origen, sino que en mérito a que los abogados patronos habían renunciado a su encargo, fue que dispuso que las notificaciones personales que surgieran en el procedimiento se le realizaran en su domicilio particular, el cual había señalado en su escrito inicial de demanda, determinación que se estima adecuada, aun cuando no exista precepto legal que la apoye, ya que, de lo contrario, éste hubiera quedado en estado de indefensión.

Sin que sea susceptible de variar lo así dilucidado, la manifestación del inconforme en el sentido de que lo correcto era que se le hubiera requerido para que señalara nuevo domicilio para recibir notificaciones, puesto que es claro que dicho requerimiento tendría que haberse hecho de manera personal, y si en autos no existía otro domicilio que hubiera sustituido el de los abogados que renunciaron a seguir patrocinando al disconforme, sino únicamente el de su residencia particular, es incontrovertible que cualquier notificación de naturaleza personal se le hubiera hecho en tal lugar, por lo que, se insiste, fue correcta la decisión tomada por el Juez de origen.

Y en cuanto a lo aducido en torno a que, en el caso sí se cambió varias veces el domicilio para recibir notificaciones, por lo que era errónea la afirmación del Juez Federal respecto a que como en autos no existía sustitución del domicilio para oír y recibir notificaciones, había sido correcto que éstas se hubieran seguido practicando en el lugar que aparecía señalado en autos; corresponde decir que resulta infundado, pues es inconcuso que si el Juez de Distrito concluyó de tal forma, fue en virtud de que, aun cuando por escrito recibido en el juzgado de origen, el veintisiete de octubre de dos mil cinco (foja 199), el hoy recurrente se presentó a revocar los anteriores domicilios y abogados que tuviera señalados en autos, así como a nombrar nuevos (licenciados ...) y autorizando como domicilio para oír y recibir notificaciones el sito en el despacho marcado con el número siete de la Avenida Siete Sur, número tres mil setecientos dos de la colonia Gabriel Pastor, mismo que fue acordado por auto de catorce de noviembre siguiente (fojas 190 a 196), los últimos citados abogados patronos del recurrente, por escrito de veinte de enero de dos mil seis (foja 246), renunciaron al patrocinio del entonces actor, promoción que fue acordada el siete de febrero posterior, señalándose como nuevo domicilio para recibir notificaciones de aquél, su domicilio particular, ubicado en Calle Treinta y Cinco Poniente, número setecientos dos, de la colonia Gabriel Pastor, el cual no se advertía que hubiera sido posteriormente sustituido, por tanto, si dicho domicilio seguía vigente, es indudable que las notificaciones ahí realizadas debían tenerse como bien practicadas, aunque la persona con quien se entendió la diligencia de notificación del apercibimiento de arresto hubiera manifestado que el aquí recurrente no vivía en dicho lugar, ya que, amén de que ese domicilio no aparecía suplido, en autos no existe agregada prueba alguna que corrobore la precitada afirmación.

No es obstáculo para lo antes concluido, el hecho de que del examen de las constancias del juicio de garantías aparezca que el proveído de trece de enero de dos mil seis, donde se apercibió con la imposición de una multa al hoy disconforme, le hubiera sido notificado mediante instructivo, en el domicilio sito en Calle Treinta y Cinco Poniente, número setecientos dos, colonia Gabriel Pastor (foja 238), cuando todavía estaba vigente el diverso domicilio ubicado en el despacho marcado con el número siete de la Avenida Siete Sur, número tres mil setecientos dos, de la colonia Gabriel Pastor, pues amén de que las restantes resoluciones del juicio natural, incluyendo el apercibimiento de arresto, se notificaron adecuadamente, esto es, en el domicilio que finalmente fue señalado por el Juez natural para que el ahora revisionista recibiera notificaciones, o sea, el situado en la Calle Siete Sur, número tres mil setecientos dos, interior siete, es inconcuso que el aquí recurrente tenía la carga procesal de estar al pendiente de la manera en que se estuviera desarrollando el procedimiento para, en caso de ser necesario, estar en oportunidad de combatir las providencias que, según su parecer, hubieran sido elaboradas de forma incorrecta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55, primer párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

No obstante lo anterior, en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, se estima que la orden de arresto decretada en contra del ahora recurrente, deviene inconstitucional.

Ciertamente, el juzgador federal estimó en la sentencia materia de este recurso, que la notificación del acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil seis, por el que el Juez responsable requirió de nueva cuenta al quejoso, aquí disconforme, para que hiciera entrega de la menor ... a su madre ... apercibiéndolo de que, en caso de no entregarla, le impondría un arresto por treinta y seis horas, fue realizada con toda oportunidad, lo cual resulta incorrecto.

Para corroborar lo anterior, basta analizar las constancias de autos, de las que se desprende que en proveído de veintitrés de marzo de dos mil seis, el Juez natural, dado que el ahora recurrente no había comparecido a hacer entrega de la menor antes mencionada, señaló de nueva cuenta, para tal efecto, las diez horas del veintinueve de marzo del año en curso, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondría un arresto por treinta y seis horas (fojas 273 a 277 del cuaderno de amparo).

Asimismo, se observa que la diligencia de notificación del auto antes aludido, se llevó a cabo a las trece horas, con treinta minutos, del veintiocho de marzo de la presente anualidad, en el domicilio ubicado en la Calle Treinta y Cinco Poniente, número setecientos dos, de la colonia Chula Vista (foja 282), y ante el incumplimiento del requerimiento aludido, por auto de veintinueve de marzo siguiente, el Juez responsable procedió a hacer efectivo el apercibimiento decretado en su contra, imponiéndole un arresto por treinta y seis horas por desacato a un mandato de autoridad, con fundamento en el artículo 91, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla (fojas 283 a 285).

Precisado lo anterior, debe decirse que, en tratándose de medios de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a las siguientes condiciones: 1a. La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2a. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3a. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. 4a. Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio.

En el caso concreto, debe ponerse especial atención en la segunda condición, relativa a la oportunidad en la comunicación del requerimiento, pues tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin de que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al mismo.

Y si bien, en la especie, el Código de Procedimientos Civiles del Estado vigente, no establece con qué oportunidad debe hacerse tal notificación, es indudable que ésta debe hacerse del personal conocimiento del requerido en los términos que prevé el artículo 80 del ordenamiento legal en cita, que dispone: "Cuando la ley no señale el término para la práctica de un acto judicial o para el ejercicio de algún derecho procesal, se tendrán por señalados tres días.", precisamente por ser el plazo mínimo que otorga la legislación adjetiva civil para la práctica de un acto judicial.

Y si en la especie, la notificación del requerimiento se hizo a las trece horas con treinta minutos del veintiocho de marzo de dos mil seis, siendo que la obligación contenida en el requerimiento debía cumplimentarse a las diez horas del día siguiente, aunado al hecho de que la diligencia no se entendió con el directamente responsable de su acatamiento, es indudable que no se llevó a cabo con la debida oportunidad a que se ha hecho referencia, pues no mediaron ni siquiera veinticuatro horas entre la notificación del acuerdo que debía cumplimentarse y el momento en que debió satisfacer ese requerimiento, por lo que el arresto impuesto como medida de apremio, resulta violatorio de garantías en agravio del hoy recurrente, pues no es posible atribuirle incumplimiento culpable, si no se le proporcionó la posibilidad de preparar el cumplimiento.

Sobre el particular resulta pertinente invocar, por las razones que la ilustran, la jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se comparte, y que aparece publicada en la página 157 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, correspondiente al mes de enero de 1996, Novena Época, y que es del siguiente tenor literal: "MEDIOS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN Y LA OBLIGACIÓN A CUMPLIMENTAR DEBEN NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Por lo que ve a los medios de apremio, doctrinariamente se considera que su aplicabilidad está sujeta a las siguientes condiciones: 1a. La existencia de una determinación, justa y fundada en derecho, que deba ser cumplida por las partes, o por alguna de las personas involucradas en el litigio. 2a. La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. 3a. Que conste o se desprenda de autos la oposición o negativa injustificada del obligado a obedecer el mandamiento judicial, es decir, que el incumplimiento sea realmente un acto u omisión ilícitos. 4a. Una razón grave, a juicio del juzgador, para decretar el medio de apremio. De las anteriores condiciones, debe destacarse la segunda, consistente en que se comunique mediante notificación personal, a quien se exija, el cumplimiento de la determinación judicial, el requerimiento o disposición judicial a cumplimentar, así como el apercibimiento de la aplicación de la medida de apremio para el caso de incumplimiento. La finalidad de tal exigencia consiste en dejar constancia fehaciente de que la persona vinculada pudo conocer, con toda oportunidad, tanto la obligación que le impuso el juzgador como el apercibimiento de la imposición de una concreta medida de apremio, en caso de no dar cumplimiento, a fin de que pueda impugnarla si la considera lesiva de su derecho y quiere evitarla, o bien, para que pueda preparar lo necesario para proceder al cumplimiento, o que quede clara su resistencia al cumplimiento. Además, existe un fundamento directo para la procedencia de la notificación personal, que es el artículo 114, fracción V del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, conforme al cual será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, el requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo, toda vez que en los casos en comento se contiene un requerimiento. Tal situación se justifica, además, porque para estar en aptitud de cumplir un requerimiento, éste debe conocerse con anterioridad a la fecha en que deba cumplirse, pues de lo contrario pueden presentarse múltiples situaciones que impidan al requerido el cumplimiento, como por ejemplo, que el obligado tuviera en lugar distinto el objeto o documento cuya exhibición se exigiera; que se encontraran en posesión de persona distinta, a la que en el momento de la diligencia no fuera posible localizar; que el directamente obligado no se encuentre al momento de la diligencia, etcétera; casos todos en que no se puede atribuir incumplimiento culpable, si no se proporcionó la posibilidad de preparar el cumplimiento."

Así las cosas, al resultar fundado, aunque suplido en su deficiencia, el agravio de que se trata, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y conceder a ... la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente la orden de arresto decretada en su contra, y emita otro auto en el que requiera nuevamente al aquí recurrente, para que entregue a la menor ... a su madre ... con el apercibimiento que corresponda, debiendo hacerse de su personal conocimiento, con la debida oportunidad.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85 y 91 de la Ley de Amparo y, 35, 37, fracción IV y 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-Para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ... respecto del acto que reclamó del Juez Segundo de lo Familiar de los de esta ciudad, el cual quedó precisado en el resultando primero de esta sentencia.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución y copia autorizada de la misma, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por mayoría de votos de los señores Magistrados Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara y Eric Roberto Santos Partido, contra el de la señora Magistrada Rosa María Temblador Vidrio, cuya ponencia no fue aprobada y queda como voto particular, siendo ponente de la mayoría el segundo de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19966-660acbd9/medida-de-apremio-si-la-notificacion-del-requerimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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