SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO.
AMPARO EN REVISIÓN 61/2006.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Los agravios expuestos por el recurrente ... resultan infundados y dos de ellos inatendibles, lo que conlleva a confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías; ello conforme a las consideraciones siguientes.
Es infundado el motivo de agravio que el impetrante de garantías hace consistir en que el Juez de control constitucional viola en su perjuicio los artículos 76, 76 Bis, 77 y 78 de la Ley de Amparo. Ello es así, pues con independencia de que el Juez de Distrito aprecie el acto reclamado, tal como aparece acreditado ante la responsable (lo que no está a discusión), ello no impide la actualización de la causal de sobreseimiento, como ocurre en la especie. Lo anterior, en virtud de que el contenido del artículo 76 establece el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se señala que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone al juzgador una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; por su parte, el artículo 76 Bis de la ley especial, que se refiere a la suplencia de la deficiencia de la queja, debe decirse que ésta parte de la premisa de que el juzgador de amparo advierta la existencia de esa queja deficiente, por lo que si no efectuó pronunciamiento alguno en ese sentido, se traduce en que el Juez de control constitucional no la advirtió, y ello no es violatorio de garantías; mientras que en el artículo 77 de la ley de la materia se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal; por su parte, el numeral 78 de la Ley de Amparo señala, en esencia, que en las sentencias de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la responsable; por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, al decretarse el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto.
En lo conducente, similar criterio se estableció por este Tribunal Colegiado al resolver los amparos en revisión números 353/2004, en sesión de cuatro de febrero de dos mil cinco; el amparo en revisión número 94/2005, en sesión de fecha veintiséis de mayo de dos mil cinco; el diverso amparo en revisión número 49/2003, en sesión de trece de febrero de dos mil tres, del que derivó la tesis II.2o.P.27 K, que se aprecia en la página 1843 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XVIII, agosto de 2003, que señala:
"SOBRESEIMIENTO. NO SE TRANSGREDE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, POR EL HECHO DE QUE SE OMITA ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO Y SE RESUELVA CON EL DICTADO DEL. No puede advertirse que la actuación del Juez Federal transgreda lo dispuesto en los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, por el hecho de decretar el sobreseimiento en el juicio, fuera de audiencia, pues es indudable que con independencia de que el Juez de Distrito aprecie el acto reclamado, tal como aparece acreditado ante la responsable (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia, como ocurre en la especie. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el conocido principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: ‘las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere’, no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto."
Previo a abordar los motivos de inconformidad señalados por el recurrente, debe decirse que del estudio y análisis de la resolución ahora recurrida, contrariamente a lo argumentado por la parte quejosa, se advierte que la misma está debidamente fundada y motivada y fue correcto el proceder del a quo al decretar el sobreseimiento del juicio de amparo número 1359/2005-IV, que el quejoso ahora recurrente promovió contra actos de: "... 1. C. Procurador general de Justicia del Estado de México. 2. C. Subprocurador regional de Justicia del Estado de México, con sede en la ciudad de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 3. C. Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas con residencia en Cuautitlán, Estado de México. 4. C. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial para Combatir Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente, La Presa Tlalnepantla, Estado de México, actuando en la averiguación previa ... 5. C. C. Agentes del Ministerio Público de las mesas uno, dos y tres de trámite, adscritas a la Subprocuraduría Regional de Justicia con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 6. C. Director de Política Criminal y Combate a la Delincuencia, oficina grupo de Combate a la Delincuencia en Cuautitlán, Estado de México. B) Como ejecutoras del acto reclamado se señalan: 1. C. Jefe de grupo de Combate a la Delincuencia en Cuautitlán, Estado de México. 2. C.C. Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, adscritos al grupo de Combate a la Delincuencia en Cuautitlán, Estado de México, señores ... 3. C. Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México adscrito al grupo de Combate a la Delincuencia en Cuautitlán, Estado de México, señor ... 4. C. Jefe del primer grupo de investigaciones de la Policía Ministerial con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 5. C. Comandante de la Policía Ministerial de Investigaciones adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 6. C. Comandantes del primero y segundo grupos de la Policía Ministerial de Investigaciones adscritos a la Subprocuraduría Regional de Justicia con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México."; sobreseimiento que encontró fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo; habida cuenta que, como correctamente lo determinó el a quo, dichas autoridades señaladas como responsables negaron el acto que se les reclamó, sin que el quejoso desvirtuara dicha negativa, con prueba alguna apta para tal fin. Destacando que el referido artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo señala:
"Artículo 74. Procede el sobreseimiento:
"...
"IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley.
"Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables están obligadas a manifestarlo así, y si no cumplen esa obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de salario, según las circunstancias del caso."
En efecto, de las constancias que conforman el juicio de amparo indirecto número ... del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, se advierte que el quejoso señaló en su demanda de garantías diversos actos reclamados, que según se desprende de la sentencia venida ahora a revisión, se hicieron consistir en: "... 1. En este acto se precisa como acto reclamado imputable a las responsables ordenadoras y ejecutoras el emitido mandamiento de autoridad, sin reunir los requisitos de legalidad, mandato con el que se pretende privar de la posesión que detenta la empresa ... respecto de los catorce departamentos ubicados en manzana ... lote ... edificio ... departamentos identificados bajo los números ... todos ellos ubicados en el fraccionamiento ... en el Municipio de Cuautitlán, Estado de México. 2. La implementación de operativos ilegales realizados por las responsables ordenadoras y ejecutoras del acto reclamado tendientes a privar a mi representada de la posesión de los catorce departamentos precisados en el acto que antecede. 3. La ilegal privación de mi libertad que pretenden realizar y ejecutar las responsables tanto ordenadoras como ejecutoras, disfrazándolas de supuestos delitos de ultrajes o cualquier otro sin mediar el debido respeto a las garantías individuales del suscrito. Actuaciones de las responsables que de manera ilegal vienen realizando en las averiguaciones previas incoadas en mi contra e identificadas con los números ... la denuncia radicada en la Fiscalía Especial para Combatir Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Medio Ambiente, La Presa, Tlalnepantla, Estado de México, bajo el número de acta ... así como la ... 4. En este acto se precisa como acto reclamado imputable a las responsables ordenadoras y ejecutoras la inminente privación de la libertad del suscrito, posesiones y derechos, mediante actos fuera de juicio, carentes de toda legalidad, de fundamentación y motivación 5. Precisa como acto reclamado imputable a las responsables tanto ordenadoras como ejecutoras el tratar de imponer al suscrito penas inusitadas y trascendentales. 6. Se precisa como acto reclamado imputable a las responsables ejecutoras los ilegales actos verbales de autoridad consistentes en las amenazas realizadas al suscrito en mi domicilio, familia, papeles y posesiones, con el riesgo inminente de ser privado de mi libertad, y hasta de mi vida. 7. De igual forma se precisa como acto reclamado el pretendido impedimento realizado por las responsables ordenadoras y ejecutoras tendientes a restringir y vetar el derecho que tiene el suscrito a ejercer la profesión de licenciado en derecho. 8. Se precisa como acto reclamado imputable a las autoridades responsables ordenadoras el acto de autoridad consistente en el impedimento que se ha hecho al suscrito para comparecer en todos los actos de desahogo de prueba dentro de las averiguaciones previas ... 9. Se precisa como acto reclamado imputable a las responsables ordenadoras la restricción y prohibición para facilitarme todos los datos solicitados para mi defensa y han impedido también que tanto el suscrito como mi defensor consulten en la oficina del Ministerio Público y en presencia de su personal, las averiguaciones previas números ... la denuncia radicada en la Fiscalía Especial para Combatir Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Medio Ambiente, La Presa, Tlalnepantla, Estado de México, bajo el número de acta ... así como la ... 10. Derivado de los actos reclamados en los dos últimos numerales se precisa como acto reclamado imputable a las responsables ordenadoras el abstenerse en forma ilegal de recibirme los testigos y las demás pruebas que tienen relación directa con los hechos que se investigan. Para lo cual se solicita desde este momento sean remitidos a su señoría copias certificadas de todas y cada una de las constancias que integran las referidas averiguaciones. 11. Se hace valer como acto reclamado, imputable a las responsables ordenadoras, la violación al artículo 146 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de México, en relación con los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la negativa por parte de las responsables de notificar al suscrito en forma personal la consignación al órgano jurisdiccional, respecto del delito de ultrajes que de manera ilegal se me fabricó y relativo a la averiguación previa número ... para que pueda comparecer dentro del plazo de tres días siguientes a la consignación, haciéndoseme saber la fecha de la misma."; y como autoridades responsables la parte quejosa señaló a las siguientes:
"...
"1. C. Procurador general de Justicia del Estado de México. 2. C. Subprocurador regional de Justicia del Estado de México, con sede en la ciudad de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 3. C. Jefe del Departamento de Averiguaciones Previas con residencia en Cuautitlán, Estado de México. 4. C. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial para Combatir Delitos Cometidos por Fraccionadores y Contra el Ambiente, La Presa Tlalnepantla, Estado de México, actuando en la averiguación previa ... 5. C. C. Agentes del Ministerio Público de las mesas uno, dos y tres de trámite, adscritas a la Subprocuraduría Regional de Justicia con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 6. C. Director de Política Criminal y Combate a la Delincuencia, oficina Grupo Combate a la Delincuencia en Cuautitlán, Estado de México. B) Como ejecutoras del acto reclamado se señalan: 1. C. Jefe del Grupo de Combate a la Delincuencia en Cuautitlán, Estado de México. C. ... 2. C.C. Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, adscritos al Grupo de Combate a la Delincuencia en Cuautitlán, Estado de México, señores ... 3. C. Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México adscrito al Grupo de Combate a la Delincuencia en Cuautitlán, Estado de México, señor ... 4. C. Jefe del primer grupo de Investigaciones de la Policía Ministerial con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 5. C. Comandante de la Policía Ministerial de Investigaciones adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. 6. C. Comandantes del primero y segundo grupos de la Policía Ministerial de Investigaciones adscritos a la Subprocuraduría Regional de Justicia con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México."
Una vez notificadas las referidas autoridades señaladas como responsables, en su oportunidad rindieron su informe con justificación, excepción hecha de las autoridades que el quejoso señaló como director de Política Criminal y Combate a la Delincuencia, oficina grupo de Combate a la Delincuencia, en Cuautitlán, Estado de México, y comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Subprocuraduría Regional de Justicia con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México; quienes, según se aprecia del proveído de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil cinco, el a quo hizo del conocimiento al quejoso que tales autoridades no existían como tales y le dio vista por tres días, a efecto de que manifestara lo que conviniera a sus intereses, apercibido que de no hacerlo así se tendrían por inexistentes dichas autoridades (foja 162 del juicio de amparo); auto que fue notificado al quejoso por medio de lista el veinticinco de noviembre de dos mil cinco, sin que la hubiere desahogado; razón por la que en diverso proveído de seis de diciembre de dos mil cinco, se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvieron por inexistentes dichas autoridades (fojas 321 a 324 del juicio de amparo).
Por su parte, las diversas autoridades señaladas como responsables procurador general de Justicia del Estado de México, subprocurador regional de Justicia del Estado de México, con sede en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, jefe del Departamento de Averiguaciones Previas con residencia en Cuautitlán, Estado de México, agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Dos de la Fiscalía Especial con sede en La Presa, Tlalnepantla, Estado de México (en su denominación correcta), agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Primera de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (en su denominación correcta), agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Segunda de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (en su denominación correcta), agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Tres de Trámite de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (en su denominación correcta), agente de la Policía Ministerial adscrito al grupo de Política Criminal y Combate a la Delincuencia en Cuautitlán, Estado de México ... agente de la Policía Ministerial adscrito al grupo de Política Criminal y Combate a la Delincuencia en Cuautitlán, Estado de México ... agente de la Policía Ministerial adscrito al grupo de Política Criminal y Combate a la Delincuencia en Cuautitlán, Estado de México ... jefe de grupo de la Policía Ministerial en Cuautitlán, Estado de México, del grupo de Política Criminal y Combate a la Delincuencia ... (en su denominación correcta), jefe del primer grupo de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, jefe de grupo de la Policía Ministerial adscrito al Primer Grupo de Investigaciones en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (en su denominación correcta), y jefe del segundo grupo de Investigaciones en Cuautitlán Izcalli, Estado de México (en su denominación correcta), al rendir sus respectivos informes con justificación negaron la existencia del acto que la parte quejosa les reclamó; y si bien es cierto, como lo afirma el ahora recurrente, ofreció diversas documentales, mismas que obran agregadas en los respectivos legajos de prueba que remitió el Juez de control constitucional, además de las diversas copias fotostáticas que remitieron las autoridades señaladas como responsables, lo cierto es que, como acertadamente lo determinó el a quo, en la sentencia reclamada dichas probanzas no resultan aptas, como pretende el quejoso, para acreditar la existencia de los actos que a cada una de las responsables señaló el impetrante de garantías; de ahí que, se insiste, ningún agravio le irroga al amparista la determinación del Juez de amparo de sobreseer en el juicio de garantías, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables. Y si bien es cierto, quedó acreditada la existencia de diversas averiguaciones previas, entre ellas las ... sin embargo, se estima que no basta la circunstancia de que se hubiere acreditado dicha existencia, para con ello necesariamente afirmar que se acredita igualmente la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, puesto que, en todo caso, con ello únicamente se acredita lo señalado en las propias averiguaciones previas, pero de modo alguno que en ellas se contengan los actos que reclamó el quejoso a las autoridades señaladas como responsables.
El quejoso aduce diversas cuestiones atinentes a las pruebas que ofreció en el juicio de garantías, las que, por tener relación entre sí, su estudio habrá de abordarse de manera conjunta.
Así, aduce el amparista, que la autoridad de amparo pretendió que con los medios de convicción ofrecidos por el propio quejoso se acredita la certeza del acto reclamado, cuando en estricto derecho la facultad para determinar la idoneidad, veracidad y certeza de las pruebas, es exclusiva del juzgador; asimismo, argumenta la parte quejosa, que ofreció diversas probanzas, que no fueron mencionadas y menos aún valoradas por el a quo y con las que, a su juicio, se acreditó la existencia de los actos reclamados, específicamente el que hizo consistir en la implementación de un operativo ilegal por parte de las ordenadoras y ejecutoras en donde se pretendió privar de la posesión a la representada del quejoso, de los departamentos precisados y ubicados en el fraccionamiento ... como también que dicho acto reclamado quedó acreditado con las testimoniales de dos vecinos de los departamentos, quienes declararon ante la mesa de responsabilidades en Tlalnepantla, quienes claramente señalaron que el veintiocho de octubre de dos mil cinco las responsables, por conducto de sus ejecutoras, privaron de la libertad al quejoso, al fotografiarlo en el momento en el que con lujo de violencia y arbitrariedad pretendía introducirse a los departamentos custodiados por su representada; declaraciones de los testigos a los que el a quo no concedió valor probatorio alguno; y que con ello también se acreditó que las responsables implementaron un operativo en contra de la representada del quejoso; que estaban violentando las cerraduras sin contar con mandato de autoridad judicial competente; que pretendieron despojar a su representada de sus derechos y posesiones, lo que de modo alguno fue valorado por el Juez. De igual modo, afirma la parte quejosa, que el a quo se abstuvo de efectuar pronunciamiento respecto de todas y cada una de las pruebas que fueron ofrecidas, admitidas y desahogadas durante el procedimiento del juicio de garantías y que se limitó a hacer referencia a los actos reclamados, los informes rendidos por las responsables y su negativa, no así a las pruebas aportadas por el propio quejoso para acreditar en un primer momento la existencia del acto reclamado y en segundo lugar su inconstitucionalidad, por lo que al no existir valoración alguna, se ve impedido a efectuar pronunciamiento alguno y que menos aun, a juicio del quejoso, el a quo efectuó pronunciamiento del por qué no le concedió valor probatorio a las pruebas que ofreció.
Los motivos de inconformidad aducidos por la parte quejosa, ahora recurrente, son infundados. Lo anterior se afirma, en virtud de que no es cierto lo que señala el amparista respecto a que la autoridad juzgadora de control constitucional pretendió que con los medios de prueba ofrecidos por la quejosa se acreditara la certeza del acto reclamado, y esto es así, en virtud que de la lectura y análisis de los autos que integran el juicio de garantías, no se advierte que el a quo hubiese formulado pronunciamiento en el sentido en que lo aduce la quejosa; de ahí que no le asiste la razón al impetrante del amparo a ese respecto. Bajo la misma óptica, debe decirse que, contrariamente a lo que, en esencia afirma el quejoso, en el sentido de que el a quo no hubiere mencionado ni valorado las pruebas que ofreció el quejoso, y menos aún que no se hubiere referido a ellas al dictar la sentencia venida ahora a revisión; y esto es así, dado que de la lectura de la sentencia dictada en el juicio de garantías, se advierte que el Juez de control constitucional sí efectuó pronunciamiento respecto a las diversas pruebas aportadas por el impetrante de garantías, y lo llevó a cabo en los siguientes términos: "... Así las cosas, el peticionario no aportó prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, no obstante las diversas documentales que ofreció, ya que acreditan únicamente los hechos contenidos en ellas, pero de ninguna forma que sean ciertos los hechos que atribuye a las responsables, y que han negado ..."; determinación que, como ya se precisó, se estima correcta y legal por parte del Juez de primer grado, dado que no basta que la parte quejosa aporte al juicio de garantías diverso caudal probatorio para que con ello el Juez de amparo obligadamente efectúe pronunciamiento en el sentido en que lo pretende la parte oferente de las probanzas, pues de aceptarse lo anterior nos llevaría al extremo de que por la sola razón de que las partes ofrezcan pruebas en el juicio de garantías, con ello el juzgador deba necesariamente otorgarles el valor probatorio que solicita el oferente, pues ello se traduciría en un constreñimiento del Juez de efectuar pronunciamiento según su recto criterio y justo valor que las pruebas le merezcan, ya que de lo contrario prácticamente quedaría a criterio de las partes oferentes de las pruebas, el otorgar el valor que convenga a sus intereses. Y por las razones que se han señalado con antelación, es que también resulta infundado el motivo de agravio que el quejoso enderezó en el sentido de que el a quo omitió efectuar pronunciamiento del por qué no le concedió valor probatorio a las pruebas que ofreció. Y de igual manera, por las razones aducidas en líneas que anteceden, es que también es infundado el motivo de inconformidad que a guisa de concepto de agravio vertió la parte recurrente, en el sentido de que en la sentencia venida a revisión el Juez de amparo se limitó a hacer referencia a los actos reclamados, los informes rendidos por las responsables, y no así a las pruebas aportadas por el propio quejoso para acreditar la existencia del acto reclamado y su inconstitucionalidad, y esto además se afirma, dado que, como ya se precisó, el a quo sí efectuó pronunciamiento respecto a las probanzas aportadas por el quejoso y si bien no lo llevó a cabo de manera pormenorizada destacando cada una de las pruebas de que se trata, ello por sí mismo se estima que no le para perjuicio alguno a la parte quejosa, dado que, finalmente, dado el sentido que rigió la sentencia pronunciada en primer grado, por ello no se estimaba necesario que se efectuara pronunciamiento puntual de todas y cada una de las probanzas de que se trata, sin que ello se traduzca en que el Juez de primera instancia no analizó el contenido de las citadas pruebas, sino al contrario, tan llevó a cabo su análisis que luego de ello se pronunció en el sentido de que las mismas no eran aptas para acreditar la existencia de los actos reclamados a las responsables.
De igual modo es infundado el motivo de agravio que endereza el quejoso en el sentido de que uno de los actos reclamados quedó acreditado con las testimoniales de dos vecinos de los departamentos, quienes declararon ante la mesa de responsabilidades en Tlalnepantla, y que claramente señalaron que el veintiocho de octubre de dos mil cinco las responsables, por conducto de sus ejecutoras, privaron de la libertad al quejoso, al fotografiarlo en el momento en el que con lujo de violencia y arbitrariedad pretendía introducirse a los departamentos custodiados por su representada; declaraciones de los testigos a los que el a quo no concedió valor probatorio alguno; y que con ello también se acreditó que las responsables implementaron un operativo en contra de la representada del quejoso, que estaban violentando las cerraduras sin contar con mandato de autoridad judicial competente, que pretendieron despojar a su representada de sus derechos y posesiones, lo que de modo alguno fue valorado por el Juez; y lo anterior es así, dado que no puede válidamente afirmarse, contrario a lo que aduce el quejoso, que dicho acto reclamado ha quedado sin lugar a dudas acreditada su existencia, con la sola declaración de dichos testigos, dado que, al margen de que sus testimonios obren en las pruebas que se aportaron al juicio de garantías, ello por sí mismo resulta inapto, como acertadamente lo determinó el a quo, para acreditar la existencia de dicho acto reclamado, dado que, como también con acierto lo señaló el de primer grado, el contenido de dichas pruebas únicamente podrían acreditar que en la fecha señalada se presentaron a declarar los referidos testigos, así como el contenido de su deposición, pero de modo alguno ello se traduce en la existencia del acto reclamado.
Asimismo, afirma el quejoso, que se solicitaron diversos informes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, probanzas que no obstante fueron admitidas, nunca se desahogaron; así como que diversos actos reclamados quedaron acreditados con las documentales que exhibió, de la que se desprende que un promedio de diez agentes ministeriales sostuvieron que el quejoso los insultó el día de los hechos precisados. Al caso, debe decirse que sus motivos de inconformidad devienen inatendibles; ello en virtud de que, respecto al primero de ellos, al margen de que el quejoso hubiese solicitado la información que señala referente a diversas cuestiones relativas a la empresa ... y por cuanto hace a la segunda de sus afirmaciones, en el sentido de que quedó acreditado que un promedio de diez agentes ministeriales afirmaron que el día de los hechos los insultó; ello es materia del fondo del asunto, y si como en el caso, el Juez de control constitucional sobreseyó en el juicio de garantías, precisamente por no acreditarse la existencia de los actos reclamados, es inconcuso que el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo; aunado a que, como es de explorado derecho, cuando la autoridad señalada como responsable niega la existencia del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa el acreditar lo contrario, pero ello, se insiste, no se logra con la mera presentación de diversas pruebas, sino que dicho caudal probatorio debe ser apto para acreditar tal extremo.
Apoya todo lo anterior el criterio que adoptó el Pleno de la a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19808-0011dfb1/sobreseimiento-fuera-de-la-audiencia-constitucional-procede-decretarlo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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