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Modo: Corpus Pro

PERITOS OFICIALES. LA FALTA DEL AVISO DE SU DESIGNACIÓN, NO CONDUCE A NEGAR VALOR A SUS DICTÁMENES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 291/2004. · Registro digital (IUS): 21164
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Octubre de 2008, , Pág. 2236.

AMPARO EN REVISIÓN 291/2004.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los agravios que hace valer el inconforme son infundados en parte y fundados pero inoperantes en otra, sin que se advierta queja deficiente que suplir de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.

El recurrente impugna a través del presente recurso la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, en la que se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó contra la resolución pronunciada por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, por virtud de la cual se decretó auto de formal prisión en su contra como probable responsable de la comisión del delito de lesiones.

En primer término, conviene precisar que se estuvo en lo correcto al estimar que en la causa penal se demostró la existencia de los elementos materiales que integran el cuerpo del delito al que se hizo referencia, mismos que se obtienen de su definición legal contenida en los artículos 256, 257, fracción I y 258 del Código Penal del Estado de Tlaxcala.

Esto es así, atendiendo al contenido de los dispositivos antes invocados, en los que se establece:

"Artículo 256. Lesión es cualquier alteración de la salud, producida por una causa externa."

"Artículo 257. Al responsable del delito de lesiones, se le sancionará:

"I. Con prisión de tres días a seis meses y multa hasta de cinco días de salario, cuando las lesiones tarden en sanar un tiempo no mayor de quince días."

"Artículo 258. Si las lesiones fueren inferidas en riña o en duelo, se disminuirán a la mitad los términos mínimos y máximos de las sanciones establecidas por el artículo 257."

Ahora, en la sentencia que se combate, se consideró que en el caso quedó comprobado el cuerpo del delito en mención, con los medios de prueba que aparecen transcritos en el considerando quinto de esta ejecutoria, y que aquí se dan por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.

En efecto, como lo estimó el Juez responsable, las pruebas que tomó en consideración son suficientes para tener por acreditado el delito de lesiones, porque ponen en evidencia que la pasivo sufrió una alteración en la salud, producida por una causa externa, puesto que como se demostró con el dictamen emitido por el médico legista que la examinó y con la correspondiente diligencia en la que el representante social dio fe de su existencia, la multicitada pasivo presentó lesiones clasificadas como de las que tardan en sanar un tiempo no mayor de quince días.

De igual forma se sigue, que los medios de prueba que relacionó y valoró la responsable con sujeción a las reglas contenidas para tal efecto en el código procesal de la materia, son aptos y suficientes para tener por demostrada la probable responsabilidad penal del inconforme, como se afirmó en el auto reclamado, pues este aspecto se justificó con el cúmulo de indicios que resultan de las aludidas probanzas, de las que destacan la denuncia en la que se contiene una firme imputación que en contra del revisionista hiciera la pasivo atribuyéndole la agresión que hizo consistir en darle una cachetada, golpearla con el puño en el hombro y patearla en la espinilla, ello después de agredirla verbalmente; señalamiento que se relacionó: Con los atestados de ********** y ********** quienes convinieron en haber presenciado que el activo golpeó a la denunciante en la cara el día y hora a los que se refirió esta última y con la propia declaración ministerial del quejoso, en la que además de reconocer haberse encontrado en el lugar el día y hora en que ocurrieron los hechos, corroboró la presencia en dicho lugar del testigo ********** aun cuando en su defensa alegara que fue él quien resultó agredido físicamente por la pasivo; probanzas que, como se dijo, en conjunto demuestran la participación del multicitado recurrente en el evento del que resultó lesionada **********.

Precisado lo anterior, se procede al análisis de los agravios propuestos por el inconforme.

El recurrente arguye que el Juez Federal al sostener que los conceptos de violación planteados aun suplidos en su deficiencia son infundados, es parcial y contradictorio, y demuestra que dicho juzgador pretende justificar, sin razón legal, la inconstitucionalidad del acto reclamado.

Esto es fundado pero inoperante, pues aun cuando la afirmación realizada por el Juez Federal conduce a estimar que a pesar de haberse suplido la deficiencia de la queja los conceptos de violación son infundados, lo cual es inexacto, advirtiéndose que no se suplió la queja al no advertirse materia para tal efecto, ello no implica parcialidad en dicho juzgador, y menos aún que pretendiera justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, si de acuerdo al examen que del mismo realizó, concluyó fundada y razonadamente que no fue conculcatorio de garantías.

Por otra parte, aduce el recurrente, que con el dictado del auto de formal prisión en su contra se violaron sus garantías individuales previstas en los artículos 14, 16 y 19 constitucionales.

Es del mismo modo infundado lo argumentado por el inconforme considerando que, contrario a lo que se alega, el auto de formal prisión reclamado no viola las garantías contenidas en las disposiciones constitucionales invocadas por el inconforme, puesto que se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, habiéndose expresado los razonamientos que justificaron los fundamentos que le dieron sustento, y precisándose el delito imputado al quejoso, las circunstancias de tiempo, lugar y de ejecución de la conducta, cuya materialidad y probable responsabilidad a cargo del revisionista se desprendió de los datos que arrojó la averiguación previa que, como se ha venido sosteniendo, fueron aptos y suficientes para tales fines.

Continúa manifestando el inconforme que a pesar de que la responsable consideró que se cumplía con los requisitos que establece el artículo 19 constitucional, en relación con los artículos 256 y 257, fracción I, del Código Penal, en autos no se demostraron las circunstancias de ejecución, aunado a que no está demostrado el cuerpo del delito, como lo establecen los artículos 62 y 64 del Código de Procedimientos Penales, que exigen que se lleve a cabo la inspección de las lesiones hecha por el funcionario que hubiere practicado las diligencias de Policía Judicial o por el Juez que conozca del caso, y un dictamen pericial médico que debe desahogarse en términos de lo dispuesto por los artículos 134, 135, 144, 149 y 150 del Código de Procedimientos Penales.

No asiste la razón al inconforme cuando alega que no se demostraron las circunstancias de ejecución, en tanto que de la resolución reclamada se aprecia que la responsable al hacer un análisis tanto de la denuncia como de los testimonios vertidos por ********** y *********** desprendió de cada una, es decir, de tales probanzas, las circunstancias de tiempo, lugar y modo, destacándose de sus consideraciones los aspectos que coincidentemente se desprenden de dichos deposados, en los que se dijo: Que el evento delictivo ocurrió el veinticuatro de agosto de dos mil tres, aproximadamente a las once horas; de lugar, en la calle *********** ocasión en la que el inconforme golpeó a la pasivo en la cara.

Por otra parte se sigue que, como se afirmó con antelación, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al estimar que el Juez responsable no vulneró garantías al inconforme al considerar demostrada la materialidad del delito de lesiones, pues para ello se sustentó en las pruebas idóneas para acreditar la existencia de la alteración en la salud de la pasivo, como lo fueron la fe ministerial y el dictamen emitido por un perito oficial en la materia; elementos de prueba que fueron valorados en estricto apego a las disposiciones aplicables del código adjetivo de la materia, por lo que en modo alguno se transgredieron los numerales invocados por el inconforme, relativos a la prueba pericial emitida por una persona con conocimientos en medicina, quien en diligencia ministerial ratificó expresamente su contenido.

No obsta a lo anterior que el revisionista arguya que el dictamen médico carece de los elementos de forma y de fondo indispensables para elevarlo a la calidad de dictamen pericial, porque si bien es cierto que en éste se asentó que se examinó a la señora ********** en ningún momento se identificó a esta persona, máxime que la agraviada responde al nombre de ********** y por tanto es una persona diferente a la examinada, aunado a que en el dictamen de mérito no se expresaron ni la motivación ni los fundamentos científicos que permitieran emitir una opinión fundada, ni se determinó con qué objetos se ocasionaron las lesiones que presentó la pasivo, pues existe en medicina legal una clasificación amplia de las lesiones, es decir, aquellas que se producen con armas blancas, contusas, con objetos duros, con armas de fuego, con objetos blandos, etc., lo cual no es precisado por el médico legista, por lo que no se debió dar valor a tal probanza, considerando además que, contrario a lo que alegó el Juez responsable, al momento de emitir su declaración preparatoria objetó el dictamen en comento a través de su abogado defensor, sin que dicha objeción se pueda apoyar en otro dictamen como pretende el Juez de Distrito, porque para ello surge un imposible jurídico porque las lesiones desaparecieron.

Es infundado lo alegado, considerando por una parte que, como lo dijo el Juez de amparo, contrario a lo afirmado, el perito en cuestión proporcionó los datos con los que se identificó a la pasivo a quien examinó, advirtiéndose que tan sólo se omitió uno de los nombres de aquélla, lo cual no conduce a estimar, como pretende el inconforme, que por tanto se haya examinado a diferente persona.

Resulta del mismo modo infundado lo argumentado en el sentido de que en el dictamen en cuestión no se expresaron la motivación ni los fundamentos científicos en los que éste se apoya, habida cuenta que la descripción de las lesiones y su clasificación se obtuvo de la observación de las lesiones realizada por una persona experta en la materia, sin que para ello se requiera de mayores operaciones o pruebas, máxime que se trata de lesiones externas, por lo que al atender la opinión del perito oficial en cuestión, la responsable no violó garantías, si con ello hizo uso del arbitrio que la ley le concede.

Aunado a lo anterior, debe decirse que no es requisito indispensable en un juicio pericial de la naturaleza de la que se trata, determinar el origen de las lesiones, esto es, si fueron producidas por contusión, arma blanca o cualquier otro medio, siendo suficiente su descripción clara y su clasificación, como en la especie aconteció, de donde se insiste en que su valoración no violó garantías, a pesar de la objeción que en relación a dicha prueba hizo el defensor del inconforme, pues tal cuestión es por sí misma insuficiente para restarle eficacia probatoria, dado que es patente que quien objeta el resultado de determinada probanza está obligado a demostrar los hechos en que funda su impugnación, lo cual no ocurrió, y no constituye un "imposible jurídico" hacerlo, a pesar de que la pasivo haya o no sanado de las lesiones descritas por el médico legista.

Por otra parte, refiere el inconforme que tampoco obra en autos la constancia fehaciente del aviso con el que se facultó a quien emitió el dictamen para actuar como perito, como lo establece el artículo 139 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, por lo que insiste en que el mismo carece de eficacia legal.

Es parcialmente fundado pero inoperante lo alegado.

En efecto, aun cuando en autos no obra aviso alguno en el que conste que al perito oficial se le designó como tal para emitir su opinión en la materia sobre la que versó el dictamen en comento, ello no es suficiente para invalidarlo, como enseguida se expone.

Una nueva reflexión de los actuales integrantes de este Tribunal Colegiado sobre el tema que aborda la jurisprudencia del rubro: "DICTÁMENES DE PERITOS OFICIALES. CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI NO OBRA EN AUTOS LA CONSTANCIA FEHACIENTE DEL AVISO CON EL QUE SE LES FACULTÓ PARA ACTUAR COMO TALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA).", sustentada por este propio órgano colegiado, conduce a apartarse del criterio considerando, en primer término, que no es exacto que del artículo 139 del Código de Procedimientos Penales del Estado se desprenda la necesidad ineludible de acreditar, a través de constancia fehaciente, el aviso con el que se facultó al perito para actuar como oficial, para estar en aptitud de concederle valor.

Lo anterior es así, porque la designación de perito hecha por el Ministerio Público en la persona que desempeñe ese empleo por nombramiento oficial, puede inferirse de la emisión del dictamen por parte de un perito con el enunciado carácter de oficial, o de cualquier otra prueba, sin requerirse mayores exigencias que lo justifiquen, lo cual no viola la seguridad del procedimiento penal, máxime que corresponde al juzgador analizar su contenido en tanto disfruta de las más amplias facultades para valorar los dictámenes periciales, apreciando, en su caso, las objeciones que a los mismos se hagan y que resulten fundadas, por lo que se insiste, la falta del aviso de la designación del perito oficial, por sí misma, no conduce a negar valor probatorio al peritaje que éste emita.

Aunado a lo expuesto, no debe soslayarse la naturaleza del Ministerio Público, institución a cargo de la representación social, cuya buena fe se presume, resultando, por ende, obligado conceder crédito a la designación que haga de un perito que labora dentro de dicha institución, y quien por tanto reviste el carácter de oficial; de donde es innegable que el nombramiento que le faculta para actuar dentro de una averiguación previa se pone de manifiesto con la propia emisión del dictamen por parte de la persona que se ostenta como perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, máxime que tampoco deben pasarse por alto aspectos que permiten inferir la autenticidad del perito, tales como el hecho de que su opinión se emita en papel en el que conste el sello de la agencia del Ministerio Público a la que aquél fue adscrito.

Así las cosas, si en el asunto sujeto a revisión corre agregada copia de la credencial número ********** con la cual el perito en cuestión se identificó ante el representante social al momento de ratificar su dictamen, documento del cual se advierte que fue expedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, y que identifica a ********** como perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la señalada dependencia, máxime que cuenta con las firmas del procurador general de Justicia del Estado, de la directora de Servicios Periciales, del director administrativo y del propio interesado, constituyendo por ello una credencial oficial vigente, y por esa razón, un documento con el valor probatorio a que se refieren los artículos 200 y 211 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, con lo cual se acredita la calidad con la que el multicitado perito rindió ante el agente del Ministerio Público el dictamen señalado.

También refiere el revisionista que tanto el certificado médico como la fe de lesiones que realizó el representante social carecen de valor jurídico porque son contradictorios con la declaración de la agraviada y de los testigos de cargo, pues la primera dijo que recibió un golpe con el puño cerrado en el hombro derecho y una patada en la espinilla derecha, circunstancias éstas que no refirieron los testigos, y sin que el médico legista haya encontrado indicios de lesión en esas partes del cuerpo de la agraviada.

Es parcialmente fundado pero inoperante lo afirmado. Esto es así, atento a que si bien, como lo afirma el recurrente, la agraviada refirió haber sido objeto de una cachetada, de una patada en la espinilla y un golpe con el puño en el hombro derecho, y los testigos sólo dieron fe de la ejecución de la primera de tales acciones a la que se refirieron como un golpe con la mano en la cara de la ofendida (produciéndose con ello la lesión descrita como edema en región malar derecha), las omisiones de los testigos respecto de los demás golpes no obran en demérito del dictamen médico ni de la fe ministerial, pues éstos únicamente conducen a estimar que la agresión denunciada solamente dejó las huellas indicadas en estas últimas probanzas, siendo que tales lesiones en modo alguno son incompatibles con la versión de la ofendida, robustecida con las declaraciones de los testigos presenciales y el reconocimiento expreso del inconforme de haberse encontrado presente en el lugar de los hechos.

En relación con la declaración de la agraviada y de los testigos de cargo, el recurrente insiste en que existen muchas contradicciones.

Al efecto, sigue diciendo que la agraviada refirió que el inconforme la insultó verbalmente, por lo que ella descendió de su vehículo y se dirigió hacia él, siendo éste el primer aspecto que cuestiona diciendo que por qué no siguió su camino la pasivo.

En relación con el primer testigo de cargo ********** por una parte refiere el inconforme, que de su declaración se desprende que si bien éste dijo haber visto al C. ********** también dijo que se trataba de una persona del sexo femenino, lo cual es equivocado, pues al declarar en preparatoria el Juez de la causa dio fe de que el inconforme es del sexo masculino, ello aunado a que el testigo de mérito dijo que el recurrente le gritaba a la pasivo, pero omitió expresar las palabras que según su dicho gritaba el día de los hechos, aunado a que no coincide su relato con lo narrado por la pasivo quien dijo que de los hechos se dieron cuenta varias personas, mientras el testigo refirió que nadie más circulaba por la calle, discrepando también en la parte en la que el testigo adujo que el inconforme dio un golpe con la mano en la cara de la pasivo, mientras la ofendida dijo que fue golpeada en el hombro derecho y en la espinilla de la pierna derecha y el dictamen médico revela una lesión en la cara anterior de la pierna derecha en su tercio distal.

Y por lo que toca al atestado vertido por ********** el recurrente sostiene que se trata de una sintética declaración en la que sólo se dice que un joven golpeaba con la mano en la cara a una persona del sexo femenino y que éstos eran ********** y ********** sin referir las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues el testigo omitió decir las palabras que supuestamente intercambiaron los actores del hecho delictivo, así como el nombre de las personas que estuvieron presentes, y al igual que el primero de los atestes, se contradijo con lo expuesto por la agraviada, en relación a la zona en donde dijo se produjeron los golpes.

Son infundados los motivos de inconformidad que se analizan.

Se dice lo anterior considerando que, como se esbozó con antelación, las diferencias que destaca el inconforme en relación con la declaración de la agraviada y de los testigos de cargo, debido a que éstos no revelaron haber visto la agresión a través de una patada en la espinilla y un golpe en el hombro derecho de la pasivo, éstas a juicio de la responsable no restaron valor a los testimonios en comento, por las coincidencias con lo manifestado por la pasivo sobre aspectos esenciales de su declaración, tales como que el día, hora y lugar relatados por aquélla se produjo una agresión que inicialmente fue verbal y culminó siendo física, ya que según lo sostuvieron ambos atestes, conviniendo con la pasivo, ésta fue golpeada en la cara por el recurrente; proceder que como se dijo no fue violatorio de garantías, puesto que no se requiere una total uniformidad en los asertos en cita.

Resultando además inconducentes las afirmaciones vertidas por el inconforme en relación con el equívoco que se desprende de la declaración de uno de los testigos sobre el sexo del inconforme y respecto de la conducta asumida por la pasivo, debido a que ésta no continuó su camino en lugar de detenerse en el lugar en el que se encontraba el inconforme, dado que es patente que el error en el testigo ninguna trascendencia tiene si inicialmente sostuvo que presenció: "... que una persona del sexo masculino discutía con una persona del sexo femenino.", aun cuando dijo que la persona del sexo femenino era el inconforme, enseguida sostuvo que a quien éste gritaba era ********** (pasivo del delito), y en relación al proceder de esta última no puede exigírsele determinada conducta para estimar su versión digna de credibilidad, si para ello obran diversas probanzas que le corroboraron.

Finalmente, el recurrente alega que en severo derecho el artículo 14 constitucional exige que toda resolución debe ser de acuerdo a la norma jurídica y no basada en apreciaciones subjetivas, tal como lo hizo el Juez de Distrito al citar el Código Federal de Procedimientos Penales y criterios de la Corte respecto de peritos técnicos aduanales y comparaciones de los peritos con el funcionamiento de los defensores de oficio, pues tales cuestiones a nada conducen porque se debe aplicar la ley vigente de Tlaxcala.

Es infundado lo afirmado por el inconforme, advirtiéndose que si bien es cierto para ilustrar su criterio el Juez de Distrito se apoyó en las tesis y jurisprudencias que al efecto invocó, ello no implica que no se haya aplicado la ley vigente en el Estado de Tlaxcala en la resolución reclamada y, por ende, ningún perjuicio le irroga el proceder del antedicho Juez Federal, quien en todo caso se ajustó a las reglas que rigen el juicio de garantías contenidas en la Ley de Amparo y no en apreciaciones subjetivas como lo afirma el recurrente.

Por consiguiente, al ser infundados y fundados pero inoperantes los agravios analizados y al no existir deficiencia de la queja que suplir, lo que procede es confirmar la sentencia sujeta a revisión en la que se negó la protección constitucional solicitada.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********** en contra de los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de este fallo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, vuelvan los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Othón Manuel Ríos Flores, Juan García Orozco y José Luis Moya Flores, siendo ponente el tercero de los nombrados.

Conforme a lo previsto en los artículos 3o., fracciones II, XV, inciso c), 4o., fracción III, 8o., 18, fracción II, 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21164-a4329e17/peritos-oficiales-la-falta-del-aviso-de-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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