AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS CAJEROS DE LAS TESORERÍAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE RECIBEN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, PUES SU ACTUACIÓN NO CREA, MODIFICA O EXTINGUE SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTEN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO.
AMPARO EN REVISIÓN 424/2003. JAVIER MANUEL GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Previo al análisis de los agravios planteados por la parte recurrente, es menester destacar que este Tribunal Colegiado advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los actos reclamados consistentes en la determinación y cuantificación del valor catastral de los inmuebles en cuestión, atribuido a la tesorería y a la Dirección de Ingresos de la Tesorería de San Pedro Garza García, Nuevo León.
Así es, dichas autoridades al emitir sus informes justificados, visibles a foja sesenta y uno, niegan el acto consistente en la determinación y cuantificación del valor catastral, en los términos siguientes:
"Miguel Montaño Arce y Eduardo Garza Valdéz, en nuestro carácter de secretario de Finanzas y tesorero municipal, y director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, ambos del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, comparecemos en el juicio de amparo 261/2003, promovido por Javier Manuel Gutiérrez Rodríguez y exponemos:
"En contestación a los oficios que suscribe el C. Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, en el que se transcribe el auto pronunciado el día veinticinco de febrero del año en curso, como se requiere, en tiempo y forma, en los términos que establece el artículo 149 de la Ley de Amparo, ocurrimos a rendir el informe justificado, lo que hacemos como sigue:
"No es cierto el acto reclamado, en cuanto a la determinación y cuantificación del valor catastral de los inmuebles con números de expedientes catastrales 20-004-007 y 20-004-005.
"Es cierto el acto reclamado en cuanto a la determinación, cuantificación, liquidación, recaudación y cobro del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal 2003, el cual voluntariamente fue liquidado por el quejoso." (foja 61)
Como se observa, las autoridades de mérito expresamente negaron la existencia del acto en cuestión; y esta negativa no fue desvirtuada con medio de prueba alguno, por lo que lo procedente en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, es sobreseer en el juicio de garantías.
Por otra parte, en relación con los actos atribuidos al cajero adscrito a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, este tribunal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 11 de la Ley de Amparo, toda vez que el hecho de que el cajero adscrito a la Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, haya recepcionado el cobro del impuesto, no implica que deba reconocérsele la calidad de autoridad responsable, ya que no es factible considerar al cajero como autoridad responsable en virtud de que no cuenta con facultades o poderes de decisión o ejecución, ni tampoco crea, modifica o extingue situaciones generales concretas de hecho o jurídicas.
En efecto, el artículo 11 de la Ley de Amparo define a las autoridades responsables en el juicio de amparo en los términos siguientes:
"Artículo 11. Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado."
Respecto del concepto legal precisado, para efectos de esta resolución conviene precisar el campo semántico de las palabras utilizadas por la Ley de Amparo, que definen a las autoridades responsables ejecutoras, esto es, "ejecuta" o "trata de ejecutar", para lo cual es oportuno recurrir al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, vigésima primera edición, que a la letra refiere los conceptos siguientes:
Ejecutar: Poner por obra una cosa. (Página 794)
Tratar: Con la preposición de, procurar el logro de algún fin. (Página 2018)
Establecido lo anterior, es oportuno considerar el criterio que sobre las autoridades responsables en el juicio de amparo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, visible en la página 118, de rubro y texto siguientes:
"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."
Ahora, es pertinente puntualizar el concepto que, respecto de "cajero" proporciona el mismo diccionario de la lengua española, citado previamente:
Cajero: El que en las tesorerías, bancos, casas de comercio y en algunas particulares está encargado de la entrada y salida de caudales. (Página 356)
Del concepto citado se desprende que al cajero de una tesorería le corresponden las funciones de recibir y entregar caudales, actos materiales que por su parte son concebidos en los términos siguientes:
Recibir: Tomar uno lo que le dan o le envían. Hacerse cargo uno de lo que le dan o le envían. (Página 1740)
Entregar: Poner en manos o en poder de otros a una persona o cosa. (Página 852)
Conforme a lo expuesto, debe considerarse que propiamente los cajeros de las tesorerías tienen a su cargo la realización del acto material atinente a la recepción o toma de caudales que se les entregan y, en su caso, la entrega o puesta en manos o poder de otros de los caudales mencionados.
Desde esta óptica, el acto atribuido al cajero de la Tesorería del Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, consistente en la recepción del pago del impuesto predial, sólo implica la materialización del acto necesario para actualizar la aplicación de las disposiciones de la Ley del Catastro impugnada como heteroaplicativa por el quejoso, que a su vez le otorga interés jurídico para reclamarla en la vía de amparo.
Lo anterior, es acorde con las consideraciones que sustenta la tesis de jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, visible en la página 5, de rubro y texto siguientes:
"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."
Corrobora lo anterior, el contenido del artículo 21 bis-13 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, cuyo texto se transcribe a continuación:
"Artículo 21 bis-13. El pago de este impuesto deberá efectuarse en la oficina recaudadora municipal correspondiente o en los lugares que la tesorería municipal determine."
El precepto transcrito revela que si el pago del impuesto predial puede realizarse ante la oficina recaudadora que corresponda o en los lugares que la tesorería municipal determine, cabe la posibilidad de que el pago se realice ante instituciones privadas a quienes se les encomiende su recepción, de ahí que la recepción del pago del impuesto predial por parte del cajero, por sí no es determinante para considerar que tiene el carácter de autoridad responsable, porque en igualdad de circunstancias, de haberse recibido el pago por una institución privada, tal evento no le daría el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.
Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado del cajero adscrito a la Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, consistente en la recepción del pago del impuesto predial, no es un acto por medio del cual se crean, modifican o extinguen situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular, determinada e imperativa, pues desempeña un acto meramente material de recepción de la contribución citada, de manos del contribuyente o de quien pague en su nombre, que incluso puede realizarse por una institución privada, razón por la cual debe concluirse que carece del carácter de autoridad responsable.
En estas condiciones, al quedar justificada la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 11 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de garantías en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción VII, del ordenamiento en consulta.
Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 58, de clave TC047058.9AD1, aprobada por unanimidad, que a la fecha de emisión de la presente ejecutoria todavía no ha sido publicada, misma que fue emitida por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes:
"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS CAJEROS DE LAS TESORERÍAS MUNICIPALES EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE RECIBEN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, PUES SU ACTUACIÓN NO CREA, MODIFICA O EXTINGUE SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad de las disposiciones contenidas en la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León y la Ley del Catastro de ese Estado, vigentes en el año dos mil dos, que prevén la mecánica del impuesto predial con motivo de la autoaplicación de dichas normas a través del pago del tributo recibido por los cajeros de las tesorerías municipales en el Estado, sin que se impugne dicha recepción por vicios propios, debe decirse que en tal caso los cajeros no adquieren la calidad de autoridad responsable y, consecuentemente, es improcedente el juicio de garantías promovido en su contra por dicha recepción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el artículo 11 de la propia ley, toda vez que para efectos del juicio de amparo una autoridad responsable es aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto unilateral que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni al consenso de la voluntad del afectado; y en el caso, el artículo 21 bis-13 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, vigente en el año dos mil dos, prevé que el pago del impuesto predial debe efectuarse en la oficina recaudadora municipal correspondiente o en los lugares que la tesorería municipal determine, lo cual, conlleva a considerar que propiamente los cajeros de las tesorerías municipales tienen a su cargo solamente la realización del acto material atinente a la recepción o toma de caudales que se les entregan y, en su caso, su entrega o puesta en manos o poder de otros, tan es así, que el pago de la citada contribución puede realizarse tanto en la oficina recaudadora que corresponda como en los lugares que la tesorería municipal correspondiente determine. De ahí que, la recepción del pago del impuesto predial por parte del cajero no sea determinante para considerar que tiene el carácter de autoridad responsable, dado que su actuación no constituye un acto imperativo, unilateral y/o coercitivo que por sí afecte al causante, pues se limita a la mera recepción de la contribución. Por tanto, la recepción que del pago del impuesto predial realicen los cajeros citados no es un acto por medio del cual se crean, modifican o extinguen situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular, determinada e imperativa, pues desempeña un acto meramente material de recepción del impuesto predial de manos del contribuyente o de quien pague en su nombre."
Similar criterio adoptó este Tribunal Colegiado al resolver los recursos de revisión 183/2002-II, 85/2003-II y 210/2003-II, sesionados, respectivamente, el doce de marzo, veinte y veintiséis de junio, todos de dos mil tres.
QUINTO. Por otra parte, en lo relacionado específicamente con los actos reclamados consistentes en la inconstitucionalidad de los artículos 19 y 19 bis de la Ley del Catastro vigente en dos mil tres, este tribunal considera que los agravios planteados por la parte recurrente, cualquiera que sea su sentido, son insuficientes para revocar el sobreseimiento decretado por el a quo, toda vez que en el caso advierte la actualización de una causal de improcedencia diversa a la sustentada por el juzgador de amparo, lo que conlleva a confirmar por diversas razones el sobreseimiento en cuestión.
En efecto, los artículos 19 y 19 bis de la Ley del Catastro vigente en el dos mil tres, literalmente prevén:
"Artículo 19. Los contribuyentes podrán inconformarse con el valor total del predio que resulte de acuerdo con este artículo, dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de los valores emitidos por el Congreso en el Periódico Oficial del Estado o del primer acto de aplicación. Para este efecto, los particulares presentarán escrito ante la autoridad municipal competente para realizar el cobro del impuesto, por el cual manifiesten los motivos de su inconformidad por los que consideran que el valor determinado no corresponde al valor de mercado de su propiedad, acompañando un avalúo del inmueble emitido por una institución de crédito debidamente autorizada o por un instituto, consejo u otra institución colegiada de valuación, debidamente constituidas en la entidad, así como los demás elementos de prueba que consideren necesarios, debiendo remitirse el expediente debidamente integrado a la junta municipal catastral que corresponda, la cual deberá resolver en un término no mayor de 15 días hábiles.
"Si revisado el valor por la junta municipal catastral persiste la inconformidad, será la junta central catastral, en casos de evidente controversia y a instancia del particular, la que determinará el valor que corresponda.
"Tratándose de la notificación de los acuerdos que tome la junta municipal catastral o la junta central catastral, ésta se harán por conducto de la tesorería municipal que corresponda, o de la tesorería del Estado, respectivamente, y se practicará en la forma que determine el Código Fiscal del Estado y el reglamento de esta ley.
"En caso de que no estuviere integrada la junta municipal catastral, será la junta central catastral, la encargada de desahogar el procedimiento previsto en este artículo."
"Artículo 19 bis. Cuando la tesorería municipal detecte valores de predios o de manzanas, que sean muy superiores en forma evidente al valor real del mercado, comparados con los demás predios de la misma manzana o con las demás manzanas, podrá solicitar a la junta municipal o en su caso, a la junta central catastral, la revisión de los mismos mediante la presentación del estudio de valores que corresponda. Si derivado de lo anterior, la junta municipal aprueba un valor distinto inferior al autorizado, el mismo se aplicará provisionalmente para el cobro de los impuestos correspondientes, mientras se solicita la aprobación definitiva, por el Ayuntamiento, al Congreso del Estado."
De lo transcrito se desprende que el artículo 19 en comento se refiere al caso en que el causante manifiesta su inconformidad con el valor total del predio, y es a la junta municipal catastral a quien corresponde resolverla, y en caso de que subsista la controversia, el valor lo determinará la junta central catastral.
Además, el artículo 19 bis transcrito prevé sustancialmente que es la junta municipal o central catastral, según sea el caso, quien revisará los valores de los predios cuando la tesorería municipal detecte valores de predios o de manzanas que sean superiores al valor real del mercado.
En el caso, el quejoso impugnó dichos artículos por considerar que transgreden la garantía de legalidad tributaria, pues contemplan un procedimiento en el que la determinación del valor catastral se deja al arbitrio de la autoridad administrativa.
No obstante, en principio es palpable que el quejoso impugnó la constitucionalidad de las leyes citadas en su demanda de amparo, no como autoaplicativas, sino como heteroaplicativas a partir del primer acto de aplicación.
En relación con las leyes heteroaplicativas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio atinente a que para analizar su constitucionalidad con motivo del primer acto de aplicación, es preciso que la disposición combatida haya irrumpido en la esfera jurídica del agraviado y que le haya ocasionado un perjuicio, con motivo de su aplicación formal o material, sea por acto escrito o de hecho, pues de no darse este presupuesto lógico debe asumirse que la ley impugnada no le causa perjuicio al gobernado y, por consecuencia, el amparo en su contra resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la Ley de Amparo.
El criterio referido se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 12/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, marzo de 1998, visible en la página 323, de rubro y texto siguientes:
"LEYES HETEROAPLICATIVAS QUE NO CAUSEN PERJUICIO AL QUEJOSO. EL AMPARO ES IMPROCEDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN I, A CONTRARIO SENSU, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la técnica del juicio de garantías, para analizar el aspecto sustantivo de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o de hecho, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico de la persona, para que se estime aplicada. De no ser así, la ley reclamada no causa perjuicio y el amparo resulta improcedente, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, ésta en concordancia con el artículo 114, fracción I, a contrario sensu, de la ley de la materia."
Conforme a lo anterior, en el caso debe decirse que el quejoso no aportó prueba alguna para demostrar que los artículos 19 y 19 bis de la Ley del Catastro para el Estado de Nuevo León se le aplicaron de manera formal o material, por vía de un acto escrito o de hecho, pues no se desprende de los antecedentes que integran el juicio de amparo que haya demostrado que ante la determinación del valor catastral de su inmueble hubiera intentado el medio de defensa previsto por la ley de la materia, que se haya condicionado su recepción a la presentación del avalúo y que la junta municipal catastral estableciera el valor de su predio; amén de que hubiera justificado que la tesorería municipal detectó en el valor de sus predios una desproporción en correlación con el valor del mercado y en razón de ello solicitó a la junta municipal o a la junta central catastral la revisión de los mismos; pues tales circunstancias no se desprenden de la boleta de pago del impuesto predial exhibido dentro del juicio.
Lo anterior resulta trascendente, porque no puede perderse de vista que el precepto en cuestión es impugnado con motivo de su primer acto de aplicación, luego, por razón lógica y jurídica era necesario que el quejoso demostrara la existencia misma de dicho acto de aplicación.
Cabe destacar que es sólo la aplicación a la parte quejosa de determinados preceptos de la ley cuya inconstitucionalidad reclama en el juicio de amparo, la que lleva a demostrar su interés jurídico para combatir tales preceptos, así como aquellos que, como por la íntima relación que guardan sus disposiciones, puedan resultarles aplicables como consecuencia. Esto significa que no necesariamente tiene interés jurídico para combatir todo el cuerpo legal que contiene los preceptos que le fueron aplicados, pues es bien sabido la gran variante de aspectos que pueden contener los artículos de un determinado cuerpo normativo, entre ellos, hipótesis diversas de causación, aspectos procesales, requisitos o trámites administrativos, por mencionar sólo algunos, por tanto, la aplicación de determinados preceptos de dicho ordenamiento no lleva necesariamente a la conclusión de la aplicación de otros dispositivos del mismo.
Por las razones que la sustentan, es aplicable al caso, a contrario sensu, la tesis P. XXXIX/93, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 67, julio de 1993, página 23, que dice:
"AMPARO CONTRA LEYES. LA APLICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEMUESTRA SU INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR LOS QUE LE HAN SIDO APLICADOS, ASÍ COMO AQUELLOS QUE REGULAN EL SISTEMA ESPECÍFICO DENTRO DEL QUE SE UBICA. La aplicación a la parte quejosa de determinados preceptos de la ley cuya inconstitucionalidad reclama en el juicio de amparo, demuestra su interés jurídico para combatir tales preceptos, así como aquellos que, por la íntima relación que guardan sus disposiciones, puedan resultarle aplicables como consecuencia, es decir, todos aquellos que regulen el sistema específico dentro del que se ubique. Sin embargo, esto no significa que tenga, necesariamente, interés jurídico para combatir todo el cuerpo legal que contiene los preceptos que le fueron aplicados, pues el mismo puede regular hipótesis diversas, como podrían ser impuestos diferentes o contribuyentes diversos que se rigen por otro sistema, o bien hipótesis excluyentes entre sí, de manera tal que la aplicación de determinados preceptos implique, precisamente, la imposibilidad de aplicación de otros dispositivos del mismo ordenamiento legal."
Por consecuencia, cabe concluir que en torno a los artículos 19 y 19 bis de la Ley del Catastro vigente en el año dos mil tres, el quejoso no acreditó su interés jurídico para reclamarlos, en razón de que no existe evidencia de un acto concreto de aplicación.
Por tanto, de conformidad con lo establecido en la fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo, se reitera el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que se refiere a la impugnación de los artículos 19 y 19 bis de la Ley del Catastro.
Sirve de fundamento a esta consideración, la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J. 122/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, visible en la página 28, de rubro y texto siguientes:
"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."
SEXTO. Resulta sustancialmente fundado el agravio planteado por el quejoso y suficiente para revocar la resolución recurrida, por cuanto hace al acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del artículo 17 de la Ley del Catastro vigente en el año dos mil tres, por las razones siguientes.
El Juez Federal, al resolver el juicio de amparo, estimó pertinente decretar el sobreseimiento del juicio en virtud de que a su consideración se actu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17998-25305b22/autoridad-para-efectos-del-juicio-de-amparo-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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