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Modo: Corpus Pro

PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY RELATIVA, AL CONSIDERAR RESPONSABLES SUBSIDIARIOS A QUIENES NO COADYUVEN CON LA AUTORIDAD PARA HACER CUMPLIR SUS DISPOSICIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 2747/2004. · Registro digital (IUS): 18839
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JOSÉ GUADALUPE RÍOS ROLDÁN.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, , Pág. 1356.

AMPARO EN REVISIÓN 2747/2004. JOSÉ GUADALUPE RÍOS ROLDÁN.

CONSIDERANDO

QUINTO. Son infundados los agravios expresados, que se dirigen a impugnar la negativa del amparo decretada por el Juez de Distrito respecto de la promulgación, expedición, orden de publicación y publicación del decreto promulgatorio de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, respecto de los artículos 2o., 3o., fracción I, 13, 14, 16, y 20, según se verá a continuación:

Señala en síntesis que en la sentencia impugnada se consideró que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal está facultada para expedir leyes, aun cuando en su concepto, la propia Ley General de Salud, en su artículo 188, establece que la Secretaría de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la ejecución del programa de tabaquismo, de suerte que con ello se contraviene una ley federal.

Que el juzgador confundió los términos de salubridad general de la República y el de competencia federal, perdiendo de vista que el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar lo concerniente a salubridad general de la República.

Manifiesta que la Asamblea Legislativa en ningún momento inició el procedimiento legislativo del decreto de ley tildado de inconstitucional en el juicio de origen.

Que en la sentencia impugnada se determinó que la falta de refrendo por parte de la autoridad responsable, secretario de Seguridad Pública no es causa suficiente para otorgarle la protección constitucional aun cuando, en su concepto, para la aplicación de la ley de que se trata es necesario que esa secretaría le dé cumplimiento en términos de su artículo 8o., de suerte que sí contiene cuestiones que corresponden a la esfera de competencia de esa autoridad y que sin fundamento alguno se determinó que no debe exigirse tal refrendo.

Indica que con la expedición de la ley en cita se dan efectos retroactivos a normas con las cuales, en su momento cumplió y había adquirido derechos jurídicos que le permitieron tener el establecimiento mercantil correspondiente, estimando que la publicación y vigencia del decreto afecta sus garantías individuales por hacerlo responsable en forma subsidiaria con el infractor.

Son infundados los conceptos de agravio expresados por la empresa quejosa, relativos a la inconstitucionalidad de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de esta entidad federativa el veintinueve de enero de dos mil cuatro, bajo la óptica de que su proceso legislativo se encuentra viciado, desde el momento en que no fue iniciada a través de un decreto o iniciativa de ley ante el Congreso de la Unión; porque se invadió la esfera de competencia de la Federación, atento a que la Asamblea Legislativa no tiene atribuciones para dictar leyes en materia de salud y medio ambiente.

No asiste razón a la quejosa, en razón que las facultades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para emitir leyes en materia de medio ambiente y salud, se apoya en los artículos 73, fracción XVI y 122, apartado C, base primera, fracción V, incisos i) y j), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En principio es de mencionarse que el artículo 4o. constitucional refiere que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, para lo cual la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución; de igual forma tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

Por su parte, la fracción XVI del numeral 73 de la Constitución Federal, señala:

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ... XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República.".

Los referidos preceptos legales consagran como derecho de las personas, un medio ambiente adecuado así como de protección a su salud, para lo cual el Congreso de la Unión deberá emitir las leyes necesarias que se encaminen a proteger tales derechos, a efecto de que se garantice su debido cumplimiento.

Ahora bien, cuando esas leyes regulen esas materias para toda la República, será atribución del Congreso su dictado; pero cuando el propio ordenamiento constitucional delega ciertas atribuciones al ámbito local, ello implica que no se invade la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión como lo pretende la peticionaria de amparo.

En efecto, la referida ley, expedida por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en uso de la facultad que le otorgan los incisos i) y j) de la fracción V del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consigna la facultad de este órgano de emitir disposiciones que tengan por objeto establecer y reglamentar las acciones de protección civil relativas a la prevención y salvaguarda de las personas, su salud, medio ambiente y su entorno ecológico, no invade la esfera de facultades de la Federación, porque la facultad para legislar en materia de salubridad no es exclusiva del Congreso de la Unión, pues si bien el artículo 73, fracción XVI, de la Constitución Federal consigna la atribución a favor de dicho órgano legislativo para dictar leyes sobre salubridad general de la República, indicando cuáles reglas deben seguirse para su control y regulación, de su texto no se infiere que sea una facultad privativa legislar en dicha materia, ya que también los Estados de la Federación pueden decretar disposiciones en cuanto a la salubridad local.

Además, conforme al contenido del artículo 124 de la Ley Fundamental, las facultades no otorgadas expresamente a los funcionarios federales se entienden reservadas a los funcionarios estatales, por lo que si la facultad mencionada se encuentra reservada en forma expresa sólo en el renglón de salubridad general, es inconcuso que corresponde a los funcionarios estatales legislar sobre salubridad local.

Los referidos numerales son del tenor siguiente:

"Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. ... C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: Base Primera. Respecto a la Asamblea Legislativa: ... V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes facultades: ... i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social; j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal."

"Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados."

Los preceptos aludidos señalan en forma expresa la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de emitir la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, pues al efecto los numerales transcritos en concordancia y concatenación con las fracciones XIII y XIV del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, entre otras cosas disponen la facultad de emitir disposiciones que normen la protección civil, justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno, servicios de seguridad prestados por empresas privadas, prevención y la readaptación social, en materia de salud, de asistencia social, y la previsión social; también sobre planeación del desarrollo urbano, uso del suelo, medio ambiente, protección ecológica, vivienda, construcciones, edificaciones, vías públicas, tránsito, estacionamientos, adquisiciones, obras públicas, así como de la explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal.

Al efecto, el artículo 42 en sus fracciones XIII y XIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, señala:

"Artículo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades para: ... XIII. Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud; la asistencia social; y la previsión social; XIV. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en el uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obras públicas; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal."

Lo antes reproducido, permite arribar a la conclusión de que es atribución de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la de legislar en materia de salud y medio ambiente en el ámbito local, lo que se justifica precisamente con lo contenido en la fracción XVI del artículo 73 constitucional, al referir que corresponde al Congreso de la Unión emitir leyes en materia de salud y medio ambiente, siempre y cuando rijan a nivel República; el que correlacionado con los incisos i) y j), de la fracción V, el numeral 122 del propio ordenamiento y el 42 en sus fracciones XIII y XIV, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se tenga la certeza de que es atribución de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la de legislar sobre en materia de salud y medio ambiente. De ahí que devenga infundado el agravio hecho valer, pues fue correcta la consideración del Juez de Distrito al estimar infundado el agravio.

Cabe citar el contenido de las siguientes tesis de jurisprudencia, las que devienen aplicables únicamente en su razonamiento y que son del tenor siguiente:

"ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS EN EL DISTRITO FEDERAL, REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE. LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIRLO. De acuerdo con el artículo 73, fracción VI, de la Constitución Federal, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal que, en los términos de la base 3a. de la propia fracción, está integrada por representantes electos, conforme al inciso A) de la indicada base, tiene facultades para, sin contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión para el Distrito Federal, dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno que tengan por objeto atender a las necesidades que se manifiesten entre los habitantes del propio Distrito Federal, en materia de educación, salud y asistencia social, abasto y distribución de alimentos, establecimientos mercantiles, espectáculos públicos, seguridad, etcétera. De ello se sigue que la Constitución otorga a la Asamblea de Representantes la facultad de emitir disposiciones de observancia general, es decir, una facultad materialmente legislativa, a las que llamó reglamentos, que deben distinguirse, por su naturaleza especial, de los reglamentos que el artículo 89, fracción I, de la propia Constitución autoriza al presidente de la República para expedir, a fin de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de leyes del Congreso, de aplicación federal o local. Lo anterior es así, porque la reforma constitucional no hace distingo al respecto, cuya diferencia consiste en que al no ser la asamblea la encargada de aplicar la ley, que es lo que justifica la facultad reglamentaria del ejecutivo, sus funciones se acercan más a las legislativas que a las administrativas, por lo que se está en presencia de un órgano legislativo sui generis en la medida que puede expedir normas generales con las únicas limitaciones, al dictar sus reglamentos, de que se refieran a las materias señaladas en la Constitución y de que no contravengan las disposiciones de las leyes emanadas del Congreso. Luego entonces, la Asamblea tuvo facultades para expedir, sin que para ello hubiese que existir previamente una ley del Congreso, el Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal."

Jurisprudencia 2a./J. 13/93, Segunda Sala, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo 72, diciembre de 1993, página 14.

"TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL, REGLAMENTO DE. LA ASAMBLEA DE REPRESENTANTES DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA EXPEDIRLO. El texto vigente del artículo 73, fracción VI, de base 3a., apartado A, de la Constitución Federal, otorga facultades de carácter legislativo a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, entre otras, para dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno que, sin contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión para el Distrito Federal, tengan por objeto atender las necesidades que se manifiesten entre los habitantes del propio Distrito Federal, en materia de educación; salud y asistencia social; abasto y distribución de alimentos; mercados y rastros; establecimientos mercantiles; comercio en la vía pública; recreación; espectáculos públicos y deporte; seguridad pública; vialidad y tránsito, etcétera. De ello se sigue que la Constitución otorgó a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, una facultad materialmente legislativa, a través de los reglamentos que menciona, que deben distinguirse por su naturaleza especial, de aquéllos a que alude el artículo 89, fracción I, de la propia Ley Suprema, que se refieren a los que expide el presidente de la República para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión. La diferencia radica en que, al no ser la Asamblea de Representantes la encargada de aplicar la ley, que es lo que justifica la facultad reglamentaria del Ejecutivo, las funciones de aquélla se acercan más a las legislativas que a las administrativas. Esto es, se está en presencia de un órgano legislativo sui generis, en la medida de que puede expedir normas generales, al dictar sus reglamentos, con la única limitación de que se refieran a las materias señaladas en el artículo 73, fracción VI, base 3a., apartado A, constitucional, y de que no contravengan las disposiciones de las leyes emanadas del Congreso de la Unión destinadas al Distrito Federal. Luego entonces, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal tiene facultades para expedir el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, sin que para ello tuviese que existir previamente una ley del Congreso de la Unión acerca de esa materia, como si fuese un reglamento basado en el artículo 89, fracción I, constitucional, pues la materia a reglamentar está comprendida en el artículo 73, fracción VI, base 3a., apartado A, de la Carta Magna, que contempla expresamente la reglamentación por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en materia de vialidad y tránsito."

Octava Época. Instancia Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, diciembre de 1994, página 49, tesis 2a. XXIV/94 .

Por todo lo expuesto, resulta inexacto que en el caso se invadieran esferas de competencia de la Federación, y que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se encontrara obligada a presentar la iniciativa correspondiente al Congreso de la Unión; de ahí que no le asiste razón a la recurrente, al alegar la inconstitucional de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, porque su iniciativa no se efectuó por la Asamblea Legislativa de la entidad local ante el Congreso de la Unión y con motivo de la invasión de competencia ya examinada.

Por otra parte, deviene infundado el argumento relativo a que la Juez de amparo omitió cumplimentar lo dispuesto en la fracción II del artículo 77 de la Ley de Amparo que regula que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener el fundamento legal en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que a su juicio no se fundó el razonamiento relativo a la existencia del refrendo y que no precisó ni invocó el criterio jurisprudencia a que se refiere.

Al efecto, se observa que la Juez en la sentencia respecto del argumento relativo a que no existía refrendo por el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, concluyó que el ordenamiento en análisis tiene como base, regular cuestiones que no corresponden a la esfera de competencia del secretario de Seguridad Pública, sino que se refieren a temas directamente relacionados con la salud de los habitantes del Distrito Federal; invocando tanto los datos de localización, como el criterio jurisprudencial, identificado con la voz: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DE LAS LEYES. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL NO VIOLA EL ARTÍCULO 92 CONSTITUCIONAL.". Es infundado el agravio por el que aduce que la ley motivo de este juicio, contiene una serie de obligaciones, delimitaciones, aislamiento de áreas y prohibiciones, que resultan ser de aplicación retroactiva, pues se afirma que desde el momento en que se le autorizó a iniciar actividades el establecimiento mercantil propiedad de la quejosa se adquirieron derechos.

No le asiste razón a la recurrente, pues en el caso no puede hablarse de derechos adquiridos y menos aún de aplicación retroactiva de la ley.

En principio hay que señalar que la retroactividad es la traslación de la vigencia de una norma jurídica creada en un determinado momento histórico, a un lapso anterior al de su creación, lo que implica asumir ciertas situaciones de derecho pretéritas que estaban reguladas por normas vigentes al tiempo de su existencia dentro del ámbito regulativo de las nuevas normas creadas; cuestión regulada por el artículo 14 constitucional al establecer que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, principio éste que rige de acuerdo a la doctrina y a la jurisprudencia, respecto de las normas de derecho sustantivo como de las adjetivas o procesales.

La aplicación retroactiva de las leyes a partir del enfoque sustantivo, se refiere a los efectos que tienen sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, al constatar si la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos al obrar sobre el pasado, lo que va contra el principio de irretroactividad de las leyes inmerso en el artículo constitucional citado; en cuanto hace a las leyes del procedimiento, éstas no pueden producir efectos retroactivos, dado que los actos de esa naturaleza se rigen por las disposiciones vigentes en la época en la que se actualizan.

En ese contexto, si se atiende a que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, en el sentido de que no sólo prohíbe la retroactividad de la ley, sino también de sus actos concretos de aplicación, y que para determinar en los casos concretos si se vulnera dicha garantía, ha adoptado tanto la teoría de los derechos adquiridos, conforme a la cual existe aplicación retroactiva desfavorable cuando se afectan derechos que ingresaron al patrimonio de la persona bajo la vigencia de la ley predecesora.

Por tanto, la retroactividad emerge cuando la norma jurídica vuelve al pasado para afectar supuestos y consecuencias producidos conforme a la ley anterior o cuando afecta consecuencias originadas en supuestos regidos por aquélla; de ahí que devenga inconcuso que la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, que prevé las condiciones o requisitos que debe cubrir una empresa que pretenda dedicarse al servicio de bar o restaurante, emitida con posterioridad a la apertura de ese establecimiento no viola la referida garantía constitucional.

Lo anterior es así, porque la disposición que señala como parámetro para fijar la pugna, lo es la obligación de destinar un área para fumadores y otra para aquellas personas que no lo son, cuestión que no le fue exigida al momento en que inició las actividades de su establecimiento mercantil, sin embargo tal exigencia se trata de un requisito que para el debido funcionamiento consigna la ley correspondiente, es decir, no puede existir retroactividad mientras no se prive de alguna facultad con que ya se contaba, por tanto, si estando en servicio el lugar en comento entra en vigor una nueva ley que modifica los requisitos a cumplir, pero dejando intocado su derecho a continuar ejerciendo la actividad realizada sólo que con la modalidad indicada en la nueva disposición legal, es que no existe aplicación retroactiva de la ley, por lo que en forma alguna se violenta el artículo 14 del Pacto Federal y, por tanto, el agravio resulta infundado.

Por otro lado es infundado el argumento en el que se insiste en que la ley deriva en inconstitucional, porque delega la obligación de los propietarios, dueños, responsables o titulares de establecimientos mercantiles, de vigilar el debido cumplimiento de lo consignado en ese ordenamiento, además de que se violentan la garantía de seguridad jurídica, al pretender que también sean solidariamente responsables con el infractor.

El agravio es infundado en virtud de las consideraciones siguientes:

Los artículos 2o., 3o., fracción I, 13, 14, 16 y 20 de la ley secundaria examinada, establecen:

"Artículo 2o. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de esta ley corresponderá al jefe de Gobierno del Distrito Federal a través de los órganos políticos administrativos de las demarcaciones territoriales y las instancias administrativas correspondientes, en sus respectivos ámbitos de competencia."

"Artículo 3o. En la vigilancia del cumplimiento de esta ley coadyuvarán activamente:

"I. Los propietarios, poseedores o responsables y empleados de los locales, establecimientos cerrados, así como de los vehículos de transporte público de pasajeros a los que se refiere esta ley."

"Artículo 13. En los locales cerrados y establecimientos en los que se expendan al público alimentos o bebidas para su consumo en el lugar, los propietarios, poseedores o responsables de la negociación de que se trate, deberán delimitar de acuerdo a la demanda de los usuarios, secciones reservadas para sus clientes no fumadores, las cuales no podrán ser menores del 30 por ciento de los lugares con que cuente el establecimiento, mismas que podrán ampliarse atendiendo la demanda de usuarios.

"Dichas secciones deberán estar identificadas con señalización en lugares visibles al público asistente y cumplir con lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley."

"Artículo 14. Las secciones para fumadores y no fumadores deberán quedar delimitadas una de la otra, estar identificadas permanentemente con señalamientos y avisos en lugares visibles al público asistente, incluyendo las mesas, dichos señalamientos y avisos deberán apegarse a los criterios que para el efecto emita la Secretaría de Salud, así como contar con las condiciones mínimas siguientes:

"I. Estar aislada de las áreas de no fumadores o contar con los estudios y equipos que avalen y garanticen que el humo producido por la práctica de fumar tabaco, no se filtre a las áreas reservadas para no fumadores;

"II. Tener ventilación hacia el exterior, y

"III. Ubicarse, de acuerdo con la distribución de las personas que ahí concurran, por piso, área o edificio."

"Artículo 16. Los propietarios, poseedores o responsables de los locales cerrados y establecimientos de que se trate, serán responsables en forma subsidiaria con el infractor, si existiera alguna persona fumando fuera de las áreas destinadas para ello.-El propietario o titular del establecimiento, o su personal, deberá exhortar, a quien se encuentre fumando fuera de las áreas autorizadas, a que se abstenga de hacerlo, o trasladarse a las áreas autorizadas para tal fin; en caso de negativa, se le invitará a abandonar las instalaciones; si el infractor se resiste a dar cumplimiento al exhorto, el titular o sus dependientes solicitaran el auxilio de algún policía, a efecto de que pongan al infractor a disposición del Juez Cívico competente. La responsabilidad de los propietarios, poseedores o administradores, a que se refiere el presente artículo terminará en el momento en que el propietario o titular del local o establecimiento dé aviso a la policía del Distrito Federal. Los mecanismos y procedimientos que garanticen la eficacia en la aplicación de la medida referida en el párrafo anterior, quedarán establecidos en el reglamento respectivo que al afecto se expida."

"Artículo 20. En los locales cerrados y establecimientos en los que se expenden alimentos y bebidas para su consumo en el lugar, los propietarios, poseedores o responsables de la negociación deberán: I. Invitar a las personas mayores de edad, a que se abstengan de ingresar con menores de edad a las áreas destinadas para fumadores; II. Colocar en los accesos de las áreas para fumadores, letreros y/o señalamientos para prevenir el consumo de tabaco, que contengan alguna de las leyendas que aparezcan en el artículo 276 de la Ley de Salud; y III. Colocar permanentemente en las mesas de las áreas para fumadores dípticos, trípticos o cualquier otro elemento de vinil o plastificado, que contengan información que advierta de los daños a la salud que causa el consumo de tabaco."

Atendiendo al contenido integral de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, y en específico de los artículos transcritos, claramente se advierte que el propio ordenamiento impone obligaciones a los propietarios o poseedores de los establecimientos mercantiles al prever la coadyuvancia activa y la obligación solidaria, con el fin de cumplir con el objeto para el cual se expidió dicha ley que es proteger la salud de la población de los no fumadores, a través de mecanismos y acciones tendientes a prevenir y disminuir las consecuencias generadas a la salud de la población derivadas por la inhalación involuntaria del humo ambiental generado por la combustión del tabaco causado por terceros; sin embargo, no puede advertirse en manera alguna que se les estén delegando, facultando u otorgando las atribuciones y obligaciones que el mismo ordenamiento le impone a las dependencias y servidores públicos de la administración pública del Gobierno del Distrito Federal, pues la coadyuvancia referida en los preceptos que se tildan de inconstitucionales consiste en que el gobernado contribuya con la autoridad a la consecución del cumplimiento de la ley, lo que no puede en manera alguna llevar al extremo de considerar que se les está facultando para la realización de atribuciones propias de la autoridad como incorrectamente lo pretende hacer valer la parte quejosa; de donde lo infundado del relativo.

Por otra parte, la ley impugnada, para lograr su objeto tiene como destinatarios, entre otros, a los propietarios, poseedores o responsables de establecimientos mercantiles y como tales se encuentran obligados a acatarla con independencia de su voluntad, en ese sentido no puede considerarse que para que los propietarios o poseedores de los establecimientos puedan cumplirla, sea necesario que medie una orden por escrito, fundada y motivada y de autoridad competente como lo refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, como aduce la agraviada, ya que al ser la ley en comento una disposición de orden público, su observancia es obligatoria desde el mismo momento de su publicación, sin que para ello se requiera de un acto de autoridad que así lo disponga.

En ese sentido, si bien es cierto que la ley en estudio le impone las obligaciones que refieren los artículos reproducidos que se tildan de inconstitucionales a los propietarios o poseedores de los establecimientos mercantiles, también lo es que a la par de esas obligaciones existe el derecho que pueden exigir de aquellas personas que requieren del servicio que prestan en su establecimiento, teniendo por tanto, el derecho de no prestar o dejar de prestar el servicio a quien por voluntad propia no acate la ley combatida, derecho que le permitirá a los propietarios o poseedores de los establecimientos no ser sancionados por incumplimiento a la ley secundaria que nos ocupa, situación que en nada contraría la garantía de seguridad jurídica, sobre la base de que las obligaciones que prevén los artículos 2o., 3o. y 16 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, no impiden a los propietarios o poseedores de los establecimientos mercantiles que realicen con toda libertad la actividad mercantil que desempeñan pues están en aptitud material y jurídica de prestar el servicio que desempeñan a toda persona que cumpla con las disposiciones de la ley antes referida.

Además, contrario a lo sostenido no debe soslayarse que el alcance de la libertad de trabajo no es absoluta, irrestricta e ilimitada, pues esto significaría desconocer la facultad que la propia Constitución Federal otorga al poder público para regular, a través de una ley, el ejercicio de las actividades que contempla el artículo 5o. constitucional, que reconoce la posibilidad de que, dentro de ciertos lí

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18839-d03192a1/proteccion-a-la-salud-de-los-no-fumadores · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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