PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. NO PUEDE SER MATERIA DEL ANÁLISIS DE LA MISMA LA DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR ÚNICO O DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL.
AMPARO EN REVISIÓN 626/2004. SALVADOR RODRÍGUEZ RUBIO.
CONSIDERANDO:
TERCERO. En su primer agravio la parte recurrente aduce que la a quo pretende concluir a una negación de amparo, violándose con ello el artículo 17 de la Constitución Federal, en virtud de que hace un erróneo planteamiento, ya que se pronuncia sin leer en qué consistió el juicio, pues al no entrar al fondo del asunto de lo que se le planteó sin fundar ni motivar, se acredita la violación, toda vez que el pretender establecer una premisa a favor de la patronal es una violación.
Manifiesta que en ningún momento la Ley Federal del Trabajo establece que la acreditación de la personalidad deberá ser mediante testimonio notarial y relacionado con carta poder, luego entonces, al pretender acreditarse la personalidad en forma opuesta al artículo 692, fracción III, del código obrero, va en contra de los numerales 14, 16 y 17 de la Carta Magna; de ahí que la Juez se ponga por encima del precepto de la legislación laboral antes señalado, ya que arriba a la conclusión de que el testimonio cumple con el artículo antes mencionado, anteponiendo elementos que no existen, esto es, que el órgano de administración estaría compuesto por un consejo de administración y que dicha decisión fue tomada con relación al artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Continua manifestando que en la escritura setenta y cinco mil setecientos sesenta y siete (75,767), pasada ante la fe del notario público ciento noventa y ocho del Distrito Federal, se protocolizó el poder que otorgó la empresa demandada Operadora Comercial Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Alfonso Barragán Galindo, en la cual el fedatario tuvo por acreditada la personalidad de quien otorgó el poder; con el acta cuarenta y cuatro mil ciento setenta (44,170), tirada ante el mismo escribano, se advierten los elementos fundamentales de la constitución de la compañía Auper, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la integración del consejo de administración, designación de presidente y vicepresidente, y sus suplentes; y por instrumento cincuenta y tres mil novecientos dieciséis (53,916), del índice del mencionado notario, se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, relativa al cambio de denominación social de Auper, Sociedad Anónima de Capital Variable, al de Operadora Comercial Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, así como la ratificación de administradores, comisario y apoderados de esta última.
Al respecto, señala que en este último instrumento no se advierten las facultades que supuestamente se otorgaron a Javier Cantú Charles y Alfonso Barragán Galindo, como administrador único y apoderado, respectivamente, ya que no se acredita quién o quiénes comparecieron a la asamblea general extraordinaria de accionistas y la totalidad de las acciones del capital social de la empresa demandada. Asimismo, el notario se abstuvo de hacer constar quiénes actuaron como presidente y vicepresidente del consejo de administración o, en su caso, sus suplentes, así como dejó de acreditar la personalidad de los que comparecieron en representación de los socios fundadores; de lo que resulta que no se aprecia quiénes comparecieron a la mencionada asamblea, por lo que, dada la carencia de esas facultades, no puede tenerse por acreditada la personalidad de Javier Cantú Charles como administrador, ni la de Alfonso Barragán Galindo como apoderado, para que éste, a su vez, transmitiera poder a José Antonio Reyna Franco, persona que compareció a la audiencia trifásica ante la Junta. Luego, el instrumento notarial exhibido a la autoridad responsable es ineficaz para acreditar la personalidad, porque el fedatario sólo hizo constar que Javier Cantú Charles fue ratificado como administrador único, omitiendo hacer la transcripción de las cláusulas relativas, habida cuenta que sólo se asentó en el acta la modificación de la cláusula primera de los estatutos sociales, sin reproducir, como se acreditó, que quienes otorgaron el poder tenían facultades para ello.
Sigue diciendo la parte recurrente que la Juez considera que el apoderado de la sociedad demandada, José Antonio Reyna Franco, cumplió con los supuestos establecidos en los artículos 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo y 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, consideración que no es cierta, pues dicho profesionista no cuenta con facultades suficientes para representar a la patronal, ya que quien supuestamente le otorgó el poder -Javier Cantú Charles-, no tiene capacidad para ello, debido a que del testimonio cincuenta y tres mil novecientos dieciséis (53,916), no se advierte que tenga el carácter de administrador único, ni tampoco que Alfonso Barragán Galindo sea apoderado, para que a su vez otorgara poder a José Antonio Reyna Franco, ya que, se insiste, en dicha acta sólo se protocolizó un acta de asamblea, por lo que es insuficiente para acreditar la personalidad del compareciente a la audiencia trifásica, pues no se aprecia alguna transcripción con relación a la transmisión de facultades hacía la ratificación de administradores, comisario y apoderados. En esta tesitura, Gabriel Alfonso Barragán Galindo no tenía facultades para sustituir poderes, por lo que no pudo delegarlos, toda vez que para el análisis de la representación legal de una sociedad, acorde con lo establecido en el numeral 692 de la ley laboral y 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, es necesario que el instrumento colme los requisitos que exige la Ley del Notariado, en virtud de que sólo en esas condiciones el juzgador estará en aptitud de determinar la validez del poder que se presentó ante la responsable para acreditar la representación de la persona moral.
Pues bien, el planteamiento hecho en los agravios antes sintetizados resulta infundado por las siguientes razones:
Dice el artículo 692, fracciones I, II y III, de la Ley Federal del Trabajo:
"Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado.
"Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas:
"I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta;
"II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite;
"III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello."
Por su parte, el numeral 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece:
"Artículo 10. La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social.
"Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o en su defecto lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sustitución de los anteriores.
"El notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del órgano de administración.
"Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los órganos mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo anterior, se deberá dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello."
De las normas transcritas se desprende que en el juicio laboral la personalidad se acredita de la misma manera para ambas partes, obrera o patronal, tratándose de personas físicas, pues la calidad de apoderado se puede demostrar mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada ante la Junta; en cambio, para acreditar la representación legal o el carácter de apoderado de una persona moral es necesario exhibir el testimonio notarial que demuestre aquélla, o exhibiendo instrumento ante notario o carta poder otorgada ante dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente autorizado para ello.
Esta última forma específica de acreditar la representación legal de la persona moral y el carácter de apoderado de ésta, tiene su origen en la naturaleza jurídica de la persona moral, pues debe constar su constitución o creación y que realmente está compareciendo por el órgano específico de representación legal o por quien conforme a lo que dispongan sus estatutos está facultado para actuar en nombre de la razón social, y ambos extremos solamente pueden acreditarse a través de documento de prueba idóneo donde consten ambos hechos, o sea, que la asociación existe y que quien actúa en su representación y otorga poder respectivo tiene facultades para ello.
De ahí que en realidad los documentos y requisitos que se exigen para demostrar la calidad de representante legal o apoderado de una sociedad, derivan no de un trato más favorable a la parte obrera, sino a que la existencia de las personas morales debe constar en un testimonio notarial y que quien otorgue la representación de ellas debe tener esa facultad para hacerlo por razón de lo que establezcan la ley o los estatutos de ésta, ya que no cualquier persona física puede actuar en nombre de ésta, sino solamente quien tenga una calidad determinada, misma que debe acreditarse plenamente como una carga procesal que tiene su base en la necesidad jurídica de que las partes en el juicio se encuentren legalmente representadas, pues de no ser así no podría integrarse, válidamente, la relación jurídico-procesal.
Todo lo cual quiere decir que las personas morales solamente pueden actuar, válidamente, a través de sus representantes legales o apoderados y, por ende, quienes ostenten esa representación tienen la carga de acreditar que la empresa existe y que el órgano de representación les ha conferido la calidad de apoderados y, por lo mismo, tales hechos deben constar por escrito en los documentos idóneos correspondientes.
En el presente caso se observa que de las constancias del juicio de amparo indirecto del que deriva el recurso de revisión, el ahora recurrente señaló como acto reclamado la resolución dictada el veintisiete de febrero de dos mil cuatro por la Junta Especial Número Doce de la Local de Conciliación y Arbitraje, en el juicio laboral 1983/2002, que declaró improcedente el incidente de personalidad que planteó.
La lectura de la resolución recurrida da noticia de que las consideraciones fundamentales que sostienen su sentido son las siguientes:
En el considerando quinto la a quo consideró que resulta correcta la determinación de la Junta responsable, ya que del contenido del instrumento notarial setenta y cinco mil setecientos sesenta y siete (75,767), se acreditan las facultades con las cuales Alfonso Barragán Galindo, en su calidad de representante de Operadora Comercial Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, otorgó a José Antonio Reyna Franco, entre otros, poder para acudir como apoderado de la empresa demandada; de ahí que se tengan por cumplidos los supuestos establecidos en los artículos 692 de la Ley Federal del Trabajo, 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 102 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, pues se relacionaron, describieron y transcribieron los documentos idóneos que justifican la personalidad de quien acudió a otorgar el poder en nombre de la persona moral.
De igual forma la resolutora federal resolvió que el hecho de que existiera alguna variación en cuanto al órgano de administración no demerita la idoneidad del poder, debido a que no le resta facultades a Alfonso Barragán Galindo para conferir poder a José Antonio Reyna Franco, dado que aquél lo confirió en su calidad de apoderado del ente jurídico de referencia. Además, la protocolización del acta general extraordinaria de accionistas relativa al cambio de denominación social, ratificación de administradores, comisario y apoderados, contenida en la escritura pública cincuenta y tres mil novecientos dieciséis (53,916), obedece simplemente a la decisión tomada por el órgano máximo de Operadora Comercial Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida en su órgano superior, en términos del numeral 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Siguió diciendo la a quo, que del contenido de la escritura cincuenta y tres mil novecientos dieciséis (53,916), únicamente fue transcrita por el notario para acreditar la personalidad del otorgante del poder (Alfonso Barragán Galindo), dado que en ella se protocolizó su calidad de apoderado, por lo que la variación en el consejo de administración a uno de tipo único es intrascendente para efectos de acreditar la personalidad.
Estimó lo anterior, en virtud de que no fue el administrador único -Javier Cantú Charles- quien otorgó facultades al citado Alfonso Barragán Galindo, sino que fue la propia asamblea general extraordinaria de accionistas la que ratificó como apoderados de la empresa demandada, entre otros, a la mencionada persona, tal como se aprecia en el apartado cuatro del acta cincuenta y tres mil novecientos dieciséis (53,916), así como de la diversa cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa (53,490), mismas que fueron relacionadas por el fedatario.
Asimismo, la a quo determinó que con apoyo en la tesis sustentada por este órgano colegiado, cuyo rubro dice: "", no es factible abordar el argumento de que en el acta no hubieran comparecido tanto los propietarios como los suplentes del consejo de administración.
Continuó considerando que no le resta valor al poder la variación sufrida en el consejo de administración de la sociedad demandada, pues la nueva integración obedece a una decisión del órgano máximo, quien fue la que otorgó el poder a Alfonso Barragán Galindo, y no el administrador único, como lo aduce la quejosa.
Finalmente, concluyó la Juez que no existe violación al artículo 17 constitucional, ya que la Junta cumplió con las formalidades procesales que al respecto indica la legislación laboral para la tramitación y resolución del incidente de falta de personalidad; por tanto, la resolución reclamada dictada por la autoridad responsable está debidamente fundada y motivada.
Por otra parte, de las diversas constancias que en copia certificada del juicio laboral 1983/2002 fueron adjuntadas por la responsable al rendir su informe con justificación, se aprecia que el veintisiete de febrero de dos mil cuatro la Junta del conocimiento emitió la resolución de reserva incidental de personalidad, que fue señalada como acto reclamado y que en lo sustancial se transcribe:
"III. Analizadas las pruebas de la incidentista, consistentes en la totalidad de las constancias procesales, del testimonio notarial número 75,767 que en copia certificada obra de la foja 25 a la foja 31 de autos, se desprende que: No le asiste la razón al incidentista en todos y cada uno de los motivos en que funda su incidente planteado, los cuales se analizan en su conjunto y se adminiculan entre sí, porque se advierte que: Alfonso Barragán Galindo (otorga poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y con facultades laborales, por Operadora Comercial Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, entre otros al C. José Antonio Reyna Franco, quien comparece a juicio como su representante legal y apoderado), tiene debidamente acreditada su personalidad, en virtud de que le acredita al notario público su personalidad y legal existencia de su representada con la escritura número 44,160, de fecha 9 de noviembre de 1995, otorgada ante el mismo notario número 198 de esta ciudad, y de la que se advierte que se estableció que la sociedad sería administrada por un consejo de administración, quien gozaría de todas las facultades que se señalan en la cláusula vigésima tercera de los estatutos sociales, cláusula que el notario copia a la letra en el instrumento que se analiza, señalamiento hecho por los socios fundadores en su primera asamblea general ordinaria de accionistas que constituye el órgano supremo de la sociedad. Advirtiéndose también que por escritura 53,916 se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de 16 de diciembre de 1997, el órgano supremo de la sociedad, entre otras cosas, ratificó como administrador único al C. Licenciado Javier Cantú Charles, y estableció que desempeñaría dicho cargo bajo el título de director general, y entre otras facultades que le fueron conferidas se encuentra: ‘5. Otorgamiento a su vez de poderes, dentro de la extensión de sus propios poderes, podrá otorgar poderes generales o especiales, señalar las facultades de los apoderados, para revocar dichos poderes y para sustituir los poderes de que gocen en todo o en parte reservándose su ejercicio ...’, advirtiéndose también que observó lo expresamente ordenado por la fracción IX del artículo 102 de la Ley del Notariado vigente para el Distrito Federal, y al tratarse de una protocolización no fue necesario que observara las disposiciones que establecen los incisos a) y b) de la fracción XVI del artículo 102 de la Ley del Notariado vigente para esta ciudad, como lo pretende el incidentista, máxime que se trata de una actuación del mismo notario. De lo transcrito con anterioridad se desprende con claridad que tanto el C. Licenciado Javier Cantú Charles, como el C. Alfonso Barragán Galindo, tienen debidamente acreditada su personalidad en el juicio laboral en que se actúa con el instrumento notarial que se exhibió en juicio, porque tanto uno como el otro, respectivamente, con el cúmulo de facultades que ostentan y se les confirieron representan a la sociedad demandada, y tienen facultades expresas para delegar la representación de la sociedad, como ocurre en el caso concreto. Por lo que en las condiciones señaladas cobran vigencia los siguientes criterios jurisprudenciales: ‘SOCIEDADES, REPRESENTACIÓN DE LAS. QUEDA COMPROBADA SI EN LA ESCRITURA DE MANDATO EXHIBIDA CONSTA SU EXISTENCIA LEGAL Y LAS FACULTADES DE QUIEN OTORGÓ EL PODER.’ (se transcribe). ‘PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER EL TESTIMONIO NOTARIAL RESPECTIVO, TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES MERCANTILES.’ (se transcribe) ..." (fojas 154 y 155 del expediente del juicio de amparo indirecto).
Resolución que la Juez estimó legal, y que este Tribunal Colegiado considera correcta, en virtud de que el proceso de designación de un apoderado de una sociedad mercantil por la asamblea general no puede válidamente ser materia de análisis derivada de una objeción de personalidad como lo pretende el hoy recurrente, al alegar que del mencionado testimonio notarial no se tiene la certeza de quién o quiénes comparecieron a la asamblea general extraordinaria de accionistas, ni de la totalidad de las acciones del capital social de la empresa demandada, o de quiénes actuaron como presidente y vicepresidente del consejo de administración o, en su caso, sus suplentes, así como se dejó de acreditar la personalidad de los que comparecieron en representación de los socios fundadores, de lo que resulta que no se aprecia quiénes comparecieron a la mencionada asamblea.
Lo anterior es así, porque para resolver si una asamblea estuvo o no bien celebrada, sólo puede hacerse a petición legítima de los accionistas de la sociedad mercantil, en los términos de los artículos 185, 201 y 205 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; de tal manera que quien no es accionista no tiene derecho para impugnar la asamblea correspondiente.
Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis aislada sustentada por este Tribunal Colegiado, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XVIII, julio de dos mil tres, página 1173, que dice:
"-El proceso de designación del administrador único o consejo de administración de una sociedad mercantil no puede válidamente ser materia de análisis derivado de una objeción de personalidad en un juicio laboral, pues alegar que esa designación fue contraria a las disposiciones que regula la Ley General de Sociedades Mercantiles, sólo puede hacerse a petición legítima de los accionistas de la sociedad mercantil en los términos de los artículos 185, 201, 205 y demás relativos de la legislación en comento; de tal manera que quien no es accionista no tiene derecho para impugnar lo resuelto en la asamblea correspondiente."
Aunado a la consideración que antecede, debe señalarse que de la lectura del testimonio notarial setenta y cinco mil setecientos sesenta y siete (75,767), se advierte que a José Antonio Reyna Franco, quien compareció ante la Junta del conocimiento a nombre de la demandada, Alfonso Barragán Galindo le otorgó poder especial para actos de representación en materia laboral, conforme a las facultades que le delegó la sociedad demandada, según se desprende de la foja ciento tres del expediente del juicio de amparo indirecto.
Luego entonces, fue correcto que la a quo resolviera que el instrumento notarial exhibido ante la responsable cumple con lo establecido en el numeral 692, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo pues, se insiste, del contenido del acta cincuenta y cuatro mil cuatrocientos noventa (54,490), que relacionó el notario, se acreditó que Alfonso Barragán Galindo está facultado para que dentro de la extensión de sus propios poderes otorgue poderes generales o especiales, señale las facultades de los apoderados, revoque dichos poderes y sustituya los poderes de los cuales goza en todo o en parte, reservándose su ejercicio, así podrá revocar tales sustituciones (foja 104 del expediente), y a quien se lo otorgó, es decir, a José Antonio Reyna Franco, tiene capacidad para representar a la sociedad demandada, ya que así se hizo constar en el instrumento setenta y cinco mil setecientos sesenta y siete (75,767).
Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en el Tomo XII, septiembre de dos mil, página 112, que a la letra dice:
"PERSONALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER EL TESTIMONIO NOTARIAL RESPECTIVO, TRATÁNDOSE DE SOCIEDADES MERCANTILES.-En términos de lo establecido en el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, las partes en el juicio pueden comparecer al mismo de manera directa o por conducto de apoderado, señalando en su fracción III que cuando se trate del apoderado de una persona moral, éste podrá acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder, precisándose los requisitos a los que la ley sujeta la validez de esta última. Ahora bien, ante el vacío legislativo sobre los requisitos que debe cumplir ese testimonio, en el caso de las sociedades mercantiles, debe acudirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, en específico a su artículo 10, conforme al cual será necesario que en el instrumento respectivo conste la denominación o razón social de la sociedad, domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, las facultades que conforme a sus estatutos correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, si el poder se otorgare por conducto de una persona distinta a los órganos de representación de la sociedad, deberá quedar acreditado que dicha persona tiene facultades para ello."
En su segundo concepto de inconformidad el recurrente aduce que la Juez alteró los agravios, en razón de que lo alegado en el juicio de garantías lo apoyó en consideraciones que no fueron planteadas en dicho juicio, es decir, el actor apoyó su objeción de falta de personalidad ante la responsable en el sentido de que la persona que confirió el poder al apoderado compareciente a la audiencia de ley no contaba con facultades, ya que la sola afirmación del notario de que una persona está facultada para otorgar poderes es insuficiente para acreditar dicho supuesto.
El argumento antes sintetizado es infundado, en virtud de que, contrariamente a lo que aduce la parte recurrente, la a quo no alteró los agravios ni resolvió respecto de consideraciones que no fueron planteadas en el juicio.
En efecto, de la lectura de la demanda de garantías se advierte que el quejoso señaló como acto reclamado la resolución dictada el veintisiete de febrero de dos mil cuatro por la Junta Especial Número Doce de la Local de Conciliación y Arbitraje, en el juicio laboral 1983/2002, que declaró improcedente el incidente de personalidad que planteó, y al respecto formuló conceptos de violación aduciendo a su juicio la inconstitucionalidad de la resolución, argumentos que en esencia dicen:
a) Que de la escritura cincuenta y tres mil novecientos dieciséis (53,916), se hizo constar la modificación a la cláusula quinta de los estatutos sociales de la demandada, pero que de dicha protocolización no se desprende si el consejo de administración haya querido modificar o cambiar la administración de la sociedad por un administrador único.
b) Que no existe ninguna protocolización del nombramiento de Raúl Cantú Charles como administrador único.
c) Que no se agregó al apéndice las facultades de Javier Cantú Charles, para que éste, a su vez, pudiera transmitirlas a Alfonso Barragán Galindo, pues de origen no cuenta con ellas; de ahí que sea imposible jurídicamente que otorgue un poder.
d) Que no se demuestra fehacientemente modificación alguna de que la sociedad demandada Operadora Comercial Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable, fuese administrada por un administrador único, pues suponiendo sin conceder que hubieren comparecido a la asamblea general extraordinaria, ya sean los propietarios o suplentes del consejo de administración, se hubiere hecho referencia en dicha protocolización al cambio de administrador único y, en la especie, no sucedió, mucho menos la ratificación de administradores, comisario y apoderados de la sociedad demandada.
e) Que era necesario que el apoderado de la empresa que acudió a la audiencia trifásica acreditara plenamente que quien le otorgó poder a su favor haya sido investido de facultades y, por ende, esté autorizado para conferir poderes, en virtud de que la mencionada persona no demuestra con el instrumento en cuestión que quien le confirió poder se encuentre facultado para ello.
f) Que es violatorio que la Junta haya declarado improcedente la objeción del incidente de personalidad, siendo que el compareciente de la demandada no justificó con la copia certificada del instrumento notarial plenamente su carácter de apoderado, conforme a lo dispuesto en el artículo 692, fracciones II y III, de la Ley Federal del Trabajo.
g) Que el incidente de personalidad no se desahogó en los términos planteados, sino que se resolvió de forma diferente, pues la autoridad se limitó a un punto que es el que contiene el considerando segundo de la resolución impugnada, con lo que se acredita la imparcialidad hacia la parte obrera, aunado a que no fundó ni motivó el acto que se reclama.
Ahora, de la síntesis de los razonamientos que formuló la a quo en el considerando quinto de la sentencia recurrida, que se realizó con antelación para dar contestación a los argumentos que vertió el recurrente en su primer agravio, se desprende que la Juez se pronunció respecto de las reflexiones que hizo valer el peticionario.
Esto es, las consideraciones que sostuvo la Juez en la sentencia recurrida son suficientes para llegar a la conclusión de que es incorrecta la apreciación de la parte recurrente en el sentido de que la resolutora alteró los agravios y resolvió respecto de consideraciones que no le fueron planteadas en el juicio, pues como se advierte, el quejoso formuló en sus conceptos de violación las alegaciones que la a quo tomó en consideración para resolver en la forma en que lo hizo.
Por tanto, es inexacto que la Juez haya modificado los agravios, puesto que, se insiste, se apoyó únicamente en los argumentos que hizo valer el propio quejoso en los conceptos de violación.
En otra parte del agravio en estudio, el recurrente señala que no basta que el escribano asentara que con los relatos insertos del caso se hubiera acreditado la existencia de la sociedad mandante, sino que era indispensable que se hiciera constar en el instrumento respectivo, o bien, agregándolos en original, haciendo mención de ellos en la escritura; debiendo interpretarse que cuando el artículo 62, fracción VIII, de la Ley del Notariado para el Distrito Federal alude a las palabras insertar o relacionar, se refiere a que deberá transcribir o anexar en la escritura relativa los documentos con los que se acreditó la personalidad del promovente.
Sigue diciendo el recurrente que la interpretación que se hace de los vocablos insertar y relacionar, considerándolos como sinónimo de transcribir es equívoca, pues conforme al Diccionario de la Re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18384-f914a9f9/personalidad-en-el-procedimiento-laboral-no-puede-ser · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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